¿Por qué es Inconstitucional la Ley que ?extingue? a las Universidades?

Martes, 07 de febrero de 2017

¿Por qué es Inconstitucional la Ley que ?extingue? a las Universidades?

 

Autor: Dr. Ramiro Ávila Santamaría

 

El 30 de enero de 2017 se aprobó la ?Ley Orgánica de Extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y, mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el Sistema de Educación Superior. La llamaré simplemente ?Ley de extinción de universidades?, porque al final extingue unas y a otras prepara el camino para su extinción. La Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Ecuador ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

¿Qué dice la Ley?

La ley trata de dos temas. El uno es sobre las Universidades suspendidas por el Estado. El otro es sobre los fondos públicos destinados a la educación superior. El primer tema, la regulación de la extinción de universidades extinguidas, ocupa todo el cuerpo legal. El segundo tema es una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). En esta segunda parte: la ley hace distinciones y pone distintos requisitos entre las universidades para entrega de recursos; a las universidades públicas internacionales solo les da dinero para becas, no para investigación ni mucho menos para gastos administrativos o de infraestructura.

En otras palabras, reduce drásticamente el presupuesto de las universidades, el Estado, a través de CES y SENESCYT, decide el número de becas, el monto y el destino. O sea, una universidad puede tener muchas becas y otras pocas o ninguna; el CES y SENESCYT tiene competencias para suspender entrega de recursos si, según su criterio y el de la Contraloría, se incumple con sus reglamentos, ley y Constitución.

¿Por qué esta regulación es inconstitucional?

1.       Viola el Derecho a la educación superior, el ejercicio progresivo de derechos y de la prohibición de regresividad: Artículos 26 y 11 (8) de la Constitución. Al reducir el presupuesto y al restringir el uso solo a becas, el costo para estudiar se incrementará considerablemente y las posibilidades de investigación se restringirán. Esto convertirá la educación superior, en especial la de cuarto nivel, en un privilegio. Solo  pocos accederán y esos pocos tendrán peores condiciones a las personas que ahora están estudiando.

2.       Viola la autonomía universitaria: Artículo 355 de la Constitución. La Ley, la restringir los fondos y al condicionar el destino y los montos, directamente y al corazón afecta la autonomía. Los recursos económicos son un medio a través del cual la libertad académica se orienta hacia la creación de programas, realización de investigaciones, compra de libros, contratación de docentes, construcción de infraestructura? Le ley asume que todo eso llega por arte de magia y que al dar dinero solo a becas el resto existe y se multiplica. No hay educación superior, sin libertad académica, y no puede existir libertad académica sin autonomía universitaria, y no se puede ejercer autonomía sin recursos.

La beca es como darle un boleto de bus a una persona, pero sin bus, sin chofer, sin carretera, sin destino. La ley no piensa en todo lo que implica una universidad para que funcione.

3.       Viola el deber constitucional de entregar rentas y asignaciones: Artículo 298, 355 último inciso y 357 de la Constitución. La Constitución no distingue, como hace la Ley, entre Universidades de pregrado y de posgrado, nacionales o internacionales. En consecuencia, la gratuidad de modo alguno elimina o limita la obligación estatal de financiamiento a todas las instituciones de educación superior públicas.

4.       Viola la igualdad y prohibición de discriminación: Artículo 11 de la Constitución. La Ley establece una diferenciación injustificada entre dos tipos de universidades: nacionales e internacionales. Las primeras universidades tendrán recursos destinados anualmente por parte del Estado. Las segundas, entre las que se encuentra la Universidad Andina, tienen un trato discriminatorio: tienen  condiciones adicionales y los recursos se limitan a becas.

Actualmente, ambas universidades tienen recursos condicionados a la existencia y calidad de educación. Estando en igualdad de condiciones, las universidades por el solo hecho de actuar ?bajo acuerdo y convenios internacionales?, tiene un trato diferente. El resultado de este trato es la restricción de derechos: educación superior y autonomía.

5.       Violación a la integración latinoamericana y a la jerarquía normativa: Arts. 423 y 425 de la Constitución. La UASB-E es una institución reconocida por el Acuerdo de Cartagena, que gorma parte del Sistema Andino de Integración (SAI). El Ecuador, por mandato constitucional está compelido a profundizar los procesos de integración, entre otras obligaciones, debe armonizar la legislación interna con las disposiciones internacionales y comunitarias andinas, que tiene carácter supranacional, por lo que gozan de primacía sobre el derecho nacional legislado.

Pero al contrario, la ley nacional trata de estar sobre la internacional. El derecho internacional sometido a intereses gubernamentales.

6.       Viola la obligación de legislar una sola materia en cada ley: Artículo 136 de la Constitución. En la Ley se discutieron dos leyes: la de extinción de universidades y la LOES. A medio camino incrustaron otra ley y con dedicatoria. Esto está prohibido por la Constitución.

7.       Viola la obligación de seguir el procedimiento constitucional, la oportunidad para la iniciativa legislativa y dos debates: Artículo 135 y 137 de la Constitución. La segunda parte de la Ley no tuvo iniciativa ni primer debate. La ley no debía tramitarse y se aprobó.

8.       Viola el derecho a participar y ser escuchado en los trámites parlamentarios. Artículo 137 segundo párrafo y 61 (4) de la Constitución. Todas las Universidades afectadas por esta ley, que desfinancia la educación superior, debían haber contado con el espacio para acudir a la comisión y exponer una mirada distinta a la gubernamental. No hubo ese espacio por la falta de publicidad de proyecto de ley ni por el seguimiento al trámite establecido en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

 

 

Conclusión:

Por todas estas razones, estamos frente a una ley inconstitucional por el fondo y por la forma y que, si se aplica, se afecta gravemente derechos adquiridos y gozados por los estudiantes, las universidades, a la educación superior y a la autonomía universitaria. Una ley más perjudicial, regresiva y que aumenta los poderes discrecionales y arbitrarios del Estado.

 

Artículo publicado en la R. Opción S No. 80

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