Obligaciones de los Estados en materia de DD.HH

Lunes, 14 de julio de 2014

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN MATERIA DE DDHH

 

Autor: Ab. Danilo Caicedo Tapia

 

Los Estados constitucionales de derechos, como consecuencia de su propio concepto tienen como misión fundamental y razón de ser, el garantizar los derechos humanos.

 

            En esta labor se encuentran en interrelación con otros Estados, que sobre la base de compromisos puntuales conforman el Sistema Universal de Derechos Humanos que a su vez se escinde en distintos Sistemas Regionales como son el europeo, africano y el que nos atañe el interamericano.

 

            Este reconocimiento tanto de instrumentos como de organismos internacionales, significa el establecer un límite a los poderes del Estado el cual se encuentra dado por la propia dignidad de las personas superior a los propios Estados, en consecuencia, se determina un catálogo de derechos protegidos y una lista de obligaciones estatales que el Estado debe cumplir, so pena de consecuencias jurídicas por sus faltas[1].

 

            En este contexto, un Estado solo podrá ser considerado constitucional de derechos, si cumple con el postulado de ?tomarse los derechos en serio?[2], lo cual en la práctica se refleja en el cumplimiento efectivo de las obligaciones generales de respetar, proteger y promover derechos humanos, mismas que se encuentran estrechamente relacionadas.

 

1. La obligación de respeto

 

            En palabras de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, existe por parte de los Estados un compromiso que se traduce en una primera obligación general de respetar los derechos y libertades de todas las personas que se encuentre en su jurisdicción, sin distinción alguna[3]. Aquello, implica un deber de orden negativo, reflejado en la prohibición de utilizar la propia estructura y organización del Estado para violar derechos humanos, esto en el ejercicio de sus funciones o mediante el uso de cualquier medio, así como también mediante su respaldo o aquiescencia ante acciones u omisiones violatorias de derechos.

 

            En efecto, la obligación de respetar derechos humanos comprende en primer término, el impedir u obstaculizar el abuso del poder estatal, sea que este se presente como una acción u omisión, a su vez y en un sentido represivo determina que de producirse dicho abuso con consecuencias violatorias a los derechos humanos, le pueda ser atribuida responsabilidad al Estado, de acuerdo a las reglas del Derecho Internacional[4].

 

2. La obligación de protección

 

            Una segunda obligación general para los Estados, la encontramos en proteger y  garantizar derechos humanos, este es un deber de orden positivo que implica por una parte ?el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.? [5], mientras que por otra parte deviene en el ?prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de derechos humanos? [6].

 

            En referencia, no solo será necesario construir teóricamente un orden normativo que prevenga y proteja derechos humanos, sino en efecto crear un sistema o red estatal que a través de su institucionalidad se encargue en la práctica de garantizar los derechos.

 

            En relación a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos crea el concepto de garantía efectiva, es decir ?no basta con que estos recursos se encuentren previstos de modo expreso en la Constitución o la ley, o con que sean formalmente admisibles, sino que se requiere, además, que sean realmente adecuados y eficaces para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y para adoptar las medidas necesarias que permitan restablecer el derecho vulnerado?[7].

 

3. La obligación de promoción

 

            Como tercera obligación general, se encuentra el deber de promover derechos humanos, la cual se encuentra reflejada en que el Estado debe realizar la mayor cantidad de esfuerzos enfocados en la promoción de un mayor conocimiento y respeto de los derechos humanos, dichos esfuerzos deben ser integrales en cuanto al contenido de los derechos, así como también en lo referido a su alcance poblacional, además deben ser adecuados al medio y situación, así como efectivos al fin buscado.

 



[1] Tara Melish, La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano, Quito, Servigrafic, 2003, pp. 171-174.

[2] La expresión utilizada hace referencia a: Ronald Dworkin, Los derechos en serio, España, Ariel Derecho, 2002.

[3] Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 1.

[4] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, párrafo 165.

[5] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, párrafo 166.

[6] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, párrafo 166.

[7] Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de diciembre de 1987, párrafo 24.

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