NULIDADES EN EL COGEP
Autor: Ab. José Sebastián
Cornejo Aguiar.
De
manera muy general, se ha contextualizado que un acto procesal es nulo cuando
priva a un acto jurÃdico de sus efectos normales, es decir cuando en su
ejecución no se han guardado las formas prescritas para ello.
Por
lo que la nulidad, es en sÃntesis el vicio que se opone a la validez de un acto
procesal mismo que requiere tres requisitos fundamentales como son: existencia,
validez y eficacia, siendo oportuno concentrarnos en como las nulidades se
encuentran conceptualizadas en el Código Orgánico General de Procesos.
Solemnidades sustanciales
El
Art. 107 del Código Orgánico General de Procesos, ha determinado que son
solemnidades sustanciales comunes a todos los procesos:
1. Jurisdicción:
Entendida como aquella que designa la administración de justicia; es decir, la
función estatal realizada por los órganos competentes para aplicar el derecho
atendiendo a las reclamaciones que ante ellos se formulen.
Debiéndose puntualizar que las jurisdicciones contencioso
tributaria y contencioso administrativa, tienen por objeto tutelar los derechos
de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos
administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho tributario o
al derecho administrativo; asà como, conocer y resolver los diversos aspectos
de la relación jurÃdico tributaria o jurÃdico administrativa, incluso la
desviación de poder.[1]
.2.
Competencia de la o del juzgador en el
proceso que se ventila: Por regla general será
competente, en razón del territorio y conforme con la especialización
respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su domicilio la persona
demandada.[2]
Sin embargo también existe lo que se conoce como competencia concurrente, la misma que
permite otorgar la competencia a elección de la persona actora, en donde la o
el juzgador será delimitado en razón del lugar donde deba hacerse el pago o
cumplirse la obligación respectiva; del lugar donde se celebró el contrato, si
al tiempo de la demanda está presente la persona demandada o su procurador
general o especial para el asunto que se trata; del lugar donde la persona
demandada se haya sometido expresamente en el contrato; del lugar donde esté la
cosa inmueble materia de la demanda; del lugar donde esté ubicada la casa de
habitación, si la cosa materia de la demanda está en dos o más cantones o
provincias; del lugar donde estén situados los inmuebles, si una misma demanda
tiene por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles; del lugar donde se
causaron los daños, en las demandas sobre indemnización o reparación de estos;
del lugar donde se produzca el evento que generó el daño ambiental; del lugar
donde se haya administrado bienes ajenos, cuando la demanda verse sobre las
cuentas de la administración; y del domicilio de la persona titular del derecho
en las demandas sobre reclamación de alimentos o de filiación.[3]
También podrá concederse la competencia excluyente solo cuando: La o el juzgador del domicilio
del trabajador en las demandas que se interpongan contra este, quedando
prohibida la renuncia de domicilio por parte de la o del trabajador; cuando la
o el juzgador del lugar donde está la cosa a la que se refiere la demanda en
los asuntos para cuya resolución sean necesarios conocimientos locales o
inspección judicial, como sobre linderos, curso de aguas, reivindicación de
inmuebles, acciones posesorias y otros asuntos análogos; cuando la o el
juzgador del último domicilio del causante, si la apertura de la sucesión se
realiza en territorio extranjero y comprende bienes situados en el Ecuador,
será competente la o el juzgador del último domicilio nacional del causante o
del lugar en que se encuentren los bienes; cuando la o el juzgador del lugar
donde se abra la sucesión, en los procesos de inventario, petición y partición
de herencia, cuentas relativas a esta, cobranza de deudas hereditarias y otras
provenientes de una testamentaria; y cuando la o el juzgador del domicilio del
pupilo en las cuestiones relativas a tutela o curadurÃa, aunque el tutor o
curador nombrado tenga el suyo en lugar diferente.[4]
3. Legitimidad de
personerÃa: Es una solemnidad sustancial común a
todos los juicios e instancias. En nuestro ordenamiento jurÃdico no se la
define, sin embargo la ley establece que la falta de legitimación de personerÃa
se produce por incapacidad legal; o falta de poder, que será motivo de una
excepción dilatoria.
4. Citación con la
demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo represente:
Ya que como todos sabemos la citación es el acto por el cual se le hace conocer
a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una
diligencia preparatoria y de las providencias recaÃdas en ellas, misma, que se
realizará en forma personal, mediante boletas o a través del medio de
comunicación ordenado por la o el juzgador.[5]
Es necesario destacar, que para que se
declare la nulidad por falta de citación con la demanda, es necesario que esta
omisión haya impedido que la o el demandado deduzca sus excepciones o haga
valer sus derechos y reclame por tal omisión.[6]
5. Notificación a las
partes con la convocatoria a las audiencias: Este
constituye el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de otras personas
o de quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por la o
el juzgador determinándose, que en estas notificaciones se determinará la
convocatoria a las audiencias dentro de los plazos establecidos por ley.
Destacando que dichas notificaciones, se
harán en persona dentro de la audiencia o por una boleta, cuando conste que la
parte se ha ausentado, y además las providencias que se dicten en el curso de
las audiencias y otras diligencias, se considerarán notificadas en la fecha y hora
en que estas se celebren. [7]
6. Notificación a las
partes con la sentencia.– Una vez finalizado el
debate se procederá a notificar a las partes con la sentencia correspondiente
misma que como todos sabemos es la decisión de la o del juzgador acerca del
asunto o asuntos sustanciales del proceso, a fin de que estas puedan ejercer su
derecho a recurrir en el caso de que se crean asistidas.
7.
Conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe:
Se trata de la determinación del número de jueces que conforman tanto los tribunales,
que a su vez se encuentran conformados de las Salas de la Corte Provincial o de
los Tribunales de lo Contencioso Tributario y Administrativo; asà mismo en el
caso de los Tribunales conformados de las Salas de la Corte Nacional de Justicia.
Efecto de la nulidad
De
conformidad con el Art. 109 del Código Orgánico General de Procesos, se
determina, que: ?La nulidad de un acto procesal tiene como efecto retrotraer el
proceso al momento procesal anterior a aquel en que se dictó el acto nulo.?[8]
Es
decir declarada la nulidad se retrotrae en el tiempo hasta la determinación del
acto que causo la nulidad a fin de que se continúe sustanciando desde ese
momento procesal en adelante.
Dando
la posibilidad de que dentro del
desarrollo del proceso la declaración que invalida el acto viciado constituye
ella misma un acto jurÃdico que de alguna manera aniquila derechos, mismos que
al determinarse que el acto es nulo deben ser subsanados de inmediato mediante
la expedición de un acto declarativo de una nulidad dirigido a aniquilar un
derecho en razón de vicios de que padecÃa el acto jurÃdico que lo generó.
Declaración de nulidad y convalidación
El
Art. 110 del Código Orgánico General de Procesos, determina que: ?La nulidad
del proceso deberá ser declarada bajo los siguientes aspectos:
De oficio o a petición de
parte, en el momento en que se ha producido la omisión de solemnidad
sustancial: Es decir el juzgador podrá declarar la
nulidad o de igual manera podrá efectuárselo a petición de parte conforme se ha podido evidenciar, cuales son
dichas solemnidades establecidas en el Art. 107 del Código Orgánico General de
Procesos.
A petición de parte, en las audiencias
respectivas cuando la nulidad haya sido invocada como causa de apelación o
casación: Determinándose
que no puede pedir la nulidad de un acto procesal quien la ha provocado, es
decir la persona que causo el acto procesal de por si no puede pedir su
nulidad; de igual manera no se declarará la nulidad por vicio de procedimiento
cuando la omisión haya sido discutido en audiencia preliminar o fase de
saneamiento.
Debiéndose
destacar que se puede solicitar la
nulidad del remate por ejemplo siempre y cuando se verifique que se lo ha
señalado en dÃa distinto del que sea señalado por la o el juzgador; si no se ha
publicitado el remate en la forma ordenada por la o el juzgador.
Es
decir la nulidad en este caso podrá ser declarada de oficio o a petición de
parte en la audiencia de calificación de posturas, con la salvedad de lo que se
resuelva no habrá recurso alguno, por lo que si se declara la nulidad del
remate se señalará nuevo dÃa para el remate.[9]
Nulidad y apelación
El
Art. 111 del Código Orgánico General de Procesos, determina que: ?El tribunal
que deba pronunciarse sobre el recurso de apelación examinará si en el escrito
de interposición se ha reclamado la nulidad procesal.
Solamente
en caso de que el tribunal encuentre que el proceso es válido, se pronunciará
sobre los argumentos expresados por la o el apelante. Si encuentra que hay
nulidad procesal y que la misma ha sido determinante porque la violación ha
influido o ha podido influir en la decisión del proceso, la declarará a partir
del acto viciado y remitirá el proceso a la o al juzgador de primer nivel.
Los
procesos conocidos por la o el juzgador superior, sin que se haya declarado la
nulidad, no podrán ser anulados por las o los juzgadores inferiores, aun cuando
hayan observado después, que ha faltado alguna solemnidad sustancial.?[10]
Nulidad de sentencia
El
Art. 112 del Código Orgánico General de Procesos, determina que: ?La sentencia ejecutoriada
que pone fin al proceso es nula en los siguientes casos:
Por falta de jurisdicción o
competencia de la o del juzgador que la dictó, salvo que estas se hayan
planteado y resuelto como excepciones previas: Es
decir proceden cuando el juzgador no sea competente, o a su vez no tenga
jurisdicción debiéndose destacar, que estas también pueden ser aducidas como
excepciones previas, tal como lo determina el Art.153 del Código Orgánico
General de Procesos, cuando determina que: ?[?] solo se podrán plantear como
excepciones previas las siguientes:
1. Incompetencia de la o del juzgador.
2. Incapacidad de la parte actora o de su
representante.
3.
Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada,
cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda.
4.
Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o
indebida acumulación de pretensiones.
5. Litispendencia.
6. Prescripción.
7. Caducidad.
8. Cosa juzgada.
9. Transacción.
10.
Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación.?[11]
Es
decir la incompetencia del juzgador es una excepción previa que causa a la vez
nulidad, por lo que puede ser solicitada como excepción previa o a su vez a
manera de nulidad.
Por ilegitimidad de
personerÃa de cualquiera de las partes, salvo que esta se haya planteado y resuelto
como excepción previa: En este aspecto se debe
verificar la capacidad para ser sujeto de derechos, misma que existe cuando se
presentan ciertas circunstancias intrÃnsecas a la persona como son el hecho del
nacimiento, cuando la persona es natural, según el artÃculo 60 del Código Civil
que establece ?El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia
legal, desde que es separada completamente de su madre?; y el reconocimiento,
otorgándole personerÃa, cuando la persona es jurÃdica?[12],
asà como también la legitimación en la causa, misma que al contrario de la
capacidad no es parte de la naturaleza Ãntima de la persona a quien se atribuye
los efectos jurÃdicos del proceso, sino más bien es un requisito extrÃnseco a
ella y consiste en la necesidad de que entre esta persona y el objeto del
proceso concreto exista algún vÃnculo que legitime la intervención de tal
sujeto, permitiendo que la sentencia dictada dentro de un proceso surta plenos
efectos.
Por no haberse citado con la demanda a la o el
demandado si este no compareció al proceso: Ya
que se le está dejando en total indefensión al no poder efectuar su derecho a
la defensa por no haber sido citado con la demanda.
Por no haberse notificado a
las partes la convocatoria a las audiencias o la sentencia,
siempre y cuando la parte no haya comparecido a la respectiva audiencia o no se
haya interpuesto recurso alguno a la sentencia.
Destacando,
que las nulidades comprendidas en este artÃculo podrán demandarse ante la o el
juzgador de primera instancia de la misma materia de aquel que dictó sentencia,
mientras esta no haya sido ejecutada.
No
podrán ser conocidas por la o el juzgador que las dictó. La presentación de la
demanda de nulidad no impide que se continúe con la ejecución y finalmente que
la nulidad de la sentencia no podrá demandarse cuando haya sido expedida por
las salas de la Corte Nacional de Justicia y se dejará a salvo las acciones que
franquee la Constitución de la República.[13]
[1] Código
Orgánico General de Procesos, s. f., Art.300
[2]
IbÃd., Art 9
[3]
IbÃd., Art.
10.
[4]
IbÃd., Art.
11.
[5]
IbÃd. Art. 53-
64.
[6]
IbÃd., Art.
108.
[7]
IbÃd., Art.
67.
[8]
IbÃd.,
Art.109.
[9]
IbÃd., Art.406.
[10]
Ibid.,Art.111
[11] Ibid., Art.
153.
[12]
Código Civil, Art. 60.
[13] Ibid.,Art.112