Neoconstitucionalismo, garantismo y la Constitución del 2008

Lunes, 19 de enero de 2015

Neoconstitucionalismo, garantismo y la Constitución del 2008

Análisis jurídico

Autor: Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

 

Creemos que es válido utilizar y aplicar el principio de la ponderación de los bienes jurídicos, de manera que estará por una parte el interés por buscar y encontrar la verdad, y por otras garantías como el principio de presunción de inocencia, y el de la lealtad y buena fe procesal, en constituciones como la nuestra se reconoce la preeminencia  del principio pro homine o a favor del ciudadano y no del propio Estado como se consigna en el Art. 417 de la Constitución del 2008 de Montecristi.

En estricta teoría constitucional dejamos sentado lo que sigue:

1.    La Constitución del 2008 reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (Art.1). La concepción del Estado garantista es característica del Estado constitucional de derechos, construyéndose sobre lavase de los derechos fundamentales de la persona, y al asumir el rol del garantismo, vincula los derechos fundamentales consagrados en la Constitución con todos los poderes públicos debidamente constituidos. En un Estado constitucional de derechos, el Derecho crea un sistema de garantías que la Constitución pre ordena para el amparo y respeto de los derechos fundamentales. Esta es una vertiente del nuevo Constitucionalismo reconocido hoy como neoconstitucionalismo.

 

2.    Este nuevo enfoque significa un cambio el paradigma, un salto cualitativo de un sistema constitucional que requiere para el respeto de sus derechos fundamentales la existencia de principios antes que de normas de derechos positivo, que no puedan ser invocadas para inaplicar los principios, pues como viene reconociendo la Corte Constitucional de Ecuador se debe acudir a principios como los de ponderación y de proporcionalidad, para decidirse frente a un conflicto entre principios como los de celeridad vs. inviolabilidad del derecho de defensa. Recordemos que el Art. 11 de la Constitución vigente establece en su numeral 3, la aplicación directa e inmediata por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a  petición de parte, de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Expresamente se señala que para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley,  que los derechos serán plenamente justiciables, y que no podrán alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

 

3.    El Capítulo Primero del Título II de la Constitución que se refiere a los DERECHOS, tiene como epígrafe Principios de aplicación de los derechos, y a más de lo expresado, ene l numeral 4 reconoce que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, en el numeral 5 prevé que en materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y servidores públicos, administrativos y los operadores de justicia, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, como señala el numeral 6. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, siendo inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar  los derechos garantizados en la Constitución siendo además el Estado responsable por una inadecuada administración de justicia.

 

4.    Por el momento consignamos la importancia  de los principios que igualmente recogió el constituyente de Montecristi, a partir del Art. 424 para destacar la supremacía de la Constitución,  reconociendo inclusive la preeminencia  de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan  derechos más favorables a los contenidos  en la Constitución, que prevalecen frente a cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. El principio pro homine está previsto con rango constitucional  como se parecía de los artículo 426 y 427, pues  ante la duda las normas constitucionales deben aplicarse  en el sentido que más favorezcan a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios  generales de la interpretación constitucional.  Al amparo del Art. 429 la Corte Constitucional es el máximo  órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.

 

 

5.    El modelo garantista que es propio de la Constitución del 2008 proclama la invalidez de un derecho ilegítimo ante los derechos constitucionales de las personas. Par el valor constitucional de una norma se atiende no a su forma sino a su contenido, relacionándola con las determinaciones existentes en niveles superiores del ordenamiento constitucional.  La vinculación a valores y principios constitucionales es lo que motiva que se deba recurrir a un juicio complejo de carácter jurídico antes que moral o político. El Estado Constitucional se construye normativamente en un trípode: la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales  enunciados en la propia constitución  (o en los tratados internacionales de derechos humanos); el principio de la juridicidad  o de la legalidad que somete a todo poder público al derecho; y, la adecuación funcional de todos los poderes públicos a garantizar los derechos de libertad y la efectividad de los sociales. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y solo falta que sean aplicados por los jueces a través de las distintas vías y acciones que le franquea la Constitución. Una vía legítima es la aplicación incluso de oficio de los principios previstos en la Constitución que no requieren de desarrollo normativo pues se aplica la exigibilidad del respeto al principio sin necesidad de norma expresa. El Art. 84 de nuestra Constitución  expresa que el asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

 

6.    Los derechos fundamentales son realidades jurídicas a favor de las cuales la Constitución ha diseñado importantes técnicas de protección. La Corte Constitucional de Ecuador ha preferido antes que referirse a derechos fundamentales, referirse a los derechos constitucionales. Recordemos el contenido de las Reglas de procedimiento publicadas en el ROS. 466 DEL 13-11.2008, que en su considerando tercero dice: ?la finalidad primordial del nuevo Estado ecuatoriano es la garantía de los derechos fundamentales, los cuales de conformidad con los numerales 3 y 5  del artículo 11 de la Constitución son de directa e inmediata aplicación y plenamente justiciables por y ante cualquier servidor público, jueza o juez, sin que puedan establecerse o exigirse requisitos adicionales o argüirse falta de ley para justificar su desconocimiento o falta de aplicación?.

En palabras del Prof. Zavala Egas, ?la eficacia directa del derecho fundamental debe entenderse como la precedencia lógica de éste a la actuación  del legislador. Lo dicho es de toda evidencia y surge del propio texto constitucional (Art. 11.3) cuando prescribe que los derechos serán de directa e inmediata aplicación; sin embargo su ejercicio, estará condicionado a los requisitos que establezcan la Constitución o  la ley. No se debe asimilar la eficacia  directa de los derechos constitucionales  como una cualidad que crea  la especie `derechos fundamentales`.

En lo que dice relación con los derechos constitucionales  que se deben aplicar por sobre el argumento de que falta ley (para no aplicarlos), estos son los derechos de protección como los de tutela judicial, principio de presunción de inocencia, derecho de defensa, etc., que son estimados como autosuficientes. Todos los derechos constitucionales  son fundamentales y están cobijados  o protegidos por el principio de su eficacia directa que se traduce en la inmediata aplicación son que fuese necesario  que haya un desarrollo programático  por parte del legislador, porque se trata de un derecho fundamental o constitucional. Esa es la importancia de la Constitución como la norma de las normas para cuya directa e inmediata aplicación basta su valor dogmático. Pudiera darse el caso en que se requiera del dictado de una ley, para hacer operativo el reclamo, por ejemplo,  por la vulneración de un principio constitucional. Una primera consecuencia de que los derechos sean directamente aplicables  es que siendo anteriores  o preexistentes a la ley, no puedan ser restringidos por el legislador  hasta el extremo de desvirtuar su contenido, pues si esto se pretendiere, las leyes que se expidan con tal finalidad resultan ser inconstitucionales  conforme el Art. 11 numeral 4 de la Constitución Política. Esto viene a ratificar  el aserto de que los derechos son anteriores a la actividad  del legislador que pretende  cohonestar o limitar su efectiva  y directa aplicación.

 

7.    Cuando se trata de los derechos de desarrollo progresivo se hace necesario el dictado de la ley que tienen que guardar consonancia  con el principio constitucional rector.  Como dice Luis Prieto Sanchís, la cualidad de los derechos fundamentales  como límites al poder exige, ?que los derechos fundamentales sean  directamente vinculantes  para todos los poderes del Estado, es decir, que el desarrollo que pueda o deba efectuar el legislativo  no se configure como una mediación  necesaria e  imprescindible  para su efectiva vigencia. Los derechos reconocidos en la Constitución? forman parte del orden jurídico  sin necesidad de ningún compromiso legal o reglamentario?.

Esta aplicación directa de los principios que surgen del neoconstitucionalismo tiene incluso proyección en las prácticas jurisprudenciales, como dice el Profesor Miguel Carbonell de la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios superiores en  la Complutense de Madrid.

<<En parte como consecuencia de la expedición y entrada en vigor de ese modelo sustantivo de textos constitucionales, la práctica jurisprudencial de muchos tribunales y cortes constitucionales ha ido cambiando también  de forma relevante. Los jueces constitucionales han tenido que aprender a realizar su función bajo parámetros  interpretativos nuevos, a partir de los cuales e razonamiento judicial se hace más complejo. Entran en juego las técnicas interpretativas  propias de los principios constitucionales, al ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos  de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, al proyección horizontal de los derechos, el principio pro homine, etc.

Además los jueces se las tienen que ver con la dificultad de trabajar con ?valores? que están constitucionalizados y que requieren de una tarea hermenéutica que se capaz de aplicarlos a los casos concretos de forma justificada y razonable, dotándolos de esa manera de contenidos normativos concretos. Y todo ello sin que, tomando como base tales valores constitucionalizados, el juez constitucional pueda disfrazar como decisión del poder constituyente lo que en realidad es una decisión más o menos libre del propio juzgador. A partir de tales necesidades se genera y recrean una serie de equilibrios nada fáciles de mantener>>.

Es grato para nosotros reconocer que la Constitución del 2008 debe tener a corto plazo, expreso reconocimiento por sus propuestas garantistas y de consolidación de un Estado constitucional como ya ha ocurrido con Constituciones como la española de 1978, la brasileña de 1988 y la colombiana de 1991.

 

La correcta aplicación de esta corriente constitucional que es el neoconstitucionalismo tiene ya carta de residencia en los fallos que viene expidiendo la Corte Constitucional de Ecuador, nacida en octubre de 2008, lo que debe reflejarse en la calidad y en la certeza jurídica de los fallos de la justicia ordinaria, pues sus resoluciones  tienen carácter vinculante  como dice el Art 436 numeral 6, de la Constitución  del 2008 que  al determinar el ámbito de su competencia señala: ?Expedir sentencia que constituyan jurisprudencia vinculante  respecto de las acciones  de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública  y demás procesos constitucionales, así como a los casos seleccionados por la Corte para su revisión?.

 

8.    Estamos con la propuesta de quienes sostienen que las normas se pueden expresar como reglas y como principios. Incluso encontramos profundas diferencias entre el Estado de Derecho (propio de la Constitución de 1998) y el Estado Constitucional (propio de la Constitución de 2008), pues el primero se estructuraba y manifestaba como derecho por reglas, mientras que el vigente Estado Constitucional invoca un derecho por principios, lo cual tiene una gran importancia en el desarrollo de la actividad jurisdiccional. Como cuando hemos reclamado la inconstitucionalidad de la consulta en materia de drogas porque es lesiva del principio constitucional de celeridad que es uno de los pilares del derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 75 de la Constitución).

No obstante, la Corte Constitucional ha resuelto que es constitucional la consulta en delitos de drogas por tratarse de un delito de lesa humanidad, aunque de acuerdo con los estándares internacionales  de  tales delitos (los de lesa humanidad) no constan los delitos de drogas.

 

 

Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

Profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Guayaquil

 

 

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