Naturaleza técnico-jurídica del derecho de defensa

Jueves, 30 de enero de 2014

Naturaleza técnico-jurídica del derecho de defensa

Autor: Dr. Merck Benavides Benalcázar

 

Derecho de defensa y principio de contradicción de los sujetos procesales

El derecho de defensa, que tienen los sujetos procesales en materia penal, es de gran importancia desde el punto de vista jurídico, porque garantiza fundamentalmente la contradicción de las pruebas y alegatos presentados por los sujetos procesales y por ende es de carácter técnico-jurídico. Así, el tratadista Julio Maier, en su obra Derecho Procesal Penal, al referirse al derecho de defensa, expresa: ?La base esencial del derecho a defenderse reposa en la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación; ello incluye, también, la posibilidad de agregar, además, todas las circunstancias de interés para evitar o aminorar la consecuencia jurídica posible o para inhibir la persecución penal. Tanto es así que algunas Constituciones incluyen directamente en su texto el derecho a ser oído como base de desarrollo  de lo que nosotros conocemos como el derecho a defenderse?. (MAIER, Julio, 2004, pág. 252.)

Por lo anteriormente expuesto, el derecho de defensa, comprende la defensa técnica y material dentro del proceso penal, incluyendo al procesado y al ofendido, como parte de este derecho fundamental;  por ende,  con la facultad de elegir a juristas que les otorguen un asesoramiento adecuado, con el fin de conseguir la tutela judicial efectiva de sus derechos, incluyendo  cuando el procesado no designe ningún defensor de su confianza, el Estado tiene la obligación de designarle a un defensor público, quien debe asumir la responsabilidad de la defensa técnica, que es imprescindible en el proceso penal.

Si bien es cierto, que el titular en los delitos de acción pública, es la Fiscalía General del Estado, institución que a través de sus fiscales, tiene la obligación de realizar una investigación integral: buscando elementos de convicción de cargo y de descargo respecto del procesado; pero cuando este último es acusado por el fiscal, tiene derecho a una defensa por parte de un abogado, quien debe tener la capacidad intelectual de comprender de manera clara, precisa y circunstanciada el hecho concreto que se le atribuye al procesado o acusado, para que luego, mediante un estudio científico-jurídico de las normas legales y constitucionales, relacionadas con el caso concreto, sean estudiadas y aplicadas, en pleno ejercicio al derecho de defensa. Es así que el Art. 76.7 de la Constitución de la República  garantiza que nadie puede ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento, contar con el tiempo y medios necesarios para la preparación de su defensa y de manera relevante se destaca que debe ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, siempre asistido por un abogado de su elección o por un defensor público, sin restricción de ninguna naturaleza, para luego de aquello ser juzgado por un juez o tribunal independiente, imparcial y competente.

 

Además, es necesario hacer referencia a lo que dispone el Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposición que de manera literal dispone: ?1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derecho y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter?. Esto de manera general, pero luego se complementa con lo que estable el numeral 2 del artículo anteriormente mencionado, donde de manera expresa, se hace referencia a que toda persona inculpada de un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia, a la comunicación previa y detallada, a tener el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa personal o a través de un defensor de su elección o uno proporcionado por el Estado, destacándose como algo relevante lo que dispone en su literal g), que textualmente dice: ?Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable?.

 

Vitalidad del derecho de defensa en el proceso penal

Es preciso hacer referencia a la sentencia N.-024-10-SEP-CC, dictada por la Corte Constitucional, de nuestro país, en la que se trata al derecho de defensa y dice: ??el pleno ejercicio del derecho de defensa es vital durante la tramitación del procedimiento, porque de ello dependerá en última instancia el resultado del mismo. Así el derecho de hallarse en el proceso impone al juez el deber de: notificar al acusado y al abogado defensor, con la suficiente antelación, y no excluirlo indebidamente en el proceso puesto que de otro modo no se garantiza el derecho a las personas a exponer sus posiciones, a ser oídas por los tribunales o a presentar sus argumentos o pruebas de defensa?.

En consecuencia, los que tienen el deber de hacer respetar el derecho de defensa, fundamentalmente del acusado, son los abogados patrocinadores, quienes son conocedores de la ciencia jurídica;  y por ello siempre buscan el respeto y garantía de los derechos de su defendido, ya que, de no hacerlo de manera técnica, genera indefensión y  violación del debido proceso; aclarando que, el derecho de defensa debe ser respetado en todas las etapas del proceso penal e incluso en la investigación previa, que constituye una etapa pre-procesal, como dispone el Derecho Procesal Penal vigente. Por lo afirmado,  si se viola el derecho de defensa en la tramitación de la causa en cualquiera de sus etapas e incluso cuando se ha propuesto un recurso extraordinario, ya sea de casación o revisión, se vulnera este derecho constitucional si no es asistido por un abogado de su confianza o defensor público; inclusive en esta clase de recursos, es necesario la participación de un abogado con conocimiento jurídico especializado en la materia y con la preparación técnica o legal suficiente que le permita defender los intereses de su patrocinado.

Garantías procesales de la víctima

Desde otro punto de vista, es necesario hacer referencia a los otros sujetos procesales que intervienen en el proceso penal y que según la norma constitucional, deben actuar en  igualdad de condiciones, con los mismos derechos y garantías; en especial, es necesario hacer énfasis en el derecho de defensa de la víctima, a quien se le debe hacer conocer acerca de sus derechos que le garantiza el marco jurídico vigente en el Ecuador y de esta manera garantizar la defensa de sus intereses en el proceso penal, como el acceso al proceso, desde su inicio hasta cuando la sentencia condenatoria se encuentre ejecutoriada e incluso en su ejecución, considerando que uno de sus derechos fundamentales es la reparación integral, como dispone el Art. 78 de la Constitución de la República, aclarando que, esto comprende dos grandes aspectos: 1. El pago de daños y perjuicios, que a su vez se subdivide en daño emergente y lucro cesante; y, 2. La indemnización por daño moral que también comprende lo material e inmaterial.

Las víctimas de la comisión de un delito, que son aquellas que han sufrido un daño, una lesión física o mental, sufrimiento emocional o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de una acción u omisión que viole la ley penal, la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales, les garantiza el acceso a la justicia y un trato justo, respetando siempre su dignidad humana;  para lo cual, es necesario que se activen los mecanismos judiciales que se encuentran establecidos en el derecho procesal penal, que les permita obtener la reparación integral de sus derechos violentados y que deben ser garantizados por los jueces y tribunales competentes. Además, deberán ser asistidas de manera integral en el aspecto físico, psíquico, material y social, por parte del Estado y en cada caso concreto, a través del SISTEMA PENAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL, que está bajo la responsabilidad de la  Fiscalía General del Estado.

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castillo Petruzzi versus Perú, al referirse al derecho de defensa de la víctima, manifiesta: ?155. La Corte entiende que la imposición de restricciones a los abogados defensores de las víctimas vulnera el derecho, reconocido por la Convención de la defensa de interrogar testigos y hacer comparecer personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. 156. Por lo tanto la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.f de la Convención?. (RAMIREZ, Sergio, 2006. ?La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?, pág. 567.)

Por otro lado, al referirse a la víctima, es de trascendental importancia que se haga efectivo el derecho a la verdad;  esto es, a obtener de los órganos competentes el esclarecimiento de los hechos relacionados con el cometimiento del delito y las responsabilidades en los diferentes grados de participación criminal de los autores y cómplices, a través de una investigación integral realizada de manera diligente por el fiscal y un juzgamiento justo por parte de los jueces y tribunales competentes. Aspecto que tienen relación con lo que dispone el Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se regula el derecho que tiene toda persona a ser oída, con las debidas garantías,  dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, en relación de la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter. Todo esto tiene relación con lo que dispone el Art. 25.1 del Pacto de San José: ?Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales componentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales y reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales?.

?Igualdad de armas?

Por lo analizado anteriormente, se concluye que, a los sujetos procesales que intervienen en una acción penal, se les garantiza la igualdad de derechos, lo que doctrinariamente se conoce como ?igualdad de armas?, principio que garantizan a cada parte del proceso penal a presentar sus pruebas, alegaciones y fundamentaciones jurídicas, en beneficio de sus intereses. Al respecto, la Corte Constitucional de Transición, en la sentencia 024-10-SCN-CC, expresa: ??En este sentido, el derecho al debido proceso debe interpretarse a la luz de los principios de juicio justo y de igualdad de armas, frente a aquellas situaciones que desequilibran su actuación en el proceso y que no coinciden estrictamente con los supuestos establecidos en las cláusulas del debido proceso de la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos (supra). A partir de ello el principio de contradicción e inmediación debe garantizarse de tal manera que se permita, en el desarrollo del proceso, tomar medidas para equiparar en el mayor grado que se pueda. Con ellos se proyecta la satisfacción del principio de igualdad de medios o igualdad de armas, cuyo desarrollo implica una aplicación, tanto de las garantías para preparar una defensa material y técnica estratégica, como de la carga de sustentar las pruebas y la acusación.?

 

Pero, es necesario hacer hincapié en el derecho de defensa del procesado o acusado, que es el sujeto procesal más débil en el proceso penal, donde los operadores de justicia deben buscar los mecanismos legales apropiados para resolver lo más pronto posible su situación jurídica, ya que, su morosidad ocasiona la violación de sus derechos y garantías fundamentales que se encuentran consagradas en la Constitución de la República, en el Pacto de San José y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tal razón, la administración de justicia debe ser oportuna y sin dilaciones ya que de lo contrario ocasiona vulneración de los derechos tanto del acusado como de la víctima; al respecto, la Corte Suprema de Argentina, en uno de sus fallos y al referirse a este aspecto, manifiesta: ??en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que lo procesos se prolonguen indefinidamente; pero además, y esto es esencial atento a los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consubstancial con el respecto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene a toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre su situación frente a la ley penal? Puesto que la garantías del debido proceso legal ha sido arbitrada fundamentarme a favor del acusado, no cabe admitir que la posible deficiencia de la prueba de cargo constituya causal de nulidad de lo regularmente actuado dentro del juicio, sobre todo si se tiene presente que el Estado cuenta a través  de órganos específicamente instituidos al efecto- en particular el juez de instrucción y el fiscal- con todos los medios conducentes para aportar los elementos de juicio que estime útiles en abono de la procedencia de su pretensión punitiva? Que, en suma, debe depurarse incluido en la garantía a la defensa en juicio consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, el derecho de todo imputado a obtener? un pronunciamiento que? ponga término de modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.? (CARRIÓN, Alejandro, 2007. ?Garantías constitucionales en el proceso penal?, págs. 694-695).

 

En consecuencia, los sujetos procesales que intervienen en un proceso penal tienen la libertad y el derecho de actuar en franca defensa de sus intereses;  esto es que, tanto los defensores de los acusadores como de los acusados, actúen siempre con buena fe y lealtad procesal, para que luego los jueces competentes resuelvan en estricta aplicación de la ley, la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales, que han sido suscritos,  aprobados y ratificados por el Ecuador, administren justicia a la luz de su intelecto, haciendo honor a la majestad de la justicia penal y al desarrollo de la jurisprudencia que servirá de sendero para las futuras generaciones.

 

Para mejor comprensión de lo que significa el derecho de defensa, que está determinado en el art. 76.7 de la Constitución de la República , y haciendo referencia fundamentalmente al literal (e) de dicha disposición constitucional, que textualmente dice: ?Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.? Sobre este aspecto es necesario ilustrar con un ejemplo práctico: Cuando el sospechoso que es sorprendido en delito flagrante, por miembros policiales, estos últimos tienen la obligación de leerle sus derechos constitucionales; así como tampoco se le puede interrogar sin la presencia de su abogado, por parte de dichos agentes policiales; de igual forma, cuando va a rendir la versión ante el fiscal, obligatoriamente tiene que hacerlo en presencia de su abogado; y, cuando va a rendir su declaración testimonial el acusado, ante el tribunal de garantías penales, tiene derecho a ser interrogado en presencia de su abogado de confianza o del defensor público. Si no se cumple con lo anteriormente expuesto, se estaría violando sus derechos fundamentales, mismos que se encuentran garantizados por la Constitución de la República y los tratados y acuerdos internacionales.

?El derecho de defensa en materia penal, engrandece el alma de los jueces libres e independientes?.

Métodos de indagación jurídica

Método Inductivo.- El método inductivo permite estudiar casos particulares para establecer un conocimiento general a través de procesos sistemáticos. En este estudio en particular, se han tomado como ejemplo casos de sentencias para poner de manifiesto la aplicabilidad del derecho de defensa en el debido proceso.

Método Deductivo.- A través del método deductivo se explican casos particulares utilizando conceptos, principios y leyes generales. En este artículo, se hace un estudio de la efectivización del derecho de defensa, mediante la aplicación de este método que es el adecuado para realizar esta clase de investigaciones.

Método Analítico.-  Por medio de este método se descompone y se separa las partes de un todo para comprender de mejor manera cualquier realidad susceptible de conocimiento. A través de este método se analizan  sentencias dictadas por la Corte Constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para corroborar respecto del tema materia de esta investigación.

Método Sintético.-  Usando este método se busca conocer de manera más condensada los componentes más importantes del sujeto de conocimiento. Tras la revisión, análisis y deducción de la información se sintetiza el contenido para proponer las cuestiones más fundamentales sobre el derecho de defensa en el presente artículo.

Método Científico.- Este método de investigación es usado en la producción de un conocimiento en cualquiera de las ciencias; en el presente caso es esencial su utilización por cuanto se hace  necesaria la realización de pruebas de razonamiento en la construcción del conocimiento, para que luego de ser analizado y sistematizado, se publique en una revista indexada.

Conclusiones

-          El derecho de defensa se constituye como un derecho que garantiza la eficaz administración de justicia, puesto que significa la garantía de los  sujetos procesales a ser oídos por el juzgador y de esta forma evitar la indefensión.

-          Existen varios cuerpos legales que garantizan y efectivizan la utilización del derecho de defensa, como en la Constitución de la República, así como tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Ecuador es parte, por haberlos suscrito, aprobado y ratificado.

-          Resulta de suma importancia que el derecho de defensa sea utilizado y comprendido como una garantía constitucional, que debe ser respetado para la adecuada resolución judicial ya que, de no ser así, se incurriría en la nulidad  procesal.

Recomendaciones

Es necesario que el Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial y las Facultades de Jurisprudencia, organicen seminarios, foros, talleres, cursos, sobre el derecho de defensa a fin de que sea  ampliamente  conocido, garantizado y aplicado por todos los operadores de justicia;  es decir, por los juzgadores, fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio, incluso los estudiantes de la carrera de Derecho y la ciudadanía en general.

Las capacitaciones a los operadores de justicia penal deben ser continuas y permanentes, con la intervención de expertos en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, con la finalidad de garantizar un conocimiento jurídico ? científico adecuado y así irradiar esta cultura jurídica a toda la ciudadanía.

 

Dr. Merck Benavides Benalcázar

Juez de la Corte Nacional de Justicia

 

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