Motivación de Resoluciones Públicas y Debido Proceso

Lunes, 19 de agosto de 2013

MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES PÚBLICAS Y DEBIDO PROCESO

 

(Comentario al Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador)

 

 

Autor: Aleyda Ulloa Ulloa[1]

 

La Constitución de la República del Ecuador contempla el derecho al debido proceso como ?derecho de protección?, es decir, como derecho establecido por la Carta Magna para amparar, proteger, defender y resguardar a los ciudadanos ecuatorianos del uso abusivo del poder del Estado (art. 6 Const.). Derecho al debido proceso que, entre otros, comporta la garantía del derecho de las personas a la defensa (art.76 Nal.7 Const.), el cual cobra un grado de máxima importancia en las decisiones de los poderes públicos que imputan cargos, por tratarse del acto procesal que encabeza el debate sobre la posible responsabilidad del sujeto.

 

Imputación de cargos que esencialmente corresponde a un cuestionamiento o atribución de conducta prohibida, sobre el cual pesa el correlativo derecho de contradicción en cabeza de la contraparte procesal, a quien en consecuencia asiste el derecho de presentar los correspondientes descargos que garanticen de manera efectiva su defensa, en el marco de lo establecido constitucional y legalmente como reglas del debido proceso. De ahí que la Constitución ecuatoriana como norma de normas establezca como garantía el deber de motivación de las resoluciones de los poderes públicos (art. 76 literal l), el cual trae consigo la imposición a los servidores públicos de una serie de cargas argumentativas, que en caso de ser desatendidas generan dos consecuencias importantes: (i) la nulidad de la resolución y, (ii) la sanción del servidor público.

 

En desarrollo de lo anterior, es clara la norma superior ecuatoriana al establecer que ?No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho?. Exigencia que persigue como objetivo que las resoluciones de los poderes públicos sean fruto de la racionalización del ejercicio del poder como reconocedor de la ley, y no como derivado de la voluntad, de la fuerza, o la arbitrariedad de sus órganos.

 

Por consiguiente, la Constitución prohíbe a los poderes públicos hacer interpretaciones marginadas de las reglas científicas de la dogmática, que imposibiliten al adversario en la litis el poder confrontarlas con los estándares de racionalidad y razonabilidad aceptados por la comunidad científica internacional[2]. De ahí que, los poderes públicos en sus decisiones se encuentran vinculados a las reglas de la racionalidad, dentro del marco del sentido posible del tenor literal; salvaguardando tanto la objetividad de la ley como la imparcialidad de las decisiones judiciales[3].

 

Reglas que obligan al operador jurídico a que su decisión esté orientada y dirigida por la razón (práctica[4]) conforme a un método que lo revista de lógico, como oposición al irracionalismo fundamentado en el misticismo, sentimiento, intuición, etc.[5], y  le asignan la carga de  «dar cuenta reflexiva» de las actividades que resultan determinantes para su significatividad[6]; de manera que cumpla con una de las características esenciales del modelo de Estado constitucional de derecho de carácter democrático: -?la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad?- y por tanto, no puede ser suplantada por ella (art. 1 Const). Argumentos que como Atienza sostiene, son las razones que se dan para explicar y justificar las decisiones. En el primer evento, los argumentos dan cuenta del por qué y para qué de la decisión (-sus fines-), las razones que hay para decir que la acción es obligatoria, permitida o prohibida; y en el segundo, se dirigen a lograr que la decisión  resulte aceptable o correcta[7].

 

En tal virtud, los servidores públicos en sus resoluciones deben dejar clara y precisamente establecidos: (i) los antecedentes de hecho, (ii) las normas y/o los principios jurídicos que considera violados por la actuación del ciudadano (principio de legalidad), (iii) las motivaciones o argumentos en que funda la alegada violación normativa, y explicación de la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Tarea para la cual, se encuentran sujetos al cumplimiento de las reglas de argumentación que la comunidad jurídica y política considera esenciales para valorar la corrección de las resoluciones de los poderes públicos acorde con el criterio de razonabilidad que permita establecer la ?estricta racionalidad? de sus razonamientos.

 

Reglas de la argumentación, dentro de las cuales doctrinantes como Alexy[8], Bernal Pulido y Vigo, entre otros, destacan:

a)    Claridad y consistencia conceptual: El significado de los argumentos utilizados debe poder ser comprendido por la comunidad jurídica y política; a la vez que, los argumentos deben utilizarse siempre con el mismo significado sin que pueda haber contradicción entre ellos, ni vaguedad e imprecisión. [Regla: No se puede usar la misma expresión con distintos significados].

b)    Consistencia normativa: La decisión se debe fundar en argumentos que justifiquen los mismos resultados interpretativos cuando se apliquen a hechos análogos o idénticos. [Regla de universabilidad de Hare].

c)    Saturación o razón suficiente: La motivación completa debe satisfacer el criterio de explicitación o manifestación, que exige mostrar o hacer públicas las reglas, los enunciados normativos y los argumentos explicativos y de justificación que motivan la decisión o resolución, de forma que quien analiza la decisión no tenga que realizar esa tarea. En tal virtud, todo argumento utilizado debe contener todas las premisas que le pertenezcan, así como también, todo argumento principal debe ser acompañado de la totalidad de los argumentos de respaldo en su favor, de forma que queden expuestas las razones suficientes que justifiquen la solución adoptada o calificación deóntica de la conducta[9]. Lo que implica el deber de aducir con abundancia las premisas empíricas, normativas, justificativas y explicativas en expresa prohibición de decisiones vacías.[Regla: Todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar razones que justifiquen el rechazar una fundamentación- Regla: La decisión jurídica debe seguirse lógicamente al menos de una norma universal, junto con otras proposiciones y hay que articular el mayor número posible de pasos de desarrollo ? Regla: Debe resultar saturada toda forma de argumento que haya de contar entre los cánones de la interpretación][10].

d)    Consistencia argumentativa y coherencia: Entre las proposiciones que componen los argumentos no debe haber contradicciones, deben encontrar sustento en reglas, valores o principios generales[11], lo que exige que ningún caso tenga dos o más soluciones incompatibles y no puede existir contradicción entre la regla y los enunciados válidos esgrimidos[12]. [Regla: Ningún hablante puede contradecirse]. Regla que obedece a una de las inmutables verdades de la lógica: el principio de no contradicción, según el cual, ninguna proposición puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, en caso de sostenerse tal contradicción, se está en presencia de un postulado falso[13]. Coherencia que debe respetarse no sólo consigo mismo sino además con decisiones anteriores del servidor público. [Regla: Todo hablante que aplique F a un objeto A debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a A en todos los aspectos relevantes][14].

e)    Universalidad: la argumentación debe ser valida para el caso concreto y todos los demás casos iguales que pudieran presentarse. Corresponde al principio de justicia formal de tratar igual a lo igual. [Regla de universabilidad de Hare: Todo hablante sólo puede utilizar aquellos juicios de valor y de deber que afirmaría así mismo en todas las situaciones en las que afirmare que son iguales en todos los aspectos relevantes].

f)     Sinceridad: implica que la argumentación se plantee con conciencia de no fundarse en mentiras o falsedades. [Regla: Todo hablante sólo puede afirmar aquello que él mismo cree].

g)    Controversial: Acorde con un contexto de situaciones de diálogo, la motivación debe expresar los argumentos que permitan al interlocutor atender, responder y rebatirlos racionalmente. Principio de contradicción. [Regla. Todos pueden problematizar cualquier aserción y expresar sus opiniones y necesidades].

h)   Eficiente: debe respaldar concretamente la decisión u opinión expuesta[15].

 

 


 

    


 

 

Criterios que no es posible obviar por el grado de estructuración del discurso jurídico y por la exigencia de ser explícito, para que el interlocutor o contraparte pueda aceptar la decisión como bien fundamentada, debido a que la conclusión a que llega es resultado de un argumento sólido en el que las premisas o proposiciones que lo componen son aceptables y además su estructura es lógicamente correcta[16], pues el Estado ecuatoriano expresamente rechaza por mandato constitucional (art. 76) el denominado ?paradigma de decisión arbitraria o injustificada? en el que las sentencias no expresan las razones para acoger algunas de las premisas o su argumento; por considerarlo ostensiblemente inadecuado[17] al impedir el ejercicio de los derechos de contradicción y defensa, garantías del debido proceso, que exigen que las partes conozcan los hechos, normas y motivos de las resoluciones de los poderes públicos que los afectan, a fin de poder contra-argumentar o rebatir todos los materiales de hecho y de derecho que influyen en la resolución.

 

La garantía del derecho de defensa no sólo impone al Estado la creación de momentos procesales en que las partes puedan ser oídos[18], sino también el que las actuaciones de sus servidores permitan a las partes rebatir, y por tanto,  aportar al proceso todos los hechos que estimen adecuados al objeto del mismo (alegación) y poder utilizar los medios de aprueba legales, pertinentes y útiles para probar los hechos por ellos afirmados (prueba)[19];  para lo cual deben conocer con claridad, certeza, abundancia y suficiencia tanto los supuestos de hecho como de derecho, y los motivos que expliquen la pertinencia de su aplicación[20].

 

 

 

 

 

Constitución de la República de Ecuador Art. 76


 

 

De allí que, a manera de conclusión quepa resaltar no sólo la importancia de la motivación de las resoluciones de los poderes públicos como garantía del debido proceso sino las demás funciones que cumple la motivación de las resoluciones de los poderes públicos: ?legitimadora, tanto del resultado como del sujeto interpretativo; de control por parte de instancias revisoras; informativa, al explicar el cómo y por qué se adoptó tal interpretación; persuasiva, en relación a los destinatarios directos o indirectos del resultado auspiciado; y pedagógica, al contribuir al análisis y conocimiento del derecho?[21].

 

 

 

Dra. Aleyda Ulloa Ulloa

?Tratadista Penal y Profesora  Universitaria  en Bogotá, Colombia?

aleydaulloa@yahoo.com

 

 



[1] Abogada especializada en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y doctoranda en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora en Universidades  Externado de Colombia, Nacional de Colombia,  Autónoma de Colombia y Central del Ecuador. Email de contacto: aleydaulloa@yahoo.com

[2] FERNANDEZ CARRASQUILLA, Juan. Principios y normas rectoras del derecho penal. Ob. Cit. p. 129. ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte General. Tomo I. Madrid. 1997. p. 206.

[3] FERNANDEZ CARRASQUILLA, Juan. Principios y normas rectoras del derecho penal. Ob. Cit. p. 130, 135.

[4] Exige que cada acción u omisión debe ser justificable por referencia a alguna razón para la acción.  RODRIGUEZ BOENTE, Sonia Esperanza.  La justificación de las decisiones judiciales. Santiago de Compostela: Universidad Santiago de Compostela. 2003. p. 103.

[5] Voz racionalismo. Diccionario general de las ciencias humanas. Georges Thinés y Agnes Lempereur. Madrid: Ediciones Cátedra. 1975. p. 765.

[6] GONZÁLEZ R. ARNAIZ, Graciano. Racionalidad. p. 2 y 3. Disponible a 7 septiembre de 2012. En: http://fsmorente.filos.ucm.es/docentes/arnaiz/textos/racionalidad.pdf .  En tal sentido algunos autores tratan de forma indiscriminada los conceptos de argumentación y motivación, como Segura, para quien  son conceptos intercambiables ?la acción de motivar consiste en dar las razones que se han tenido para hacer una cosa? M. SEGURA ORTEGA. La racionalidad jurídica. Madrid: Técnos. 1998. p.  116.

[7] ATIENZA, Manuel. Derecho y argumentación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 1997. p. 32. En igual sentido: ALCHOURRON, Carlos y BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Editorial Astrea. 2006. p. 229.

[8] ALEXY, Robert. Ley fundamental y teoría del discurso. En: Las razones de la producción del derecho. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires. 2006. p. 20.

[9] BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2005. p. 63 y 64. ALCHOURRON, Carlos y BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Ob. Cit. 2006. p. 229 y 230. DE ASIS, Rafael. El juez y la motivación en el derecho. Madrid: Dykinson. 2005. p. 88.

[10] ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. Madrid. Centro de estudios constitucionales. 1997. p. 286.

[11] BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho de los derechos. Ob. Cit. p. 63 y 64.

[12] ALCHOURRON, Carlos y BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Ob. Cit. p.232.  DE ASIS, Rafael. El juez y la motivación en el derecho. Ob. Cit. p. 85.

[13] ECHAVE, Delia y otros. Lógica, proposición y norma. Buenos Aires: Astrea. 1986. p. 84.

[14] ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. Ob. Cit. p. 185.

[15] VIGO, Rodolfo Luis. Interpretación Jurídica. Argentina: Rubinzal Culzoni. 2006. p. 37. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. Ob. Cit. p. 185, 275, 283. CRUCETA, José Alberto y otros. Argumentación jurídica. República Dominicana: Escuela Nacional de la Judicatura .p. 45 y 46. RIBEIRO TORAL, Gerairo. Teoría de la argumentación jurídica. México: Plaza y Valdez. 2006. p. 212 y ss.

[16] BONORINO, Pablo Raúl y PEÑA AYAZO, Jairo Iván. Argumentación judicial: construcción, reconstrucción y evaluación de argumentaciones orales y escritas. Segunda edición ampliada. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. 2005. p. 5.

[17] BONORINO, Pablo Raúl y PEÑA AYAZO, Jairo Iván. Argumentación judicial. Ob. Cit. p. 10.

[18]CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR. ART. 76,  Numeral 7, literal c).

[19] CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR. ART. 76,  Numeral 7, literal h).

[20] CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR. ART. 76,  Numeral 7, literal l).

[21] VIGO, Rodolfo Luis. Interpretación Jurídica. Argentina: Rubinzal Culzoni. 2006. p.38. Negrilla fuera de texto.

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