Motivación de la Sentencia

Martes, 17 de diciembre de 2013

Motivación de la Sentencia

 

Autor: Dr. José García Falconí

En los libros que he publicado últimamente, cuyos títulos son: EL JUICIO CIVIL POR LA ACCIÓN COLUSORIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO; y, LOS JUICIOS POR LAS ACCIONES DE AMPARO Y DE RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO, señalo la importancia de la motivación en la sentencia endo y extra procesal, además de las características que ésta debe tener para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 76 No. 7 letra l) de la Constitución de la República, y 130 No. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Al respecto me permito trascribir algunos comentarios de los dos trabajos mencionados:

¿Qué es la motivación de la sentencia?

La motivación de la sentencia, constituye la parte medular donde el juzgador da las explicaciones que justifiquen el dispositivo del fallo, como es el producto de la construcción de la premisa menor y mayor del silogismo judicial y de la actividad de subsumir los hechos concretos en el supuesto abstracto de la norma, actividades intelectuales éstas que deben constar en el cuerpo de la decisión.

La sentencia debe estar motivada y ello se realiza a través de las argumentaciones de hecho y de derecho que explican las razones que tuvo el juzgador para acoger o no la pretensión.

En definitiva, la parte dispositiva de la sentencia, debe ser el producto de una motivación donde se expliquen las razones de la actividad intelectual del juzgador para la construcción de las premisas y la determinación de la consecuencia jurídica.

Carnelutti, señala con sencillez: ?La motivación de la sentencia consiste en la construcción de un razonamiento suficiente, para que de los hechos que el juez percibe, un hombre sensato pueda sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva(?). La  motivación está impuesta para que muestre el juez que ha razonado?; y en nuestro ordenamiento jurídico una resolución no se motiva con la simple interpretación del derecho, pues la misma actualmente, es un proceso mental que exterioriza un proceso intelectivo, que impone a la jueza o al juez pronunciarse de alguna determinada manera, conforme señalo en líneas posteriores.

Sobre la argumentación, el maestro español Manuel Atienza que ha visitado varias veces nuestro país, señala que tiene tres cuestiones fundamentales que plantearse,  que son:

a)            Cómo analizar una argumentación;

b)           Cómo evaluarla; y,

c)            Cómo argumentarla.

Al respecto, el maestro citado, señala: ?Para dar cuenta adecuadamente de la dimensión argumentativa del derecho, habría que considerar (distinguir, para luego integrar en una teoría compleja) los componentes formales, materiales y pragmáticos (dialécticos y retóricos) que existe en toda argumentación. A partir de ahí  -esa era mi pretensión-  se estaba en condiciones de poder afrontar las tres grandes preguntas que plantea ese enfoque del derecho: cómo analizar una argumentación jurídica, cómo evaluarla y cómo argumentarla en el derecho?.

Agrega con razón: ?Una argumentación es todo el conjunto de pasos, actos de lenguaje y enunciados que tienen lugar entre el planteamiento de una pregunta inicial (un problema), con que se abre la argumentación, y la respuesta a la misma (la solución ?argumentativa- del problema), que significa el cierre de la argumentación. Básicamente consiste en un conjunto de argumentos y de líneas argumentativas. Pero no todos los pasos de una argumentación no son argumentativos. No son aquellos que no requieren de ninguna razón para ser dados (?)?.

Termina señalando: ?Un argumento es una razón (formulada por medio de un enunciado) a favor o en contra de una determinada tesis  (expresada esta última también en forma de un enunciado). Consta por tanto, de tres elementos: la razón (la premisa), la tesis,( la conclusión) y la vinculación  -el ser una razón a favor o en contra- que se establece entre ambos (la inferencia). Las razones (los argumentos en sentido estricto), pueden ser más o menos complejas (?), finalmente una línea argumentativa es un conjunto de argumentos orientados en un mismo sentido; a defender una tesis o a atacarla?, esto lo señala en su obra La Argumentación Jurídica, en la cual pone un ejemplo de argumentación en materia penal, que debe ser de la siguiente manera:

1.                  Quien comete un asesinato debe ser condenado con la pena de reclusión mayor;

2.                  Quien mata a otro alevosamente, comete asesinato;

3.                  Quien se aprovecha de la indefensión o buena fe de otro, actúa alevosamente;

4.                  Quien mata a una persona mientras está dormida, se aprovecha de su estado de indefensión;

5.                  X mató a Y, mientras éste último dormía; y,

6.                  Por lo tanto a X, se le debe imponer la pena de reclusión  mayor.

De todo lo anotado se desprende, que la motivación de la sentencia constituye la parte medular donde el juzgador da las explicaciones que justifiquen el dispositivo del fallo, como es el producto de la construcción de la premisa menor y mayor del silogismo judicial y de la utilidad de subsumir los hechos concretos en el supuesto abstracto de la norma, actividades intelectuales éstas que deben constar en el cuerpo de la decisión.

De tal modo, para cumplir lo dispuesto en el Art. 76, No. 7, letra l), de la Constitución de la República y Art. 130 No. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, la sentencia debe estar motivada, y ello se realiza a través de las argumentaciones de hecho y de derecho que explican las razones que tuvo el juzgador para acoger o no la pretensión.

En definitiva como dice la doctrina, el dispositivo del fallo (la ratio decidendi) debe ser el producto de una motivación, donde se explique las razones de la actividad intelectual del juzgador para la construcción de las premisas y la determinación de las consecuencias jurídicas.

 

Sobre la motivación, me permito volver sugerir  la lectura obligada de la Gaceta Judicial Serie XVII No. 2, en un juicio civil de obra nueva, que sigue el doctor Marcelo Regalado en contra de Edgar Zurita y otra, en las páginas 360-370, en la cual la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia, conformada por los doctores Tito Cabezas, Santiago Andrade Ubidia y Galo Galarza Paz, hacen un estudio detallado sobre lo que es la motivación, así lo recalco en las clases que dicto a los compañeros de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador en las materia Procesal Civil y Práctica Constitucional.

 

Importancia de la motivación

La sentencia antes mencionada, cuyo magistrado-juez ponente, fue el distinguido jurista, el maestro señor Dr. Santiago Andrade Ubidia, se refiere a los siguientes puntos:

a)      La motivación como presupuesto del control casacional del razonamiento probatorio;

b)      La seguridad jurídica como control de la arbitrariedad de los jueces;

c)       La motivación como garantía de tutela judicial efectiva;

d)      La motivación como criterio diferenciador entre racionalidad y arbitrariedad; y,

e)      La motivación analizada desde dos perspectivas, que si bien son diferentes, responde a una misma realidad, apoyada en el principio de legalidad; esto es, con finalidad endo procesal y otra de carácter procesal, cuyo análisis lo hago de manera detallada en mi obra sobre el juicio civil colusorio antes mencionado.

En dicha sentencia se señala, que en definitiva el llamado control casacional de los hechos abarca dos aspectos muy distintos: por un lado la apreciación  de los mismos que el Tribunal Supremo respeta por entender que es el resultado de una percepción inmediata del juzgador de instancia, que no puede ser sustituido por otro tribunal que no vio ni oyó directamente; y en segundo lugar, el razonamiento inferencial que al no depender de la inmediación, puede ser controlado y sustituido por cualquier otro órgano judicial.

Debo señalar, que hay sentencias del Supremo Tribunal de Justicia de España, en las que señala que el recurso de casación no es tercera instancia, por lo que no es factible valorar la prueba, ya que esto pertenece al juzgador de instancia, pero sin perjuicio de la facultad del tribunal de casación, de integrar el FACTUM.

Recalco, que si no se analiza con detenimiento esta sentencia dictada por la Primera Sala de la Ex Corte Suprema de Justicia, los operadores de justicia de nuestro país, no pueden ni podrán entender lo que es la motivación como regla del debido proceso.

De lo anotado se desprende, que la motivación de la sentencia pronunciada en un juicio, no sólo hace a la garantía de la defensa en juicio, sino a la esencia de un régimen democrático, pues no puede privarse a los ciudadanos que viven en el país, de conocer las razones concretas que determinaron la resolución dictada por los órganos operadores de justicia. Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

Sin embargo debo señalar, que estoy dirigiendo una tesis de la compañera Carmen Alicia Guanin Sillo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, sobre este importante tema, y en ella dicha compañera señala lo siguiente, que me permito compartir con el amable lector de esta Revista Judicial de diario La Hora.

Dicha tesis manifiesta al respecto: ?La fundamentación de los fallos judiciales cumple, finalmente, la importante función de legitimar la administración de justicia frente a distintos foros de la sociedad. Así suele suceder que los jueces motiven las sentencias teniendo en mente cuatro grupos básicos de personas a las que se intenta convencer de la bondad del fallo?.

Añade: ?Las partes involucradas representan, por un lado, el auditorio directo de los operadores de derecho. Aquí hay que tener presente que lo que la jueza o el juez busca es convencer a las partes de la corrección sistemática y, finalmente de la justicia de su decisión. Visto en términos realistas este ideal nunca se cumple. Para quien gana el caso, no hay prácticamente necesidad de que se le expongan las razones por las cuales salió airoso, él se da por satisfecho con obtener la pretensión que buscaba, independientemente de si el fundamento de ésta es absolutamente injusto o no. para quien pierde el litigio, por el contrario no existirán argumentos que lo convenzan de su fallida derrota.

De allí que, como bien decía Rüters: ?Cuan justa se considere una sentencia depende de quien la valore: el ganador o el perdedor?. La misma idea ha sido expuesta por Nieto, quien concluye: ?Esta es, para mí, la gran  -y triste-  especificidad de la argumentación jurídica: su inutilidad radical. Porque nadie escucha razones: el vencedor porque no las necesita y el perdedor porque nunca podrá ser convencido (?). La argumentación jurídica se convierte de esta forma en un rito de cortesía que a nadie importa y ninguno atiende?. Los cuatro grupos que señala la autora de esta tesis de abogacía son los siguientes:

a)      El foro social  más importante al que se dirige la jueza o el juez con la motivación de sus fallos está constituido, por las Cortes Provinciales. A ningún juez o jueza, le gusta ver como sus sentencias son revocadas una y otra vez por las instancias de alzada. De ahí que se cuiden mucho en la argumentación  que se dan a sus decisiones de tener siempre presente la opinión de las Cortes Provinciales;

b)      Esto explica el exagerado inventario de jurisprudencia que se citan en la sentencias de los jueces de primera instancia, las cuales se convierten, de esta manera, en un ?collage? absurdo y hasta ridículo, donde la técnica no es el razonamiento sesudo de la jueza o del juez, sino el ?corte y pegue? mecánico de los programas informáticos. Desde esta óptica una sentencia eficaz es aquella que evita ser revocada y no necesariamente aquella que resuelve el conflicto social de la mejor forma posible. Sobre esta situación nos ha ilustrado Lautmann, quien dice al respecto: ?La efectividad de una sentencia se toma en consideración solo en la medida en que se estima que esa sentencia va a ser aceptada o no por los tribunales superiores. No obstante, aquí no se trata, por lo general, de la satisfacción de los afectados, punto de vista éste que resulta totalmente subordinado, sino más bien de evitar la crítica formal de los tribunales superiores?.

c)       Las juezas y jueces no están exentos, como cualquier ser humano de la vanidad. Si estas juezas y jueces gustan que sus fallos sean tomados en cuenta por la doctrina a efectos de ser comentados en los libros, en los manuales o en los artículos de revistas indexadas y especializadas. De allí que no es inusual encontrar fallos donde abundan las citas de literatura especializada sobre las distintas: ?Teorías que hay en la materia en discusión?. Las sentencias se convierten así en un campo de batalla. Todo esto no estaría mal sino fuera por el detalle de que muchas veces esas disposiciones no tienen nada que ver con el fondo del asunto, sino que buscan más bien lanzar una cortina de humo sobre los puntos verdaderamente candentes del problema. Vale, entonces, recordar la sabia y aguda observación de Calamandrei: ?A veces una motivación sumaria indica que el juez (o jueza) a la hora de decidir estaba totalmente convencido de la bondad de su conclusión y, por consiguiente, le parecía una pérdida de tiempo demostrar la evidencia. Mientras que, por otra parte, una motivación extensa y afinada puede delatar el deseo del juez (jueza) de encubrir así mismo y a los demás- a fuerza de adornos su propia duda?.

d)      Termina señalando en esta parte de la tesis: ?Algunos jueces y juezas fundamentan sus fallos para quedar bien con la opinión pública y con los medios de comunicación, siempre ávidos por el espectáculo teatral en el campo de la justicia. Es difícil suponer que los jueces y juezas se resistan totalmente a la seducción publicitaria que implica aparecer frente a las cámaras de televisión. Resulta entonces innegable el papel que juega la prensa y los demás medios de comunicación en la configuración real de las decisiones judiciales?.

Legitimación de los jueces a través de la motivación

En los dos trabajos que he publicado en los últimos meses sobre materia civil he recalcado que el tratadista Kelsen y algunos otros autores, sostienen que la legitimidad judicial tiene su base en la independencia e imparcialidad de los jueces, y fundamentalmente estos se legitiman al momento de dictar sus resoluciones de manera motivada, esto es cumpliendo lo que disponen los artículos 76, número 7, letra l), de la Constitución de la República y 130, No. 4, del Código Orgánico de la Función Judicial; de tal modo que la Constitución refleja en mayor medida que la ley es del pueblo y los jueces por su independencia e imparcialidad son los guardianes naturales de la soberanía constitucional, que reside en el pueblo, pues hay que recordar que el Art. 167 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: ?La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución?.

Qué opina usted amable lector, sobre la importancia de la motivación de las sentencias en nuestro ordenamiento jurídico.

Para terminar este artículo, deseo manifestar que la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, presidida por el Dr. Walter Martínez Vela como su decano, a través de sus profesores han publicado decenas de libros en materia jurídica, esto es en constitucional, civil y penal, varios de ellos han dado conferencias a nivel nacional e internacional; y actualmente con los alumnos del cuarto curso C de dicha facultad, en la Cátedra de Práctica Procesal Civil, con el suscrito estamos analizando el proyecto de Código Orgánico General del Proceso, que el señor Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Gustavo Jalkh ha enviado para que las señoras juezas y jueces hagan sus observaciones al mismo, manifestando que un grupo de profesionales durante nueve meses de arduo trabajo de revisión han formulado el proyecto antes mencionado.

En dicho oficio se destaca lo siguiente: ?La oralidad del proceso, las reglas del debido proceso; la tutela judicial efectiva, los principios de inmediación, celeridad, publicidad, contradicción y economía procesal; que es el marco dentro del cual se desenvuelve dicho proyecto.

El proyecto de Código Orgánico General del Proceso que se socializa a partir de diciembre de 2013 consta de cinco libros:

-          Libro Uno, sobre las Normas Generales, tiene cuatro títulos y cada uno de ellos varios capítulos;

-          Libro Segundo, sobre la Actividad Procesal, el mismo que tiene tres títulos, con varios capítulos cada uno de ellos;

-          Libro Tercero, sobre Disposiciones Comunes a todos los procesos y que tiene dos títulos con varios capítulos cada uno de ellos, y en los cuales se analizan los recursos en la materia civil;

-          Libro Cuarto, sobre los procesos y tiene cuatro títulos con varios capítulos cada uno de ellos; y,

-          Libro Quinto, sobre la fase de ejecución, con  dos títulos con varios capítulos.

Conforme he señalado y de acuerdo al estudio que estamos realizando en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, el Proyecto de Código Orgánico General del Proceso consta de 523 artículos, pero  no constatamos que en él aparezca la exposición de motivos, el Considerando, ni las Disposiciones Transitorias ni Finales que como es de conocimiento general es obligatoria por así disponerlo la Ley Orgánica de la Función Legislativa al presentar un proyecto y entenderlo de mejor manera, de tal modo que sería interesante que se nos haga conocer esta exposición de motivos y considerando, además de las disposiciones transitorias y finales, especialmente la manera como se va a implementar la oralidad en materia civil y el tiempo de vacancia legis para que entre en vigencia el Código Orgánico General del Proceso, lo que nos permitirá conocer el marco constitucional y legal dentro del cual los integrantes del grupo de trabajo han desarrollado este interesante proyecto que era urgente y necesario, toda vez que el Código de Procedimiento Civil vigente como he manifestado en reiteradas oportunidades se inspiró en el Código de Enjuiciamiento Civil peruano y español de 1855; además dicho Código sigue el modelo de 1938 con pocas reformas, el mismo que a su vez era copia del Código de Procedimiento Civil de 1878 redactado por la Corte Suprema de Justicia, que a su vez se basó en el Código de Procedimiento Civil redactado por la Constituyente de 1869 y, publicado en el año de 1879. El Código de Procedimiento Civil codificado se encuentra publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 58 de 12 julio de 2005, el mismo que ha tenido muchas reformas, a raíz de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 544 de 09 de marzo de 2009, el mismo que tuvo modificaciones en el año 2012

Una vez que terminemos el estudio en estos días, compartiremos el mismo con los compañeros de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, para luego dar a conocer nuestro pronunciamiento al asambleísta nacional, sobre este importantísimo cuerpo de leyes, que hace realidad el nuevo Estado constitucional de derechos y justicia social, que señala el Art. 1 de la Constitución de la República.

 

Dr. José Carlos García Falconí

DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR

Correo: josegarciafalconi@gmail.com

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