Los principios de Congruencia y el Iura Novit Curia

Viernes, 10 de enero de 2014

 

Los principios de Congruencia y el Iura Novit Curia

 

Autor: Prof. Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

 

Principio de congruencia: concordancia interna y externa

El principio de congruencia consiste en la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado por las partes y la decisión que sobre él tome el juez. Puede adoptar dos modalidades: La interna y la externa. La externa que es la propiamente dicha, se refiere a la concordancia o armonía entre la pretensión y la resolución que se pronuncia sobre ella. La interna, es la que mira a la concordancia entre la parte motiva y la resolutiva del fallo. Dicho de otra manera el juez, por respeto al principio de congruencia no puede ni debe resolver más allá de la pretensión del fiscal cuando se trata de un proceso penal, vale decir que el juez podrá resolver siempre menos que lo que pretende el fiscal, pero nunca más. Sostener la vigencia de este principio es consustancial al respeto al Estado de Derecho, tanto más si de acuerdo con el Art. 219 de la Constitución Política de la República de 1998 el titular de la acción penal y por ende de la acusación era y es el Ministerio Público en la vigente del 2008 (art. 195). Esta es una característica del cambio del paradigma procesal penal.

 

Concordancia entre pretensión, ?resistencia?, pruebas y la decisión jurisdiccional

 

1.- Si el proceso judicial es un método racional de debate, un instrumento para la solución pacífica y racional de los conflictos intersubjetivos de intereses que se suscitan en la convivencia, resulta evidente, que para que tal finalidad se alcance, debe haber una exacta relación o correspondencia (concordancia) entre la pretensión del actor, la oposición del demandado (resistencia, en los términos de Alvarado Velloso), los elementos de prueba válidamente colectados e incorporados y la decisión del tribunal.-Esta concordancia recibe el nombre de ?congruencia?, a la que Ayarragay, siguiendo a Aragonese Alonso, define como ?un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico?[i].

 

Por su parte, Devis Echandía la define como ?el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas?[ii]. Entiende este autor que ?los derechos de acción y de contradicción imponen al Estado el deber de proveer mediante un proceso y por una sentencia, cuyo alcance y contenido están delimitados por las pretensiones y las excepciones que complementan el ejercicio de aquellos derechos[iii]?. Agregamos y para los fines de entendimiento del principio de congruencia, que en materia penal la pretensión se produce en el momento en que se concluye el sumario ? en el modelo inquisitivo de 1983- en que el fiscal exhibe su pretensión punitiva en base de la investigación y prueba existente, con referencia al objeto jurídico investigado y probado. Igualmente hay otro momento procesal en la etapa del plenario (código de 1983) o de la audiencia del juicio, en que el ministerio público esgrime su pretensión punitiva final, pero en ambas situaciones el juez debe respetar en su decisión la congruencia con la pretensión punitiva de la fiscalía.

 

2.- No obstante que ?en general- siempre se hace referencia a la concordancia entre la pretensión y la sentencia, la congruencia es una exigencia lógica que está presente en todo el proceso uniendo entre sí a las distintas etapas que lo componen. Así, ha de haber concordancia (congruencia) entre la pretensión y la oposición (resistencia). También ha de haber congruencia entre los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus respectivas posiciones y los elementos de prueba válidamente colectados e incorporados. También ha de haber congruencia entre la acción deducida y la sentencia; una congruencia interna en la sentencia misma y, finalmente, debe existir concordancia entre la sentencia y su ejecución.

2.1.- Encontramos concordancia (congruencia) entre la pretensión y la resistencia en cuanto los hechos y los argumentos jurídicos que se oponen al progreso de aquella tienen que referirse, lógicamente, a las afirmaciones y argumentaciones en que tal pretensión se funda. Es fundamental en materia penal que los cargos (la imputación) deban estar precedidos por la intimación de los mismos, a efectos de que el sujeto pasivo del proceso no sea colocado en situación de indefensión. Cae de su peso la necesidad procesal de poner en conocimiento y de manera oportuna al sindicado o imputado los elementos de cargo que existan en un medio de prueba como puede ser un examen contable o una auditoría, pues constituiría un acto de deslealtad procesal utilizar como elementos incriminatorios los contenidos en un informe que no fue conocido en tiempo y modo oportunos por el o los sujetos que han sido sindicados.

También debe haber congruencia entre los hechos afirmados por una de las partes que han sido controvertidos por el adversario y los elementos de prueba incorporados al proceso, en cuanto estos están dirigidos a constatar (confirmar) a aquellos. Esto también tiene el carácter de carga en cuanto, en general, los códigos procesales disponen que las partes sólo podrán ofrecer prueba respecto de los hechos afirmados y controvertidos.-

 

2.2.- Finalmente, debe haber congruencia entre la pretensión, la oposición (resistencia), los elementos de prueba válidamente colectados y la decisión jurisdiccional, desde que esta debe ser dirigida, exclusivamente a las partes del proceso, de manera que exista identidad jurídica entre el litigio llevado a los estrados judiciales y la decisión. Cabe advertir que, no obstante que generalmente se alude al tema de la congruencia cuando nos referimos a la sentencia, la misma  además de ser un ligamen lógico de todo el proceso, es una regla que rige en toda resolución judicial. Recordemos que la defensa es inviolable y la misma debe ser respetada aun en los actos pre procesales, en que se garantiza el derecho a la asistencia legal obligatoria.

 

Garantías del debido proceso

2.3.- Viviendo en un Estado de Derecho es fundamental respetar las garantías del derecho al debido proceso, previstas en la Constitución Política de la República de 1998 (Art. 24 in fine) y actualmente en el Art. 76 de la Constitución de Montecristi del 2008. En lo pertinente y en lo que fuese aplicable recordemos que el Art. 24 de la Constitución de 1998, establecía el derecho a ser juzgado conforme a las leyes preexistentes con observancia del trámite propio de cada procedimiento (n.1), la inviolabilidad del derecho a la defensa (n. 10), el ejercicio del derecho al contradictorio (n. 15). Conviene destacar que del estudio de un proceso muy conocido y discutido públicamente que data de más de diez años sin que concluya en firme, se infiere que estando precluída la etapa del sumario, el juez a quo agregó una extensa documentación misma que no pudo ser examinada, discutida o rebatida por los sujetos pasivos del proceso, y fue utilizada como prueba incriminatoria o de cargo. Recordemos que de acuerdo con la estructura del CPP de 1983 la etapa del sumario era de investigación y de prueba, y en el caso que se  resuelve en la alzada, se ha agregado una documentación agotada la etapa del sumario, limitando el derecho de defensa de los imputados que no pudieron ejercer el derecho al contradictorio.

CADH: desarrollo jurisprudencial referido a garantías del derecho penal

3.- Dado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ?en adelante, la Convención Americana, la Convención, o la CADH? tiene un amplio catálogo de derechos y garantías que protegen a las personas sometidas a persecución o sanción penal (así por ej. los arts. 4,5,6,7,8,9,10,22 y 25 de la CADH, entre otros), especialmente en los últimos años, ha habido un amplio desarrollo jurisprudencial en los fallos de la Corte Interamericana referido a garantías del derecho penal, procesal penal y de ejecución de la pena. Así, por ejemplo, la Corte se ha pronunciado sobre la pena de muerte, sobre detenciones ilegales y arbitrarias, sobre las salvaguardas procesales de toda persona detenida, sobre el plazo razonable del encarcelamiento preventivo, sobre el control judicial de legalidad de toda detención, sobre el principio de legalidad sustantivo, sobre la inconveniencia de utilizar el derecho penal para reprimir actos de expresión, sobre las condiciones de detención, sobre la afectación de la integridad física y psíquica por las consecuencias de acciones de operadores de la justicia penal, sobre la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, sobre la incomunicación del detenido, sobre el derecho del imputado a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, sobre el plazo razonable del proceso, sobre el principio de inocencia, sobre diversos aspectos del derecho de defensa, sobre la prohibición de múltiple persecución penal, sobre el derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria, sobre la publicidad del juicio penal, entre otras cuestiones.

 

Jurisprudencia de la CIDH

La Corte Interamericana, en el Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005, analizó la violación de diversos derechos garantizados en la Convención. En este considerando sólo nos ocuparemos de los temas del título, esto es, el tratamiento que la Corte dio al principio de correlación (de congruencia) entre acusación y sentencia y, además, al cambio de calificación jurídica por parte del tribunal de juicio por aplicación del principio iura novit curia. Como se sabe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano operativo de la OEA que se encarga de investigar los hechos puestos en su conocimiento  para concluir si hay un caso que deba ser llevado a conocimiento y resolución de la Corte Interamericana. En el caso que se invoca, el ministerio público hizo una acusación final mayor que la inicial y puso en situación de indefensión al acusado, y el juez resolvió sin permitirle que pueda ejercer adecuadamente su defensa.

La Comisión señaló las siguientes circunstancias: a) El ministerio público no formuló acusaciones alternativas, como lo permite el art. 333 del CPP Guatemala, y tampoco amplió la acusación durante el debate (art. 373, CPP) ? párrafos 55.d y 55.e?. b) El ministerio público solicitó la pena de muerte por asesinato en sus alegatos finales, cuando ya había precluido su oportunidad para solicitar ese cambio ?párr. 55.f ?. c) El tribunal no advirtió sobre qué posible calificación jurídica podría modificar la imputación de violación agravada ?párr. 55.g ?. d) El tribunal, para aplicar la calificación de asesinato, dio por acreditados dos hechos ajenos al objeto procesal, esto es, la causa de la muerte por asfixia, y que el acceso carnal había tenido lugar después de la muerte de la víctima ?párr. 55.h ?. e) El tribunal, para decidir la aplicación de la pena de muerte, introdujo otra circunstancia nueva que resultó determinante en su decisión, la peligrosidad de R.        

Esta circunstancia, además, no fue probada, y se fundó en los mismos hechos utilizados para agravar el delito. Dado que la peligrosidad es un elemento subjetivo que implica la futura reiteración de conductas delictivas, no fue sometido a una valoración científica mediante la actividad probatoria, es decir que no fue probada y sólo fue presumida ?párr. 55.h ?.  f) El fallo condenatorio se fundó en hechos no comprendidos en la acusación y en la peligrosidad que no fue demostrada, desconociendo el tribunal el principio de congruencia e impidiendo el ejercicio del derecho de defensa del imputado. Tal fallo se dictó sin haber cumplido los requisitos del art. 332 bis del CPP, ?que incluye como requisito sustantivo de la acusación la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible? y su calificación jurídica? (párrafos 55.j y 55.k). g) El fiscal, para evitar la sorpresa y la indefensión de R, debería haber ampliado formalmente la acusación, para incluir los nuevos hechos y el cambio de calificación. El tribunal, por su parte, omitió decir cuál era la calificación jurídica que podría imponerse en vez de la de violación. También omitió recibir nueva declaración al imputado e informarle que tenía derecho a una suspensión de la audiencia, y formularle correctamente la intimación de los hechos por los cuales fue finalmente condenado, en violación al art. 8.2.b de la Convención. Estas circunstancias, a su vez, impidieron a la defensa técnica contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su tarea, en violación al art. 8.2.c ?párrafos 55.m y 55.n?. La importancia de los alegatos de la Comisión es que en ellos se formulan afirmaciones sobre el alcance de los distintos estándares de protección de los derechos humanos desde un punto de vista institucional, razón por la cual ?a menos que la Corte rechace lo solicitado? da pie a que tales afirmaciones puedan ser oponibles a la Comisión en el trámite de una petición ante dicho órgano.

La violación del derecho de defensa tal como está garantizado en el art. 8.2.b y 8.2.c no puede depender de reglas procesales específicas del derecho interno. A nuestro juicio, la única interpretación posible de esta proposición se refiere al derecho de defensa en sentido amplio. Como veremos a continuación, la Corte Interamericana reconoce expresamente que la intimación de la calificación legal también es una exigencia derivada del derecho de defensa.

 

En el párrafo 69 de su sentencia, la Corte IDH reafirma la necesidad de integrar la calificación jurídica para respetar el derecho de defensa, citando un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Pelissier and Sassi vs. France:

 

?[?] La Corte observa que los preceptos del tercer párrafo, inciso a), del artículo 6 [de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales] apuntan a la necesidad de brindar especial atención a la debida notificación de la acusación al imputado. Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal, desde que el momento de la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra (ver Kamasinki vs Austria, sentencia de 19 de diciembre de 1989, Serie A, No. 168, pp. 36- 37, párr. 79). El artículo 6.3.a) de la Convención [Europea] reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada a esos actos. Dicha información debe ser detallada, tal como correctamente sostuvo la Comisión.

 

[?] El alcance del precepto anterior debe ser determinado, en particular, a la luz del derecho más general referente a un juicio justo, garantizado por el artículo 6.1 de la Convención (ver, mutatis mutandis, las siguientes sentencias: Deweer vs Bélgica, Sentencia de 27 de febrero de 1980, Serie A, No. 35, pp. 30-31, párr. 56; Artico vs Italia, Sentencia de 13 de Mayo de 1980, Serie A, No. 37, p. 15, párr. 32; Goddi vs Italia, Sentencia de 9 de abril de 1984, Serie A, No. 76, p. 11, párr. 28; y Colozza vs. Italia, Sentencia de 12 de febrero de 1985, Serie A, No. 89, p. 14, párr. 26). La Corte Considera que, en cuestiones penales, el precepto concerniente a una información completa y detallada de los cargos formulados contra el imputado y, consecuentemente, a la calificación legal que el tribunal pueda adoptar al respecto, constituye un prerrequisito esencial para asegurar que los procedimientos sean justos?.

 

A continuación, la Corte agregó:

 

?? Durante el primer día de debate, el Tribunal advirtió a las partes sobre la posibilidad de cambiar la calificación jurídica del delito, pero no especificó a qué delito pudiera dirigirse el cambio, lo cual no es irrelevante, en modo alguno, para el ejercicio de la defensa y la decisión judicial sobre la sanción aplicable? (párr. 70).

 

Nuevamente, la Corte Interamericana relaciona la violación al derecho de defensa de la Convención con la falta de advertencia sobre el posible cambio de calificación jurídica, de manera clara. También lo hace en los párrafos 72 a 74, donde luego de mencionar diversas omisiones sobre la obligación de ampliar la acusación por los nuevos hechos, sobre la obligación de advertir cuál sería la calificación jurídica que podría aplicarse, y sobre la obligación de recibirle nueva declaración al imputado y suspender el debate para que prepare su defensa, en el párr. 73 concluye:

 

?? Estas omisiones [incluyendo la de advertir sobre el cambio de calificación jurídica] privaron a la defensa de certeza acerca de los hechos imputados (artículo 8.2.b) de la Convención) y, en consecuencia, representaron un obstáculo para preparar adecuadamente la defensa, en los términos del artículo 8.2.c) de la Convención?.

 

Sin embargo, la Corte no descarta la aplicación del principio iura novit curia, pero lo condiciona a una interpretación armónica con el principio de congruencia y el derecho de defensa (párr. 74). Luego de establecer que la sentencia consideró de manera expresa hechos no contenidos en la acusación, la Corte vuelve a citar el caso europeo, en donde se concluye que la modificación sorpresiva de la calificación jurídica viola tanto el derecho a ser informado de la imputación como el derecho de contar con los medios y el tiempo necesarios para preparar la defensa:

 

?[?] al hacer uso del derecho que incuestionablemente tenía para recalificar hechos sobre los cuales tenía jurisdicción propiamente, la Corte de Apelaciones de Aix-en-Provence debió haber provisto a los peticionarios de la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa respecto de dicha cuestión de manera práctica y efectiva y, en particular, de manera oportuna. En el presente caso, la Corte no encuentra algún elemento capaz de explicar los motivos por los cuales, por ejemplo, la audiencia no fue aplazada para recibir ulterior argumentación o, alternativamente, los peticionarios no fueron requeridos para presentar observaciones escritas mientras la Corte de Apelaciones deliberaba. Por el contrario, del expediente del caso ante la Corte surge que los peticionarios no tuvieron oportunidad para preparar su defensa respecto de la nueva calificación, ya que fue sólo a través de la sentencia de la Corte de Apelaciones que conocieron del cambio de calificación de los hechos. Ciertamente, para ese momento fue demasiado tarde? (Caso Pelissier and Sassi vs. France, citado).

 

Prof. Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

Profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Guayaquil

 



[i] Carlos A. AYARRAGARAY , Lecciones de Derecho Procesal, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As. 1962, p.83.

[ii] Hernando DEVIS ECHANDÍA, Teoría General del Proceso, T.II Ed. Universidad, Bs. As. 1985, p. 533.

[iii] Hernando DEVIS ECHANDÍA, Teoría General del Proceso, ob. Cit., p. 536.

 

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