LA PRUEBA EN EL COGEP

Lunes, 08 de agosto de 2016

LA PRUEBA EN EL COGEP

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Para Sentis Melendo, la palabra prueba, deriva del término latin probatio o probationis, que a su vez procede del vocablo probus que significa: bueno, por tanto lo que resulta probado es bueno y se ajusta a la realidad; de lo que se infiere, que probar consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa.[2]

 

            Lo cual para Díaz de León, se traduce en la necesidad ineludible de demostración, de verificación o investigación de la verdad de aquello que se ha afirmado en el proceso,[3] lo que nos conlleva delimitar la trascendencia de la prueba en todo proceso sea este en vía administrativa o jurisdiccional.

 

            Por ende esta actividad procesal encaminada a la demostración de un hecho o de un acto, o de su inexistencia, es necesaria que la estudiemos haciendo un parangón con lo delimitado en el Código Orgánico General de Procesos, que en su artículo 158, determina que: ?La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos.?[4]

 

Entendido brevemente la importancia de la prueba es necesario efectuar un análisis pormenorizado de la misma abordando la siguiente temática, a fin de poder entender su trascendencia de mejor manera.

 

1.- Admisibilidad, Conducencia y Necesidad de la Prueba:

 

Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará, con lealtad y veracidad, en donde la o el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal.

Por ejemplo en la audiencia preliminar la o el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba impertinente, inútil e inconducente; declararando además la improcedencia de la prueba cuando se haya obtenido con violación de la Constitución o de la ley; ya sea cuando carece de eficacia probatoria; es obtenida por medio de simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno; y de igual forma será ineficaz la prueba actuada sin oportunidad de contradecir, ya que como todos sabemos las partes tienen derecho a conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar; teniendo la posibilidad de oponerse de manera fundamentada y contradecirla.[5]

Dejando en claro que las partes podrán objetar las actuaciones contrarias al debido proceso o lealtad procesal, así como cualquier prueba impertinente, inútil o inconducente, y de igual forma serán objetables los actos intimidatorios o irrespetuosos contra las partes, testigo, peritos o cualquiera de los presentes.[6]

Es por ello que la resolución por la cual la o el juzgador decida no admitir alguna prueba podrá apelarse con efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el juzgador superior ordenará la práctica de la prueba, siempre que con ella el resultado pueda variar fundamentalmente.[7]

Es decir se trate de prueba nueva, misma que se contextualiza como aquella que podrá solicitar prueba no anunciada en la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, hasta antes de la convocatoria a la audiencia de juicio, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia o que, habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma. La o el juzgador podrá aceptar o no la solicitud de acuerdo con su sana crítica.[8]

Se debe destacar que deben probarse todos los hechos alegados por las partes, salvo los que no lo requieran, como son: 1. Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención o los que se determinen en la audiencia preliminar; 2. Los hechos imposibles; 3. Los hechos notorios o públicamente evidentes; 4. Los hechos que la ley presume de derecho.[9]

En el caso de que la parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o disienta de ella presentará la certificación del agente diplomático sobre la autenticidad y vigencia de la ley; y a falta de agente diplomático, la parte podrá solicitar a la o al juzgador que requiera al Estado de cuya legislación se trate que certifique por la vía diplomática la autenticidad y vigencia de la ley. [10]

Además que para la práctica de las declaraciones de parte o declaraciones de testigos en el extranjero, se notificará a los funcionarios consulares del Ecuador del lugar, para que las reciban a través de medios telemáticos; y de tratarse de otros medios probatorios o de no existir funcionario consular del Ecuador, se podrá librar exhorto o carta rogatoria a una de las autoridades judiciales del país con la que han de practicarse las diligencias.[11]

Se debe destacar que cuando existan alegaciones de falsedad  y se decida en contra de quien la propuso, la o el juzgador sancionará la mala fe y deslealtad procesal; de igual forma esta sanción se aplicará a la parte que presentó la prueba, cuando en el proceso se ha justificado la falsedad.[12]

Puntualizando además que la o el juzgador no podrá aplicar como prueba su conocimiento propio sobre los hechos o circunstancias controvertidos,[13] sino que debe efectuar una correcta valoración de la prueba, que deberá solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados; y ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley para la existencia o validez de ciertos actos.

En donde se le concede a la o el juzgador, excepcionalmente, la posibilidad de ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos; que da como resultado que por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por el término de quince días.[14]

Todo esto le permite al juez llegar a construir una presunción judicial, en donde se reflejan todos los actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de la prueba y que además sean graves, precisos y concordantes, que adquieren significación en su conjunto cuando conducen unívocamente a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias expuestos por las partes con respecto a los puntos controvertidos. Por lo tanto, la o el juzgador puede resolver la controversia sobre la base de estas conclusiones que constituyen la presunción judicial.[15]

Finalmente se determina que la o el juzgador tendrá la obligación de expresar en su resolución, la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión,[16] delimitando la conducencia de la prueba que consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso, misma que deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias controvertidas.[17]

2.- Carga y utilización de la prueba:

Según Micheli, el fenómeno de la carga consiste en que "la ley en determinados casos atribuye al sujeto el poder de dar vida a la condición (necesaria y suficiente) para la obtención de un efecto jurídico considerado favorable para dicho sujeto.[18]

Cabe señalar que era común escuchar que la carga de la prueba recaía sobre quien afirmaba un hecho y no sobre quien lo negaba. Hoy se sostiene que la carga de la prueba no es otra cosa que la necesidad de probar para vencer un litigio.

Es por ello que la carga de la prueba según el Código Orgánico General de Procesos es obligación de la parte actora el probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación; por lo que la parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada.

En donde el rol de la o el juzgador será el de ordenar a las partes que pongan con anticipación suficiente a disposición de la contraparte, la prueba que esté o deba estar en su poder, así como dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. Cuando se trate de derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de derecho de familia, y laboral, la o el juzgador lo hará de oficio en la audiencia preliminar, debiéndose delimitar la aplicabilidad en los siguientes casos:

a)      En materia de familia, la prueba de los ingresos de la o del obligado por alimentos recaerá en la o el demandado, conforme con lo dispuesto en la ley sobre el cálculo de la pensión alimenticia mínima.

b)      En materia ambiental, la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o la o el demandado.

Debiéndose puntualizar que también serán admisibles otros casos de inversión de la carga de la prueba,[19] por lo que la prueba practicada válidamente en un proceso podrá incorporarse a otro en copia certificada, delimitando que para su apreciación es indispensable que en el proceso original se haya practicado a pedido de la parte contra quien se la quiere hacer valer o que esta haya ejercido su derecho de contradicción, exceptuándose  los casos en los que la ley expresamente prohíbe este uso procesal.[20]

3.- Clasificación de las pruebas según el COGEP:

3.1.- Prueba Testimonial:

 

Es la declaración que rinde una de las partes o un tercero, misma que se practica en la audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología, con excepción de las declaraciones anticipadas que se lleva a cabo mediante interrogatorio de quien la propone y contrainterrogatorio de contraparte.

 

En donde la o el juzgador puede pedir aclaración sobre un tema puntual de considerarlo indispensable; si el declarante ignora el idioma castellano se hará conocer este hecho al momento de la solicitud y su declaración será recibida con la intervención de un intérprete, quien prestará previamente el juramento de decir la verdad; el intérprete será nombrado por la o el juzgador de acuerdo con las reglas generales para designación de peritos,[21] en donde se debe puntualizar las siguientes particularidades:

 

Características esenciales de la prueba testimonial:

 

            1.- Obligación del declarante.- El declarante deberá contestar a las preguntas que se le formulen, pero podrá negarse a responder cualquier pregunta que: 1. Pueda acarrearle responsabilidad penal personal, a su cónyuge o conviviente en unión de hecho o a sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto las que se refieran a cuestiones de estado civil o de familia; 2. Viole su deber de guardar reserva o secreto por razón de su estado u oficio, empleo, profesión, arte o por disposición expresa de la ley.[22]

 

2.- Prohibición de comunicación. Mientras esperan ser llamados a rendir su testimonio, las o los declarantes no podrán comunicarse entre sí. En el transcurso de la audiencia no podrán ver, oír ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia.[23]

3.- Declaración falsa.- Cuando la declaración sea evidentemente falsa, la o el juzgador suspenderá la práctica del testimonio y ordenará que se remitan los antecedentes a la Fiscalía General del Estado.[24]

 

4.- Objeciones a los testimonios. Las partes podrán objetar de manera motivada cualquier pregunta, en particular las que acarreen responsabilidad penal a la o el declarante, sean capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, confusas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o conclusiones; se exceptúan las preguntas hipotéticas en el caso de los peritos dentro de su área de experticia; podrán objetarse las respuestas de las o los declarantes que van más allá, no tienen relación con las preguntas formuladas o son parcializadas; una vez realizada la objeción, la o el juzgador se pronunciará aceptándola o negándola.[25]

 

Tipos de prueba testimonial a practicarse:

 

a) Juramento decisorio.-Este juramento decisorio termina el proceso sobre un derecho disponible; cuando se ordene este juramento decisorio en la ejecución, se lo receptará en audiencia, dentro de la cual, la contraparte podrá ejercer su derecho de contradicción y defensa conforme con las normas del debido proceso, puntualizándose que las y los incapaces no podrán presentar juramento decisorio.[26]

 

b) Juramento deferido.- Se practicará como prueba exclusivamente en materia laboral, a falta de otra prueba se estará al juramento deferido de la o del trabajador para probar el tiempo de servicio y la remuneración percibida. En el caso de las o los adolescentes, además la existencia de la relación laboral.[27]

 

c) Declaración anticipada.- Testimonios de las personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio, siempre que se garantice el ejercicio del derecho de contradicción de la contraparte.[28]

 

d) Declaración de parte.- Es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes, misma que es indivisible en todo su contenido, excepto cuando exista otra prueba contra la parte favorable del declarante.[29]

 

e) Declaración de personas con discapacidad auditiva.- Si la o el declarante tiene discapacidad auditiva, se hará conocer este hecho con anterioridad a la audiencia. El interrogatorio, contrainterrogatorio así como las respuestas constarán por escrito. Lo mismo sucederá con el juramento; si no es posible proceder de esa manera, la declaración se recibirá por medio de intérprete o una persona con la que pueda entenderse por signos tales personas prestarán previamente el juramento de decir la verdad.[30]

 

 

 

3.2.- Prueba Documental:

 

Es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho; mismos que se podrán desglosar sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando sea requerido.[31]

 

Debiéndose puntualizar que para que los documentos auténticos y sus copias o compulsas, hagan prueba es necesario: 1. Que no estén defectuosos ni diminutos; 2. Que no estén alterados en una parte esencial, de modo que pueda argüirse falsedad; 3. Que en los autos no haya instancia ni recurso pendiente sobre el punto que, con tales documentos, se intente probar.[32]

 

Además se podrá presentar como prueba, documentos que se encuentren parcialmente destruidos, siempre y cuando contengan, de manera clara, una representación o declaración del hecho o del derecho alegado por quien los presente; la contraparte podrá impugnar y contradecir la idoneidad probatoria del documento defectuoso.[33]

 

Características esenciales de la prueba documental:

 

a) Indivisibilidad de la prueba documental. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible, en consecuencia no se podrá aceptar en una parte y rechazar en otra.[34]

b) Documentos en idioma distinto al castellano. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requerirá que hayan sido traducidos por un intérprete y cuenten con la validación conforme lo dispuesto en la ley.[35]

 

c) Falsedad y nulidad de documentos. La parte que alegue la falsedad material o ideológica o la nulidad de un documento público o privado, presentado por la contraparte, deberá resolverse en la audiencia de juicio.[36]

 

d) documentos digitales. Los documentos producidos electrónicamente con sus respectivos anexos, serán considerados originales para todos los efectos legales; por lo que las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original.[37]

 

            Documentos Públicos y Privados:

 

1.- Documento público. Es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente.[38]

 

1.1. Partes esenciales de un documento público. Son partes esenciales:

1. Los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario, según el caso.

2. La cosa, cantidad o materia de la obligación.

3. Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos.

4. El lugar y fecha del otorgamiento.

5. La suscripción de los que intervienen en él.[39]

 

1.2. Efectos de los documentos públicos. El documento público agregado al proceso con orden judicial y notificación a la parte contraria, constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se las haya obtenido fuera de dicho proceso.[40]

 

            2.- Documento privado. Es el que ha sido realizado por personas particulares, sin la intervención de funcionario público alguno, o con éstos, en asuntos que no son de su empleo.[41]

 

2.1. Reconocimiento de documentos privados. La parte que presente un instrumento privado en original, podrá pedir el reconocimiento de firma y rúbrica a la autora o al autor o a la o al representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuye la autoría.[42]

 

2.2. Inmutabilidad del instrumento privado. El reconocimiento de firma, certificación o protocolización de un instrumento privado no lo convierte en instrumento público.[43]

 

3.3.- Prueba Pericial:

 

La noción de prueba pericial se trata de aquella que un especialista en una cierta materia analiza sobre el caso en cuestión, informándole sus conclusiones al juez, es decir dentro de la prueba pericial, es necesario delimitar que el perito es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia; y en caso de que no existan expertos acreditados en una materia específica, la o el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera a la institución pública, universidad o colegio profesional, de acuerdo con la naturaleza de los conocimientos necesarios para la causa, el envío de una terna de profesionales que puedan acreditarse como peritos para ese proceso en particular.[44]

 

Particularidades de la Prueba Pericial:

 

a)      Declaración de peritos. La o el perito será notificado con el señalamiento de día y hora para la audiencia de juicio, dentro de la cual sustentará su informe. Concluido el contrainterrogatorio y si existe divergencia con otro peritaje, la o el juzgador podrá abrir el debate entre peritos; finalizado el debate entre las o los peritos, la o el juzgador, abrirá un interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes, exclusivamente relacionado con las conclusiones divergentes de los informes.[45]

b)      Imparcialidad del perito. La o el perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad, durante la audiencia de juicio podrán dirigirse a la o al perito, preguntas y presentar pruebas no anunciadas oportunamente orientadas a determinar su parcialidad y no idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico o científico de sus conclusiones así como cualquier otra destinada a solventar o impugnar su credibilidad.

c)      Finalidad y contenido de la prueba pericial. La prueba pericial tiene como propósito que expertos debidamente acreditados puedan verificar los hechos y objetos que son materia del proceso.[46]

 

3.4.- Inspección Judicial:

 

La o el juzgador cuando lo considere conveniente o necesario para la verificación o esclarecimiento del hecho o materia del proceso, podrá de oficio o a petición de parte, examinar directamente lugares, cosas o documentos.[47]

 

Es decir la inspección judicial se podrá solicitar con la demanda, contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención, precisando claramente los motivos por los cuales es necesario que la o el juzgador examine directamente lugares, cosas o documentos, objeto de la inspección o el reconocimiento y adicionalmente se expresará la pretensión que se requiere probar con la inspección o reconocimiento.[48]

 

Particularidades de la Inspección Judicial:

 

a)      Desarrollo de la inspección judicial. En el día y hora señalados, la o el juzgador y las partes concurrirán al lugar de la inspección o del reconocimiento. Inmediatamente después de instalada la diligencia, la o el juzgador concederá la palabra a la parte que solicitó la prueba a fin de que exponga el objetivo de la inspección. A continuación, la o el juzgador procederá a examinar directamente a las personas, lugares, cosas o documentos, materia de la inspección. Una vez hecho esto, concederá la palabra a la contraparte para que exponga sobre lo inspeccionado.[49]

b)      Colaboración necesaria. Quienes deban intervenir en una inspección judicial o reconocimiento dispuesto por la o el juzgador, están obligados a colaborar efectivamente a la realización de la diligencia. En caso de no hacerlo, la o el juzgador podrá hacer cumplir su decisión con ayuda de la fuerza pública.[50]

 

 



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