La prueba en el Código Orgánico Integral Penal

Lunes, 25 de enero de 2016

 

La prueba en el Código Orgánico Integral Penal

 

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar. [1]

 

 

Para Caravantes, la etimología de la prueba, procede del adverbio PROBE que significa honradamente, por considerarse que obra con honradez quien prueba lo que pretende; y, dice también que según otros procede de PROBANDUM que se relaciona con los verbos recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe según varias leyes del Derecho Romano.

 

Es decir el vocablo prueba, dentro del Derecho Procesal, se utiliza para indicar los diversos elementos de juicio, ya que según Eduardo Jauchen, ?no es posible la imposición de la sanción sin previo juicio? [2]

 

Es decir nosotros previo al estudio de cada una de las pruebas existentes dentro del Código Orgánico Integral Penal, debemos indicar, que esta es necesaria a fin de poder lograr una estructuración que permitirá iluminar el camino hacia el descubrimiento de la verdad.

 

Por su parte Roxin, manifiesta que ?probar significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho [?].? [3]

 

Es decir sin lugar a dudas la prueba constituye, una herramienta necesaria para la comprobación de las circunstancias, que nos permitirán determinar ya sea la culpabilidad respecto a un hecho, o su vez lograr la ratificación del estado de inocencia de una persona.

 

            En donde debemos aprender a distinguir que la valoración de la prueba dentro del proceso, nunca debe ser apreciada bajo los intereses, pasiones o impulsos, sino más bien de una manera objetiva, ya que la acción de probar debe ser entendida ?como aquella actividad que deben desplegar las partes y a menudo el mismo órgano jurisdiccional, tendiente a acreditar la existencia de los hechos.?[4]

1.- Necesidad de la Prueba:

Esta surge en virtud, de que todos los hechos necesitan ser probados, ya que solo mediante las pruebas introducidas legalmente, el órgano jurisdiccional podrá tomar en consideración para efectuar su valoración, realizando la siguiente diferenciación:

a.    Hechos directamente importantes: Aquellos que cuentan con todas las circunstancias que fundamentan por si mismas la punibilidad.

b.    Indicios: Son hechos que permiten extraer una conclusión de un hecho importante, por ejemplo, el sospechoso del homicidio, quito manchas de sangre de la ropa de la víctima.

c.    Hechos que ayudan a la prueba: Son hechos que permiten extraer una conclusión, ejemplo la veracidad de la memoria de un testigo.[5]

2.- Sistemas de evaluación de las Pruebas:

Ricardo Vaca Andrade, manifiesta que ?una vez que se haya producido la prueba dentro de las correspondientes etapas del proceso penal, sea en la etapa de instrucción con fines netamente investigativos, o en el juicio, con miras de juzgar a las personas [?]?[6], a través de una revisión histórica, la valoración de la prueba podía enmarcarse según los siguientes sistemas:

a.    Arbitrario: Se da cuando el juez, sobre la base de signos, señales externas de la naturaleza, divinidad, considera probada la existencia del hecho y la culpabilidad.

b.    Legal: La ley procesal, fija la eficacia conviccional de cada prueba, estableciendo bajo qué condiciones el juez debe darse por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia.

c.    Íntima convicción: la ley establece reglas para la apreciación de las pruebas, en donde el juez es libre de convencerse, según su íntimo parecer de la existencia o inexistencia del hecho.

d.    Sana crítica racional: Es un sistema, que exige que las conclusiones a que se llega sean el fruto racional de las pruebas en que se las apoye.[7]

Es necesario mencionar, que dentro del Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 457 se establece que ?La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales.

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los presente.?[8]

3.- Prohibiciones de Valoración Probatoria:

            El maestro Claus Roxin, manifiesta, que ?bajo el concepto general de prohibiciones probatorias, se sintetiza aquí a todas las normas jurídicas que contienen una limitación de la práctica de la prueba?[9] y se dividen en:

            3.1 Prohibiciones de valoración probatoria dependientes de otras: Dentro de este precepto, se encuentra lo siguiente:

a.    Derechos del imputado, en donde se hace referencia a la violación al deber de informar, que conduce a una prohibición de valoración, por ejemplo cuando se comprueba, que el imputado tuvo conocimiento del hecho, pero por su derecho a guardar silencio, no decidió hablar para incriminarse.

b.    Si el imputado no es informado sobre su derecho a consultar a un abogado, ello ocasiona una prohibición de valoración, porque la posibilidad de contar con la asistencia de un defensor, figura entre los derechos más importantes del imputado.

c.    Si se afecta el derecho al imputado a estar presente, en los interrogatorios a un testigo, o de una inspección ocular no pueden ser valorados.

d.    Si se ha omitido la información a los parientes, sobre su derecho a abstenerse de declarar testimonialmente, la declaración obtenida es invalorable.

e.    El derecho de abstenerse a declarar testimonialmente para determinados profesionales.

f.     En el caso de una extracción de sangre, o el resultado de un examen, que sea obtenido de modo ilícito, o bien que la orden sea dada por una persona incompetente, o que la injerencia sea efectuada por una persona que no sea un profesional, por ejemplo que la extracción de sangre, no la haya realizado un médico.

g.    Los resultados de una vigilancia telefónica, son invalorables cuando faltaron los presupuestos materiales para la vigilancia.[10]

3.2 Prohibiciones de valoración probatoria independientes: En el curso del procedimiento de investigación y en el marco de producción de prueba admisible, está permitido producir injerencias en derechos fundamentales, los casos más importantes consisten en recurrir a grabaciones secretas en bandas magnetofónicas, fotos, películas.

Pero la valoración es absolutamente imposible cuando ellas lesionan el núcleo esencial de la personalidad y por ello la dignidad humana, por ejemplo: cuando se recurre anotaciones íntimas de un diario sobre una relación sexual, con las que se pretende probar un perjurio.[11]

4.- Excepciones a la regla de exclusiones probatorias:

La prueba como acto procesal, no puede estar aislada de ciertas circunstancias, que le restan valor y utilidad, por ende se las excluye de acuerdo a la siguiente manera:

a.    Doctrina de la fuente independiente: Consiste en conferir valor probatorio a aquella prueba lícita, que se encuentra desvinculada causalmente de un medio de obtención de prueba ilícita, por ejemplo se da un allanamiento ilegal a la casa de un imputado que presumiblemente ha mantenido una cópula con una menor, encontrándose la niña en el lugar, posteriormente declara sobre la veracidad de las relaciones sexuales, lo que es aprovechado como fuente independiente, admitiéndose y valorándose en el proceso.

b.    El descubrimiento inevitable: Consiste en el acto de prueba ilícito y su consecuencia inexorablemente en un acontecimiento futuro, por ejemplo, se logra la declaración de un sujeto, sobre la ubicación de un cadáver, que el mismo acaba de dar muerte, concediéndose esta declaración viciada, en virtud de que el operativo de búsqueda igualmente hubiese descubierto el cadáver.

c.    La buena fe: Implica que el medio de prueba ilícita ha sido obtenido sin intención dolosa de acometerlo, y al creerse que se ha actuado en derecho puede ser valorado, por ejemplo: varios agentes de policía ingresan y registran un sitio cerrado, incautando gran cantidad de droga, prevaliéndose de una orden de allanamiento aparentemente válida.

d.    Principio de proporcionalidad: Equilibra la contraposición de valores fundamentales que se encuentran en tensión, por ejemplo la garantía del acusado a no ser condenado en base  pruebas ilícitas, por el otro la aplicabilidad del principio de proporcionalidad pese a dar admisibilidad a un medio de prueba inconstitucional.

e.    Teoría de la conexión de antijuridicidad: Se rescata el efecto anulatorio de los actos vulneradores de derechos fundamentales, admitiéndose ciertas pruebas ilícitas, siempre y cuando no vulneren esos derechos de forma directa, por ejemplo descubrimiento inevitable.[12]

5.- Medios de prueba en el COIP:

Según el Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal, se establece que ?La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada.?[13]

Determinando, que dentro de este cuerpo normativo, se establecen los siguientes medios de prueba de conformidad con el Art. 498 ?Los medios de prueba son:

1.    El documento: tipo de soporte con que se prueba o acredita una cosa, como un título, o un contrato.

2.    El testimonio: Es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción penal.[14]

3.    La pericia: Aquella capacidad, habilidad, experiencia o conocimiento que un individuo ostenta en relación a una ciencia o disciplina.

 

                                                                                                             

 

 

 

 



[1] Abogado, conferencista y escritor.  (@Jose_SCornejo)

Correo:  scor1719@hotmail.com

[2] Eduardo M. Jauchen, Tratado de la prueba en materia penal (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2002).

[3] Claus Roxin, Derecho procesal penal (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000).

[4] Jauchen, Tratado de la prueba en materia penal.

[5] Roxin, Derecho procesal penal.

[6] Ricardo Vaca Andrade, Manual de derecho procesal penal, 4. ed. actualizada, Cátedra, no. 11-1, 11-2 (Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011).

[7] Ibíd.

[8] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).

[9] Roxin, Derecho procesal penal.

[10] Ibíd.

[11] Ibíd.

[12] Omar R. Bartolo Mesías y Günther Jacobs, eds., XVII congreso latinoamericano, IX iberoamericano y I nacional de derecho penal y criminología?; 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2005 (Lima: Ara Ed, 2005).

[13] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).

[14]  Art. 501 COIP.

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