La oralidad en un código: Principio procesal y política pública

Viernes, 21 de marzo de 2014

La oralidad en un código:

Principio procesal y política pública

 

Autor: Dr. Néstor Arbito Chica*

 

La oralidad es un principio procesal que puede quedar en el simple enunciado si no está acompañado de políticas públicas y de normativa relativa a su aplicación; sin embargo, ¿dónde nace este cambio propuesto para nuestro país?

 

La oralidad en la sustanciación procesal

Ya la Constitución de 1998, en su artículo 194 disponía que <<La sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y contradicción de las pruebas, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios: dispositivo, de concentración e inmediación>>. Esta disposición fue ratificada en la Constitución de 2008, en el artículo 168, numeral 6, cuya redacción es la siguiente: <<La sustanciación de los procesados en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo>>.

Debe destacarse que la norma constitucional es tajante al señalar que el sistema oral se aplicará en todas las materias, todas las instancias, etapas y diligencias. Queda claro que el ánimo de la disposición  constitucional es que todo el decreto procesal aplique el sistema oral, quedando superada cualquier discusión de si es viable o no,  si alguna materia no debe someterse al sistema oral, sino dejando el debate a un gran desafío, ¿cómo hacer aplicable la orden de la Constitución?

Inclusión del sistema oral en otras materias

La respuesta a esa interrogante no es otra que contar con un código que regula la aplicación de oralidad del derecho procesal del Ecuador. Es bajo esa visión que desde la vigencia de la Constitución de 1998 se dieron varios aportes reformativos al sistema procesal, en especial, en el ámbito del Derecho Penal, y algunas reformas muy específicas en el campo del litigio laboral y en el tema de Familia. Pero quedaba una gran duda en la aplicación del sistema oral para todas las otras materias; es decir, en el grupo de temas no penales, no se había cumplido la disposición constitucional pese a que la Disposición Transitoria Vigesimoséptima de la Constitución de 1998 ordenaba que, en el plazo de cuatro años, se realizara la implantación del sistema oral.

No es menos cierto que en los años posteriores a la vigencia de la Constitución de 1998, sí se trabajó en la propuesta para implantar el sistema oral en otras materias; ejemplo de esos esfuerzos es el proyecto del Nuevo Código de Procesos Civil impulsado por Projusticia y que contó con el aporte de valiosos juristas como los doctores Edmundo Durán Díaz, Jorge Zavala Egas, Ernesto Albán Gómez, Santiago Andrade, Jorge Machado y Rafael Brigante Guerra, entre otros. Sin embargo, esta propuesta apuntaba exclusivamente al ámbito procesal civil, dejando por fuera materias importantes como la Contenciosa Administrativa y Tributaria.

En este escenario y, además de la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, se da otro hecho histórico relevante, la Consulta Popular del año 2011 que determina que la ciudadanía mayoritariamente respaldaba y exigía la transformación del Sistema Judicial, marco dentro del cual, la aplicación del sistema oral es indispensable.

Código General del Proceso.- Características relevantes de la propuesta

Se inicia de esta manera un trabajo de redacción  conjunto entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, cuyo resultado visible fue la entrega de la propuesta del Código General del Proceso  a la Asamblea Nacional, el 21 de enero de 2014. Esta propuesta normativa tiene las siguientes características relevantes:

·         Como Código General del Proceso, se aplica a todas las materias no penales. Es decir, el derecho procesal en materias no penales, está reglado en un único Código.

·         Unifica las vías procesales, evitando la dispersión normativa, con lo cual pasamos de 80 tipos de procesos, aproximadamente, a cuatro procesos.

·         Los cuatro procesos o vías que el Código prevé son: el Proceso Ordinario, el Proceso Sumario, el Ejecutivo y el Monitoreo.

·         La sustanciación de los procesos se realiza a través de audiencias las cuales, obligatoriamente, deben contener una resolución o decisión del ente juzgador.

·         Los procesos se dividen en dos fases, una audiencia preliminar de saneamiento del proceso, y una audiencia de juzgamiento.

·         Toda la prueba que se quiera utilizar en el proceso debe estar presentada o anunciada en detalle, con la demanda y en la contestación de la misma.

·         Se elimina el incidentalismo innecesario.

·         La apelación de la resolución debe ser motivada y concreta, además, por regla general, la apelación de autos solo opera con efecto diferido, sujeto a la apelación de la sentencia.

·         Se potencializa el uso de tecnología en toda la sustanciación de la causa, en especial para la citación, notificaciones y evacuación de audiencias.

Con la presentación de la propuesta de Código General del Proceso, a la Asamblea Nacional, se ha dado inicio al proceso legislativo de promulgación de la norma. El debate se ampliará y, como toda obra humana, estará sujeta a mejoras, pero no queda duda que ya contamos con una propuesta de alto valor técnico y académico que es el insumo indispensable para viabilizar la implantación del sistema oral.

 

Dr. Néstor Arbito Chica

Vocal del Consejo de la Judicatura

Abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Precursor de la modernización del despacho judicial.

 

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