La nueva Ley de Tierras

Lunes, 03 de junio de 2013

 

LA NUEVA LEY DE TIERRAS:

UN DESAFIO A GRAN ESCALA

El Estado debe concesionar las tierras agropecuarias que ingresen a su patrimonio y no adjudicarlas, como en el pasado.

altAutor: Ing. Mario Nieto Mora

Antecedente y diagnóstico general

No hay vueltas, la nueva Ley de tierras que, ojalá pensando en bien de todos los ecuatorianos, proponga la Asamblea Nacional deberá tener los sustentos apropiados y estar debidamente reglamentada y redactada; ser práctica, aunque contradiga a la Constitución vigente -que debe ser revisada-; futurista para que impulse a la producción agropecuaria, garantice a la propiedad eficientemente cultivada y obligue al buen manejo de la tierra de modo que además de fomentar la consecución de los fines de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos disponga:

otorgar medidas compensatorias al sector primario de la producción porque éste subsidia a los demás sectores, revisar determinadas leyes como al Código Civil, Ley de Cooperativas, Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, a la Orgánica de Régimen Municipal, a la de Comunas y a la de Aguas en lo que competa; y, para finiquitar las expropiaciones de los predios que se pudieran efectuar, ordene cumplir lo que en relación con el valor monetario de los activos tangibles -y por tanto de los inmuebles rurales- señala la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 7 que, con razón, fue aceptada por el país y dispuesta su aplicación por la Superintendencia de Compañías.    

 

Por lo anotado, si para elaborarla no se considera que la superficie de nuestro Ecuador es pequeña; que el país importa productos agrícolas crudos y procesados, que sus predios rústicos tienen diversos niveles de fertilidad aunque sean colindantes, que su petróleo es un recurso irrenovable y que los ingresos que genera deberán ser sustituidos; si asimismo no se toma en cuenta que el Ecuador tiene la mayor densidad poblacional de los países de América del Sur, que podría seguir albergando a la población que se desplace sobre todo de la vecina Colombia -que obviamente continuará consumiendo los alimentos que produzcamos-; si no se recuerda que está situado en plena Zona Tórrida -lo que, por la verticalidad de los rayos solares que recibe, al cambio climático, a la tala indiscriminada de sus bosques y a la falta de reforestación, aumentará la desertificación de sus suelos, seguirá disminuyendo su capacidad productiva e incrementando los riesgos que causan los desastres naturales-. Si paralelamente no se considera que cuando más el 63% de su superficie total tendría una innegable vocación agropecuaria -porque el porcentaje restante estaría ocupado por sus ciudades y poblados, parques nacionales, reservas naturales, por las áreas que tienen vocación forestal y por los páramos, entre otras que son agrícolamente limitadas y/o no utilizables-; y, aún más, si no se recuerda que quienes vivimos dentro de las fronteras patrias tenemos diversos grados de instrucción y costumbres -que lastimosamente a varios de nosotros nos convierte en seres que no aceptamos los avances técnicos -cuestión que se agrava en el sector campesino como producto de la falta de educación, ejemplo, promoción, de disponer una asistencia técnica adecuada y/o de acceder oportunamente a los resultados de las investigaciones agropecuarias-, es de deducir que el dictar una Ley de Tierras sin que se analicen las consecuencias que causan, causarían o producirán estos hechos equivaldrá a dictar una norma que afectará al país.

 

Y es que, pensando con sentido común, se debe tener presente que la tierra, por su importancia, tiene que cumplir su función social. En otras palabras, que este recurso que por desgracia se va deteriorando debido a su mal uso y al efecto que causan los elementos climáticos; y, todavía más, que va disminuyendo en superficie tanto por la lotización irracional de los valles fértiles -en los que se siguen estableciendo urbanizaciones, algunas ostentosas- como por la pulverización de la restante propiedad rural y el consiguiente abandono de los minifundios, debe ser manejado con criterio técnico para que sea sustentable, rentable y produzca los alimentos que necesitaremos y, que en mayor cantidad necesitarán nuestros descendientes y por ende los descendientes de quienes aprueben la nueva Ley.  

 

Así también se debe entender que la producción de alimentos ni la pobreza en la que el INEC decía -en 2.007- que vive el 61% de la población rural no aumentará ni eliminará, respectivamente, si se dispone entregar las tierras cultivables a quienes incrementan el minifundio, no quieren o no pueden manejarlas adecuadamente, desoyen las recomendaciones técnicas y/o no desean trabajar en comunidad.  

 

Los males constatables en el sector rural

 

Aparte de una parcial desertificación, muestras fehacientes del indebido uso de la tierra y de su adicional retaceo -que hacen deducir que en cierto modo el anterior proceso de Reforma Agraria falló- se encuentra por lo común en la sierra ecuatoriana y, con seguridad, visitando la generalidad de las haciendas que desde 1.964 fueron intervenidas por el extinto IERAC y entregadas a las cooperativas que en procura de ser beneficiarias de las adjudicaciones se formaron -temporalmente- para el efecto. Sin duda la mayoría de esas haciendas están divididas debido, sobre todo, a la actitud individualista e incluso irresponsable de los socios de esas organizaciones. Acaso también algunas de ellas deben estar parcialmente abandonadas porque resulta antieconómico cultivar en pequeñas áreas y más si se han vuelto infértiles y están situadas en lugares que carecen de agua para riego.

 

Lo que no se debió hacer

 

Si nuestro Ecuador es pequeño y si seguirá requiriendo producir alimentos de manera sustentable debió prever estos males e impedir que se dividan sus unidades productivas. El Estado, por ende, no debió adjudicar a ciegas las tierras que pasaron a formar parte del patrimonio del extinto IERAC y de su sucesor: el INDA. Por el contrario -previa elaboración de proyectos agropecuarios adecuados, ordenando su cumplimiento y calificando a los prominentes adjudicatarios- debió y debe, como se señaló y es indispensable en la actualidad, concesionar los predios que ingresaron e ingresen a su poder; y, para impedir el anotado retaceo debió revisar el referido Código Civil, la Ley de Cooperativas y la de Comunas en lo que tiene relación con las herencias y el manejo de los predios rústicos, respectivamente; debió asimismo limitar la acción de los municipios en lo que respecta a la ocupación de las tierras rústicas con fines de vivienda, y proporcionar a los adjudicatarios la asistencia técnica, el crédito necesarios y algunos de los servicios recreativos que cuentan las ciudades.    

 

Insistiendo en este fraccionamiento y en lo que dice la Ley civil vigente vale precisar que una gran cantidad de fundos no intervenidos por la Reforma Agraria, amparándose en el reiterado Código Civil siguen siendo divididos para atender las peticiones de los herederos de quienes fueron o han sido sus respectivos propietarios. Ha crecido y está creciendo el minifundio y sus consecuencias negativas.

 

Más aún, por las consecuencias negativas que producen los males enunciados vale también decir que no es posible mencionar algo favorable que nuestros gobiernos han hecho y hacen para impedir el fraccionamiento de la propiedad rural y peor a integrar el minifundio. Al parecer y por desgracia esta última acción no interesa a los minifundistas y peor a quienes añoran poseer otros minifundios. Sus costumbres, sus experiencias o la falta de ejemplo y promoción??..                

 

La nueva Ley de Tierras debe ser práctica, futurista, justa.

 

Si esta es la realidad a la que se suma la ocupación insensata de los valles fértiles como el de Tumbaco y Los Chillos en la provincia de Pichincha -motivados por los mercaderes de tierras y hasta cierto punto aupadas irresponsablemente por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo-, la nueva Ley de Tierras, o como se llame, debe ser -reiterando- práctica, futurista, justa, garantizar la propiedad eficientemente explotada, disponer la revisión de las leyes anotadas, las normas crediticias y los reglamentos u Ordenanzas que sean necesarias y propiciar incluso la revisión de nuestra Constitución.

 

El objetivo de la nueva Ley -relativamente fácil de lograr si actuamos con sentido común- debe ser, por consiguiente, ofrecer al país una norma que manteniendo el principio de autoridad permita, incentive y hasta obligue a explotar permanentemente y en lo posible de manera comunitaria la tierra rústica de acuerdo con su potencial agropecuario, conseguir la paz social y fomentar el desarrollo.   

 

Por qué debe ser práctica, y futurista

 

La respuesta es sencilla en razón de que debemos cuidar al recurso que nos seguirá dando de comer. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGAP, deberá trabajar -por tanto- responsable y cotidianamente incluso asesorando a los municipios; la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, de manera similar; y, el Ministerio del Ambiente, entre otros y en conformidad con lo que señala la Ley Forestal y con el fin de contribuir a detener el deterioro de los suelos así como a mantener su sostenibilidad, cumplir lo que dice su Art. 13. Es que resulta difícil manejar racionalmente la tierra y  elevar la producción agropecuaria si no se reforestan las cuencas hidrográficas, conservan los humedales y se administra bien el agua. El mismo proyecto Yasuní, acaso porque no hemos compensado ni estamos compensando la creciente deforestación que sufren nuestras tierras orientales, no tuvo ni tiene el respaldo que esperamos.

 

De otra parte, la indicada justicia social no se alcanzará si además no se castiga al propietario o tenedor que a su predio lo mantenga inculto y/o si no utiliza el agua para riego disponible; y, si además el Estado, por la tierra a expropiar y más por aquella eficientemente explotada, no paga el precio justo y al contado.

 

 

Valor monetario de la propiedad inmobiliaria

Todos sabemos, hablando del precio justo referido, que la mayoría de los valores monetarios de la propiedad inmobiliaria fijados por los municipios son bajos respecto de los precios de mercado, como fueron y sean los que, sustentándose en el Reglamento de Valoración de los Predios Rústicos vigente desde 1.980, pudiera fijar la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, DINAC.

 

El valor económico de un predio rústico en el que funciona una estación de servicio, como una gasolinera  ubicada en un sitio inapropiado para la agricultura pero que, debido en parte a la obra pública, es estratégico para que rinda ese negocio, por ejemplo, al igual que otros negocios que a lo largo de las carreteras se han multiplicado en la última década, no es factible calcular o fijar aplicando el Reglamento de Valoración de los Predios Rústicos mencionado, como con insensatez propone uno de los anteproyectos de la nueva Ley de Tierras.

 

El precio justo de una propiedad rural y de cualquier activo físico -cuyo método de calcular, ratificar  o de estimar minimizando los errores no se imparte en debida forma en ninguna universidad-, en todos los casos, como dispone la citada Norma Internacional de Información Financiera 7, NIIF 5 y, acepta la Superintendencia de Compañías, es el valor monetario que ese bien alcanza o alcanzaría en el mercado. No es, por tanto, la cuantía que los municipios deben calcular aplicando los artículos antitécnicos pertinentes que constan en la indicada Ley Orgánica de Régimen Municipal.

 

En definitiva la nueva Ley de Tierras antes de aprobarla -a diferencia de otras que han entrado en vigencia y que en breve tiempo han sido modificadas o que siguen vigentes a pesar de los errores que contienen o que están desactualizadas, como constituyen las reiteradas Ley Orgánica de Régimen Municipal y la parte del Código Civil que en relación con las herencias contribuye al retaceo de la propiedad rural- debe ser adecuadamente elaborada y, desde luego, no atender fines populistas. La Patria entera dependerá de ella.  

 

 

Mario Nieto Mora

 

Impulsor de los estudios de posgrado en Valoración de Activos 

  

 

 

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