Lunes, 03 de diciembre de 2012

LA MOTIVACIÓN

altPor: Dr. José García Falconí

INTRODUCCIÓN

BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Los siguientes textos constitucionales y legales se refieren a esta garantía básica del debido proceso, que es la motivación.

El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República vigente, dispone en su parte pertinente ?En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ?7. El Derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

...l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados?.

El Art. 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala en su parte pertinente ?Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces.- Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: ?4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos?.

El Art. 108 ibídem dispone ?Infracciones graves.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: ?8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciacióny resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República.

La reiteración de estas faltas por tres ocasiones en un período de un año, será motivo de destitución?.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA MOTIVACIÓN

En el derecho romano, los jueces nunca tuvieron que expresar los motivos de convencimiento, y es con la Revolución Francesa que se estableció la obligación de los jueces de explicar claramente los motivos de su decisión; y el objetivo era claro: evitar el exceso discrecional por la arbitrariedad; y esto tiene su razón de ser porque las resoluciones se deben razonar, pues la racionalidad aplicada a los hechos constituye un requisito natural para que las partes conozcan los motivos que han provocado la persuasión y certeza representada en su resolución, esto es para no ser arbitraria la resolución dictada por el juez, éste debe expresar el derecho aplicado en cada caso concreto y además cumplir con los parámetros señalados en el Art. 76 numeral 7 letra l) de la Constitución de la República, ya que este derecho es parte del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, señalada en el artículo 75 ibídem además de este modo se equilibra la situación, al servir de instrumento de control de las resoluciones por los tribunales superiores y la ciudadanía, y crear la confianza del pueblo ecuatoriano, tanto más que conforme señala el Art. 167, la potestad de administrar justicia emana del pueblo, lo cual se encuentra corroborado con el Art. 1 del Código Orgánico de la Función Judicial que dispone ?Función Judicial.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial?.

Como dice la doctrina recogida por el tratadista Gozaíni, éste un principio constitucional, que ratifica la condición de garantía que tiene para el justiciable; además es un sistema de reaseguros que las constituciones democráticas crean para la tutela de los individuos frente al poder estatal; pero además esta garantía se apunta también a un principio jurídico-político, que expresa la exigencia del control a cargo del mismo pueblo, depositario de la soberanía en cuyo nombre se ejercen los poderes públicos; en resumen se logra que toda decisión judicial sea razonable y plenamente motivada, cumpliendo de esta manera una regla importante del debido proceso y se destierra la arbitrariedad de los jueces, fiscales, defensores públicos y de cualquier otra autoridad pública, pues solo así se garantiza el principio de independencia y de fiscalización a su vez de los operadores de justicia.

Varios amigos jueces con los cuales he mantenido conversaciones muy positivas, me han manifestado que existen problemas ocasionales como la motivación de las sentencias especialmente por los Tribunales de Garantías Penales, luego de la audiencia en la etapa de juicio, que aún siendo su obligación legal emitirla verbalmente (in voce), luego de terminada dicha audiencia, es obligatorio motivarla debidamente dentro del término de tres días de forma argumentada y razonada, para luego ser notificada a las partes procesales.

Se ha dicho por parte de algunos autores consultados, que la motivación o fundamentación razonada de los pronunciamientos judiciales, tiene un significado para la democracia institucional, en el sentido de legitimar la intervención judicial en un régimen constitucional, pues de esta manera como he manifestado, se cumple aquella declaración constitucional de que la justicia emana del pueblo, y esta declaración no es retórica, pues sirve para recordar que el pueblo en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como lo es el Ecuador, conforme señala el Art. 1 de la Constitución, es fuente de todo poder, de tal manera que los jueces no son propietarios ni detentadores de la justicia; o sea que la motivación sirve para legitimar a los jueces en su actividad de impartir justicia, para lograr la misma, al indicar nuestra Carta Magna, el Código Orgánico de la Función Judicial, que los jueces solo recibirán un juicio favorable de quien tiene la legitimidad institucional para formularlo, que en nuestro caso es el pueblo ecuatoriano, y sirven para lograr aquellas metas que se proponen en el proceso de cambio que vive el país: de lograr la paz social y la ética social pública, de tal modo que el deber de argumentación, fundamentación y motivación es una exigencia política, constitucional y legal, pues solo de este modo se evitan decisiones arbitrarias de los jueces, que en algunos casos pueden ser sujetos a pasiones y errores humanos; pero estos errores deben ser reparados cuando causan daño, conforme tengo manifestado en mi trabajo publicado sobre la demanda civil por responsabilidad subjetiva por daños y perjuicios y daño moral, en contra de jueces, fiscales y defensores públicos.

PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO

Es menester señalar, que la doctrina señala que el debido proceso legal, se sostiene en los principios de bilateralidad y contradicción, ejercicio efectivo del derecho de defensa y garantías suficientes para la independencia e imparcialidad del juez que interviene en el conflicto.

Con la aparición de los derechos humanos, el derecho a tener jueces, a ser oído y tener un proceso con todas las garantías, fomentó una evolución notable en el concepto del debido proceso; y así tenemos un proceso constitucional, con el agregado de principios y presupuestos que conciliaban en el argumento, de que sin garantías procesales efectivas y certeras, no había posibilidad alguna para desarrollar los derechos fundamentales, especialmente con la garantía básica constitucional de la motivación.

De lo anotado se colige, que la motivación del fallo constituye un deber constitucional del juez, establecido como garantía básica para asegurar el debido proceso, y se le impone como una manera de controlar su actividad intelectual frente al caso concreto, con el fin de comprobar que su decisión es un acto reflexivo nacido del estudio de las circunstancias particulares y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Más aún como reiteradamente he manifestado en los trabajos que he publicado, el juzgador y el operador de justicia debe tener en cuenta que para que la motivación de su sentencia sea válida, debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica; sobre esos puntos trataré en un próximo artículo en esta misma sección judicial del Diario La Hora, al analizar lo que es la sentencia, su congruencia, motivación y contenido.

En definitiva, el proceso jurisdiccional tiene suprema importancia para el derecho procesal constitucional, es la piedra angular, porque es la auténtica protección de las garantías; más aún algunos tratadistas señalan que es la única garantía, esto es considerando que los derechos son el complemento de la naturaleza positiva del hombre.

¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA?

Carnelutti señala con sencillez, que ?La motivación de la sentencia consiste en la construcción de un razonamiento suficiente, para que de los hechos que el juez percibe, un hombre sensato pueda sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva(?)la motivación está impuesta para que muestre el juez que ha razonado?; pero actualmente una resolución no se motiva con la simple interpretación del derecho, pues la misma actualmente recalco es un proceso mental que exterioriza un proceso intelectivo que impone al juez pronunciarse de alguna determinada manera, conforme señalo en líneas posteriores.

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN

La motivación de la sentencia pronunciada en un juicio, no sólo hace a la garantía de la defensa en juicio, sino a la esencia de un régimen democrático, pues no puede privarse a los ciudadanos que viven en el país, de conocer las razones concretas que determinaron la resolución dictada por los órganos operadores de justicia. Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

¿CÓMO DEBE SER LA MOTIVACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL?

El tratadista Gozaíni señala, ?En la formación de la sentencia, primero se accede en buena parte a los esfuerzos de la jurisdicción. Lógica, inteligencia, psicología y voluntad, son los principales componentes que caracterizan el proceso mental de elaboración?, agregando que en consecuencia los hechos se incorporan por las partes, las peticiones delinean el objeto procesal, y la congruencia es el límite fijado para evitar el exceso jurisdiccional?, recalcando que la delimitación del thema decidendi, la fijan los litigantes y no le es posible al juez desviar por otros caminos el destino de las pretensiones trazadas; esto es los jueces a la hora de motivar deben realizar una completa justificación de la decisión adoptada. En esta misma Sección Judicial de Diario La Hora, publiqué  un artículo sobre las actuales funciones de los jueces y el principio procesal dispositivo, que se refieren a esta materia, esto es la capacidad de los jueces de conformidad con el Art. 130 numeral  10 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone ?Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad?, lo que guarda relación con lo que dispone el art. 140 ibídem, que señala que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente; pero no puede ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, aún cuando esta última disposición no es aplicable cuando en esta forma se puedan vulnerar principios reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

De este modo, el motivar una resolución es una exigencia constitucional y legal, además motivar es razonar sobre los fundamentos de la decisión, esto es  explicar a la sociedad de manera racional el por qué de las decisiones, pues sólo de esta manera se evita la arbitrariedad de los jueces y más operadores de justicia.

¿QUÉ ES LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA?

En cuanto a la racionalidad y justificación de las decisiones judiciales, debo manifestar como lo he dicho múltiples veces, en varios trabajos que he publicado, que el termómetro más adecuado para medir la legitimidad democrática del poder judicial y del juez garantista, viene determinada por la calidad justificatoria de las decisiones; de tal modo que la fundamentación, la argumentación y la motivación jurídica deben ser cumplidas a raja tabla en todas sus resoluciones tal como lo dispone el Art. 76 número 7 letra l) de la Constitución de la República; teniendo siempre en cuenta que la jurisdicción debe estar al servicio de los ciudadanos, y no debe ser un medio para denegar justicia, conforme señala la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, cuyos principios rectores los trato de manera detallada en el libro Título titulado ?Los Principios Rectores de la Administración de Justicia en el Código Orgánico de la Función Judicial?.

¿QUÉ ES LA RAZONABILIDAD?

El tratadista Luis Lancina señala que la razonabilidad  ?Es el criterio demarcatorio de la discrecionalidad frente a la arbitrariedad, ya que si la potestad discrecional consiste en elegir una opción entre un abanico de posibilidades razonables no hay potestad discrecional cuando es solo una la solución razonable, y por tanto no hay posibilidad de elección. En el supuesto más habitual en que caben varias elecciones entra de manera determinante la persona del juez, quien estará investido de potestad para decidir en una u otra dirección, es decir hay un margen discrecional cuando sobre una cuestión aparecen varias soluciones razonables, y es preciso elegir entre ellas. Por ello, el ejercicio de la potestad discrecional presupone dos elementos, por una parte una opción entre varias soluciones razonables y es preciso elegir entre ellas y por otra parte que esa opción sea razonable dentro de un marco socio cultural determinado.

Dicho autor señala con razón que ?La motivación garantiza que se ha actuado racionalmente porque da las razones capaces de sostener y justificar en cada caso las decisiones de quienes detentan algún poder sobre los ciudadanos. En la motivación se concentra el objeto entero del control judicial de la actividad discrecional administrativa y donde hay un duro debate sobre hasta dónde deben fiscalizar los jueces?.

FUNDAMENTAR NO ES MOTIVAR

Es necesario hacer conciencia a los jueces, fiscales, defensores públicos y más operadores de justicia, que fundamentar no significa lo mismo que motivar; esto es aplicar la ley sin más tarea que elaborar exégesis pura, esto es fundamentar; mientras que motivar implica darle racionalidad y sentimiento de justicia.

El tratadista Colomer Hernández, citado por Oswaldo Alfredo Gozaíni, señala, que la motivación actúa como un elemento de racionalización del sistema procesal, en cuanto constituye un presupuesto y una garantía del control que los órganos superiores realizan respecto a la actividad del juez inferior.

Gozaíni manifiesta ?Racionalidad no siempre supone razonabilidad en el sentido estricto de la comparación, porque puede cerciorarse el juez de lo dicho y expuesto, sin advertir desatinos o incongruencias, en cuyo caso, lo razonable no sería razonado?.

Añade, ?A veces, también el raciocinio aplicado en la sentencia se identifica con justificación, siendo así difícil emparentar lo deseable con lo existente. Es evidente, en consecuencia de la síntesis, que buscar entre los contenidos de la motivación, la razonabilidad implica una tarea casi imposible, porque es más simple deducir la incongruencia, el error, el absurdo, es decir, todo lo contrario a la regla mencionada?.

Termina dicho autor señalando que la motivación, persigue la certidumbre y la confianza institucional, más allá de servir a otras finalidades, como son el control de la actividad jurisdiccional por parte del superior jerárquico y de la misma opinión pública, o para demostrar la eficacia en la prestación del servicio jurisdiccional.

Amable lector, así la sentencia motivada es diferente a la sentencia simplemente fundamentada y para conseguirla es fundamental analizar lo que es principio de la congruencia de la sentencia, tema que trato en el tomo IV del libro sobre Práctica Civil; y en las páginas 73 a 83 del trabajo de mi autoría titulado ?Los Juicios por las Acciones de Obra Nueva y de Obra Vieja o Ruinosa en la Legislación Ecuatoriana?.

LEGITIMACIÓN DE LOS JUECES

Kelsen y algunos otros autores sostienen que la legitimidad judicial tiene su base en la independencia e imparcialidad de los jueces, y fundamentalmente estos se legitiman al momento de dictar sus resoluciones de manera motivada, esto es cumpliendo lo que dispone el artículo 76 numeral 7 letra l) de la Constitución de la República, art. 130 del Código Orgánico de la Función Judicial; de tal modo que la Constitución refleja en mayor medida que la ley es del pueblo y los jueces por su independencia e imparcialidad son los guardianes naturales de la soberanía constitucional, que reside en el pueblo.

El autor Bruce Ackerman, sostiene que en una democracia debe gobernar la mayoría  y no una élite como la del poder judicial, pero hay que señalar que las mayorías son falibles y pueden equivocarse, aunque el autor citado manifiesta que las decisiones que toman el conjunto de los ciudadanos, esto es las decisiones constitucionales se expresan en la Constitución, mientras que la actitud de los ciudadanos a través del gobierno y el legislativo son expresadas en leyes, pero Hamilton sostiene que la Constitución es la expresión más alta de la soberanía y el juez debe andar frente al legislador como árbitro del proceso democrático para determinar si este se satisfizo en la esfera legislativa y política, pues como dice Jhon Ely, la Constitución sólo protege una forma democrática de gobernar y no una ideología sustantiva, y la finalidad de la interpretación constitucional es la protección del proceso democrático en la sociedad y en las instituciones, y no la preservación de ideologías o valores.

SANCIÓN POR LA MOTIVACIÓN

El Art. 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone conforme tengo señalado anteriormente como infracción grave, la falta de motivación; y la reiteración de estas faltas por tres ocasiones en un período de un año, será motivo de destitución del operador de justicia; y esto tiene su razón de ser porque existe el presupuesto procesal que se vincula con el deber constitucional que se instala como garantía judicial, señalada en el artículo 76 numeral 7 letra l) de la Constitución; y porque una resolución infundada es un caso de arbitrariedad que produce como dice la disposición constitucional antes señalada, de declarar nulas dichas resoluciones; y además que los servidores responsables sean sancionados; recordando que el Art. 167 de la Constitución de la República señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, pero es una potestad que el juez debe ejercerla de forma independiente, imparcial y responsable; por esta razón existe la necesidad de independencia de la Función Judicial frente a los otros cuatro poderes del Estado.

Dr. José García Falconí

Profesor

Facultad de Jurisprudencia

Universidad Central del Ecuador

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