La Interpretación en el COIP.

Martes, 24 de mayo de 2016

La Interpretación en el COIP.

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Dentro de este tema, es necesario puntualizar, que si bien es cierto, la interpretación, es una actividad intelectual, que descubre el sentido de la norma, para poderla aplicar, sin embargo en materia penal conforme menciona Miguel Alberto Trejo Escobar, en su ensayo denominado ?Principales Teorías de la Interpretación de la Ley Penal?, cuando se refiere a que:

?Las normas penales no consisten en un puro recetario o en meras formulas, que simplemente se apliquen al caso concreto. Por el contrario las normas penales, antes de poderlas aplicar a un caso específico- al igual que las normas constitucionales, civiles, mercantiles, familiares, laborales, etc. ? necesitan ser interpretadas fijando el alcance de los textos en que se hallan formuladas?[2]

Es decir de alguna manera la interpretación se entiende como el conocimiento del verdadero sentido de la ley buscando que es lo que persigue, debido a que constituye la posibilidad de ir más allá de lo que dice el texto punitivo.

Sin embargo el principio de legalidad es la restricción de la interpretación, es por ello sin lugar a dudas que debemos analizar los siguientes aspectos, contemplados en el Art. 13 del Código Orgánico Integral Penal, que nos menciona: las normas de este Código deberán interpretarse de conformidad con las siguientes reglas:

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.-

Es decir, debe quedar claro que esta interpretación en materia penal, implica que cuando no es posible o no se colige una solución clara o suficiente frente a un problema jurídico; ha de darse una respuesta, en el sentido que más se ajuste a la Constitución; efectuando una interpretación desde la Constitución buscando dar pleno cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 2, núm. 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que manifiesta:

?Además de los principios establecidos en la Constitución, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales para resolver las causas que se sometan a su conocimiento:

1. Principio de aplicación más favorable a los derechos.- Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona.?

Determinando, que la conclusión del intérprete, para el caso en análisis, deberá hacer uso de una elección motivada, que se funda en razones suficientes frente a otras interpretaciones que se puedan derivar del texto a ser interpretado, tomando en consideración lo señalado en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

Debido a que la interpretación según el Dr. Alfredo Pérez Guerrero, citado por Enrique Echeverría, manifiesta que la interpretación de la ley es de evidente necesidad del juez, ya que este tiene que buscar esclarecer el hecho, buscando la norma o normas legales que puedan resolverlo.[3]

Es decir la necesidad de la interpretación de las normas penales, parten del hecho de que las palabras no son univocas, debido a que pueden tener varias percepciones, sin embargo en materia penal, esto no es así debido al principio de legalidad, dejando constancia que el juez ante su labor de juzgar tiene en claro que toda ley por el hecho de aplicarse es interpretada por procesos gramaticales y teleológicos con resultados declarativos, extensivos o progresivos, por lo que es necesario explicar en qué consiste cada uno de ellos.

a)      Método Gramatical: También denominado lógico o literal, en donde la norma se manifiesta a través de una proposición normativa, que expresa el mensaje legal, suponiendo que el lenguaje utilizado por parte del legislador, a la hora de redactar la norma ha sido el más sencillo.[4]

b)      Método Histórico: En vista de que el derecho es una expresión de la historia de un pueblo, en donde ninguna norma jurídica puede ser interpretada si no es partiendo de un análisis de la evolución histórica.

c)      Método Teleológico: Este consiste en que el intérprete atiende al fin de la norma, que según Jescheck, se esfuerza en poner en relieve los fines y valoraciones rectoras de la ley, para conocer directamente el sentido inherente, en donde la meta no es otra sino la aplicación de una secuencia metódica que considera la literalidad de la ley, hasta llegar al fin, generando una argumentación propia.[5]

d)      Método Sistemático: Este busca el sentido de los términos legales a partir de su ubicación dentro de la ley y su relación con otros preceptos.

Es decir dentro de este primer subtema, queda en claro que la norma fija de manera estricta el sentido objetivo del texto legal, y en el caso de la interpretación de la norma penal debe efectuárselo en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma.

El Art. 76 núm.3 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: ? Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.?

Dentro de la lectura de este artículo encontramos claramente definido el principio de legalidad al señalar que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley, lo cual nos da a entender que dicho principio, que se expresa bajo el aforismo ?nullum crimen, nulla poena sine lege?, exige, por un lado, que para que una determinada conducta sea considerada como delito debe calificarse previamente como tal en la ley y, por otro, que la sanción que se imponga si se llega a cometer debe también estar prevista en una disposición legal.

Sin embargo, el principio de legalidad comporta cuatro dimensiones a saber: a) aplicar de manera retroactiva la ley (lex praevia); b) aplicar otro derecho que no sea el escrito (lex scripta); c) ampliar el derecho escrito a situaciones análogas (lex stricta); y d) utilizar cláusulas legales indeterminadas (lex certa).

No obstante, el principio de legalidad implica, prima facie: 1) la prohibición de tipos penales en blanco y abiertos; 2) la prohibición de leyes violatorias de derechos fundamentales; 3) la prohibición de la analogía respecto a normas penales.

Lo cual nos conlleva a pensar que pasaría cuando en el curso del proceso judicial una errónea o falsa aplicación o interpretación de la tipificación penal puede haber afectado el derecho fundamental a la libertad personal de una persona, pese a estar delimitado, que esta se interpretará en forma estricta, esto es respetando el sentido literal de la norma.

Esto nos lleva a deducir, que si bien es cierto la Constitución, es una norma suprema, de conformidad con lo señalado en el Art. 424 de la misma, cuando se hace referencia a lo siguiente:

?La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.?

 

Determinando de esta manera las bases constitucionales del derecho público y del derecho privado. Pero quizá sea en el derecho penal donde la vinculación e influencia del derecho constitucional se hacen más presentes, en la medida en que los valores de libertad personal y seguridad que garantiza el derecho constitucional inciden en el derecho penal en cuanto se refiere a sus fundamentos, debido a que esto es consecuencia de que el poder punitivo del Estado recaiga directamente sobre la persona, cuando ha cometido una infracción penal, por lo que se debe aplicar interpretación penal en base a los siguientes principios rectores:

a)      Principio jerárquico: En el ámbito de interpretación jurídico penal, este consiste en que las normas penales deben interpretarse de modo compatible con la letra y espíritu de la constitución, determinando que el penalista ha de ajustar sus razonamientos hermenéuticos a los significados que la constitución, establece respetando los conceptos e instituciones del derecho penal.[6]

b)      Principio de vigencia: Consiste, que entre dos interpretaciones del mismo precepto, es preferible aquella que da valor al contenido dispositivo de las palabras en la ley.[7]

c)      Principio de unidad sistemática: Consiste en el reconocimiento de validez simultánea de todos los preceptos que componen un determinado ordenamiento jurídico.[8]

d)      Principio dinámico: Consiste en expresar el cambio en el contexto sobre el sentido del texto legal, dado que las normas penales están destinadas a regir la realidad.[9]

3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos.

Ya los jurisconsultos romanos advirtieron que la ley no puede prever todos los casos posibles tanto porque no los considerase importantes como porque se trate de hechos nuevos que surgen después de la formulación de la norma.

Es por ello que cuando nos referimos analogía en materia penal, es necesario seguir la línea de Valentín Silva Melero, en su artículo denominado ?Algunos problemas modernos sobre la analogía en el Derecho Penal?, cuando manifiesta lo siguiente:

?[?] las normas penales definidoras de figuras delictivas, o aquellas que determinan las circunstancias o causas agravantes no pueden aplicarse por analogía.

Esta prohibición aparece por primera vez en el Tratado de Feuerbach, y difundida por el mundo se le dio un contenido político y constitucional, pero aquel jurista le otorgó un fundamento propiamente técnico al fundarla sobre la función intimadora o de coacción psicológica que una penalidad prevista había de producir en el espíritu del delincuente. Y aunque hoy se entiendan las cosas de distinta manera, no cabe duda que Feuerbach dotó a la institución de un fundamento específicamente jurídico. El principio nullum crimen sine lege se ha mantenido hasta hoy, posiblemente por razones políticas y no sólo por la Escuela clásica del Derecho penal, sino también por la positiva, a pesar de que según los postulados de esta última faltara aquel principio un fundamento científico. [?]?[10]

Es por ello, que en materia penal, el análisis del problema requiere algunas consideraciones, ya que para constatar si una conducta constituye un delito, el intérprete debe analizar primero su tipicidad. Una vez establecida, debe determinar si la conducta es antijurídica; una vez constatada la tipicidad y la antijuricidad, se debe determinar si es culpable.

Lo que denota, que se trata de la aplicación de un método analítico de la conducta punible de acuerdo con el cual el intérprete la examina conforme a los niveles de la teoría del delito, sin embargo desde el punto de vista de la existencia del delito, la punibilidad de una conducta es la consecuencia de que ella sea, al mismo tiempo, típica, antijurídica y culpable, por lo que no se puede utilizar analogía para crear infracciones penales o ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción, por dos razones: en primer lugar, debido al carácter formal que tiene el principio de legalidad en materia penal, que prohíbe la analogía ?in malam partem?; en segundo lugar, por el carácter fragmentario del derecho penal, que impide que, bajo el pretexto de una mejor protección del bien jurídico concernido por el tipo penal, se extiendan los límites de la tipicidad.

 

                                           



[1] Abogado, conferencista y escritor.

scor1719@hotmail.com

[2] Miguel Alberto Trejo Escobar, «Principales Teorías de la Interpretación de la Ley Penal», s. f., http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/entorno/56381.pdf.

[3] Echeverria G. Enrique, Derecho Penal Ecuatoriano, p.92.

[4] Pavón Vasconcelos, Francisco, Manual de derecho penal Mexicano. Parte General, 10 ed., México, Porrúa,1991

[5] Jescheck, Hans-Heinrich, Derecho Penal, Parte General.

[6] Álvarez Montero, José Lorenzo, Derecho constitucional y garantías individuales, México, Universidad de Xalapa, 1994.

[7] Miguel Alberto Trejo Escobar, «Principales Teorías de la Interpretación de la Ley Penal».

[8] Ibíd.

[9] Ibíd.

[10] Valentín Silva Melero, «Algunos problemas modernos sobre la analogía en el Derecho Penal», Universidad de Oviedo, accedido 11 de mayo de 2016, http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5180/1/2073097_423.pdf.

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