La Imputación Personal y la Culpabilidad

Lunes, 19 de enero de 2015

La Imputación Personal y la Culpabilidad

 

Autor: Dr. Alejandro Arteaga García

 

Para entender este tema, y proceder a su desarrollo dentro del marco de formación en el código orgánico integral penal, considero necesario empezar por estudiar y asimilar los conceptos de cada uno de los vocablos que lo conforman

 

Con este antecedente tenemos:

 

1.- Imputación personal.- Estriba en la posibilidad de atribuir a una persona una acción u omisión que constituye un delito; esta atribución debe establecerse en  grado de participación.

 

El delito, proviene de la conducta que se considera infracción penal, por cuanto es típica, antijurídica y culpable. Esta acción u omisión, punible, obligatoriamente estará descrita en la Ley como delito.

 

El delito es el acto legalmente punible, porque es aquel que la ley tipifica y sanciona con una pena.

 

El delito siempre parte por ser un acto, y este tiene la característica de ser gravemente ofensivo al orden ético cultural de una sociedad determinada, en un momento histórico determinado y que, según los criterios político criminales de los legisladores, merece una sanción.

 

El delito también proviene de la omisión dolosa, que es la actitud de desentenderse deliberadamente de las circunstancias presentes, para no evitar un resultado material típico, cuando se tiene la obligación de actuar.

 

El tratadista Francisco Muñoz Conde1, luego de hacer reflexiones sobre conceptualizar el delito, empieza por establecer características comunes que debe tener un hecho (no utiliza el término acto) para que sea considerado como delito y por ende ser sancionado con una pena; y, busca definiciones virtud del positivismo, lo que se puede considerar, en materia penal, como excelso y necesario; llevándonos a una definición jurídica, más que filosófica.

 

Fórmula que es trascendental toda vez  que, de no sostenerse en los principios de legalidad y dispositivo, nos quedaríamos en el ámbito de la subjetividad y esa concepción haría indeterminable el concepto de delito; por lo tanto, este emerge de la convención político social, a través de la legislatura que demarca el delito como la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral Penal2.

 

No existe delito si no ha sido considerado y anotado por la legislatura como tal, sea el acto bochornoso que fuere; las leyes deben arbitrar y no ser arbitrarias ?nullum crimen sine lege?.

 

2.- La culpabilidad.- Es la responsabilidad que tiene una persona de la comisión de un delito; esta responsabilidad debe ser demostrada dentro del parámetro del grado de participación.

 

Previo a determinar la responsabilidad penal de una persona, respecto de la comisión de la infracción, hay que verificar si esta persona es imputable, es decir que ese individuo sea capaz de ser culpable.

 

Es necesario que existan los presupuestos y elementos propios de la culpabilidad; en este aspecto deben concurrir además del elemento imputabilidad; el de conocimiento, esto es que el individuo comprenda que la conducta efectuada es de aquellas anotadas como contrarias a derecho; y, finalmente, el de exigibilidad, esto es que el individuo que realizó el acto u omisión, tuviera la opción de realizar otra conducta que no sea  la punible.

 

Tenemos claro que la culpabilidad, en el  derecho penal, es la conciencia de la antijuridicidad de la conducta, es decir que el individuo tiene claro que el hecho cometido está destinado a la censura social y esa conducta se encuentra registrada como típica y  antijurídica en el catálogo de delitos.

 

Cuando el individuo es imputable y está claro que su conducta estuvo sustentada en el conocimiento y la negativa a ejecutar otra conducta; es que procede el ejercicio del ius puniendi.

 

Es en la valoración del comportamiento del individuo, que realizó un hecho en el cual evidenció una conducta reprochable socialmente y punible en cuanto está tipificada; que se puede individualizar la pena, tomando en cuenta también el grado de participación. Puede decirse, entonces, que es una consecuencia de la valoración de la conducta.

 

1.5.1.- Grados de participación criminal: Autor, coautor y cómplice.- Artículo 41 (COIP).- Participación. Las personas participan en la infracción como autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal.

 

Análisis:

 

En este precepto encontramos que el COIP, limita la comisión de la infracción, sea por acción u omisión, únicamente para las figuras de autor y cómplice; no se refiere ya al encubridor. También cabe destacar que la norma en estudio se refiere a la  participación en la infracción.

 

Cuando decimos participación nos estamos refiriendo a quienes intervienen en un hecho; sobre este hecho, está claro que los partícipes expresaron conductas que son reprochables socialmente y que se encuentran descritas en el COIP, como infracciones, es decir que esas conductas son típicas, antijurídicas y culpables.

 

Es importante tener clara una definición de lo que es autoría; puesto que, en los siguientes artículos del capítulo tercero, únicamente encontraremos la referencia al tipo de autorías que ha considerado el legislador.

Para el tratadista Ronald Dworkin, citado por Roberto Gargarella, los jueces ejercen control judicial de constitucionalidad3; lo que significa que el juez tiene el poder final de revisar la validez constitucional de cualquier norma. Para hacerlo recurre a la interpretación judicial, que la realizan los jueces y tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional para la resolución de los casos o controversias de los que deban conocer4.

 

Las Reglas para la Interpretación Judicial de la Ley, dicen que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu, además que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía5.

 

La Constitución Ecuatoriana en su artículo 427 establece que las normas constitucionales se interpretaran por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Obran así, de manera concordante, las reglas de interpretación judicial previstas en el Código Civil; el tenor literal es, entonces, la primera opción para interpretar la Constitución y la Ley, tal como señala Guastini este método consiste en atribuirle a un enunciado normativo su significado prima facie, o sea el más inmediato o intuitivo.

 

Solo agotado el método literal de interpretación, y persistiendo la duda, la Constitución autoriza utilizar los restantes métodos de interpretación, sigue la congruencia  entre Constitución y Código Civil.

 

Si tomamos en cuenta que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, entonces podemos recurrir a un diccionario y encontraremos que autoría es la calidad de autor; y, a su vez autor, en cuanto acepción de derecho, es el sujeto activo, por acción u omisión de un delito6. Concepción coherente con el contenido del artículo 41, pues la actividad está determinada por la participación; en este estado,  corresponderá al fiscal demostrar el grado  de participación que le atribuya a cada uno de los sujetos activos de la infracción; para que, finalmente, sea el juez quien decida que ese grado de participación atribuido es el adecuado virtud de la confrontación de hechos con el acervo probatorio.

 

El segundo inciso del artículo 41 del COIP, hace relevante la obligación que tiene la fiscalía de no someter a todos los procesados por un misma infracción, a la generalización de ?circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal?; esta propuesta obliga a aplicar con suma responsabilidad el principio de objetividad, a través de la adecuada y estructurada investigación integral, considerados como principios claves para recoger los elementos esenciales que justifiquen la existencia de la infracción y la formulación de los cargos en contra de los presuntos responsables.

 

Virtud de lo anterior, durante la fase de investigación previa7, y también durante la de instrucción fiscal 8; el Fiscal como titular de la investigación, debe emprender una estrategia investigativa, tendiente a recabar los elementos que servirán de prueba para sustentar su teoría del caso, y en efecto, sostener motivadamente la acusación, la misma que debe expresarla de manera individual por cada uno de los procesados, haciendo la relación entre el hecho y la infracción que atañe a aquel; nunca deberá generalizar ni utilizar un efecto o circunstancia particular de uno de los procesados para hacerlo extensivo a los demás, pues trastocaría la objetividad y se volvería discriminatorio.

 

Cuán importante es la investigación de la fiscalía, que solo en ese momento, con la práctica de las diligencias o actos, se pueden producir los elementos de convicción para justificar ante el juez la acusación.

 

En atención al sistema acusatorio oral, durante la audiencia de juicio no se podrá introducir prueba que no haya sido recogida, de manera legítima, durante la fase de indagación e Instrucción fiscal; ya que carecerán de eficacia probatoria.

 

Artículo 42 (COIP).- Autores.- Responden como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades:

 

1. Autoría directa:

 

a) Quienes cometen la infracción de una  manera directa e inmediata.

b) Quienes no impiden o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.

 

2. Autoría mediata:

 

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión.

 

b) Quienes determinen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.

 

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.

 

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

 

3. Coautoría:

 

Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no hubiera podido perpetrarse la infracción.

 

Análisis:

 

Ya hemos revisado que autor es el sujeto activo de la infracción, sea por acción o por omisión; en el presente artículo encontramos que el precepto normativo está desarrollado para adentrarnos en diversas modalidades habidas en la autoría.

 

Entonces tenemos que, la variante ?autoría?, en la fórmula de la comisión de la infracción, requiere ser determinada con mayor especificidad; y, en tal virtud esta norma nos trae, a manera de glosario, las concepciones de los diversos modos de autoría que acepta el COIP.

 

En este caso, tenemos que conceptúa una autoría de tipo directo, y dentro de este, desglosa la autoría directa del acto típico y antijurídico; y, la autoría directa de la omisión que no evita la ejecución del acto típico antijurídico, cuando existe obligación de impedirlo.

 

Es claro que, parafraseando la definición de modalidad, contenida en el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.; el producto ?autoría?, es el mismo, pero se presenta en varias modalidades o maneras variables.

 

En un primer término, se presenta la autoría directa; en atención al sujeto activo, que ejecuta directamente el acto típico antijurídico; o, que omite y evita impedirlo cuando directamente está obligado a hacerlo. El ejercicio de la acción u omisión del acto típico, del autor es personal, no es delegada y, es inmediata; esto es que, la actividad la ejerce personalmente durante el desarrollo del hecho que contiene la conducta reprochable, que combina la intención de dañar y la aplicación de esa intención de forma personal o directa.

 

El otro tipo de autoría, esto es la mediata, nos lleva a la no presencia física del que quiere la realización del hecho que contiene la conducta antijurídica. La autoría mediata, en la forma que la expresa el COIP, coincide en estricto al sentido que del vocablo se obtiene del diccionario, esto es ?Dícese especialmente de toda relación no directa sino a través de un tercero o intermediario?9.

 

La autoría mediata, está concebida en los siguientes verbos:

 

a.- Instigar o aconsejar a otro.- Incitar o estimular a alguien que podría sentirse llamado a cometer el hecho; provocar la ira, odio, disgusto, enervando los ánimos de alguien para que se siente moral y psicológicamente obligado a cometer el hecho, o inducir por medio de la persuasión fraudulenta, engañosa, para que alguien cometa el  hecho que no es precisamente de su interés directo.

 

En este caso, la intención consiente del individuo instigado no está claramente concebida en él, sino que obedeció a esa inducción de aquel que maquinó el acto típico antijurídico.

 

b.- Ordenar (imputable o no) a otro, por precio, promesa u otro medio fraudulento directo o indirecto.- El verbo ordenar implica capacidad para mandar; y, a su vez la potestad o poder para disponer la realización de algo. Este aspecto nos señala la subordinación de aquel que debe cumplir la orden.

 

Esta subordinación puede nacer por un pacto económico de dar y hacer, o contrato que no se ciñe a las normas legales vigentes, debido al fin ilícito que lo promueve. Este medio de convenir la ejecución del acto ilícito, que es antijurídico y típico, se sostiene en la obligación que se genera por el convenio entre el que requiere la realización del hecho con aquél que expresa su voluntad de ejecutarlo a cambio de algo, que efectivamente es de su interés.

 

c.- Coerción a un tercero, por  violencia física, abuso de autoridad, amenaza (sin importar si era resistible o no).- Este medio utilizado por el autor mediato se sustenta en la coacción ilegítima que puede ejercer sobre el agente directo.

 

La coacción es ilegítima, porque no nace de orden legal que la autorice; se sustenta en la violencia mediante actos de apremio físico ejercidos sobre el futuro agente directo, para que este consienta en la realización del hecho10. La coacción ilegítima, también puede efectuarse en abuso de la autoridad, que otorgada por algún poder público, el autor mediato la ejerce sobre el posible agente directo; debemos tener en cuenta que este medio se ciñe a aquellos actos que exceden la competencia del funcionario y que se vuelven ilegítimos por el solo hecho de haberlos; pero que son aprovechados por el autor mediato, para destruir la resistencia psicológica del agente directo, aprovechando el efecto de temor reverencial por la subordinación que mantiene con su coaccionante.

 

La coerción ejercida mediante amenazas, es la que surge de la actividad de apremio moral que realiza el autor mediato sobre el posible agente directo; este apremio contiene un poder intimidante, pues ejerce temor en el individuo, por la posibilidad de recibir de manera inmediata un mal sobre sí mismo, su familia, sus bienes o su subsistencia, etc.11

 

La norma en análisis nos aclara que, ?aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin?, el  autor mediato no pierde la calidad de tal.  Es decir que, sin embargo de que le Juez no califique la existencia de causa de excusa, por vico del consentimiento12 para el agente ejecutor; el autor mediato no puede aprovecharse de tal para evadir la imputación.

 

d.- Poder de mando en organización delictiva13.- Es la potestad o poder que ejerce alguien dentro de un grupo organizado delictivo; en el cual existen niveles de poder; básicamente otorgado, en este caso, por un sistema de jerarquías obtenidas en el ámbito de la empresa delincuencial.

 

El sentido de la norma está dirigido a evitar la impunidad de aquel que ejerce ese poder dentro de la organización delictiva, a quien le basta ordenar la ejecución del acto punible, sin que sea necesaria su participación material o en la planificación.

 

Francisco Muñoz Conde, se plantea el problema de cómo hacer responsables de los delitos concretos cometidos a quienes no intervienen directamente en la ejecución, que llevan a cabo otros, sino que simplemente los diseñan, planifican o asumen el control de su realización. Casos como terrorismo, narcotráfico, blanqueo de  capitales14.

 

En cuanto a la Coautoría.- Su presupuesto de actividad se centra en que la persona ha cometido la infracción en participación directa y principal con otras personas.

 

Esta comunión de actividades realizadas por los coautores, deben confluir entre todas con la ejecución del hecho que contiene la conducta típica antijurídica. Cada uno de los coautores participa y aporta; esta intervención es coadyuvante en tanto que su intervención es necesaria para conseguir el objetivo principal, que fue expuesto o promovido por otro. En definitiva sin su participación, no hubiese sido posible concretar el hecho dañino.

 

Artículo 42 (COIP).- Cómplices. Responden como cómplices las personas que, en forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, en tal forma que aún sin esa ayuda, la infracción se comete. No cabe complicidad en las infracciones  culposas.

 

Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por la autora o el autor, la pena se aplica solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.

La pena es de un tercio hasta la mitad de la prevista para la autora o el autor.

 

Análisis:

 

El cómplice es la persona que participa en la comisión de una infracción, pero sin ser el autor material directo; esta participación implica conocimiento previo  de la actividad dolosa que pretende el autor.

 

La actividad del cómplice estriba en el  apoyo que brinda al principal para que su actuación se encuentre protegida, luego de ser cometida; esta participación no es principal o necesaria para la ejecución material del acto doloso.

 

El concurso del cómplice está adecuado también para la actividad preparatoria, es decir la connivencia puede empezar antes de la realización del acto doloso; hay que tener en cuenta que la actividad previa, en sí misma, no necesariamente nacerá dolosa, sino que se vuelve tal, virtud del resultado antijurídico.

 

La actividad del cómplice, que a pesar de no estar dirigida de manera directa a la ejecución del acto criminal, no deja de ser peligrosa, pues el ejercicio de la actividad secundaria esta sostenida por un sentido previo o ex ante de la presencia del dolo. Por ello se lo sanciona con pena inferior.

Al ser el elemento dolo, necesario para determinar la complicidad, es decir existe únicamente en este tipo de infracciones; en tal virtud no cabe esta actuación secundaria en las infracciones culposas.

 

1.5.2.- Grados de Participación Criminal.- Del encubrimiento.- El Código Orgánico Integral Penal no contempla  en las formas de participación criminal al encubrimiento. Esta norma ha eliminado la referida figura, tal como se puede apreciar también en las reformas que introduce al Código Orgánico de la Función Judicial; entre esas sobre el texto del numeral 8 del artículo 109, ?(...), sustitúyase el numeral 8 por el siguiente: 8. Haber recibido condena en firme como autor o cómplice de un delito doloso reprimido con pena de privación de la libertad?.

 

Para efectos académicos, los encubridores son los que, conociendo la perpetración del acto criminal, sin haber tenido participación en el cómo autor, ni como cómplice, intervienen, con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

Aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen.

Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen para impedir su descubrimiento.

 

Albergando, ocultando o proporcionado la fuga al culpable.

 

Acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los infractores, sabiendo que lo son, aún sin conocimiento de los crímenes determinados que hayan cometido, o facilitándoseles los medios de reunirse u ocultar sus armas o efectos, o suministrándoles auxilios o noticias para que se guarden, precavan o salven.

 

Se produce la exención de responsabilidad penal a ciertos encubridores, cuando se trata del cónyuge o, de sus parientes por consanguinidad y afinidad.

 

Dr. Alejandro Arteaga García

Conjuez de la Corte Nacional de Justicia

 

Artículo publicado en la R. Ensayos Penales Nº 11 de la Corte Nacional de Justicia

 

 

 

 


1 Teoría general del delito, tercera edición 2010, pp. 1 y 2.

2 Libro I, La infracción penal en general, Art. 18.

3Gargarella Roberto, Perspectivas Constitucionales, 2011.

4González Andrade Sebastián, citando a Prieto Sanchís Luis, Perspectivas Constitucionales, 2011.

5 Código Civil, título Preliminar, art. 18.

6 Nueve enciclopedia Larousse, editorial Planeta?1981, tomo 1, pág. 861.

7 Código Orgánico Integral Penal, art. 580 a 589.

8 Código Orgánico Integral Penal, art. 590 a 600.

9 Nueve Enciclopedia Larousse, editorial Planeta?1981, tomo 7, pág. 6349.

10 Código Civil, Art. 1473.- Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza el que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona, con el fin de obtener el consentimiento.

11 Código Civil, Art. 1472.- La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona justo temor de verse expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o descendientes, a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es,  el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.

12Código Civil, Art. 1467.- Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo.

13 COIP, Art. 369.- Delincuencia Organizada.- La persona que mediante acuerdo o concertación forme un  grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier  forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que  tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material (...).

14 Muñoz Conde Francisco, Derecho Penal, parte general, 8va edición, tirant lo blanch libros, valencia 2012,

pp. 448, 449.

 

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