LA FASE DE INVESTIGACIÓN DEL SUMARIO DISCIPLINARIO

Lunes, 30 de marzo de 2015

LA FASE DE INVESTIGACIÓN DEL SUMARIO DISCIPLINARIO

Autor: Dr. Giovani Criollo Mayorga

La Resolución No. 016-2011, de 04 de octubre de 2011, que contiene el Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, en el Título III, Capítulo II,  la Sección Segunda, denominada ?DEL PROCESO EXTRAORDINARIO?[1] establece, en su Art. 60, que:

 

?De no contarse con los elementos suficientes para iniciar directamente el sumarios (sic) administrativos, la Directora o Director Provincial del Consejo de la Judicatura, dispondrá que la Coordinadora o Coordinador de la Oficina de Control Disciplinario, realice la investigación sobre los hechos presumiblemente constitutivos de una o varias infracciones disciplinarias que, por cualquier medio, hayan llegado a  su conocimiento.

La investigación no podrá mantenerse abierta por más de quince días. Una vez transcurrido este plazo y, no existir fundamentos suficientes para deducir el cometimiento de la falta disciplinaria, la Coordinadora o Coordinador de la Oficina de Control Disciplinario sugerirá a la Directora o Director Provincial que proceda al el (sic) archivo definitivo del expediente.

Si durante la investigación se obtuvo información confiable sobre hechos que presuntamente configuren infracciones disciplinarias, la Coordinadora o Coordinador dirigirá Informe Motivado a la Directora o Director Provincial, solicitando la iniciación del sumario disciplinario.?

 

Como podemos apreciar, en el proceso disciplinario extraordinario cuya competencia la tiene la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura[2], la fase de investigación, no contiene la indicación expresa de ser debidamente citada al funcionario judicial sumariado, lo cual constituye una gravísima violación al DERECHO A LA DEFENSA  y al DERECHO AL DEBIDO PROCESO  previstos como garantías constitucionales. En efecto, la importancia de esta fase de investigación es tan grande que, conforme lo establece la propia Resolución 016-2011, en la misma no solamente que debe ?investigarse los hechos que presuntamente constituyen una infracción disciplinaria?? sino que también y dentro de ella se realiza una fase ?PROBATORIA? de conformidad con lo establecido en el Art. 61.5 ibídem en que dispone que el Informe Motivado previsto en el Art. 60 bis, debe contener como requisito mínimo para su validez la: ?Mención de las pruebas que se hayan obtenido mediante la investigación, en relación a sus argumentos de derecho.? Por manera que estas ?pruebas?  realizadas en esta fase ?probatoria? no citada en debida forma al sumariado implica no solamente la violación del derecho a la legítima defensa sino también la no verificación del principio de CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA previsto en el Art. 169 constitucional, y en el Art. 86 de la Resolución en cuestión pues ella determina expresamente que ?EN LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PREVALECERÁN LOS PRINCIPIOS RECTORES CONTENIDOS, EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, LOS TRATADOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?[3].

 

LA ?DOBLE? FASE PROBATORIA.

 

No existe duda alguna que en los procesos disciplinarios extraordinarios existe una ?doble? fase probatoria: La primera que se realiza DENTRO de la misma fase de investigación prevista en el Art. 60 de la referida resolución, tal como lo disponen los artículos 61.5 (Mención de las pruebas que se hayan obtenido mediante la investigación, en relación a sus argumentos de derecho.); 62 inciso segundo (Si el informe no cumpliere con los requisitos exigidos en este reglamento, la directora o el Director Provincial, ordenará que se lo complete o aclare, dentro del término de diez días, tiempo en el cual se podrán obtener nuevas pruebas.); y, la segunda, que es la fase probatoria que tiene lugar luego de haber fenecido el término para contestar la queja por parte del funcionario judicial sumariado y que está regulada, en este tipo de procedimiento extraordinario, según lo previsto en el Art. 54 ibídem.

 

Con seguridad muchos colegas podrán decir que el término ?PRUEBA? empleado en los artículos en referencia deben ser entendidos en otro sentido. Haciendo uso de algún mecanismo de interpretación RAZONABLE y RACIONALMENTE (¿?) podrán afirmar que lo que se pretendió decir es que se trata no de una ?prueba? sino de ?elementos de convicción? y que ese es el sentido real al término empleado. Esto puede ocurrir, como ocurrió con la posibilidad de modificar la parte orgánica de la Constitución mediante referéndum y consulta popular, ocurrida el año pasado, pero sería muy interesante que el respetado colega y en definitiva el intérprete de estas normas, es decir quiénes son titulares de la potestad disciplinaria, nos señalen también RACIONAL y RAZONABLEMENTE  cuál es el proceso lógico que se utiliza para dejar de lado el texto escrito de la norma jurídica[4].

 

Reiteramos el hecho de que esta primera fase de investigación, es de muchísima importancia para el servidor judicial sumariado, puesto que como hemos visto se puede obtener ?pruebas? razón por la cual las mismas deben ser sometidas a los principios de contradicción, pertinencia, inmediación, etc., y eso sólo lo puede conseguir cuando el funcionario sumariado este debidamente CITADO, pues la no verificación de esta diligencia, desde la fase de investigación del sumario disciplinario en los procesos extraordinarios elimina completamente el derecho a la DEFENSA. Según nuestra Constitución, Art. 75, ?Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.?; y, además, según el Art. 76 ibídem, ?En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.?  Por manera que es indispensable que se proceda a citar no solo el inicio del sumario disciplinario sino también el inicio de la investigación prevista en el Art. 60 de Reglamento en cuestión so pena de sacrificar el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de contradicción, etc., propios de un estado democrático respetuoso de los derechos y libertades de los ciudadanos y las ciudadanas.

Por otra parte es importante deja en claro que la autoridad administrativa, esto es quien es el titular de la potestad disciplinaria, se ve en la INEXORABLE obligación de  dar cumplimiento a varias normas importantísimas como por ejemplo los Art. 11.3[5], 11.4[6], 11.5[7], 11.9[8] de la Constitución de la República; 4[9], 5[10], 23[11] del Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo, que son las que limitan su acción a las normas constitucionales e infra constitucionales de protección de los derechos fundamentales.

 

 



[1] Se los ha catalogado así, según el Art. 59 de la Resolución 016-2011, a todos aquellos sumarios disciplinarios que se iniciaren de oficio en contra de los funcionarios judiciales enumerados en el Art. 114 del Código Orgánico de la Función Judicial: ?INICIACIÓN DE SUMARIOS DISCIPLINARIOS.- Los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por la Directora o el Director Provincial, o por la unidad que el Consejo de la Judicatura establezca de manera general, cuando llegare a su conocimiento información confiable de que el servidor de la Función Judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada por este Código.

También podrá iniciarse por denuncia presentada por cualquier persona, grupo de personas, pueblo o nacionalidad.

En caso de denuncias en contra de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, del Director General, de los directores regionales o provinciales y de los directores de las comisiones o unidades, será el Pleno del Consejo de la Judicatura quien tramite los sumarios e imponga las sanciones correspondientes.?

[2] Los titulares de la potestad sancionatoria son: El Pleno del Consejo de la Judicatura (Art. 6); el Director o Directora General del Consejo de la Judicatura (Art. 7); el Director o Directora Provincial del Consejo de la Judicatura (Art. 8); el Coordinador o Coordinadora  de la Unidad de Control Disciplinario (Art. 9);  el Coordinador o Coordinadora  de la Oficina Provincial de Control Disciplinario (Art. 10); 

[3] El Código Orgánico de la Función Judicial establece a este respecto:  ?Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se

encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido?.?

[4] Al lector ruego remitirse a mi artículo sobre la interpretación como un poder de los jueces, publicado también en la Revista Judicial del Diario La Hora.

[5] Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

 

[6] Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

 

[7] En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

 

[8] El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

 

[9] Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido??.

 

[10] Art. 5.- PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA CONSTITU-CIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos  humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos.

 

[11] Art. 23.- PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS.- La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el proceso.

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles.

Change password



Loading..