DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
La anticoncepción de emergencia

Por: Dr. Marco Navas Alvear
Profesor Maestría en Derechos Humanos Universidad Central del Ecuador

S IEMPRE RESULTA DE INTERÉS tratar temas que tienen relación con los derechos sexuales y reproductivos. Sin duda, el ejercicio de estos derechos atraviesa fenómenos humanos en extremo complejos que deben analizarse con gran prolijidad. Uno de los temas más polémicos que se ha planteado en nuestro medio en los últimos tiempos es el que tiene que ver con uso de la píldora «del día después», llamada más técnicamente Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE).

Hace algunos meses, el uso del Postinor, uno de los medicamentos de anticoncepción de emergencia fue prohibido por el Juez Tercero de lo Civil del Guayas, luego de una acción de amparo interpuesta por el grupo «Abogados por la Vida». Esto permitió visbilizar un problema sobre el cual se han generado numerosos argumentos en pro y en contra.

Esta es la primera parte de un texto en donde analizaremos algunos aspectos relacionados a la Anticoncepción de Emergencia (AE). En esta primera parte examinaremos en qué consiste y cómo forma parte de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos (DSR). En una segunda parte abordaremos aspectos legales de la aplicación de estos métodos en nuestro país.

La Anticoncepción de Emergencia

La AE se refiere a aquellos métodos anticonceptivos que utilizan las mujeres para prevenir el embarazo después de haber tenido una relación sexual no protegida. El fin es evitar un embarazo no deseado.

Uno de estos métodos es el conocido como Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE). Consiste en la administración de dosis de una sustancia llamada levonorgestrel (LNG) que se administra sola o en combinación con otras. Estas sustancias tienen acción sobre el sistema hormonal femenino, siendo su efecto fundamental que impiden el proceso de fecundación.

Está ampliamente aceptada la noción de que la vida del ser humano se inicia con la fecundación que es la unión del óvulo femenino con el espermatozoide masculino. El proceso de fecundación no se produce inmediatamente de realizada la relación sexual. Es en momentos posteriores a la unión sexual y antes de la fecundación donde sustancias como el LNG actúan produciendo la alteración de la ovulación e inhibiendo la migración de espermática, de tal manera que esta no se produce. Estudios científicos, desarrollados sobre todo a partir del año 2001, han concluido que la PAE a base de LNG no puede impedir ni alterar el desarrollo del embrión que se ha colocado en el útero. Es decir, no tiene efecto abortivo como si podrían tener otros medicamentos usados para impedir el embarazo como la píldora RU486.

Más bien, la administración de la PAE a base de LNG, como es el caso del Postinor, resulta una herramienta que ayuda a prevenir esta drástica aunque muy recurrida solución ante el embarazo no deseado que es el aborto. En nuestro país, el aborto es ilegal y está sancionado en el Código Penal (Arts. 441 a 447), tanto si se realiza sin el consentimiento como si se lo hace con el consentimiento de la mujer embarazada, en cuyo caso, esta también es sancionada. Se excluye de ello el denominado «aborto terapeútico».

El aborto, desgraciadamente, constituye la tercera causa de muerte materna especialmente entre mujeres pobres y jóvenes en América Latina, según la Organización Mundial de la salud (OMS). En países dónde esta práctica es ilegal, su carácter clandestino magnifica las condiciones de riesgo para las mujeres.

Por ello, a más de las medidas penales que coadyuven a combatir prácticas contra la vida, la incorporación de medidas preventivas como la AE resultan necesarias dentro de una política pública que a través de formas preventivas, defienda la salud de las mujeres y sus derechos.

La Anticoncepción de Emergencia como Derecho Sexual y Reproductivo

Los DSR son parte del gran conjunto de los Derechos Humanos. Como tales constituyen un conjunto de derechos que garantizan una vida digna y libre en el campo de la sexualidad y la reproducción para hombres y particularmente para mujeres.

Estos derechos consisten en el derecho a fundar una familia, la libertad de tomar decisiones sobre cuántos hijos/as tener y en qué períodos, de escoger un comportamiento sexual según la propia identidad de cada persona, prevención, protección y atención para tener un adecuado nivel de salud sexual, entre otros. El ejercicio de estos derechos, en cuanto afectan los derechos de otras personas debe ser responsable.

Este tipo de derechos específicos (DSR) se conectan e implican mutuamente con otros ámbitos de los derechos humanos, más generales pero relacionados como son el derecho a la salud, la igualdad y no discriminación, la libertad y la autonomía de la voluntad, derecho a la seguridad, educación, información y expresión, acceso al conocimiento, la tecnología y sus progresos, derechos laborales, derecho de asociación, a la privacidad, etc.

El acceso a la anticoncepción de emergencia ha sido reconocido como parte de los DSR de las mujeres, derivado del Derecho a la Salud, al proteger el uso de un mecanismo que permite reducir riesgos para la salud de las mujeres, embarazos no deseados y combatir la morbilidad y mortalidad relacionadas con el aborto. El acceso a la AE permite así mismo, ejercer el derecho a planificar la familia y elegir con libertad los hijos e hijas a procrear.

Entre los instrumentos internacionales que generan efectos vinculantes respecto a los DSR podemos citar: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, El Protocolo de san salvador sobre DESC, La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Igualmente podemos mencionar otros instrumentos que legitiman la incorporación de los DSR y particularmente de la AE dentro de las prácticas promovidas por varios organismos de Naciones Unidas: Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo, la Declaración de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer de Beijing. En estas últimas dos declaraciones se reconoce expresamente que los DSR de las mujeres son parte fundamental de los derechos humanos universales, como tales son de Implementación, es decir de garantía obligatoria por parte de los estados. Ejercer los DSR incluye, como hemos visto la posibilidad de beneficiarse de los avances científicos. En este sentido, desarrollos como la PAE parecen ofrecer grandes posibilidades para mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres, particularmente aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo, ya sea por las precarias condiciones económicas en las que viven, como por su edad o condiciones sociales que van desde prácticas culturales machistas y violentas, cuanto por situaciones de violencia política, como es el caso de las mujeres desplazadas.

Sin embargo, el tema de la AE no parece ser tener consenso en su implementación como parte de las políticas de salud del Estado. Muchas personas y grupos se oponen aún a que este tipo de avances científicos sean de legal uso en el país. Ese ha sido el caso del Postinor, cuyo uso depende al momento de una decisión del Tribunal Constitucional.