Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos
E L INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS para la prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, ILANUD, se encuentra desarrollando el Proyecto ¨Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos¨.
La problemática de la delincuencia juvenil de los sistemas de justicia penal en toda América Latina es muy similar, no obstante las particularidades de cada país.
En los países en los que aún continúan vigentes las legislaciones tradicionales tutelares ocurre lo que se ha llamado ¨judicialización de la pobreza¨, que significa que los problemas sociales no penales de un gran sector de la juventud no perteneciente a los sectores de menores recursos (problemas que corresponderían resolver al Ejecutivo por medio de las carteras de Bienestar Social, Educación, etc.) se judicializan, sin dárseles una solución efectiva y dándoseles en cambio una respuesta que no difiere en esencia a la que corresponde a los problemas penales; y los casos realmente penales, son resueltos también por esos mismos tribunales pero sin las garantías del debido proceso, con lo cual la situación de los menores de edad en esta materia viene a ser peor que la de los adultos.
El Sistema de Justicia Penal Juvenil en la región
Para todos es conocido que la realidad de los Sistemas de Justicia Penal Juvenil de la región es grave, hay países como Chile (país en el que existe un anteproyecto de nueva legislación prácticamente terminado) y en Venezuela (país en el que también esta en preparación un anteproyecto de nueva legislación); en Bolivia en 1992 se aprobó un nuevo Código integral, que significó un gran avance sobre el anterior de 1979, que contenía disposiciones aberrantes como la prohibición del abogado defensor en materia de justicia penal.
En Ecuador rige una legislación recientemente adecuada a la Convención, y los principales problemas que existen son de implementación; en Perú en diciembre de 1992 se aprobó un nuevo Código integral, que si bien en algunas materias -trabajo infantil- no se adecúa a la Convención, en la materia penal -que es la que motiva este proyecto- si lo hace; Colombia posee una legislación relativamente reciente (1990) pero no es adecuada a la Convención por lo que está trabajando en un anteproyecto; Brasil es un país, que antes que ningún otro, en julio de 1990 produjo su ¨Estatuto del Niño y del Adolescente¨, código integral y en todo adecuado a la Convención.
Impulsar procesos de adecuación
Como podemos ver la legislación en los países de la región y su adecuación no es efectiva a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales; es indispensable, por un imperativo de Derechos Humanos y como un paso importante al afianzamiento de las Sociedades Democráticas, impulsar los procesos de adecuación de Justicia Penal de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores y a las Reglas Mínimas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, y apoyar aquellos proyectos nacionales que contribuyan a poner en acto dicha normativa.
Atención, tratamiento y rehabilitación
Este proyecto tiende a asegurar este propósito por medio de la investigación de la legislación que permita efectuar un estudio comparado, y además, contempla un Programa de Capacitación dirigido a funcionarios responsables de los programas de Atención, Tratamiento y Rehabilitación de menores infractores, consumidores de droga o no, y de la población de organizaciones no gubernamentales que trabajan con ésta población. El proyecto se está ejecutando en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.
