Justicia Indígena y Ordinaria

Lunes, 16 de junio de 2014

Justicia Indígena y Ordinaria:

 

Conflictos de Jurisdicción y Competencia

 

Autor: Dr. José García Falconí

 

Como es de conocimiento general, la justicia indígena dentro del pluralismo jurídico, es uno de los siete sistemas de administrar justicia, que tiene su base en el Art. 171 de la Constitución de la República, Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, éstas entre otras fuentes del derecho indígena.

 

Pero en la práctica podemos constatar que también existen controversias entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, toda vez que aún no tenemos una ley que establezca los mecanismos de coordinación y cooperación entre dichas jurisdicciones.

 

He leído la tesis sobre el tema LA JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR Y SUS BASES JURÍDICAS CONSTITUCIONALES, de autoría de Víctor Rivadeneira, de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, tesis que merece ser publicada, porque sin duda alguna va a servir para hacer un análisis jurídico sobre este controversial tema.

 

En esta oportunidad me permito con la autorización de su autor transcribir algunos de sus pensamientos; no sin antes señalar que la justicia indígena tiene sus límites en la Constitución de la República y en los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, y tiene también control constitucional, regulado en los Arts. 65 y 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a través de la acción extraordinaria de protección respecto a la justicia indígena.

 

Estos temas los trato con más detalle en varias de mis obras.

 

A continuación transcribo el pensamiento del compañero Víctor Rivadeneira, sobre el tema jurisdicción y competencia.

  

Jurisdicción y Competencia

 

Cuando hablamos de la  jurisdicción el Código de Procedimiento menciona que es ?el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las leyes? (Art. 1)

 

Así mismo el Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que ?La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la competencia.? (Art.150)

 

Hablando procesalmente de acuerdo a la doctrina clásica tenemos tres elementos de la jurisdicción la notio, el iudicium y el imperium. La notio se define como la facultad de conocer los asuntos que de acuerdo con las reglas de competencia corresponden a cada juez. Presupone la facultad de citar a las partes, recaudar pruebas, hacer notificaciones, etc. El iudicium es la facultad de resolver el asunto sometido a consideración del juez. El imperium, finalmente, consiste en la ?potestad de usar la fuerza pública para hacer efectivas las decisiones judiciales. (Sánchez; Jaramillo, 2008)

 

En cuanto a la competencia el Código de Procedimiento Civil manifiesta que ?es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las personas y de los grados.?(Art. 1 inciso 2do)

 

A su turno el Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que la ?competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.?

 

Si ponemos en aplicación la competencia de acuerdo a la justicia indígena:

 

Personas.-  El derecho indígena puede juzgar a sus propios miembros, y a no indígenas ya que la Constitución no excluye, lo permite tácitamente, así mismo el Convenio169 de la OIT garantiza la aplicación de la justicia sin distinción del involucrado.

 

Como lo manifiesta la sentencia Colombiana: ?del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. Se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por  la particular cosmovisión del individuo. Esto no significa que siempre  que esté involucrado un aborigen en una conducta reprochable, la jurisdicción indígena es competente para conocer del hecho. El fuero indígena tiene límites, que se concretarán dependiendo de las circunstancias de cada caso.? (Gaviria, T-496/96)

 

Materia.- En cuanto a la materia la Constitución no prohíbe y el Convenio 169 de la OIT manifiesta que (?)?deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.? A la luz de este artículo nos damos cuenta que  permite juzgar materia penal, que es la más conflictiva, por lo tanto se colige que permite aplicar su jurisdicción en otras materias, empero a esto cuando la constitución menciona que tienen que ser conflictos internos, esta es una limitación a la materia ya que tienen que ser conflictos que hayan resueltos anteriormente, según lo expone el artículo 6 inciso 2do del RSCCC, sin embargo, la misma Constitución en su artículo 57.10 manifiesta que:

 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (?)

 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. (Subrayado es mío).

La norma constitucional le permite el desarrollo, la creación y la aplicación del derecho jurisdiccional indígena, siempre y cuando no se viole la Constitución y los derechos Humanos, empero a esto existen infracciones en los que es muy complicado establecer para la justicia indígena, por lo que en estos casos tiene que coordinar y cooperar con la justicia indígena sin que esto signifique violación a la autonomía de la justicia indígena ecuatoriana.

 

Grados.- En cuanto a los grados no existen como nosotros lo conocemos en la justicia ordinaria, sin embargo como ya lo habíamos mencionado existe un cabildo y una asamblea, no existen instancias, es de acuerdo a sus costumbres.

 

Territorio.- En cuanto al territorio la Constitución plantea que ejercerán funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, sin embargo esto se de manera material, porque como ya lo dijimos el concepto de territorio no se limita a su sólo espacio físico de acuerdo al Convenio 169 de la OIT  y el Reglamento de Sustanciación de Competencias de la Corte Constitucional, y la jurisprudencia.

 

Antes de delimitar los parámetros para la competencia voy a poner varios casos que se pueden suscitar para que veamos lo complejo que son y las distintas reglas y principios que deben usarse de acuerdo al caso concreto, ya que no se puede poner como límite a la notio el territorio, ya que estaríamos frente a errores judiciales e interpretativos.

 

Como manifiesta la jurisprudencia colombiana ?no es cierto que la actividad de las jurisdicciones indígenas esté condicionada a que "hayan ocurrido los hechos dentro de su ámbito territorial". No sólo el lugar donde ocurrieron los hechos es relevante para definir la competencia, si no que se deben tener en cuenta  las culturas involucradas, el grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria, la afectación del individuo frente a la sanción, etc.  La función del juez consistirá entonces en armonizar las  diferentes  circunstancias  de manera que la solución sea razonable (Gaviria, T-496/96)

 

Por ejemplo tenemos varios casos que se podrían suscitar:

 

1.                   Indígena del pueblo A, tiene conflicto con no indígena B dentro del territorio de A

2.                   Indígena del pueblo A, tiene conflicto con no indígena B en territorio no indígena.

3.                   Indígena del pueblo A, tiene conflicto con no indígena B en territorio de Indígena X

4.                   Indígena del pueblo A, tiene conflicto con indígena del pueblo B en territorio de indígena A

5.                   Indígena del pueblo A, tiene conflicto con indígena del pueblo B en territorio del pueblo B

6.                   Indígena del pueblo A, tiene conflicto con indígena del pueblo B en territorio del pueblo X

7.                   Indígena del pueblo A, tiene conflicto con indígena del pueblo B en territorio no indígena.

 

Si analizamos un caso tipo 2 en que un  Indígena del pueblo A, tiene conflicto con  no indígena B en territorio no indígena como señala en la sentencia T-496 de 1996[1], en la cual se tomaron como variables: 1ª. La existencia de normas que castigaran la conducta del individuo miembro de un pueblo indígena tanto en su pueblo como en las leyes colombianas; 2ª. El nivel de comprensión que tenía el individuo involucrado de las normas y prácticas sociales de la población colombiana. Estas dos variables, según la Corte, concretan el elemento personal para determinar la jurisdicción. Este elemento, pretende dar cuenta de las diferencias culturales que pueden existir entre los pueblos indígenas y entre éstos y la sociedad colombiana. Así, de acuerdo con esta sentencia, si se dan en el caso ambas circunstancias, la conducta es castigada por las normas del pueblo indígena al que pertenece el involucrado y si éste tiene un conocimiento suficiente de las prácticas sociales y las normas de la sociedad colombiana, la jurisdicción se radica en los jueces ordinarios. Si, por el contrario, se da la primera circunstancia, pero no la segunda, la jurisdicción se radica en las autoridades indígenas del pueblo al que pertenece el individuo, siempre y cuando éstas quieran ejercer su derecho. Al igual que en el primer caso, si se da la segunda variable (el conocimiento de la sociedad colombiana), pero no la primera (la conducta no es reprimida por la comunidad a la que pertenece el individuo en cuestión), la jurisdicción se radicaría en los jueces ordinarios. La sentencia, sin embargo, no provee suficientes elementos para resolver un caso tipo 2 en el que la conducta no es reprimida por la comunidad a la que pertenece el individuo y éste no está familiarizado lo suficiente con la sociedad colombiana y sus normas. Por aplicación del principio de reciprocidad, estas reglas serían aplicables a casos tipo 1? (Sánchez, Jaramillo, 2009).

 

Siguiendo la línea en el caso en que un no indígena cometa una infracción en territorio no indígena ?se pueden presentar diversas situaciones, cada una de las cuales tiene una solución distinta: i) Que la conducta del indígena únicamente sea punible de acuerdo con el sistema jurídico indígena caso en el cual las autoridades indígenas decidirán si juzgan o no el caso, o bien, ii) que la conducta sólo sea punible de acuerdo con ordenamiento nacional, caso en el cual los jueces de la República son en principio los competentes para conocer del mismo16; o bien puede ocurrir iii) que la conducta sea sancionada en ambos sistemas jurídicos caso en el cual en principio conoce la jurisdicción nacional pero el juez deberá tomar en consideración la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos? (Montaña, 2009)[2]

 

Siguiendo analizando con otros ejemplos  y con relaciones fácticas más elaboradas nos vamos a dar cuenta que los casos cambian , en el caso en que un no indígena cometa adulterio en una comunidad, quien es competente para sancionar, pueden presentarse varios casos, analizando está dentro de una comunidad indígena,  la comunidad sanciona el adulterio está tipificado en sus normas consuetudinarias y en la legislación ecuatoriana es una causal de divorcio,  sin embargo el no indígena desconocía las normas  y por no estar tipificada la conducta en el ordenamiento del no indígena por lo tanto los indígenas no son competentes para sancionar, sin embargo si el no indígena conocía que la conducta que hacía estaba sancionada así no esté sancionada en el ordenamiento no indígena(Legislación ecuatoriana), pues los indígenas tienen competencia para juzgar.

 

Dos no indígenas van a una población  indígena de vacaciones, el uno le roba el celular al otro, quién es competente para sancionar el delito, están en un territorio indígena, si analizamos la tipificación de la conducta está sancionada en el pueblo indígena como en las leyes ecuatorianas, el nivel de comprensión de las normas ecuatorianas- de ambos es alto, aparente mente por estar dentro del territorio, el que debe juzgar el delito es la comunidad, empero a esto hay que tomar en consideración otras variables: 1. Como son de tratarse ambos no indígenas ni relacionados a la comunidad y 2. El grado de afectación a la comunidad, si analizamos estas variables por tratarse el problema de no indígenas estamos frente a un caso intérpretes, que no tiene repercusión erga omnes para la comunidad, no se ha afectado a la colectividad ni a la propiedad colectiva ni a la diversidad cultural, por lo tanto la justicia ordinaria es la competente.

 

Un no indígena mata a un indígena dentro de una comunidad,  como analizamos el delito se comete dentro del territorio comunitario, exista la tipificación en ambas partes, tanto en la comunidad como en la legislación ecuatoriana, el grado de conocimiento de normas y costumbres es alto,  existe una afectación directa [3]a la comunidad ya que el delito produce efectos jurídicos erga omnes para la comunidad, por lo tanto el competente para juzgar el delito es la indígena ya que se encuentra involucrado un indígena.

 

Como podemos observar pueden suscitarse un sin número de casos dentro de la administración de  justica indígena, no pretendo plantear  todas las reglas ,  empero a esto como regla general tenemos que  los indígenas deben ser juzgados por  los pueblos y autoridades indígenas[4] y los no indígenas por la justicia ordinaria en virtud del principio de reciprocidad,  no obstante ?Corte Constitucional en su interpretación de las normas constitucionales relacionadas con los pueblos indígenas, ha establecido que existen dos factores que determinan los asuntos de los que pueden conocer las autoridades de los pueblos indígenas en calidad de administradoras de justicia: 1. El territorial; 2. El subjetivo.(Sánchez, Jaramillo, 2009)? Cuando hablamos del territorial debemos entenderlo como un todo, no ?no sólo los que legalmente son reconocidos como de su propiedad bajo la figura del resguardo? sino como lo manifiesta el Convenio 169 de la OIT y el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional del Ecuador y la doctrina, y en el caso subjetivo debe tomarse en cuenta las diferentes variables que se pueden suscitar dependiendo de los elementos fácticos que se presente en cada caso concreto?.

 

Para terminar este importante tema que sin duda alguna va a servir para actualizar los conocimientos del amable lector de esta Revista Judicial, me permito señalar que con la Constitución de la República del Ecuador vigente, tenemos retos y cambios significativos que debemos afrontar, pues pasamos de un Estado absoluto, a un Estado constitucional de derechos y justicia social, que señala el Art. 1 de la Constitución, pero también a un Estado ?(?) unitario, intercultural, plurinacional (?)?, lo cual implica la lucha para entender el presente tema del  monismo y del pluralismo, del individualismo y del colectivismo, porque son dos sistemas diferentes y por tal tenemos que abrir la mente y los ojos a este proceso de cambio que vive el Ecuador, por lo que recomiendo dar lectura especialmente a los Arts. 8, 9, 10 del Convenio 169 de la OIT sobre el sistema penal indígena, hoy que va entrar en vigencia el 10 de agosto del presente año en el Código Orgánico Integral Penal.

 

También hay que tener en cuenta los Arts. 156 y 157 de la Constitución de la República que tratan sobre los Consejos Nacionales de Igualdad, y el Art. 1 y 16 del Tratado Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

Dr. José García Falconí

Docente, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias

Políticas y Sociales, Universidad Central del Ecuador

Correo: josegarciafalconi@gmail.com

 



[1] Sentencia T-496/96 Los miembros de comunidades indígenas, como sujetos éticos, son y se ven como distintos y esa diferencia genera  modos de reflexionar diversos que no pueden ser equiparados con una inferioridad síquica o, en otros términos, con inmadurez sicológica o trastorno mental. De  acogerse una interpretación en tal sentido, se desconocería la capacidad de autodeterminación de los pueblos indígenas conforme a sus valores, además de enfatizarse una cierta connotación peyorativa: "retraso mental cultural". En ningún momento le es dable al Estado interferir en los parámetros culturales del individuo señalando, desde su punto de vista, las pautas que se debe seguir para "corregirlo". Este tipo de interferencia restaría eficacia al reconocimiento constitucional del pluralismo como pilar axiológico de nuestro Estado Social de Derecho, además de pretender desarrollar un concepto de sujeto referido a características que se creen "naturales" en el grupo que las predica. No quiere decir lo anterior, que el indígena que es juzgado a la luz del derecho penal, deba ser tratado siempre como alguien que conocía y comprendía la ilicitud de un acto. El juez, en cada caso, debe hacer un estudio sobre la situación particular del indígena, observando su nivel de conciencia étnica y el grado de influencia de los valores occidentales hegemónicos, para tratar de establecer si conforme a sus parámetros culturales, sabía que estaba cometiendo un acto ilícito. De determinarse la falta de comprensión del contenido y alcance social de su conducta, el juez deberá concluir que ésta es producto de una diferencia valorativa y no de una inferioridad en las capacidades intelecto-volitivas; en consecuencia ordenará devolver al indígena a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades.

[2]  Montaña Pinto, Juan. ?La autonomía jurídica y jurisdiccional en Colombia? en: Los Derechos Colectivos, et al,  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1ra. Ed., Quito- Ecuador.2009.

[3] Cuando se habla de la afectación a la comunidad esta debe de ser entendida no desde conceptos occidentales ni etnocentristas, sino desde cosmovisión pluricultural, en este caso en el momento en que alguien quita la vida de una persona en la comunidad no es una afectación inter partes, sino general ya que los indígenas lo ven como un detrimento a la colectividad, ya que esta persona coadyuvaba a mantener la propiedad colectiva, cazaba, pescaba y todo esto era para el grupo, es una relación sistémica entre el individuo personal, el territorio y el pueblo en que vive.

[4]  Gaviria, Carlos Sentencia T-496/96 ?En la noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, y uno de carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas. La solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, o si un indígena, de manera individual, incurre en ella afectando a quien no es miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo. En el primer caso, en virtud de consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una regla general de territorialidad?.

Change password



Loading..