Jurisdicción y Competencia Indígena

Lunes, 30 de junio de 2014

Jurisdicción y Competencia Indígena

Autor: Dra. Mariana Yumbay Yallico


Introducción

La competencia para conocer y resolver los conflictos nace de la Constitución de la República del Ecuador, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento que fue ratificado por el Estado Ecuatoriano, en el año 1998, en este instrumento se reconoce dicha competencia y jurisdicción en los artículos 8.2[i] y 9.1[ii]; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptado en el seno de la ONU, en su artículo 5[iii].

Si bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 171, establece que se adoptará una Ley de Coordinación y Cooperación entre los dos sistemas de justicia (justicia ordinaria y justicia indígena), sin embargo, aún no se cuenta con dicha norma secundaria, no obstante la falta de esta Ley no impide el ejercicio de este derecho colectivo, y como manifestaría la Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia T552 del 10 de julio de 2003, la ausencia de Ley de Coordinación no es óbice para la procedencia de la jurisdicción indígena, lo que comporta que en cada caso particular en que se presenten conflictos de competencia corresponderá al juez avanzar en la superación de dificultades que se derivan de la ausencia de criterios normativos de articulación.

Declinación de la Competencia a la Autoridad Indígena

El Código Orgánico de la Función Judicial desarrolla algunos elementos encaminados a alcanzar coordinación y cooperación tal es así, que en su Art. 345 prescribe sobre la Declinación de Competencia, que textualmente dice: Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación de la jueza o juez ordenarán el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena.

Esta dispone que, previo a la declinación de competencia se iniciará el trámite que se puede denominar sumarísimo, por su rapidez, de manera que, cuando la autoridad indígena reclame la competencia, la misma será demostrada a través de los mecanismos que considere pertinente, así mismo comparecerá ante el juez/a, a declara bajo juramente que efectivamente es la autoridad indígena, hecho lo cual, e juez de la jurisdicción ordinaria declinará la competencia a favor de las autoridades indígenas.

Considero que la petición puede ser presentada por escrito o a su vez comparecer a la judicatura y hacerlo verbalmente y la secretaria/o de dicha judicatura será el responsable de reducir a escrito.

La declinación de competencia es parte de la coordinación entre las dos jurisdicciones, hecho que ya se ha venido dando sin dificultades, tal es así que, las autoridades de la jurisdicción indígena han reclamado la competencia para resolver casos relacionados a la materia penal y habiéndose justificado conforme dispone el Art. 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces de la jurisdicción ordinaria han cedido la competencia y han remitido a las autoridades indígenas a fin de que conozcan y resuelvan de conformidad con lo previsto en el Art. 171 de la Norma Suprema.

Este proceso constituye parte de la construcción de una justicia intercultural así como un paso más en este proceso de construcción de un verdadero Estado Plurinacional.

La declinación de competencia a favor de la autoridad indígena, no implica que ese caso no será resuelto, y que por tanto quedará en la impunidad, pues, ?impunidad es una circunstancia que pone de relieve la ineficacia del sistema estatal, ya que no garantiza un acceso efectivo a la justicia, no protege los derechos, más bien permite que se vulneren derechos constitucionales de las personas. La falta de sanción a los responsables de violación de los derechos constitucionales y la escasez de procesos serios de investigación, producen impunidad?, siendo tanto los administradores de la justicia ordinaria como de la jurisdicción indígena los llamados a cumplir con el mandato constitucional que es tutelar los derechos de la ciudadanía.

De manera que, la declinar la competencia, lo único que ocurre es que, en el marco del respeto a las competencias que cada jurisdicción posee, así como, que tanto la jurisdicción ordinaria como la indígena tienen la misma jerarquía y por esa igualdad de condiciones sede al competencia a la autoridad indígena, lo que también puede ocurrir en forma viceversa, si esta lo requiere, permitiendo que las autoridades indígenas resuelvan de acuerdo a su cosmovisión, aplicando las normas y procedimientos propios de conformidad al derecho consuetudinario, aplicando las sanciones que consideren pertinentes de acuerdo , sin que  se atente a los derechos humanos que tiene la persona como el derecho a la vida.

En el caso colombiano, ha sido la Corte Constitucional, que en forma reiterada en varias resoluciones ha establecido ciertos mínimos jurídicos que deben ser respetados por las autoridades en la administración de justicia indígena, pues han afirmado que cualquier decisión  que desconozca el derecho a la vida, lesione la integridad de una persona o transgreda las prohibiciones de tortura y servidumbre, está constitucionalmente prohibida, por tanto, ha sido dentro de estos parámetros bajo los cuales han venido ejerciendo ese derecho colectivo.

Ámbito de Competencia de la Justicia Indígena

La autoridad indígena reclamará la competencia en las siguientes circunstancias:

a)    Cuando las partes, tanto el afectado/a, como el responsable son pertenecientes a dicha comunidad o pueblo indígena;

b)    Que el caso sujeto a conocimiento de la jurisdicción ordinaria constituye un conflicto interno de dichos pueblos, determinación que lo harán los propios pueblos;

c)    Cuando el hecho hubiese ocurrido dentro de su territorio, esta circunstancia es relativa, por cuanto, de acuerdo a lo prescrito en el Reglamento de Sustanciación de la Corte Constitucional, en su Art. 44.2 dice: ?Ámbito Territorial.- Se verificará que el asunto material del litigio haya ocurrido en las tierras o territorios de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas. Se entiende por territorio indígena a aquellos espacios territoriales donde se encuentran asentados y desarrollando su vida social, cultural, económica y política, así como en los territorios que habitualmente han sido utilizados por los pueblos?.

De la misa forma debe existir una autoridad indígena comunitaria con competencia para resolver dicho conflicto, al respecto cabe señalar que, existen comunidades, pueblos y nacionalidades done son las propias autoridades indígenas las que deciden no conocer un determinado caso y prefieren que sea la justicia ordinaria la que resuelva, sin embargo, esto es por decisión exclusiva de dichas autoridades hecho que debe ser respetado.

Uno de los principios de la justicia intercultural previsto en el Art. 344, literal d) del Código Orgánico de la Función Judicial dice: Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible.

Principio que será observado por todas las autoridades de la jurisdicción ordinaria, lo que permitirá que las autoridades indígenas resuelvan los casos de acuerdo a su cosmovisión, así mismo, se garantiza su autonomía, derecho reconocido tanto en la Carta Magna como en los instrumentos internacionales. Eugenio Raúl Zaffaroni, dice que la primera medida será detener la destrucción de las culturas ordinarias, lo que no significa condenarlas al estancamiento, sino proporcionarles los elementos para su propia dinámica. Para ello es elemental reconocerles su capacidad de resolución de conflictos y no entrometer el sistema penal legan en las soluciones comunitarias tradicionales que sean eficaces, esto constituye fortalecer la autonomía que los pueblos indígenas poseen.

La declinación de competencia, garantiza que nos e vulnere uno de los principios constitucionales como es el Non bis in Idem, que significa que, nadie podrá ser juzgado más de dos veces por la misma causa, ratificando que este principio es parte de aquellos derechos reconocidos en los diversos instrumentos internacionales y que por tanto deben ser respetados, porque así lo manda nuestra Norma Constitucional en su Art. 11.3, a esto se agrega que dichas normas son parte de nuestra legislación por así prescribir la Constitución en el Art. 425.

 

 

 

 



[i] Art. 8.2.- Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

[ii] Art. 9.1.- En la medida en que aquello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionales reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

[iii] Art. 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

 

 

Dra. Mariana Yumbay Yallico

Jueza de la Corte Nacional de Justicia

 

Artículo Publicado en la R. Ensayos Penales de la Corte Nacional de Justicia

 

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