Presentación
Durante las últimas dos
décadas, en gran parte de América Latina se implementaron reformas dirigidas a
mejorar el desempeño de los sistemas judiciales y fortalecer su independencia
frente a otras ramas del Estado y sectores con poder político o económico. Una
primera ola de estas reformas tuvo lugar como resultado de los procesos de
transición democrática por los que atravesaron países tras períodos de
dictaduras y represión gubernamental. Como parte esencial del retorno a la
democracia, se examinaron no sólo las responsabilidades de aquellos que
cometieron violaciones de derechos humanos ?fuerzas armadas y grupos
insurgentes?, sino también las fallas institucionales que habían permitido o
encubierto dichas violaciones, en particular las relacionadas con las
instituciones de justicia.
Fue
así como, primero en Argentina, y posteriormente en Chile, El Salvador, Perú y
Guatemala, las Comisiones de la Verdad, encargadas de dar cuenta de las
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los periodos de conflicto
armado o de dictaduras militares que vivieron dichos países, también evaluaron
el papel que los poderes judiciales habían jugado, y encontraron en todos los
casos que estos no cumplieron su rol de administrar justicia en pro de la
protección de las víctimas de los más graves crímenes, como detenciones
arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Hubo en términos generales
una grave abdicación de sus funciones. Las conclusiones de estas Comisiones de
la Verdad, con sus particularidades, coincidieron en señalar que los sistemas
judiciales durante los periodos analizados no eran independientes, sino que
estaban sometidos a las otras ramas del Estado, por lo que no fueron capaces
de atender con eficiencia sus deberes de investigación y sanción del delito,
sobre todo cuando de tal proceso se derivaba la responsabilidad de agentes
estatales.
Para
superar los problemas identificados, evitar la corrupción y aumentar la
transparencia y la accesibilidad de la justicia, se implementaron una variedad
de reformas institucionales que comprendían la redefinición de facultades y
procedimientos de los poderes judiciales y de sus altas cortes en ámbitos como
el gobierno judicial, los procesos de selección y evaluación, la elaboración de
sus presupuestos y el sistema disciplinario judicial. Para estos mismos
efectos, se crearon los consejos de la judicatura ?o de la magistratura? con
competencias en la selección de jueces y, en algunos casos, las evaluaciones de
desempeño. Se aprobaron leyes de carrera judicial a partir de las cuales se
reforzó la permanencia en el cargo o la inamovilidad de los jueces, y se
institucionalizaron programas de capacitación judicial para mejorar la
preparación técnica y la especialización. Otro aspecto clave de estas reformas
fue la modificación de las fórmulas para la selección de miembros de cortes
supremas o tribunales constitucionales, con el objetivo de posibilitar el
nombramiento de candidatos sobre la base de sus méritos y trayectoria
profesional, reducir el margen de arbitrio político en las nominaciones, y
ampliar la participación de otros sectores en la selección, como la academia,
los distintos gremios, y la sociedad civil.
Todas estas
iniciativas de reforma lograron avances importantes, pero también se encontraron
con obstáculos y limitaciones. Entre estas últimas, siguen ocupando un lugar
importante las presiones que los jueces reciben de aquellos que detentan el
poder político y económico, con el propósito de influenciar indebidamente en
sus decisiones. Aunque el marco constitucional y legal de los países
latinoamericanos asegura al poder judicial una independencia sin más res
tricciones que las legales, en la
práctica, las presiones y amenazas de otros actores estatales o poderes
económicos o fácticos siguen siendo problemas graves.
A partir del año 2008, se inicia en
América Latina otra etapa de reformas judiciales, liderada por varios países
sudamericanos -entre ellos Ecuador- que aprobaron constituciones innovadoras
que incorporaban cambios importantes en materia de justicia. La comunidad
regional e internacional concedió atención especial a estos nuevos procesos
reformistas en la medida que prometían más y mejores garantías para el respeto
de los derechos humanos, ampliando el catálogo de derechos y los mecanismos
para tornarlos exigibles. El éxito de estos cambios suponía el fortalecimiento
del poder judicial, pieza clave para la justiciabilidad de los derechos
contenidos en dichas constituciones. Como es bien sabido, estos vientos de
cambios constitucionales obedecieron a un proceso político más amplio y
complejo: el ascenso al poder político de las izquierdas del siglo XXI que, en
términos generales, ofrecían consolidar las democracias, mediante la reducción
de la inequidad social y económica, la inclusión de los sectores tradicionalmente
excluidos como los pueblos indígenas, y el amplio reconocimiento de derechos.
Para los efectos de esta presentación, baste decir que no obstante determinados
avances en políticas sociales, en Ecuador de hoy, la continua intervención del
poder ejecutivo en el ámbito judicial crea la condición de jueces subordinados
políticamente, que por esa razón, no pueden garantizar adecuadamente los
derechos reconocidos en la Constitución.
Katya
Salazar César Rodríguez G. Ernesto de la Jara
DPLF Dejusticia IDL
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