Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana

Jueves, 07 de agosto de 2014

 

Presentación

Durante las últimas dos décadas, en gran parte de América Latina se implementaron reformas dirigidas a mejorar el desempeño de los sistemas judiciales y fortalecer su in­dependencia frente a otras ramas del Estado y sectores con poder político o económico. Una primera ola de estas reformas tuvo lugar como resultado de los procesos de transición de­mocrática por los que atravesaron países tras períodos de dictaduras y represión gubernamen­tal. Como parte esencial del retorno a la democracia, se examinaron no sólo las responsabilida­des de aquellos que cometieron violaciones de derechos humanos ?fuerzas armadas y grupos insurgentes?, sino también las fallas institucionales que habían permitido o encubierto dichas violaciones, en particular las relacionadas con las instituciones de justicia.

Fue así como, primero en Argentina, y posteriormente en Chile, El Salvador, Perú y Guate­mala, las Comisiones de la Verdad, encargadas de dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los periodos de conflicto armado o de dictaduras militares que vivieron dichos países, también evaluaron el papel que los poderes judiciales habían jugado, y encontraron en todos los casos que estos no cumplieron su rol de administrar justicia en pro de la protección de las víctimas de los más graves crímenes, como detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Hubo en términos generales una grave abdicación de sus funciones. Las conclusiones de estas Comisiones de la Verdad, con sus particularidades, coincidieron en señalar que los sistemas judiciales durante los periodos analizados no eran independientes, sino que estaban sometidos a las otras ramas del Estado, por lo que no fueron capaces de atender con eficiencia sus deberes de investigación y sanción del delito, sobre todo cuando de tal proceso se derivaba la responsabilidad de agentes estatales.

Para superar los problemas identificados, evitar la corrupción y aumentar la transparencia y la accesibilidad de la justicia, se implementaron una variedad de reformas institucionales que comprendían la redefinición de facultades y procedimientos de los poderes judiciales y de sus altas cortes en ámbitos como el gobierno judicial, los procesos de selección y evaluación, la elaboración de sus presupuestos y el sistema disciplinario judicial. Para estos mismos efectos, se crearon los consejos de la judicatura ?o de la magistratura? con competencias en la selección de jueces y, en algunos casos, las evaluaciones de desempeño. Se aprobaron leyes de carrera judi­cial a partir de las cuales se reforzó la permanencia en el cargo o la inamovilidad de los jueces, y se institucionalizaron programas de capacitación judicial para mejorar la preparación técnica y la especialización. Otro aspecto clave de estas reformas fue la modificación de las fórmulas para la selección de miembros de cortes supremas o tribunales constitucionales, con el objetivo de posibilitar el nombramiento de candidatos sobre la base de sus méritos y trayectoria profesional, reducir el margen de arbitrio político en las nominaciones, y ampliar la participación de otros sectores en la selección, como la academia, los distintos gremios, y la sociedad civil.

Todas estas iniciativas de reforma lograron avances importantes, pero también se encon­traron con obstáculos y limitaciones. Entre estas últimas, siguen ocupando un lugar importante las presiones que los jueces reciben de aquellos que detentan el poder político y económico, con el propósito de influenciar indebidamente en sus decisiones. Aunque el marco constitucional y legal de los países latinoamericanos asegura al poder judicial una independencia sin más res­

tricciones que las legales, en la práctica, las presiones y amenazas de otros actores estatales o poderes económicos o fácticos siguen siendo problemas graves.

A partir del año 2008, se inicia en América Latina otra etapa de reformas judiciales, liderada por varios países sudamericanos -entre ellos Ecuador- que aprobaron constituciones innova­doras que incorporaban cambios importantes en materia de justicia. La comunidad regional e internacional concedió atención especial a estos nuevos procesos reformistas en la medida que prometían más y mejores garantías para el respeto de los derechos humanos, ampliando el catálogo de derechos y los mecanismos para tornarlos exigibles. El éxito de estos cambios suponía el fortalecimiento del poder judicial, pieza clave para la justiciabilidad de los derechos contenidos en dichas constituciones. Como es bien sabido, estos vientos de cambios constitu­cionales obedecieron a un proceso político más amplio y complejo: el ascenso al poder político de las izquierdas del siglo XXI que, en términos generales, ofrecían consolidar las democracias, mediante la reducción de la inequidad social y económica, la inclusión de los sectores tradicio­nalmente excluidos como los pueblos indígenas, y el amplio reconocimiento de derechos. Para los efectos de esta presentación, baste decir que no obstante determinados avances en políticas sociales, en Ecuador de hoy, la continua intervención del poder ejecutivo en el ámbito judicial crea la condición de jueces subordinados políticamente, que por esa razón, no pueden garanti­zar adecuadamente los derechos reconocidos en la Constitución.


Katya Salazar          César Rodríguez G.          Ernesto de la Jara

DPLF Dejusticia IDL


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