Hace falta mano dura

Por: Lic. Oswaldo Agustín Marcón
Licenciado en servici Social – Asistente Social especialista en minoridad – Mensión especial
junta federal de cortes y superiores tribunales de justicia de las provincias argentina

E S POCO POSIBLE QUE CONDUCTAS observables con cierta regularidad, que tienden a instalarse en el escenario social, no obedezcan a alguna lógica subyacente. Es decir a algún modo difundido e implícito de pensar, de valorar, de identificar problemas e imaginar causas y soluciones, a algún modo de visualizar relaciones inter-personales, inter-grupales e inter-comunitarias.. Es difícil que las casualidades se impongan sobre las causalidades.

Las severidades, vejaciones, tortura, privación de libertad personal o apremios ilegales, es decir los abusos en el ejercicio del monopolio de la violencia legítima por parte de personal policial, vienen instalándose en el escenario simbólico en cuanto tales. Es decir que vienen instalándose en cuanto hechos cuya aparición simboliza mucho más que el simple hecho porque transmite mucho más por ‘cómo’ el hecho es en sí mismo que por la ‘cantidad’ de hechos. Al margen del tratamiento cuantitativo o estadístico que el fenómeno merezca es evidente que tiende a ocupar cada vez más lugar en la agenda social, o sea en la constelación de temas que merecen la atención del público toda vez que aparece algún nuevo indicador.

Ante ello y sin excluir otros aspectos parecería pertinente la pregunta por el nivel de legitimidad paralela que socialmente podría estar construyéndose para que estos hechos sucedan. Es decir de un monto de legitimidad subterránea, ya suficiente como para que cause estas conductas específicas en los grupos sociales en los que implícitamente se deroga la responsabilidad operativa. Valdría preguntarse por el crecimiento de una legitimidad de catacumbas que nadie estaría dispuesto a admitir, una legitimidad fundante en primera instancia de los abusos mencionados. Mayoritaria o minoritaria, superior o inferior a otras épocas, pero con suficiente eficacia en el marco de la conciencia colectiva como para posibilitar los hechos.

Como las capas de una cebolla, lo que aparece en la superficie bajo forma de conductas desviadas se asienta sobre otra capa tras la cual subyacen otras que se sustentan una tras otra. Obviamente, desde el punto de vista de la responsabilidad, nadie puede argumentar esto para liberarse de culpa pero sí puede ser útil para aportar al esfuerzo explicativo. Este esfuerzo podría acercar la mirada hacia la complejidad causal y revisar la tendencia a las soluciones simples.

Si se aceptan estas ideas iniciales algunas preguntas cobran validez :

Quien desde la función policial abusa de su superioridad en perjuicio de un semejante en inferioridad de condiciones ¿satisface necesidades estrictamente personales o actúa en función de un mandato social implícito?

Si solo satisface necesidades personales es evidente que se está frente a un problema focalizado, susceptible de intervenciones correctivas posibles. Pero si se trata de una actuación en función de un mandato social implícito, o de un mandato social que incluye la satisfacción de necesidades personales, el asunto complejiza de sobremanera.

Si se da por existente tal mandato, podrían destinársele otras preguntas tales como ¿a qué necesidad social obedece? Y si obtuviéramos respuesta a la pregunta resultaría muy atractivo formular la que sigue ¿porqué tal necesidad no se explicita? ¿porqué no se hace socialmente evidente, socialmente consciente? ¿porqué no se le da existencia formal para su tratamiento? ¿porqué se mantiene subterránea? Retomando lo dicho al inicio ¿es posible alguna legitimidad ‘de catacumbas’? ¿continúa siéndolo? ¿o deja de ser auténtica legitimidad cuando necesita permanecer oculta?

¿Cuán conflictivo es lo que subyace, lo que causa el mandato social implícito para que se produzca el ‘apremio ilegal’? ¿Qué es lo que lo hace tan poderoso como para ser eficaz, actuar socialmente, pero a la par no someterse a la vigilancia de las razones públicas? ¿De qué se siente depositario, en definitiva, el operador material del ‘apremio…’? ¿Es en última instancia depositario de un mandato social implícito o sólo se asume erróneamente como tal? ¿O simplemente, y reiterando la pregunta, satisface necesidades personales?

Maravillosa virtud la de las preguntas cuando son genuinas : develan mayor potencial como generadoras de nuevas preguntas que como fuente de respuestas. Una última para finalizar ¿hay relación entre el título de este artículo y su contenido?

Lic. OSVALDO AGUSTÍN MARCÓN