ESTADO CONSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Jueves, 23 de febrero de 2017

ESTADO CONSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

 

 

Autor: Abg. David Crespo Cárdenas

 

El estado ecuatoriano se caracteriza por ser un estado constitucional de justicia y derechos, social. Ello caracteriza al tipo de estado vigente desde el año 2008,  razón por la cual, los viejos principios del Derecho Administrativo, dice el maestro Agustín Gordillo[1], como eran, en su momento, la indemandabilidad del soberano[2], la irresponsabilidad del soberano[3], los actos del  príncipe[4],la doble personalidad del Estado[5], la ?jurisdicción administrativa?[6];y, el  Poder de policía[7], fueron desapareciendo paulatinamente con la superación del estado absolutista por parte el Estado propio del  constitucionalismo liberal.

 

            Nos dice el mismo maestro argentino Agustín Gordillo[8]  que los principios antes referidos se fundaban en el hecho de que la concepción de soberanía radicaba en la misma cabeza del monarca como un atributo divino. De allí que solo sea en la etapa denominada por el autor, como ?intermedia?[9], que es la etapa final de evolución de este principio

??en la que se admiten la responsabilidad de los funcionarios estatales y de los suyos propios aun cuando fueran regulares y legales, así al resultar violado un derecho individual, debe haber siempre una indemnización, si el culpable no la puede dar, debe darla la sociedad. La posible insolvencia del agente público para afrontar el pago de las reparaciones exigibles no puede perjudicar al damnificado, el estado, responsable de los servicios será quien responda por dichas reparaciones.?

 

Por manera que el reconocimiento del principio de responsabilidad del Estado tiene una estrecha vinculación con Estado social de derecho en el cual existe una honda preocupación de la libertad del ser humano mediante la implementación de una serie de servicios sociales.

 

A propósito de ello la Corte Constitucional de Colombia en una memorable sentencia[10] estableció que:

 

?Si en el Estado de Derecho ningún funcionario puede actuar por fuera de la competencia que le fija con antelación el ordenamiento jurídico, ni es admisible tampoco que quien ejerce autoridad exceda los términos de las precisas funciones que le corresponden, ni que omita el cumplimiento de los deberes que en su condición de tal le han sido constitucional o legalmente asignados (arts. 122, 123, 124 y 209 C.P., entre otros), de manera  tal que el servidor público responde tanto por infringir la Constitución y las leyes como por exceso o defecto en el desempeño de su actividad (art. 6 C.P.), todo lo cual significa que en sus decisiones no puede verse reflejado su capricho o su deseo sino la realización de los valores jurídicos que el sistema ha señalado con antelación, es apenas una consecuencia lógica la de que esté obligado a exponer de manera exacta cuál es el fundamento jurídico y fáctico de sus  resoluciones. Estas quedan sometidas al escrutinio posterior de los jueces, en defensa de los administrados y como prenda del efectivo imperio del Derecho en el seno de la sociedad.

 

Por manera que en la estructura jurídico ? política del estado social del derecho, prevista en la Constitución de 2008, el exceso de la actuación del Estado a través de sus funcionarios públicos generaba como no podía ser de otra forma, una responsabilidad para éste, toda vez que existiendo el principio de legalidad administrativa, que determina la actuación del funcionario estatal, restringiendo al máximo la discrecionalidad en su actuar, acompañada de una garantía de orden constitucional como es la motivación de los actos administrativos; y, los principios del respeto a las libertades fundamentales  y de la razonabilidad en la actuación estatal, la que debe servir de fundamento inmediato o mediato a las decisiones de la Administración, es obvio concluir que un exceso de poder en la administración pública genera un grave perjuicio al ciudadano que debe ser resarcido.

 

 



[1] Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Parte General. Octava Edición. Fundación De Derecho Administrativo. Buenos Aires. 2003. Pág. 93 ? 94.

 

[2] ?El soberano no podía en el Estado de policía ser llevado ante los tribunales como un litigante común y tampoco pudo serlo el Estado moderno durante mucho tiempo, exigiéndose en nuestro país hasta 1900 contar con una venia especial del Congreso de todas maneras, aun superado ese aspecto del problema, todavía cuesta entre nosotros demandar al Estado y hay escasísimos jueces ante quienes hacerlo, con lo cual la denegación de justicia se produce materialmente .En algunas jurisdicciones locales hay lisa y llana denegación de justicia.?

[3] ?El Rey ?no podía dañar,? esto es, no cometía daños desde el punto de vista jurídico y por lo tanto era irresponsable por los daños materiales que causara; también el Estado constitucional fue durante mucho tiempo irresponsable por los perjuicios que ocasionara y recién en 1933 la Corte Suprema aceptó su responsabilidad extracontractual; pero ella todavía hoy dista bastante de ser satisfactoria, máxime cuando limitaciones económico financieras lo hacen recurrir a soluciones del pasado, como explicamos en el cap. IV.?

[4] ?Correlativamente con lo antes recordado, el acto del príncipe era como un acto de Dios, por encima del orden jurídico; su versión en el Estado constitucional fue la teoría de los ?actos de imperio,? primero y de los ?actos de gobierno? o ?institucionales,? después. Todavía hoy existen autores que sostienen una o ambas teorías, a pesar de su obvia desubicación histórica y jurídica.?

[5] ?En la época de las monarquías absolutas, en que el rey era indemandable, irresponsable, etc., se ideó la teoría del ?Fisco,? que venía a constituir una especie de manifestación ?privada? del soberano, colocada en un plano de igualdad con los particulares; de este modo se atemperaba en parte el rigor de la concepción soberana del rey. Suprimido el Estado de policía, abandonada la monarquía absoluta como forma de gobierno, no cabía sino llegar a la conclusión de que toda la personalidad del Estado era la misma y no precisamente igual que la del rey, sino que la del ?Fisco.? Sin embargo, casi todos los autores hablaron también de una ?doble personalidad? del Estado, como poder soberano y como sujeto de derecho; recién en los últimos años los autores argentinos han abandonado la distinción, pero todavía resta algún sostenedor de la concepción antigua.?

[6] ?En la vieja época monárquica existía la llamada ?justicia retenida?: el soberano decidía por sí las contiendas entre partes; luego se pasa a la ?justicia delegada,? en que el rey ?delega? la decisión a un consejo que sigue dependiendo de él, sin tener verdadera independencia como un tribunal de justicia.?

[7] ?En el Estado de policía se hablaba de un ?poder de policía,? que era un poder estatal jurídicamente ilimitado de coaccionar y dictar órdenes para realizar lo que el soberano creyera conveniente; al pasarse al Estado de Derecho la noción fue recortada, excluyendo el empleo ilimitado de la coacción, pero de todos modos se mantiene como instrumento jurídico no fundado conceptualmente y que frecuentemente desemboca en abusos.?

[8] Agustín Gordillo. La responsabilidad extracontractual por hechos y actos de la administración pública. Tesis. Buenos Aires. 1959.

 

[9] Antes de dicha etapa existen las siguientes etapas: época primitiva, época teleológica, época estatista, época de la indecisión, y época intermedia.

 

[10] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-371 de mayo 26 de 1999.

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