El Sintagma ?Debido Proceso?

Lunes, 09 de marzo de 2015

Análisis jurídico

el sintagma ?debido proceso?

Autor: Gustavo Calvinho (*)

 

 

      Ni bien se comienza a revisar con cierto detenimiento dentro de las fronteras del derecho procesal algunas expresiones de uso corriente, se advierte la redundancia que se presenta al adjetivar calificativamente los conceptos elementales. Quizá esta costumbre recibe una mayor tentación para concretarse sobre el término proceso: proceso jurisdiccional, proceso justo, debido proceso. Podría aceptarse hacer mención al sintagma proceso jurisdiccional en casos de referencias amplias y abarcativas de otros usos de la palabra proceso, como cuando designa la serie de operaciones de fabricación de una prenda de vestir o cuando es menester contraponerlo al proceso democrático de una nación. En ambos ejemplos, hemos excedido el campo específico del lenguaje procesal y de alguna manera apelar a los adjetivos calificativos ayuda a no confundir conceptos provenientes de diversos artes o ciencias, lo que o será tautológico o carecerá de sentido si nos limitamos al terreno de nuestra disciplina ?que no puede concebir proceso sin jurisdicción y perderá el tiempo proponiendo uno injusto o indebido?.

 

Origen del sintagma ?Debido Proceso?

Más allá de lo recién expuesto, se repite que el alumbramiento legal del sintagma debido proceso fue producto de un prolongado derrotero iniciado en la Carta Magna de 1215 y que concluyó con la V Enmienda de la Constitución de los EE.UU. luego de más de cinco siglos. Si lo analizamos rápidamente, encierra una idea tan simple como importante: el debido proceso es el proceso respetuoso de los derechos y las garantías de la persona humana que deben ser reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por las constituciones que lo reciben.

 

Planteamientos jurídicos sobre el ?debido proceso?

      En el debido proceso, pues, quedan plasmados segura e inamoviblemente el respeto al derecho de defensa en juicio, a ser juzgado por un tercero imparcial y la igualdad jurídica de las partes. Existen otros derechos y garantías presentes en los postulados que emanan de las constituciones y de los tratados internacionales de derechos humanos y ?si y solo si abrevan en éstos? en los preceptos que surgen de las normas, los principios procesales y las reglas procedimentales que elabora nuestra disciplina y eventualmente ?en casos específicos? las partes y los jueces.

      Según otra opinión, el punto de partida ineludible para el análisis de los principios que rigen al proceso no es otro que aquél que constituye la síntesis de los demás principios, englobado bajo el concepto de debido proceso legal[1].

      Como se observa, la idea sub examine se nutre y desarrolla imbricada en la de proceso. Entender qué es el proceso desde el plano constitucional y del de los derechos fundamentales nos conducirá hacia el respeto por el debido proceso.

      Apunta Osvaldo Gozaíni que el concepto de debido proceso, a partir de la Carta Magna, pero muy especialmente en la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, se ha desarrollado en tres sentidos: a) el del debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de ley y conformidad con ella en materia procesal; b) la creación del debido proceso constitucional o debido proceso a secas, como procedimiento judicial justo, todavía adjetivo, formal o procesal, y c) el desarrollo del debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad, entendido como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de los actos de autoridades públicas con las normas, principios y valores del derecho de la Constitución[2].

      Sin embargo, a nuestro juicio, el debido proceso no es otra cosa que el proceso, de por sí respetuoso de los derechos y garantías constitucionales y de los derechos fundamentales reconocidos en los pactos y tratados internacionales de los derechos humanos. Como el debido proceso es el proceso, no le vemos sentido a las distinciones que se practican entre uno y otro, a la vez que fijan estadios internos tales como debido proceso sustantivo y adjetivo: el procesalismo aún tiene mucho que brindar en la localización y desarrollo de la propia sustancialidad del proceso, comenzando por revisar la procedencia y delimitación sistémica y conceptual de lo que para algunos se entiende por sustancialidad y por adjetividad. El proceso como método de debate ?y no como fin en sí mismo? es la garantía de garantías para efectivizar derechos humanos en un marco democrático, que no debe ser confundido con meros procedimientos.

     

El proceso vinculado a los derechos humanos y la democracia

      Desde que los derechos humanos han sido reconocidos, declarados y garantizados en el sistema jurídico, es impensable que su protección, promoción y respeto pueda llevarse a cabo sin el soporte de un sistema de enjuiciamiento construido sobre los pilares que surgen de aquéllos.

      Si nos detenemos en el método de enjuiciamiento inquisitivo o inquisitorio, en líneas generales nos muestra un esquema de concentración de poder, actividades y protagonismo en la persona del juzgador preferentemente compatible con regímenes de caracteres autocráticos, pues pone el acento en la jurisdicción y no en las partes litigantes. Consecuencia directa de ello es que la imparcialidad y la independencia de la autoridad que decide no se encuentran sostenidas desde el sistema, que a su vez contiene pocos controles y excesiva discrecionalidad.

      En cambio, el sistema dispositivo o acusatorio permite diferenciar las actividades que se despliegan a lo largo del procedimiento, otorgando roles precisos tanto a la autoridad jurisdiccional como a las partes. Reconociendo que se trata de un método, promueve el debate de los contendientes en pie de igualdad y acepta el consenso de la autocomposición de manera previa a la resolución heterocompositiva.

La Democracia y el Poder Coercitivo regulados por el Procesalismo Penal

      En Latinoamérica, fue el procesalismo penal el que recién a finales del siglo XX comprendió en buena medida la correlatividad entre democracia y sistema acusatorio, pese a que las constituciones de la región consagraban ?algunas desde hacía más de una centuria, como la Constitución de la Argentina de 1853? dicho método de enjuiciamiento. Por tal motivo se viene generando una corriente ya no de simple reforma, sino de absoluto cambio sistémico del procedimiento penal, sobre todo en Chile, Perú, Colombia y parte del territorio argentino. Sin embargo, la influencia inquisitiva derivada de la tradición colonial pervive en códigos aún vigentes, sobre todo en materia no penal.

      En la actualidad, se está abriendo paso y marcando tendencia la aceptación de un paralelismo entre democracia y sistema acusatorio. Más aún, mucho se avanza inclusive en la vinculación entre sistema acusatorio y regímenes democráticos y entre sistemas inquisitivos y regímenes absolutistas[3].

      Estimamos que quizás haya que intensificar esfuerzos en la adecuación conceptual de la democracia, el proceso y el procedimiento considerando los derechos humanos, al tiempo que se deben afinar las ideas sobre sistemas de enjuiciamiento, principios del proceso y reglas procedimentales

      Empero, no tenemos dudas que el método de enjuiciamiento acusatorio en materia penal y el dispositivo en las restantes brinda el único proceso compatible con los derechos humanos y la idea de democracia que sostenemos, pues comparten fundamentos basales y posibilita a la persona su plena realización.

      En esta posición, si efectuamos un somero correlato entre derechos humanos, democracia y proceso, la dignidad de la persona humana se refleja en el proceso acusatorio o dispositivo tanto en la posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa en juicio como en el estado de inocencia del que goza todo acusado hasta que una sentencia que lo condene haya pasado a autoridad de cosa juzgada ?mejor dicho, caso juzgado?.

 

Principio fundamentales de la Igualdad Jurídica: el Consenso, el Diálogo, la Seguridad y la Libertad.

      La igualdad jurídica, constituye nada menos que un principio angular en el proceso que posibilita un debate sin preferencias ni privilegios que beneficien a una de las partes en detrimento de su oponente. Porque así como la persona humana es igual no por su ser, sino por su naturaleza, en el proceso el rico y el pobre, el grande y el pequeño, la mayoría y la minoría, el bueno y el malo, el fuerte y el débil tienen idénticas oportunidades de actuar, defenderse y ser oídos. Igualdad que se conjuga con la imparcialidad del juzgador.

      El consenso, que además de resultar un valor democrático se encuentra en la calidad de ser social ?socio? del hombre, también es recibido en el proceso, confiriendo a las partes el protagonismo en el impulso procedimental y reconociendo que si su derecho es transigible antes que sea involucrado en un litigio, de igual manera lo será durante el proceso, motivo por el cual podrán autocomponerlo.

      El diálogo, que nace de la propia persona humana y es imprescindible para la democracia, también lo es en el proceso acusatorio o dispositivo, ya que se sustenta en el debate entre las partes que a su vez debe ser ineludiblemente escuchado por la autoridad antes de pronunciarse. El objeto del proceso, remarcamos, es el debate.

      La seguridad, otro de los pilares del sistema democrático, es acogida en un método de enjuiciamiento que sigue reglas preestablecidas y conocidas que conecta las conductas, a la vez que brinda una resolución de los litigios priorizando el respeto del derecho por encima de los pareceres voluntaristas de quien decide.

      Y la libertad, finalmente, no sólo se mira en el espejo de la iniciativa de la acción procesal, de la pretensión, del impulso procedimental y de la autocomposición, tal como las acepta el sistema acusatorio o dispositivo. Porque el proceso como garantía de los derechos humanos en democracia, ni más ni menos, constituye el bastión de la libertad de la persona humana y la última esperanza para conseguir el definitivo respeto de los derechos que le pertenecen.

      Si bien con las recientes transformaciones del Estado debe aceptarse que los jueces decidan no sólo sobre cuestiones jurídicas, sino también sobre algunas con ribetes políticos, ello no los coloca por encima de la persona humana y sus derechos fundamentales. De allí que adquiera trascendencia capital la observancia de la garantía del proceso como método previo al dictado de las resoluciones que se le requieren, cuando van a afectar a una persona distinta al peticionante.

      Sin dudas, concluimos que el proceso es una garantía inherente a la propia naturaleza humana. Por consiguiente, a nuestro parecer, partiendo del hombre es dable encarar la construcción de una teoría del proceso sobre la base del respeto a los derechos fundamentales. Sin proceso, los derechos humanos quedan a merced del poder, fulminándose toda posibilidad de subsistencia de un mínimo respeto a la dignidad de la persona humana y de pervivencia de todo sistema democrático pro homine.

 

Conclusión

      Haciéndonos eco de los debates procesales actuales en el continente, donde básicamente se presentan los modelos jurisdiccionalista y humanista, hemos tomado partido por éste siguiendo principalmente las enseñanzas  de dos doctrinarios de pura cepa latinoamericana: Humberto Briseño Sierra y Adolfo Alvarado Velloso. De este modo, comenzando por la persona humana, titular de derechos inherentes a su condición, nos hemos planteado la necesidad y la factibilidad de bosquejar conceptualmente un proceso con derechos humanos, reflejándose como su derivación garantizadora. La teoría del garantismo procesal ha venido en nuestro auxilio, y se ha mostrado apropiada para construir un sistema de justicia desde el hombre que recurre a ella.

      Subrayamos la importancia que tiene para el derecho procesal la distinción conceptual entre proceso y procedimiento, estableciendo como punto de lanzamiento al derecho humano de peticionar a las autoridades. Con él aparecen las distintas posibilidades del instar; entre ellas, la acción procesal es la única que enlaza tres sujetos y da origen a un proceso. Las restantes vinculan solamente a dos, y por consiguiente dan vida a un procedimiento.

      Analizando el proceso, destacamos sus notas constitutivas: la conducta, la serie y la proyectividad ?que, a su vez, constituye su nota distintiva?. En definitiva, tenemos por proceso a una serie dinámica de actos jurídicos procedimentales que incluyen un significado procesal, que son recibidos por la otra parte a través de una autoridad que los proyecta. Este esquema asegura el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio de los litigantes, en igualdad de condiciones jurídicas, frente a un tercero imparcial, impartial e independiente.

      Continuando con el proceso, en apretada síntesis de algunos de sus puntos discutibles a los que nos referimos, recordamos que hemos concluido que la causa del proceso es el conflicto intersubjetivo de intereses, su razón de ser es la erradicación del uso ilegítimo de la fuerza, su fin es la sentencia y su objeto es el debate.

      Afirmamos que esta concepción del proceso ?como método de debate pacífico que, respetando reglas preestablecidas, se desarrolla entre partes antagónicas que actúan en condición jurídica de igualdad ante un tercero imparcial e independiente con el objetivo de resolver heterocompositivamente un litigio­? alojada en el sistema de enjuiciamiento dispositivo-acusatorio, sin dudas permite la plena efectivización de los derechos humanos. De allí que es posible encontrar el correlato entre proceso, derechos humanos y democracia. Preferimos no adjetivarlo, pero sin dudas es lo que también se denomina debido proceso.

      Al desarrollar el examen del procedimiento, destacamos como aspectos de relevancia la materialización de la conexión de conductas humanas, donde la nota distintiva la hallamos en la conexión. Procedimiento, entonces, es una sucesión de conexiones de actos jurídicos de distintos sujetos; de este modo, la sucesividad de conexiones origina lo procedimental. Y si posamos nuestra mirada sobre las instancias que integran todo procedimiento, rescataremos su carácter bilateral o simple pues conectan conductas de sólo dos sujetos: peticionante y autoridad.

      Para redondear sus diferencias, subrayamos la conceptualidad del proceso frente a la materialidad del procedimiento. Mientras todo proceso contiene un procedimiento, no todo procedimiento resulta ser un proceso ?ya que éste únicamente aparece en la acción procesal y no en las restantes instancias?. En consecuencia, el procedimiento opera como la forma material del proceso, que no puede tenerla de por sí, ya que no es acto material sino concepto significativo del acto.

      La imparcialidad del juzgador también puede ser considerada como un factor de distinción surgido de la propia estructura del proceso ?con tres sujetos, donde dos debaten en igualdad de condiciones y otro resuelve una vez finalizada la discusión? que no es posible verificar en el procedimiento ?donde hallamos sólo dos sujetos, uno que peticiona y otro que resuelve al respecto?. Nos inclinamos por adoptar un sentido amplio de imparcialidad, comprensivo de la imparcialidad propiamente dicha, la impartialidad y la independencia.

      En síntesis, la problemática de la efectivización de los derechos humanos en la teoría del proceso es más que un mero ejercicio académico: es un necesario y sano intento por coadyuvar a que el hombre sea el centro y fin del sistema. Y el garantismo procesal bien entendido tiene mucho que tributar ante el  bienvenido consenso en las necesarias reformas procesales latinoamericanas acerca de respetar los derechos humanos.

 



(*) Magíster en Derecho Procesal (UNR), profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Director de la Revista Latinoamericana de Derecho Procesal y del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral de Buenos Aires, profesor estable de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Miembro Titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal.

[1] Garderes, Santiago y Valentín, Gabriel, op. cit., p. 169, que si bien vuelcan esta idea en relación al proceso penal, bien podemos hacerla extensiva a todo proceso dado que es igualmente apropiada.

[2] Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Derecho procesal constitucional. El debido proceso, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 21.

[3] Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid, 1995, p. 636, nota 84.

Change password



Loading..