El Procedimiento Monitorio contemplado en el COGEP

Martes, 23 de febrero de 2016

 

Análisis Jurídico

El Procedimiento Monitorio contemplado en el COGEP

 

Autor: Dr. José García Falconí

Este artículo está dedicado a la memoria del Dr. Fernando Casares Carrera, ex Ministro Fiscal General de la Nación y ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con mi agradecimiento eterno por su amistad y la confianza que tuvo en mi persona, lo cual conlleva mi eterna gratitud; al amigo que dedico su vida a una recta administración de justicia, cumpliendo lo dijo Albert Einstein: ?Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida?. El lugar de reposo al lado del Ser Supremo nunca se lo va a destruir. Descanse en paz y que el Dios de amor y de bondad lo bendiga.

BASE CONSTITUCIONAL

El COGEP tiene su base constitucional en los Arts. 75, 82, 84, 168, 172 de la Constitución de la República; y sobre el sistema financiero tratan los Arts. 308 al 312 ibídem,

BASE LEGAL

Para entender esta clase de procedimientos, es fundamental tener en cuenta la disposición del Art. 18 del COFJ, cuyo análisis lo realice en mi libro Los Nuevos Principios Rectores de la Administración de Justicia.

El COGEP, en el Libro IV, trata sobre los procesos; y los clasifica en procesos: de conocimiento y de ejecución. El Título II, de dicho Libro IV trata de los procedimientos ejecutivos; y específicamente el Capítulo II, sobre el procedimiento monitorio, en los Arts. 356 al 361, cuyo texto a continuación transcribo.

 

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO MONITORIO

Artículo 356.- Procedencia. La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio, cuando se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas:

1.      Mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente de dicha deudora o dicho deudor.

2.      Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos, que sean de los que comprueban la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.

3.      Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor, para acudir al proceso deberá acompañar prueba que haga creíble la existencia de una relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.

4.      Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento educativo, u otras organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, asociaciones, u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el caso de servicios educativos.

5.      Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario se encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien.

6.      La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente, acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la reclamación y la prueba de la relación laboral.

Concordancias: Arts. 30 y 31 del COGEP.

Artículo 357.- Demanda. El procedimiento monitorio se inicia con la presentación de la demanda que contendrá además de los requisitos generales, la especificación del origen y cantidad de la deuda; o con la presentación del formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura.

En cualquiera de los casos, se acompañará el documento que prueba la deuda.

Si la cantidad demandada no excede de los tres salarios básicos unificados del trabajador en general no se requerirá el patrocinio de un abogado.

Concordancias: Arts. 142 y 143 del COGEP.

Artículo 358.- Admisión de la demanda de pago. La o el juzgador, una vez que declare admisible la demanda, concederá el término de quince días para el pago y mandará que se cite a la o al deudor.

La citación con el petitorio y el mandamiento de pago de la o del juzgador interrumpe la prescripción.

Si la o el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición, el auto interlocutorio al que se refiere el inciso primero quedará en firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y se procederá a la ejecución, comenzando por el embargo de los bienes de la o del deudor que la acreedora o el acreedor señale en la forma prevista por este Código.

Concordancias: Arts. 146, 157 y 377 del COGEP.

Artículo 359.- Oposición a la demanda. Si la parte demandada comparece y formula excepciones, la o el juzgador convocará a audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. Si no hay acuerdo o este es parcial, en la misma audiencia dispondrá se practiquen las pruebas anunciadas, luego de lo cual, oirá los alegatos de las partes y en la misma diligencia dictará sentencia, contra la cual solo caben la ampliación, aclaración y el recurso de apelación.

En este proceso no procede la reforma a la demanda, ni la reconvención.

Concordancias: Arts. 148, 153, 154, 253 al 266.

 

Artículo 360.- Intereses. Desde que se cite el reclamo, la deuda devengará el máximo interés convencional y de mora legalmente permitido.

Nota.- Hay varias tasas que establece el Banco Central del Ecuador.

Artículo 361.- Pago de la deuda. Si la o el deudor paga la deuda, la o el juzgador dispondrá que se deje constancia en autos y ordenará el archivo.

En cualquier estado del procedimiento las partes podrán acordar una fórmula de pago que será aprobada por la o el juzgador.

Concordancias: Arts. 235.

 

INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo los seres humanos en nuestro diario vivir, nos hemos visto involucrados en situaciones que implican algún tipo de controversia con nuestros semejantes, la manera como buscamos resolver tales conflictos, generalmente es de la confrontación; y el recurrir a las instancias judiciales (proceso) para resolver los problemas, estamos sometidos a la decisión de un tercero, juzgador, que en estricto apego a la Constitución de la República, tratados internacionales y leyes y a la prueba constante en el proceso, decide lo que corresponda.

Como dice la doctrina, el conflicto se presenta cuando existe una circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial, contrapuestos y excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición.

A partir del 20 de octubre de 2008, con la vigencia de la CRE, las instituciones procesales se han ido renovando para estar a tono con la doctrina del Socialismo del Siglo XXI que recoge el Art. 21 del COFJ, y con el Estado constitucional de derechos y justicia social que señala el Art. 1 de la CRE; de tal manera que dando cumplimiento a la garantías constitucional normativa establecida en el Art. 84 de la Carta Magna, la Asamblea Nacional dictó el Código Orgánico General de Procesos, que se encuentra publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015, el mismo que entró en vigencia en parte, en el mes de noviembre sobre el remate en línea y el 23 de mayo del presente año en su totalidad.

Debo señalar como dice la doctrina, que redactar un nuevo Código Procesal, significa examinar a fondo lo que se pretende reemplazar, esto es analizar con absoluta objetividad los aciertos y los errores  del CPC, cuya lentitud es una de las deficiencias procesales de mayor crítica por parte de la opinión pública y de los estudiosos de la materia.

El Dr. Néstor Arbito Chica al tratar sobre el COGEP, destaca que se trata de un cuerpo de leyes que unifican todos los procesos, pues antes existían normas procesales dispersas, lo cual estás en contra del principio de seguridad jurídica y fuera de cualquier planteamiento de gerencia de servicios; es ?como considerar que existan carreteras para cada medio de transporte, en lugar de una autopista unificada por la que puedan transitar todos los vehículos conservando sus particularidades; de tal manera que los livianos vayan a una velocidad, los pesados a otra y que la motos y bicicletas tengan una franja especial y determinada. A nadie se le ocurriría construir una carretera para cada tipo de vehículos?. Agrega, que: ?La construcción de esta propuesta normativa, además de cumplir con el mandato constitucional que obliga la adopción de la oralidad en todo el sistema procesal ecuatoriano, se configura con una excelente y adecuada oportunidad para discutir planteamientos necesarios de gerencia de servicio, política judicial y modelos de gestión orientados a brindar una mejor atención judicial a la ciudadanía a través de la aplicación de criterios gerenciales que busquen la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio; concluye manifestando: ?Ante esto y desde una visión de administración del servicio, nos preguntamos si es necesario que todos los procesos tengan que durar tanto tiempo. La solución tal como la hemos dicho antes, no se asienta solamente en la reforma normativa, sino en que, aprovechando esa reforma, se cuente con nuevos procesos que se adapten a necesidades distintas y que, en tiempos acordes a la temática controvertida, puedan dar respuesta ágil y oportuna?; y de esta manera dicho jurista manifiesta que el COGEP que en la mayoría de países se lo aplica, en los otros este proceso monitorio es novedoso.

La pluralidad de trámites que contemplaba el Código de Procedimiento Civil, que está vigente hasta el 22 de mayo del presente año, pues el 23 de dicho mes entra en vigencia el COGEP, era una de las causas de la mala justicia en el país, además del sistema de escritura, por lo que se ha implementado el principio de oralidad como una de las bases estructurales del COGEP, que contiene 439 artículos, lo cual como lo manifiesta el procesalista Nieto Alcalá-Zamora, la extensión de un Código Procesal es de 700 artículos y el limite máximo tolerables son 800; mientras que el Código de Procedimiento Civil tiene 1006 artículos.

Una de las grandes innovaciones es la implementación del procedimiento monitorio, que lo voy a tratar en este artículo, dedicado al gran jurista Dr. Fernando Casares Carrera.

En síntesis, el Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, ha manifestado reiteradamente que uno de los objetivos del COGEP, es acortar los plazos que duran los trámites que demoran un proceso, que no va a suceder lo que pasaba en el Código de Procedimiento Civil que existían más de ochenta trámites, que la justicia va a ser ágil y oportuna conforme señalan los Arts. 75 de la Constitución de la República y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, y que de este modo se va a cumplir el principio de economía procesal que tiende a evitar pérdida de tiempo, de esfuerzos y de gastos.

En el trabajo que estoy preparando, titulado ANÁLISIS JURÍDICO TEÓRICO PRÁCTICO DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, en varios tomos, señalo que la Exposición de Motivos de dicho cuerpo de leyes, establece como el mal endémico de la justicia la demora en su tramitación, la lentitud de los procesos que causan indignación a la ciudadanía. De tal modo que el nuevo sistema del proceso oral por audiencias que establece el Art. 4 del COGEP va evitar esta demora, esto es como dice el Dr. Gustavo Jalkh, un proceso oral no va a durar más de ocho meses, mientras que con el CPC duraban años.

Primeramente, debo señalar, que el proceso monitorio es un modo procesal que se basa en la aseveración documentada reclamada por el actor sobre la cual el juzgador se manifiesta aceptándola o no, y formula su requerimiento de pago en la cual se cita al demandado, quien podrá pagar u oponerse.

El interés por el procedimiento monitorio no viene motivado, exclusivamente por una curiosidad estrictamente jurídica, sino también y muy principalmente por razones eminentemente prácticas, pues con la regulación de este procedimiento se intenta la protección más justa y eficaz de una institución tan importante en nuestros días como es el crédito; recordando que el sistema financiero está regulado en la CRE en los Arts. 308 al 312.

Efectivamente el procedimiento monitorio tiende a la satisfacción rápida y segura de un crédito exigible, consistente en una obligación vencida de una cantidad líquida en dinero, aun cuando en otras legislaciones procede respecto también a bienes muebles.

La fase de cognición que a esta reclamación suele preceder antes de su efectiva satisfacción, desaparece o mejor dicho queda relegada en su plenitud para un momento posterior, al despacho del mandato condicional de pago; de esta manera el procedimiento monitorio se fundamenta en una petición del acreedor insatisfecho ante el juzgador competente para que este convierta en ejecutiva su pretensión, salvo oposición fundada del deudor.

Es obvio que este tipo de procedimiento donde primero se da la ejecución y solo después la cognición abreviada se debe a fundamentadas razones de justicia de fondo y de economía procesal, pues como lo señala la nueva teoría general del proceso en la que se fundamenta el COGEP, el orden procesal, es precisamente en este caso el inverso al normal y exige al comienzo la declaración y, por último la ejecución de lo declarado, ya por venir incorporada a un documento, o a una declaración, que se supone incontestables o que, en el caso de que no lo sean, siempre queda abierta la posibilidad de oposición.

Por ello como dice la doctrina y lo señala con razón el tratadista Calamandrei, que el proceso monitorio supone una inversión de la carga del contradictorio, o lo que es lo mismo, el anudar a la rebeldía del demandado la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión del autor.

El procedimiento monitorio consta en muchas legislaciones de países del primer mundo, como Alemania, y todos ellos responden como bien lo señala el tratadista Liebman, han sabido ver con sagacidad ?a un origen histórico común, a un problema práctico único: el de ofrecer a determinados créditos privilegiados, provistos de una prueba particularmente fuerte, el medio de llegar a la ejecución por un camino mucho más rápido que el juicio ordinario??, por lo que se hacía necesario la implementación de este procedimiento en nuestro ordenamiento jurídico.

 

¿QUÉ COMPRENDE EL APRENDIZAJE DEL DERECHO PROCESAL?

Soy profesor durante más de dos décadas en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, el centro de estudio más importante que existe en el país, en la materia de derecho procesal civil, que como manifiesta el diseño microcurricular comprende un estudio minucioso sobre las reglas de litigación en los procedimientos civiles, tales como los tipos de juicios que corresponden de acuerdo a los derechos subjetivos vulnerados, las vías en que se sustanciaran las mismas, la jurisdicción, competencia, las personas que pueden comparecer y las formas de concurrir a juicio, requisitos de la demanda, tiempo para proponerla, las formas de contestar las mismas mediantes las excepciones de manera perentoria y dilatoria, los efectos y forma de citaciones y notificaciones, las juntas y audiencias contempladas en el CPC, conformación de la causa y los presupuestos procesales, identificación de las acciones, la sentencia, la cosa juzgada y la preclusión.

Conforme he manifestado en varios trabajos, nuestro Código de Procedimiento Civil, que cesa su vigencia el 23 de mayo de 2016, es excesivamente ritualista, por lo que no es manejable positivamente para los operadores de justicia, y peor aún para los usuarios y alguna de sus disposiciones contrarían las normas constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos.

Hay que aclarar que el CPC se inspiró en los Códigos de Enjuiciamiento Civil peruano y español de 1855, y cuya reseña consta en la exposición de motivos del COGEP.

De tal manera que el aprendizaje del derecho es difícil pues hay que abrir la mente y los ojos al proceso de cambio que vive el país, y tener muy en cuenta 4 circunstancias, que son:

1. el litigio, que es el presupuesto.

2. la acción, que es el punto de partida;

3. el proceso, qué es el recorrido; y,

4. La jurisdicción, que es el punto de destino.

Así lo señala el tratadista Alcalá Zamora, quien recomienda que el examen de un Código debe hacerse en su estructura y longitud; además en su orientación técnica, legislativa y terminología; y que también los artículos deben ser claros y concretos.

La exposición de motivos de los varios proyectos del COGEP, señalan que tienen influencia en las legislaciones: uruguaya, peruana, colombiana, panameña y mexicana; pero en realidad también se menciona y es fundamental el Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Modelo para latino América; hubiera sido interesante que también se revise el CPC italiano; el de la República Federal Alemana; el de Francia, el de Austria y especialmente el de España, pues las antes mencionadas legislaciones han contribuido a la aseveración y simplificación del proceso.

 

¿POR QUÉ SE LLAMA CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS?

 

Si bien el Art. 133 de la CRE, señala que hay leyes orgánicas y leyes ordinarias, éste cuerpo de leyes, se llama CÓDIGO, porque encierra realmente una verdadera unificación de disposiciones legales en materia procesal, y se trata de una ley única, con un plan, un sistema y un método que regula progresivamente los procesos en diversas materias.

Se llama ORGÁNICO, porque trata de derechos constitucionales, conforme lo señala el Art. 133 de la CRE; esto es tiene un rango superior a las leyes ordinarias.

Se llama GENERAL, porque se refiere a un amplio campo de materias, como son el procedimiento: civil, laboral, contencioso tributario, contencioso administrativo, de familia, mujer, niñez y adolescencia y de inquilinato; esto es cualquier otra que no sea procedimiento penal, electoral y constitucional.

Se llama de PROCESOS, es decir regula la sucesión de actos dirigidos a la aplicación del derecho a un caso concreto.

El tratadista Sentis Melendo, al respecto manifestaba: ?Todo en la vida tiene su proceso, el cual se realiza mediante un procedimiento, es decir que el proceso es un caminar hacia adelante, un avanzar?. El maestro Guaso, dice: ?El derecho procesal es un conjunto de normas que tienen por objeto el proceso, que recaen sobre el proceso como conjunto armónico, por lo que su nombre no debe ser otro que Código Procesal y no Código de Procedimientos?.

La exposición de Motivos del COGEP, dice que el proceso: ?Es el instrumento necesario y esencial para que la función judicial se realice, toda vez que no es posible concebir la aplicación del derecho por virtud de los órganos estatales preinstituidos sin que le haya precedido un proceso regular y válidamente realizado. Los actos que las o los juzgadores y las partes realizan, en la iniciación, desarrollo y extinción del mismo tienen carácter jurídico porque están preordenados por ley instrumental?.

Sobre este importante tema trato con detalle en la obra que saldrá a circulación luego de unas semanas.

 

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