EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN EL COGEP

Lunes, 18 de julio de 2016

EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN EL COGEP

 

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

La estructura procesal de cada ordenamiento jurídico varía en relación a su experiencia judicial, normativa, doctrinaria, histórica y a los usos; y costumbres de cada estado, es por ello, que en la búsqueda de la justicia, la paz, la tranquilidad, la seguridad, el orden, el respeto normativo, la solución de conflictos e incertidumbres entre otras finalidades perseguidas por el derecho y el proceso, dentro de este Código Orgánico General de Procesos se determina la aplicación del procedimiento ejecutivo, que realmente no es nuevo, ya que dicho proceso ya existía anteriormente.

Proceso que deviene de la estructura tradicional del Derecho de las obligaciones, ya que se construye sobre el postulado de la autonomía de la voluntad, según el cual los particulares, personas, en tanto sujetos de derechos y obligaciones, pueden celebrar convenciones con sus semejantes, a efectos de regular las relaciones que los vinculan, en plano de igualdad.

No obstante el procedimiento ejecutivo es un procedimiento de naturaleza contencioso de aplicación general o especial que tiene por objeto, velar por el pleno cumplimiento de una obligación indubitada, que el deudor no cumplió oportunamente, por lo cual es necesario que lo analicemos de la siguiente manera:

1.- Clasificación de los Títulos Ejecutivos y Procedencia:

Previo a efectuar esta delimitación, es necesario hacer alusión a lo manifestado por Manuel Sánchez Palacios, quien determina que el juicio ejecutivo es un juicio especial, sumario y provisional, ?lo primero porque tiene una tramitación propia, lo segundo porque es un juicio breve en su tramitación y lo último porque la sentencia que en él recae, durante cierto tiempo no produce la excepción de cosa juzgada, ya que puede ser controvertida en juicio ordinario.?[2]

 

Esta definición nos conlleva a fijar cuando se hace referencia a un proceso, confluir en el entendimiento de que se evoca una actividad mediante la cual se obtiene un resultado, y, generalmente, se suele asociar con el concepto de procedimiento, y en ningún ámbito esto es más evidente como en el Derecho Procesal, ya que basta recordar que nuestro Derecho Procesal se refiere, a ?procedimientos?, siendo oportuno entonces proceder a delimitar cuales son los títulos ejecutivos, mismos que son aquellos que siempre contengan obligaciones de dar o hacer, entre los cuales el Código Orgánico General de Procesos delimita, que son los siguientes:

 

1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente.

2. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas.

3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión judicial.

4. Letras de cambio.

5. Pagarés a la orden.

6. Testamentos.

7. Transacción extrajudicial.

8. Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos.[3]

Debiendo puntualizar, que para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible, además que cuando la obligación es de dar una suma de dinero debe ser, líquida o liquidable mediante operación aritmética. Si uno de los elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia de este.

Se considerarán de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de pagos. Cuando se haya cumplido la condición o si esta es resolutoria, podrá ejecutarse la obligación condicional y si es en parte líquida y en parte no, se ejecutará en la parte líquida.

Si la obligación es en parte líquida, la o el actor acompañará una liquidación pormenorizada siguiendo los criterios establecidos en el título.[4]

2.- Sustanciación del Procedimiento Ejecutivo:

2.1.- Este procedimiento inicia con la presentación de la demanda, misma que debe contener los requisitos establecidos en el Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos, es decir:

 

1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone; 2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado; 3. El número del Registro Único de Contribuyentes en los casos que así se requiera; 4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado; 5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados; 6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad y precisión; 7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos; 8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso; 9. La pretensión clara y precisa que se exige; 10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento; 11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa; 12. Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del defensor.[5]

 

La demanda se propondrá acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo. La omisión de este requisito no será subsanable y producirá la inadmisión de la demanda.[6]

2.2. Denegación del Procedimiento:

Si la o el juzgador considera que el título aparejado a la demanda no presta mérito ejecutivo, denegará de plano la acción ejecutiva.[7]

2.3. Inicio del proceso:

La o el juzgador calificará la demanda en el término de tres días, si el ejecutante acompaña a su demanda los correspondientes certificados que acrediten la propiedad de los bienes del demandado, con el auto de calificación podrán ordenarse providencias preventivas sobre tales bienes, hasta por el valor que cubra el monto de lo reclamado en la demanda.

 Sin perjuicio de los certificados, no se exigirá el cumplimiento de los demás presupuestos previstos para las providencias preventivas, dejando constancia que también podrá pedirse embargo de los bienes raíces, siempre que se trate de crédito hipotecario. En todo caso, las providencias preventivas podrán solicitarse en cualquier estado del juicio en primera instancia.

2.4. Contestación a la demanda:

La o el demandado al contestar a la demanda podrá: 1. Pagar o cumplir con la obligación, 2. Formular oposición acompañando la prueba; 3. Rendir caución con el objeto de suspender la providencia preventiva dictada, lo cual podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la sentencia; y, 4. Reconvenir al actor con otro título ejecutivo.[8]

Si la o el deudor dentro del respectivo término no cumple la obligación, ni propone excepciones o si las excepciones propuestas son distintas a las permitidas para este tipo de procesos, la o el juzgador en forma inmediata pronunciará sentencia mandando que la o el deudor cumpla con la obligación. Esta resolución no será susceptible de recurso alguno.[9]

2.5. Excepciones que se pueden plantear:

Dentro de este procedimiento ejecutivo la oposición solamente podrá fundarse en estas excepciones:

1. Título no ejecutivo.

2. Nulidad formal o falsedad del título.

3. Extinción total o parcial de la obligación exigida.

4. Existencia de auto de llamamiento a juicio por delito de usura o enriquecimiento privado no justificado, en el que la parte demandada del procedimiento ejecutivo figure como acusadora particular o denunciante del proceso penal y el actor del procedimiento ejecutivo sea el procesado.

En caso de que el auto de llamamiento a juicio sea posterior a la contestación a la demanda, la o el demandado podrá adjuntarlo al proceso y solicitar su suspensión.[10]

2.6. Audiencia:

Si se formula oposición debidamente fundamentada, dentro del término de tres días se notificará a la contraparte con copia de la misma y se señalará día y hora para la audiencia única, la que deberá realizarse en el término máximo de veinte días contados a partir de la fecha en que concluyó el término para presentar la oposición o para contestar la reconvención, de ser el caso.

La audiencia única se realizará en dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. Culminada la audiencia la o al juzgador deberá pronunciar su resolución y posteriormente notificar la sentencia.

De la sentencia cabrá apelación únicamente con efecto no suspensivo conforme con las reglas generales previstas en este Código. Para la suspensión de la ejecución de la sentencia el deudor deberá consignar o caucionar el valor de la obligación, dejando en claro que no será admisible el recurso de casación para este tipo de procesos.[11]

3.- Características Principales del Procedimiento Ejecutivo:

a)      Se requiere demanda y el título que debe ser cierto, líquido y exigible;

b)      El titulo debe satisfacer la obligación;

c)      Dentro del desarrollo de la Audiencia se debe garantizar el principio de contradicción el mismo que podrá versar por ejemplo sobre la inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el titulo; la nulidad formal o falsedad del título ejecutivo; La extinción de la obligación exigida; o las Excepciones y defensas previas.

d)      Las partes están en situación de desigualdad, ya que se parte del principio de culpabilidad del deudor;

e)      Es un proceso breve, que busca garantizar el principio de celeridad;

f)        Admite diversas alternativas según la obligación que se persigue, teniéndose en claro, que solo se puede plantear ciertas excepciones;

g)      La cuantía gira en relación al valor determinado en el titulo ejecutivo.

 

4.- Sujetos del proceso ejecutivo:

Podría decirse que básicamente los sujetos del proceso ejecutivo son: El ejecutante, quien posee la legitimatio ad causam activa, es decir que figura en el título como acreedor y por ende goza del principio de certeza.

El ejecutado, quién posee la legitimatio ad causam pasiva, es decir figura en el título como deudor, y por ende se le irroga un cumplimiento que puede ser contradicho.

El juez y sus auxiliares jurisdiccionales, quienes preparan la intimación, las notificaciones, la ejecución, el embargo, la sentencia, el remate, etc.[12]

 



[1] Abogado, conferencista y escritor. 

Correo:  scor1719@hotmail.com

[2] Ariamo Deho Eugenia (1996) El Proceso de Ejecución. Lima, Ed. Rodhas p. 169

[3] Código Orgánico General de Procesos, s. f., Art.347.

[4] Ibíd., Art. 348.

[5] Ibíd., Art. 143

[6] Ibíd., Art.349.

[7] Ibíd., Art.350.

[8] Ibíd., Art.351.

[9] Ibíd., Art.352.

[10] Ibíd., Art.353.

[11] Ibíd., Art. 354.

[12] Rodríguez Domínguez, Elvito (2003) Manual de Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed., Trujillo, Ed. Grijley

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