El Papel de las Defensorías del Pueblo

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

CONSTRUCCION DE POLITICAS PUBLICAS Y DE DERECHOS HUMANOS
El Papel de las Defensorías del Pueblo

Por: Dra. María Elena Moreira
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.
Profesora de Derechos Humanos de la PUCE Quito-Ecuador.

 

El Estado, servidor del ciudadano

Quiero iniciar mi exposición con este sugerente tema, del que habla Roman Herzog, para dar algunos lineamientos de lo que en América Latina ha significado y significa la tarea de construir políticas públicas y de derechos humanos. Para ello, debemos remitirnos al término de "Estado de derecho", que es un concepto de permanente actualidad y de gran trascendencia, que como tal encierra el peligro de cada individuo lo interprete de manera diferente.

Para Herzog, una concepción adecuada de "Estado de derecho", podría ser aquélla, "según la cual no es el hombre el que está al servicio del Estado, sino el Estado en función del hombre"1. Esto significa para el autor, que Estado de derecho es aquel que posibilita al hombre mostrarse tal como es y que, a su vez, actúa en beneficio de los ciudadanos. En este Estado de derecho, se debe tomar en cuenta todas las diferentes opiniones que surjan de los distintos sectores sociales. Para ello es menester conceder a los hombres amplia libertad para desarrollar su vida de la forma en que les parezca más correcta. En cualquier caso que intervenga, el Estado debe hacerlo de tal modo que su injerencia sea limitada, previsible y calculable. Por ello, las herramientas con las que cuenta un Estado que desea cumplir este objetivo serán siempre: la democracia, los derechos humanos y el desarrollo, trípode conceptual del cual habla ya la Declaración de Viena de 1993.

Los derechos humanos
y su importancia para América Latina

Ayala Lasso, ha señalado en algunas ocasiones, que el Continente americano tiene el alto orgullo de ser considerado, no sólo por tratadistas americanos sino universales, como el precursor del movimiento de los derechos humanos en el mundo, que surge en los pueblos de la región junto a su búsqueda de la libertad y como reacción a situaciones discriminatorias y de oprobio para amplios grupos sociales. 2

La incorporación de los principios universales de derechos humanos en los países latinoamericanos ha sido satisfactoria. Así, de los cincuenta y dos tratados internacionales sobre derechos humanos, adoptados en el marco de las Naciones Unidas, los países latinoamericanos han aprobado, en conjunto, un promedio de treinta y cinco tratados. Este hecho coloca al continente americano en el segundo lugar de reconocimiento de las normas universales de derechos humanos, luego de los países europeos.

Sin embargo, como todos conocemos, la puesta en práctica de los postulados teóricos de derechos humanos ha tropezado con un sinnúmero de dificultades que surgieron con el advenimiento de las dictaduras militares americanas, durante las décadas de los sesenta y setenta, así como con la agudización de la crisis económica que se inició en los ochenta y que hoy coloca al continente ante un panorama preocupante y desalentador, en el cual los derechos humanos siguen siendo para amplios sectores de la población, simples enunciados que no se traducen en mejor calidad de vida.

Bajo este marco conceptual, es importante no perder de vista la relación tripartirta: democracia, derechos humanos y desarrollo. A pesar del panorama pesimista que se presenta para América Latina, en el tema de los derechos humanos, vale la pena rescatar que el Continente ha constituido un modelo para el mundo, pues, en menos de dos décadas, se ha consolidado la democracia y ha surgido una dinámica y activa presencia de la sociedad civil en el desarrollo político, social y económico. Quizá como en ninguna otra región en desarrollo, en América Latina, a pesar de las dificultades, la causa de los derechos humanos infunde respeto y es privilegiada. Bien se puede argumentar que el continente ha vuelto a recuperar su papel de liderazgo en este campo y que se dirige hacia el nuevo siglo con notable madurez política que permite el imperio de la Ley y fomenta unaauténtica cultura de los derechos humanos.

Las políticas públicas y de derechos
humanos en América Latina

El papel de liderazgo en derechos humanos, América Latina lo sigue manteniendo. Es cierto que en un continente empobrecido y subdesarrollado, como consecuencia de factores internos y externos, es sumamente difícil lograr conjugar la relación tripartita, derechos humanos, democracia y desarrollo. La pobreza del continente ha provocado incluso, brotes esporádicos de ruptura democrática en algunos de nuestros países, en fechas recientes. Pero, sin embargo, el espíritu de libertad y de fortalecimiento de la democracia sigue vigente, a pesar de los avatares.

En este desafiante panorama para el continente americano la tarea de elaborar políticas públicas y de derechos humanos es aún más difícil.
Mucho se ha discutido sobre los efectos que el fenómeno de la globalización ha ocasionado en el concepto tradicional de Estado, que según algunos, ha perdido el peso que tradicionalmente tenía, cediendo espacios frente a dos fenómenos claves: la relativización del concepto de soberanía y el creciente influjo y poder de las empresas transnacionales.
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Luego de algunos ensayos económicos sobre el tema de la reforma del Estado en América Latina, los países han tomado conciencia que no existe una receta única para todos los países en desarrollo, y menos para todo el continente americano. Algunos analistas están hablando por ello, de volver a mirar los ojos hacia un Estado renovado, no paternalista ni patriarcal, en el que la agenda política de la reforma estatal, esté orientada a articular el desarrollo económico con el bienestar social y el fortalecimiento de la democracia. Esta tarea, como es obvio, no se puede dejar en manos de los mercados liberales, ni de las transnacionales.

Le corresponde al Estado, juntamente con la sociedad civil en desarrollarla. Este desarrollo deberá ser integrado, es decir, la expansión de los mercados, atada a la consolidación de los regímenes democráticos y la realización de los derechos sociales. Así se estará cumpliendo el principio que el Estado es servidor del ciudadano y no el ciudadano servidor del Estado. La reforma del Estado y, por ende, la elaboración de políticas públicas en derechos humanos, debe estar dotada de racionalidad, que en esencia, debe ser el logro del bienestar y la participación de los ciudadanos. Tal proceso debe ser inclusivo, no excluyente, orientado a cautelar los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.

Instituciones nacionales y planes nacionales de derechos humanos en América Latina

Con este nuevo panorama, la elaboración de políticas públicas y de derechos humanos se vincula másestrechamente con la relación democracia, derechos humanos y desarrollo. En la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos instó a los Estados a crear o fortalecer las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Existen en América Latina destacados ejemplos de instituciones nacionales de derechos humanos y de defensores del pueblo, que con carácter independiente desempeñan un importante papel de protección en sus respectivas sociedades. Urge, en primer lugar, ampliar el número de estas defensorías independientes para que la ciudadanía latinoamericana cuente con instancias protectoras que vigilen a los gobiernos y les exijan cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Otro importante mecanismo de defensa y protección, propuesto también en la Conferencia de Viena, es el establecimiento de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Unos pocos países de América Latina ya cuentan con innovadores programas de acción, pero es necesario que más Estados de la región tomen la iniciativa de elaborar sus propios planes, con claros objetivos que cubran diversos sectores de protección, con determinación de plazos y métodos de trabajo, con mecanismos de control y de evaluación, a fin de conseguir rápidos progresos en la esfera de los derechos humanos.

En este sentido, el Plan Nacional de Derechos Humanos ecuatoriano constituye un ejemplo para el continente, que ha estado dotado de racionalidad y de participación ciudadana, según ya lo habíamos comentado. Este proceso de participación ha sido totalmente inclusivo. En él han participado todos los sectores sociales y vulnerables de la sociedad ecuatoriana. El proceso de consulta, eso sí ha sido largo y complejo, como complejos son los problemas que afronta el país en todos los órdenes. Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía ha sido encomiable. Todos los sectores sociales han elaborado su propio plan operativo de acción, y en todas las regiones del país en que estos planes operativos han sido consultados, se ha enriquecido el proceso con mayores y mejores ideas. La puesta en marcha de un Plan Nacional de estas características no es nada fácil. A pesar de que el Plan tiene objetivos concretos dirigidos a proteger a varios sectores sociales y mecanismos de evaluación, como la Comisión Permanente de Seguimiento, integrada por representantes del Estado y de la sociedad civil, afronta dificultades que deben ser superadas, con el diálogo, el consenso y el trabajo mancomunado del Estado y de los ciudadanos. Este es un trabajo que no le corresponde exclusivamente al Estado, ni tampoco solamente a los ciudadanos. Es un trabajo conjunto y bajo esta filosofía debe seguir desarrollándose, no olvidando el principio de que el Estado es servidor del ciudadano y no el ciudadano servidor del Estado.

El Papel de las defensorías del pueblo

Bajo este criterio de participación ciudadana en los procesos de decisión y de evaluación de la sociedad civil, el papel de las Defensorías del Pueblo para la construcción de políticas públicas en América Latina, cobra una importancia sin precedentes en la historia del movimiento de los derechos humanos.

Según Maiorano 4las Defensorías responden a la necesidad de control de las actividades del Estado y, en particular, de la actividad administrativa, mediante mecanismos idóneos para evitar el desborde estatal, posibilitando que el Estado realice sus funciones tendientes a logro del bien común, sin que ello implique menoscabo de los derechos y garantías individuales.

En la relación tripartita democracia, derechos humanos y desarrollo, las defensorías deben renovar sus roles tradicionales de protección únicamente a las garantías individuales, civiles y políticas. El desafío que se presenta en los actuales momentos para estas instituciones es comenzar a trabajar también en la protección de los derechos económicos, sociales y colectivos frente a la administración pública. Esta, aunque no es una tarea característica de las defensorías, está, en parte, consagrada en el nuevo marco institucional de los Estados latinoamericanos y debe estar orientada a solventar el bienestar de la población y vigilar la actividad de la administración pública. Los derechos humanos incorporan la noción que es deber de la administración y de sus autoridades asegurar, mediante prestaciones públicas "un mínimo de condiciones sociales materiales a todas las personas."

En este marco de colaboración conjunta Estado-sociedad civil, para la construcción de políticas públicas y de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo debe ejercer su papel, de "magistratura de la persuasión", acertada definición que hace el Defensor del Pueblo del Perú, y que está constituida sobre la base de un poder ético, no coercitivo y de una creciente legitimación frente a la sociedad. Bajo esta perspectiva, las Defensorías del Pueblo en América Latina deben convertirse en las mediadoras de todo proceso de participación y decisión ciudadanas, abriendo espacios de diálogo y ejerciendo el doble estatuto que las leyes le imponen, esto es: deber de cooperación con el Estado, pues forma parte del mismo y el deber de protección a la sociedad, ejerciendo plenamente en este doble contexto, el magisterio de la persuasión.

Conclusión

Con estos criterios, debemos retomar como conclusión el concepto de Estado de derecho, dotado de sistemas judiciales honrados y eficientes, que promuevan y defiendan las libertades individuales y colectivas, y en el que se logre una participación real y efectiva de la población en los procesos políticos de adopción de decisiones. Dentro de este espíritu hay que respaldar e incentivar el papel de la sociedad civil, en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas, apoyando la labor de organizaciones no gubernamentales e instituciones nacionales de derechos humanos.

Estas garantías y acciones son las que alientan a los pueblos, no sólo a reafirmar su fe en la democracia, sino a trabajar mancomunada y solidariamente para promover su propio progreso.

Quiero finalizar citando al filósofo José Castán Tobeñas que dice: "Ante la complejidad y dificultad de la vida contemporánea es poco lo que puede hacer el individuo aislado. Para que sus derechos y libertades, sobre todo en el campo económico-social, sean una realidad efectiva y se logre el adecuado y completo desarrollo de la personalidad humana, son necesarias la cooperación social y, cuando menos subsidiariamente, la acción tutelar y directiva del Estado.5
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1 Roman Herzog, "Elementos que definen un Estado de derecho: el Estado servidor del ciudadano, Estado de Derecho y Democracia", 2ª edición, Fundación Konrad Adenauer, CIEDLA, Buenos Aires, 1999.
2 José Ayala Lasso, "La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y su importancia para América Latina", Revista Contribuciones, CIEDLA, Buenos Aires, 1998.
3 Michael Mann, "El Futuro Global del Estado-Nación", Bogotá.
4 Jorge Maiorano, "El Ombudsman, Defensor del Pueblo y de las Instituciones Republicanas. Eidcioines Macchi, Buenos Aires, 1987.
5 Castán Tobeñas, José: "Los Derechos del Hombre", 3ª edición, Edit. Reus, S.A., Madrid, 1985, p. 121.

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