El nuevo Código de procedimiento Penal y sus falsas expectativas

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

El nuevo Código de procedimiento Penal y sus falsas expectativas

Dr. Ricardo Vaca Andrade
Prof. Principal de D. Penal y D. Procesal Penal de la P.U.C.E.
Presidente de la Comisión de Recursos humanos del Consejo Nacional de la Judicatura.

 

LA APROBACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL del Proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal el jueves 11 de noviembre de 1999, ha generado en el país falsas expectativas, y, lo que es más grave, en algunos que poco conocimiento tienen de nuestra realidad procesal y judicial, la esperanza de que en cuanto se le ponga en vigencia, previa sanción del Presidente de la República, se generarán algunas acciones positivas para combatir la criminalidad que campea en nuestro país.
Inclusive, alguien que más o menos tiene alguna idea difusa de lo que significará cambiar el sistema inquisitivo del actual sumario por el sistema acusatorio, ha pedido que el presidente lo ponga en vigencia de inmediato par poder perseguir con mayor agilidad a los delincuentes y ubicarles en el sitio en el que deben estar o del que nunca debieron salir, apovechándose de la ingenuidad de algunos constituyentes.

Cantidad de errores, fallas e impresiones

Sin embargo, luego de estudiar a fondo el texto del proyecto de la nueva ley aprobada en definitiva, sentimos la obligación moral de pedirle al Presidente de la República que la objete totalmente y la devuelva a la Función Legislativa con el manato imperativo de que se estudie y trabaje a conciencia, con la celeridad que la sociedad ecuatoriana demanda, para que en el menor tiempo posible - no menos de un año, según el Art. 153 de la Constitución - se elabore y apruebe un buen Código de Procedimiento Penal que incluya los cambios que ahora se pretende introducir pero, al mismos tiempo, se elimine la innumerable cantidad de errores, fallas e imprecisiones que en una primera y rápida lectura hemos detectado, lo que puntualiza en un informe que lo elevaremos a conocimiento del señor Presidente de la República para fundamentar nuestra petición.

Legislar con responsabilidad

Como alternativa y para no aumentar el desaliento de muchos, habríamos podido sugerir que se la objete parcialmente para que el Presidente de la República, con el derecho que le asiste como colegislador, sugiera cambios o reformas en los aspectos más trascendentales para permitir en cuanto antes contemos con una nueva ley procesal; pero, lamentablemente, las fallas que hemos detectado son tan abundantes y de tanta trascendencia que, de sancionarse el proyecto y convertirse en nueva ley, no se la haría ningún beneficio a nuestro ordenamiento jurídico. La enorme voluntad del legislador que impulsó la aprobación del proyecto, no fue suficiente para dotar al país de una excelente ley procesal penal, como debió siempre buscarse, aprovechan do la oportunidad; al parecer, se olvidó que para legislar con responsabilidad hace falta conocimientos, experiencia y realismo.

Dosis de ingenuidad o torpeza

El primer borrador oficial del texto aprobado en forma definitiva pone de manifiesto una increíble dosis de ingenuidad; y ello para no hablar de falta de conocimientos, como sería más acertado. Más allá de que se destroza el idioma en forma vergonzosa, asombra descubrir con qué, facilidad se mezclan y confunden instituciones jurídicas, como no lo hacen estudiantes de Derecho; se entregan atribuciones a organismos inexistentes como la ¨Defensoría Pública Nacional¨, sin señalar de quién dependerá, aunque se presume que será de la Función Judicial, a la que, no obstante, se le ha restado 227 millones de sucres del presupuesto del próximo año; y, lo que es más significativo, se confía al Ministerio Público, que contará con la asistencia de la Policía Judicial, un cúmulo de graves responsabilidades para que asuma el protagonismo como sujeto activo del proceso de la investigación, pero sin pensar que entregarle tamaña responsabilidad requiere, concomitantemente, dotar ambas instituciones de un compleja estructura física y de personal necesario. Ahora mismos, la Función Judicial, el Ministerio Público y la Policía están en la fila de menesterosos que mendigan un mínimo presupuesto para cumplir a medias con sus obligaciones. Es ingenuidad o torpeza creer que los problemas ahora existentes se van a solucionar cuando entre en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal.

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