El Derecho de Defensa en el Proceso Penal

Jueves, 31 de octubre de 2013

El Derecho de Defensa en el Proceso Penal

Autor: Dr. Merck Benavides Benalcázar

Introducción

El derecho a la defensa pertenece a la propia naturaleza humana, por lo que le hombre al sentirse amenazado por algún peligro inminente se preparaba elaborando su primera arma ?piedra o palo?; pero con el tiempo al fue perfeccionando y sería una ?hacha de piedra? o ?palo puntiagudo?, que en principio le valdría para defenderse de los animales  feroces y posteriormente con el crecimiento  de las hordas para hacerlo frente al ataque  del mismo hombre. Andando el tiempo, no quiso que, el arma solamente  sea útil para la defensa sino que además sea bella, naciendo así el arte. Esta teoría pertenece al derecho natural o ius naturalismo que tiene un enfoque  ético filosófico y universal; derecho anterior con supremacía al ordenamiento jurídico positivo.

Por lo contrario, término ?derecho a la defensa?, semióticamente significa conjunto de normas jurídicas que contienen  garantías de defensa de los imputados; nace con la evolución de las leyes y los derechos humanos, y con el Derecho mismo. En la antigüedad regía el principio de reciprocidad consistente en una venganza contra el infractor, teniendo alguna norma derecho para justificar su inocencia o para que se dé un juicio justo; así en el Código de Hamurabi (1792 a.C.), primer código legal de la historia, se puede ver que existía el derecho a la defensa al expresar en la Ley 131: ?Si a una mujer, el marido la ha echado y si ella no había sido sorprendida  en adulterio, jurará ante Dios, y volverá a su casa?. Jurar ante Dios era una garantía  de defensa, se podía salvar de estar echada del hogar y podía volver a estar con su marido, dependiendo únicamente  de su palabra y su moral, su respeto a Dios. En el oscurantismo se perderían varios derechos a la defensa porque se juzgaba en base a las ordalías y con participación directa de la santa inquisición; no así en el modernismo cuando se sedimenta  los derechos de libertas, de igualdad y fraternidad; y, en la actualidad se da un brote de normas jurídicas que defienden a los infractores y donde se establece el debido proceso.

Pues vale aclarar, que el derecho a la defensa pertenece al Derecho Procesal, que es un conjunto de normas que regulan los fundamentos del debido proceso, con el propósito de aplicar correctamente las leyes del derecho sustantivo.

El derecho a la defensa se pierde en los siglos, con el aparecimiento del mismo hombre en la faz de la tierra, considerando en cada época y etapa de la evolución de la humanidad, donde muchos aspectos que forman parte de este derecho constitucional, han ido cambiando en busca  siempre del respeto total del derecho a la defensa que tiene toda persona que se encuentra involucrada en la comisión de un ilícito; pues cuando alguien fue agredido, su instinto de conservación, lo haría defenderse. Pero el legítimo derecho a la defensa vendría después que se haya constituido el Estado, como un derecho fundamental del ser humano y que nunca puede ser vulnerado, porque se su respeto da lugar a la igualdad de armas frente a un proceso pena y fundamentalmente tiene un gran significado respecto del cumplimiento del debido proceso, considerando que el acusado es la parte débil de la relación jurídico penal, porque en contra del sujeto activo del delito está la  Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional con sus ramas especializadas y toda la fuerza coercitiva del Estado; entonces por lo menos el derecho a la defensa del acusado debe ser garantizado por los jueces que administran justicia en materia penal, por cuanto la Constitución de la República a más de otorgarles jurisdicción y competencia, les obliga a que sean jueces  garantistas de  todos los derechos de los sujetos procesales y de manera especial del procesado por su condición en la que interviene en el proceso penal.

Pero es necesario aclarar que en los delitos de acción privada, interviene como partes el querellado y el querellante, sin que intervenga la Fiscalía General del Estado, razón por la cual todos los aspectos controvertidos son tratados por las partes antes indicadas y les corresponde a los jueces competentes en cada instancia y en los recursos extraordinarios de casación y revisión, dar a cada uno lo que le corresponde, pero siempre garantizando el derecho de defensa de los intervinientes en el proceso penal de acción privada.

Derecho a la defensa. Definiciones

La palabra defensa vienen del latín defensa y ésta del verbo defendere  que significa defender y en el Derecho Procesal Penal es proteger o sostener algo contra una imputación efectivizada por la Fiscalía y/ o el acusador particular.

Guillermo Cabanellas define al derecho de defensa así: ?Facultad otorgada a cuantos, por cualquier concepto, intervienen en las actuaciones, para ejercer, dentro de las mismas, las acciones y excepciones que, respectivamente, pueden corresponderles como actores o demandados; ya sea ene l orden civil como en el criminal, administrativo o laboral?.

Es una apreciación global y generalizada, que abarca todas las materias, incluyendo la defensa del afectado; bien lo afirma el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es la ?razón  o motivo que se alega en juicio para contradecir o desvirtuar la pretensión del demandante?. Pero en forma estricta este estudio se refiere exclusivamente a la defensa del procesado o acusado, a quien se le estaba imponiendo cargos penales por violación de un precepto penal.

?La posibilidad de oponerse a la imputación, si bien corresponde al sujeto pasivo del proceso, a quien incumbe el despliegue de la defensa material, no puede escindirse de la técnica?. (FALMING, Abel y LOPEZ, Pablo, 2008, pág. 295).

El derecho de defensa, es entonces, la facultad que tiene el procesado o acusado para defenderse ante los juzgados y tribunales de garantías penales, en contra del ofendido o víctima de un delito; en base a las normas concedidas por la Constitución  de la República y el Código de Procedimiento Penal. Es precisamente la defensa material, propia del sujeto pasivo del delito, pudiendo ser activa o pasiva; la primera es cuando se apresta a ser escuchado por la otra parte procesal y en especial por los juzgadores; y  la segunda es cuando se acoge al derecho al silencio. Las versiones del imputado, más que un medio de prueba, es un medio de defensa. Es didáctico precisar que existen dos clases de defensa: la material y la técnica.

Características del Derecho de Defensa

La legislación ecuatoriana y al doctrina han establecido ciertos aspectos de carácter jurídico sobre el derecho de defensa, sin embargo de lo cual es de gran importancia considerar que frente a la evolución del Derecho, se hace necesario hacer innovaciones sobre este derecho fundamental, para cada día ir mejorando respecto de su cumplimiento por parte de todos los operadores de justicia.

Es un derecho constitucional y legal.- El derecho de defensa está reconocido por el artículo 76 numeral 7 literal a) al mencionar: ?Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones?. Lo que implica que el imputado posee ese legítimo derecho a defenderse en cualquier etapa preprocesal o procesal penal ora como sospechoso ora como procesado ora como acusado ora como sentenciado; lo que significa que debe ser oído ante los operadores de justicia en el momento apropiado y en igualdad de condiciones con el afectado o víctima  del delito, así como lo manifiesta el Derecho Procesal Penal: ?Igualdad de derechos.- Se garantiza al Fiscal, al procesado, a su defensor, al acusador particular y sus representantes y las víctimas del ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución de la República y este Código?.

Es un derecho con reconocimiento en los instrumentos internacionales de derechos humanos.-  El numeral 1 del Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: ?Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella??.

Entonces el derecho de defensa comprende varios aspectos jurídicos, no solo a ser oídos por los jueces o tribunales, sino que el juzgador tiene la obligación de garantizar su pleno ejercicio por parte de los sujetos procesales, dentro de los plazos que establece la ley y no en cualquier tiempo, porque eso viola de manera flagrante es derecho que es la esencia del proceso penal y lo que es más, los jueces a más de garantistas, deben tener una actitud preponderante frente a los litigantes, actuando siempre con independencia e imparcialidad, ya que solo ello garantiza una correcta administración de justicia en materia penal.

Es un medio de defensa.-  El derecho de defensa de lo puede considerar como un medio de defensa, antes que como un medio de prueba, por el simple hecho que el imputado no podrá declararse culpable de un delito porque es un derecho otorgado por la ley adjetiva penal al expresar que, se reconoce el derecho de toda persona a no autoincriminarse, es decir que nadir puede a pretexto de investigar, realizar preguntas que se relacionen con su responsabilidad penal en el caso que se juzga y esto tiene concordancia directa con lo que dispone el Artículo 77,7.c de la Constitución de la República que dice: ?Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar  su responsabilidad penal?; postulado que lo establece también el literal g) numeral 2 del  artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al declarar lo siguiente: ?derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable?.

En cualquier etapa preprocesal o procesal el procesado o acusado, tiene la facultad de rendir su declaración, con juramento o sin éste; pero no para declarar en su contra sino para defenderse de esa imputación; con lo que da la ley para que no diga la verdad y simplemente para aplicar la defensa pasiva, que es acogerse al derecho al silencio como lo determina la ley y la Constitución de la República, cuando se afirma que el procesado puede abstenerse de rendir su declaración, es decir que nadie ni el juzgador tiene la facultad de obligarle al acusado a rendir su declaración, si este de manera expresa dice que se acoge al derecho al silencio, forzarle a rendir su declaración sería una violación al debido proceso, siendo su consecuencia esa prueba al haber sido obtenida incumpliendo la norma legal y constitucional, carece de eficacia probatoria, consecuentemente el juzgador no está facultado en este caso a valorarla, sino más bien al declarará sin valor jurídico, y en el caso de ser detectado este particular en el momento de resolver algún recurso por un tribunal de alzada, tiene la obligación de hacer un análisis que permita corregir estos errores jurídicos, que de hecho influyen en la correcta administración de justicia.

Por lo expuesto, el derecho al silencio es el pilar fundamental del debido proceso y de gran utilidad cuando hay cercanas pruebas para desmentir la prueba de la parte contraria; pues, no se debe aplicar el adagio ?el que calla otorga?, cuyo silencio es presunción de culpabilidad, de ninguna manera,  más bien hay que pensar que al no declarar se sigue presumiendo su inocencia, mientras no se pruebe lo contrario. Al respecto citemos lo que sigue: ?El derecho a no declarar contra sí mismo, a no autoinculparse o autoincriminarse , entronca una de las manifestaciones más claras del derecho a la presunción de inocencia ??. (FLAMING, Abel y LOPEZ Viñals, Pablo, 2008, págs. 321 y 322).

Los mismo pensadores sostienen que la carga de la prueba, no puede desplazarse la procesado o acusado para desvirtuar su responsabilidad, porque caeríamos en el sistema inquisitorio y se daría la prueba diabólica; pues esta tarea le corresponde al accionante y es un principio denominado Actori Incumbit Onus Probandi, que significa el actor le incumbe la carga de la prueba, esto en materia civil; en penal tenemos un principio más general affrimanti incumbit probatio, que equivale a decir: a quien afirma, incumbe la prueba.

La presunción de inocencia es una característica cualitativa que tienen todas las personas sujetas de derecho, porque se presume que no quebrantan las normas penales; quien aleje lo contrario, deberá probarlo. Siendo el fiscal el titular de la acción penal pública tiene una doble responsabilidad sobre la investigación del delito: presentar las pruebas de cargo y de descargo, es decir actuar con total objetividad, ya que según la doctrina y la normativa jurídica, es le obligado a buscar la verdad histórica de un hecho antijurídico que viola la ley penal. Este aspecto tiene estricta concordancia  con lo que dispone el Art. 282 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial que señala: ?Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por los delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria?.

El Onus Probandi es la base de presunción de inocencia en todo Estado que se respete los derechos humanos; quien acusa tiene la obligación de demostrar, por ende el acusado no está obligado a demostrar su inocencia, por la natural y lógica presunción.

Finalmente se puede señalar que los garantistas del Derecho, están obligados a ilustrar a los procesados o acusados, sobre sus derechos constitucionales y en el caso particular del derecho a la defensa, la tratadista Teresa Armenta Deu enfatiza: ??los órganos judiciales deben ilustrar desde el primer acto procesal que se dirija contra persona concreta, en su derecho a no prestar declaración en su contra y a no declararse culpable?. (ARMENTA, Teresa, 2007, pág. 52).

Es un derecho constante.- Mientras dure el proceso penal el acusado debe ejercer el derecho de defensa, si se acogió al derecho al  silencio en los primero momentos pre o procesales podrá declarar en la audiencia de juzgamiento y también en cualquier instancia o recurso; Así el Artículo 76.7.a de la Constitución de la República exterioriza lo argumentado: ?Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento?.

La garantía judicial del derecho de defensa, no lo acalla ninguna autoridad o circunstancia dentro del proceso penal y dentro de los distintos recursos legales; siempre y cuando no se hayan perdido las oportunidades de haber intervenido en forma oportuna en cada etapa o fase del procedimiento. Pues aquí impera el principio de preclusión, que significa que no se puede volver atrás, por ejemplo estando en la etapa del juicio no se puede retroceder a la etapa de instrucción fiscal, o si al etapa de juicio ya concluyó, no se puede volver a esa etapa para practicar una prueba que no se la llevó a cabo, por más determinante e importante que sea para ese caso concreto.

En una próxima publicación hablaré sobre el Derecho a la Defensa como Garantía del Debido Proceso.

Dr. Merck Benavides Benalcázar

Juez de la Corte Nacional de Justicia

 

 

 

 

Change password



Loading..