El
Debido Proceso como Institución

Autor:
Dr. Héctor Arcelio Mosquera

Debido
Proceso: Institución del Estado Democrático y Pro Derechos Humanos

El debido proceso se ha consolidado como un derecho
fundamental, tanto es así, que esta institución se la ha incorporado en los
ordenamientos constitucionales democráticos, así como en los tratados y
convenios internacionales relativos a los derechos humanos, propiciando
importantes interpretaciones jurisprudenciales de las Salas, Tribunales o
Cortes Constitucionales, y en distintos tribunales internacionales como el
Tribunal Internacional de Justicia (La Haya, Holanda) o las Cortes
Interamericana (San José, Costa Rica) y Europa (Estrasburgo, Francia) de
Derechos Humanos.

Y si bien la expresión ?debido proceso? es la más
extendida, también se utilizan las denominaciones: derecho a la defensa,
derecho de vitalidad del proceso, principio de contradicción, garantía de
justicia, proceso justo, proceso equitativo, principio de audiencia, ect., todas
estas expresiones conllevan a la
seguridad jurídica.

Antecedentes
Históricos

Derecho
Hebreo: Primeros rasgos del Debido Proceso

Para eso debemos remitirnos previamente a los
antecedentes históricos remotos, lo encontramos desde el derecho hebreo antiguo
en donde se previó la existencia del SANEDRIN, junta de ancianos doctos en la
ley que otorgaban audiencia antes de cualquier acción en contra de una persona,
procedimiento que se conoce por los evangelios en el histórico proceso de Jesús
de Nazareth.

En
el Derecho Español

En el derecho español existen algunos antecedentes, como
los previstos en Las Siete Partidas (partida VII, titulo X, Ley X) de Alfonso
X, en la que se prevé que nadie puede privar a otro de sus bienes si no existe
una sentencia que así lo avale y fundada en derecho; así como en la NOVISIMA
RECOPILACION de 1448 que prohibía cumplir cartas reales si éstas privaban a
alguien de sus bienes sin haber sido oído previamente.

Carta
Magna Inglesa de 1215

Sin embargo, la doctrina y casi todos los autores,
coinciden que el antecedente directo de esta institución se encuentra en la
Carta Magna inglesa del 15 de Julio de 1215, que dio origen a la defensa de los
derechos de la persona humana, especialmente el de la libertad, y que se inició
con el movimiento revolucionario en Inglaterra motivada por las demandas
formuladas por los barones de Runnymede obligando al Rey Juan Sin Tierra a
dictar dicha Constitución con el fin de reconocer a los nobles ciertos derechos
feudales, entre ellos el establecido en la cláusula 39: ?Ningún hombre libre
será arrestado, aprisionado, desposeído de su dependencia,
libertad o libres usanzas, puesto fuera de la ley, exiliado, molestado en
alguna manera, y nosotros no meteremos, ni haremos meter mano sobre él, sino en
virtud de un juicio legal de sus iguales según la ley de la tierra. Así nace
históricamente este derecho, como un reclamo de los súbditos para combatir las
arbitrariedades de los poderosos.

La
Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789

Posteriormente la Declaración francesa de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 previó esta garantía,
cuestión que también refrendaron las Cartas Constitucionales de 1795 (art. 11)
y de 1814, derivadas de la Declaración y que en el artículo 4to establece: Es
igualmente garantizada la libertad individual, no pudiendo alguno ser puesto
bajo acusación, ni arresto sino en los casos previstos por la ley y en la forma
por ella designada?.

La V
enmienda constitucional estadounidense de 1791

La constitución original estadounidense de 1787 no previó
el derecho en estudio, siendo la V enmienda constitucional de 1791, donde se
contempló el debido proceso (a nivel federal) previo a la privación de la vida,
libertad o propiedad. En los Textos internacionales o regionales sobre derechos
humanos se ha reconocido este derecho al debido proceso.

La
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre
de 1948 (aprobada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas 217 A (III)) que prevé en su Art. 10: ?Toda persona tiene
derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella
en materia penal?.

Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)

También la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (1948) Aprobada en la Novena Conferencia Internacional
Americana, en Bogotá, Colombia, artículo 18 (que habla sobre el derecho a la
justicia), estipuló que ?Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer
valer sus derechos?.- Otro documento ejemplar se tiene en el convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de
1950, artículo 6to, relativo al derecho a un ?proceso equitativo?, resultando
interesante la interpretación progresiva que la corte de Estrasburgo ha
realizado de dicho precepto,
especialmente de lo que debe entenderse por PLAZO RAZONABLE, aceptando la
responsabilidad de los Estados por demoras injustificadas.

Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

En esta misma línea de evolución se tiene la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (firmada y proclamada por los
presidentes del parlamento europeo, del consejo y de la comisión, en nombre de
las instituciones, el 7 de diciembre del 2000 en Niza, Francia).

Convención
Americana suscrita en San José de Costa Rica de 1969

En el sistema interamericano de protección de los
derechos humanos se destaca la Convención Americana suscrita en San José de
Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 8.1, relativo a
las ?Garantías Judiciales?, establece que: ?Toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter?.

Constitución
de la República del Ecuador

Por último, en la Constitución de la República del
Ecuador consagra como garantía
constitucional el debido proceso y a una justicia sin dilaciones en los
artículos 11 numeral 3, 75, 76, 77, 169 y 172.

Sin embargo, mucho se discute sobre la identificación
respecto a la naturaleza de debido proceso, ya que si bien existe consenso que
se trata de un derecho humano (como género). El debido proceso en sus inicios
tuvo marcada condición de principio, pero hoy, no hay unanimidad respecto cuál
es su carácter, esto es, que sea en sí mismo un derecho, una garantía
(judicial) o derecho y garantía al mismo tiempo. Por ello, se prefiere
denominar ?INSTITUCIÓN? para incluir allí todo cuanto sea posible y no tomar
posición alguna hacia ningún sector.

Los doctrinarios, en este tema, indican que es tan
complicado pero tan complicado, que el debido proceso se trata en un concepto
jurídico indeterminado y conlleva a contestar que estamos en un terreno nada
fácil.

Por ello, el debido proceso no es tipificar conductas
(materia penal), fijar competencias o instrumentar religiosamente, las etapas
del proceso, es algo más profundo que llega más allá de la médula de la
sociedad o del pueblo soberano para hacer cumplir la ley sustancial como un
todo a un individuo particular en su esencia íntima que le permita a éste,
visualizar, sin asomo de duda el orden justo que todos, en diferentes
discursos, pregonamos, la justicia y la libertad.

Ora, esa complejidad del debido proceso, no solo es dada
desde su sistema de fuentes (tratados – constituciones – normas ordinarias),
sino ?principalmente? porque está construido a su vez de otra serie de derechos
y otras garantías que le son útiles, necesarios.

Sin ese conjunto de derechos y garantías, no podríamos
hablar de debido proceso, sino, simplemente de ?proceso?. Porque somos
partidarios, que en estos temas, hay o no debido proceso, nunca un proceso
debido podrá ser semipleno o cuasi proceso; de allí la razón de que sea
absoluto, según se deduce del texto constitucional.

Por eso es importante conocer con mayor exactitud o
aproximación posible qué es el Debido Proceso y el Derecho de defensa no sólo
en el proceso penal sino en cualquier proceso donde se discuta un derecho, un
deber o una obligación, para ser conscientes que en todos ellos debe no
solamente garantizarse sino respetarse el debido proceso y los demás contenidos
que lo acompañan para hacer prevalecer la dignidad humana que es el baluarte
verdadero de la libertad del hombre y mujeres y confrontar, sin dudas y
radicalmente, las violaciones que se hagan por sutiles o mínimas que se nos
presente.

De forma tal, que el proceso dejó de ser una garantía o
mero instrumento para hacer valer otros derechos y demás garantías constitucionales,
para convertirse en un verdadero derecho fundamental que se vale de ciertas
garantías y otros derechos, encaminados a hacer cumplir la tutela judicial.
Entonces, el debido proceso deja de ser una garantía siendo fundamento para si
y para otros derechos que le son trasversales, porque a su vez se vale de otro
conjunto de garantías y derechos que en suma, permitan su finalidad: la tutela
efectiva de los derechos, que se traduce en la resolución de conflictos.

Es decir, el debido proceso sirve en lo interno como
garantía por conducto del procedimiento (formas y mecanismos de acción), y en
lo externo como derecho para hacer valer otros derechos fundamentales
(libertad, propiedad, etc), pero también, otros derechos que les son propios
como instituto (derecho de ser presumido inocente, derecho a ser oído, e

Dr.
Héctor Arcelio Mosquera

Conjuez
de la Corte Nacional de Justicia

Artículo publicado en la R. Ensayos Penales Nº 10 de la
Corte Nacional de Justicia