Ejecución de las Audiencias Orales-Contradictorias Recurso de Casación Penal

Martes, 24 de mayo de 2016

Análisis Jurídico 

 

Ejecución de las Audiencias Orales-Contradictorias

 

Recurso de Casación Penal

 

Autor: Dr. José García Falconí

 

El Boletín Institucional Edición No. 2, publicado por la Corte Nacional de Justicia, al respecto señala lo siguiente:

 

?La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, con absoluto respeto a la

Constitución de la República que en su artículo 168 numeral 6, dispone que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo y en su artículo 169 declara que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso; la Sala realiza diariamente de nueve a doce audiencias orales, públicas y de contradictorio en las que resuelve el mismo día de la audiencia la situación jurídica de los sujetos procesales, que por recurso de casación, revisión u otros que establece la ley ha subido a conocimiento de esta Sala Penal.

 

Constituido el Tribunal en la sala de audiencias en la que una jueza o un juez actúa como Ponente, y es quien dirige el desarrollo de la audiencia, dispone en primer lugar que la Secretaria o Secretario Relator de la Sala, indique si es el día y la hora en la que mediante providencia se convocó a la audiencia y constate la presencia de todos los sujetos procesales; verificada esta situación, el Juez ponente declara instalada la audiencia y concede la palabra en primer lugar a la parte recurrente para que fundamente su recurso, y luego a cada uno de los sujetos procesales que se encuentran presentes, pero siempre termina exponiendo la parte recurrente; las señoras y señores Jueces Nacionales escuchan atentamente todas las intervenciones, toman sus respectivos apuntes, realizan preguntas si consideran necesario y, posteriormente, suspenden la audiencia por unos minutos para deliberar sobre la decisión a tomar.

 

Pasado el tiempo necesario para llegar a una decisión, nuevamente se dispone el ingreso a la Sala de todos los sujetos procesales que iniciaron la audiencia y una vez constatada su presencia, la señora o señor Jueza o Juez Nacional Ponente expone la decisión o resolución a la que ha llegado el Tribunal, sea ésta aceptando o rechazando el recurso, o lo que consideren que en derecho corresponde e indica a los sujetos que esta resolución se les hará conocer en forma escrita y debidamente motivada.

 

Todo el desarrollo de la audiencia es transcrito en un acta suscrita por la Secretaria o Secretario Relator de la Sala y guardada además en un medio magnetofónico?.

 

Nota.- Hay que mencionar, que si el procesado, acusado sentenciado, está presente en la audiencia, el juez ponente le concede el derecho a la palabra, esto es que si él considera del caso, intervenga oralmente, en atención al derecho de última palabra.

 

Igualmente hay que tener muy en cuenta, que una vez que entre en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, se lo publique en el Registro Oficial el 01 de junio del presente año, la hora en que comience la audiencia oral-contradictoria, en la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia es la hora exacta, ya no hay la espera de diez minutos que ahora tenemos, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil todavía vigente; pues hay que recordar que el Código de Procedimiento Civil y más tarde el Código Orgánico General de Procesos es ley supletoria en materia penal.

 

La sentencia que dicta la Sala, debe contener las siguientes partes; esto es si acepta o no; de tal manera que puede ser:

 

1.    Casatoria, por la cual se censura la sentencia recurrida;

2.    Rectificatoria, por la cual deja sin efecto el error de derecho, y en su reemplazo hace constar la rectificación correspondiente;

3.    Desestimatoria, esto es cuando considera que no se ha fundamentado el recurso de casación y que la sentencia impugnada no ha violado ley alguna; y,

4.    Nulidad constitucional, generalmente por violación al Art. 76.7 letra l) de la Constitución, en concordancia con el Art. 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial,  esto es por falta de motivación; pues la Corte Nacional de Justicia en varias resoluciones como la dictada en el caso No. 1784-2014, con fecha 31 de enero de 2015 a las 10h00, y cuya jueza nacional ponente es la Dra. Silvia Sánchez Insuasti ha manifestado respecto a la motivación, recurriendo a una sentencia dictada el 06 de septiembre de 2014, a las 17h00, dentro del caso 504-2014, que la motivación, es: ?Una obligación que racionaliza el proceso al ser requisito esencial y luego una causal de nulidad de los actos que no cumplen este derecho del procesado. Sin embargo, la motivación, no solamente se refiere a la vinculación de los hechos con normas jurídicas, sino que radica en la subordinación del poder judicial a la Constitución cuando justifica en los razonamientos del órgano jurisdiccional por los que se ha alcanzado la resolución adoptada (?) debiéndose, por tanto, mantener coherencia lógica entre las alegaciones de las partes, la prueba y las conclusiones expresadas por el órgano jurisdiccional en su decisión?.

 

Mientras que respecto a la falta de motivación,  en sentencia dictada por la Corte Nacional, dentro del caso No. 191-2011, ha sostenido que: ?La ausencia de motivación se refiere a la (?) ausencia de una exposición de motivos que justifiquen la convicción del juez en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma de ese hecho, y que comprendan todas las cuestiones. Es obligación de las juezas y jueces hacer constar en sus resoluciones una exposición de los motivos por los cuales adoptan la resolución que contenga la descripción de los hechos analizados en el caso de las sentencias que contengan  los hechos y actos probados en la audiencia de juicio, las normas jurídicas aplicables, la relación lógica entre los hechos analizados, las normas jurídicas y las conclusiones?, así señala la sentencia dictada el 29 de agosto de 2013 a las 11h25.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la motivación señala varios parámetros mínimos que debe cumplir dicha garantía. Así en el caso  Aptiz Barberá y otros vs. Venezuela, d5 de agosto de 2008, Párrafo 77 y 78, dijo: ?El  tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el Art. 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso?.

 

Sobre la garantía constitucional del debido proceso sobre la motivacion, tengo estudios que he publicado en varios trabajos, señalando que es una garantía básica esencial dentro del Estado constitucional de derechos y justicia que señala el Art. 1 de la Constitución de la República, y como señala la Corte Nacional de Justicia, es menester advertir que la sentencia no debe ser vista como una mera construcción silogística que realiza el juzgador, sino que, en una perspectiva más integradora constituye una complejidad en la que se interrelacionan conceptos jurídicos-sustanciales que se ligan a dialécticas procesales y probatorias. Por tanto, es con relación a estas dinámicas sobre las que pueden surgir los errores de juicio o de actividad que en la doctrina se denominan como errores in iudicando y errores in procedendo; criterio que comparte la Corte Nacional de Justicia, puesto que la aprehensión cognitiva de los hechos y la consecuente formación lógica de un criterio para juzgarlos no son procesos lineales sino dialécticos.

 

Agrega, que la sentencia tiene una estructura discursiva, no es libre, está limitada por la ley procesal penal y por las leyes de la lógica formal y los modelos de argumentación jurídica; por esta razón, el recurrente está obligado a señalar con precisión los errores de la sentencia que violan la ley  ya sea in iudicando o in procedendo; es decir, atacar la sentencia en su forma jurídica sustancial, procesal y probatoria.

 

Los errores in iudicando, son vicios sustanciales, errores de juicio en la sentencia, pues mediante ellos se declara una falsa voluntad de la ley, ya sea por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación o por una errónea interpretación de la ley.

 

En cambio, los errores in procedendo, son falencias de la sentencia que niegan el debido proceso penal. Siguiendo a Calamandrei: ?Se produce una inejecución de la ley procesal, en cuanto a alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley impone, o ejecuta lo que esta ley le prohíbe, o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe: esta inejecución de la ley procesal constituye en el proceso una irregularidad, que los actores modernos llaman vicio de actividad o un defecto de construcción y que la doctrina del derecho común llama un error in procedendo?; esto es, se refiere a la obra del maestro Calamandrei, La Casación Civil, tomo II, Bibliografía Argentina, Buenos Aires, 1962, pág. 183 y 184.

 

Por último, menciona que la Corte Constitucional en el caso 002-08-CN, sentencia publicada en el Suplemento de Registro Oficial No. 602 del 01 de junio de 2009, concluye que el debido proceso: ?Es el adelantamiento de las etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas actuaciones judiciales con sujeción a las garantías constitucionales y legales, como límite de la función punitiva del Estado  (?) hay debido proceso desde el punto de vista material si se respetan los fines superiores como la libertad, la dignidad humana, la seguridad jurídica y los derechos constitucionales como la legalidad, la controversia, la celeridad, la publicidad, la prohibición de la reforma in pejus y el doble procesamiento por el mismo hecho, etc (?)?.

 

De forma complementaria, el profesor Germán Pabón Gómez, en su obra De la Casación Penal en el Sistema Acusatorio, Reimpresión, Universidad de los Andes, Grupo Editorial Ibáñez, 2001, pág. 51, dice: ?En el debido proceso penal se implican como límites de la actividad estatal: principios, derechos y garantías constitucionales, de jerarquía internacional; principios rectores de la ley penal; principios rectores procesales penales y principios rectores  de la prueba?.

 

De tal manera, que el instituto jurídico que comprende el recurso extraordinario de casación y su correcta aplicación en el campo penal es uno más de los medios para la realización de la justicia, observando para ello el derecho sustancial a partir de la Constitución y ejerciendo un adecuado control de legalidad sobre los demás órganos de la administración de justicia en el país, termina señalando la Corte Nacional de Justicia, en el juicio 33-2012, sentencia de 20 de junio de 2013, dictada a las 10h00.

 

Para terminar el comentario sobre este punto de derecho, debo recalcar que es esencial para la fundamentación del recurso de casación penal o civil, conocer las técnicas de litigación oral y la forma como las juezas y jueces deben dirigir las audiencias, más aún que el 01 de junio del presente año se publica en el Registro Oficial, el Código Orgánico General de Procesos, por lo que es necesario y así lo piensa el Colegio de Abogados de Pichincha, realizar un seminario práctico con la presencia del distinguido jurista y maestro universitario Dr. Diego Zalamea, PHD, al cual sugiero al amable lector asista para conocer de esta manera cómo se realizan las audiencias orales públicas en el Código Orgánico General de Procesos, cuya base es el principio de oralidad, de tal manera que todo se resuelve en audiencias orales.

 

A propósito de esta forma de grabación, la Corte Nacional de Justicia en el Boletín antes mencionado, señala lo siguiente:

 

Arrancó plan piloto de grabación de audiencias

 

Dentro del sistema ?Justicia 2.0?, desde el 5 de noviembre del año en curso (2012) arrancó el plan piloto del uso de los equipos de grabación de audio y video de audiencias en dos de las tres salas de audiencias de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia; estos equipos con implementación de tecnología de punta reemplazarán en poco tiempo los dictáfonos y grabadoras portátiles que eran parte de la antigua forma de llevar la grabación.

 

El plan piloto consiste en registrar simultáneamente los datos que se obtienen en las audiencias con los nuevos equipos de grabación, y en un inicio también con los que se han utilizado con anterioridad; todo esto con la finalidad de asegurar la información y que los funcionarios se familiaricen con la nueva modalidad de llevar las audiencias, así como rectificar oportunamente los inconvenientes si llegaran a producirse.

 

El plan piloto comenzó en la Sala Penal, debido a la frecuencia de 10 a 12 audiencias diarias que aquí se atienden; es importante destacar que ha sido el Eje de Infraestructura Tecnológica del Consejo Nacional de la Judicatura, el encargado de capacitar a parte del personal que trabaja en la Sala Penal para el manejo de los equipos de grabación de audio y video?. Así termina dicho artículo publicado por la Corte Nacional de Justicia.

 

La Jueza o el Juez ponente

 

El Art. 141 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: ?Juezas o jueces ponentes.- Siempre que la resolución sea dictada por un tribunal, existirá una jueza o juez ponente; lo que guarda relación con lo que dispone el artículo 185 inciso segundo, de la Constitución de la República, que dice: ?La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera procedente. Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio, la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la sala?.

 

De tal modo, que cuando hay sentencias dictadas por tribunales colegiados, se debe sortear la misma entre los tres jueces, a fin de que el juez ponente inicie el estudio respectivo de dicha causa; o sea una vez que redacta el borrador de la resolución pasan las actuaciones al siguiente juez para que formule su propia argumentación, esto es señale si discrepa en todo o en parte, o emite el fallo con propias motivaciones, pero que coinciden en la parte dispositiva del mismo, estas son las sentencias que en doctrina se conocen como concurrentes.

 

A propósito, hay poquísimas sentencias de esta clase dictada por la Corte Nacional de Justicia.

 

Hay que aclarar, que, cuando no exista la mayoría requerida que es de dos jueces, el que no está de acuerdo con dicha resolución debe salvar su voto y, de este modo se conoce cuál es la jueza o el juez que trabaja más de la Sala y qué clase de resoluciones dicta, para la evaluación que tiene que realizar el Consejo de la Judicatura, según lo dispone el Código Orgánico de la Función Judicial; en el caso de la Corte Nacional de Justicia, cada tres años.

 

 

 

Dr. José García Falconí

Docente, Facultad de Jurisprudencia,

Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Central del Ecuador

correo:  josegarciafalconi@gmail.com

 

 

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