Diario La Hora: Acción de Protección en contra de la SUPERCOM[1] Pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el Interés General

Jueves, 09 de julio de 2015

 

Análisis de la Sentencia

 

Diario La Hora: Acción de Protección en contra de la SUPERCOM[1]

Pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el ?Interés General?

 

Autor: Dr. Mauricio Maldonado Muñoz[2]

 

Connotación del término

Fallo: <<Respecto interés general La Corte Constitucional ha mencionado que este concepto es indeterminado y que tendrá que ser concretado en cada periodo histórico por parte de los poderes públicos, por ende el interés general está dado por los objetivos de una sociedad y configurado por las decisiones jurídicas adoptadas en los casos concretos sometidos su conocimiento y se aclara que este interés general ha de estar encausado en la protección de derechos y la consecución del buen vivir, toda vez que este elemento transversaliza todo el ordenamiento jurídico y la estructura social, es decir la Corte Constitucional no concibe un concepto restringido ni estático de lo que se ha de entender por interés general, lo que no significa que no exista un interés general en lo actuales momentos para nuestra sociedad; y en el caso que nos ocupa la rendición de cuentas viene a ser un asunto de trascendental importancia para la sociedad en general, podrían existir otros asuntos que no tengan repercusión en el destino de la sociedad, y por ende el interés general puede estar en duda, pero en este caso al rendición de cuentas de un Alcalde que es la máxima autoridad de una ciudad y cantón quien tienen a su cargo la formulación y ejecución de las políticas públicas que inciden de manera directa y sustancial en las condiciones de vida de la población en asuntos de la competencia de un Alcalde, no hay duda que se trata de información de interés general por tanto su cumplimiento es obligatorio por parte de los medios de comunicación.- En este sentido el jurista italiano Luigi Ferrajoli que ha sido citado en la sentencia No. 003-2014-SIN-CC (página 74) de manera didáctica y gráfica explica lo que consiste el derecho de libertad de pensamiento y el derecho a recibir información veraz y lo menos manipulada posible, el primero es un derecho individual de libertad que debe tener inmunidad ante prohibiciones, censuras o discriminaciones, en tanto que el derecho a la información es un derecho social que garantiza recibir información veraz, sin deformación que responda a intereses concretos; la garantía del primera está en la prohibición de prohibir o limitar, en tanto que la garantía del derecho a la información está en al obligación de informar correctamente.  En el caso que nos ocupa no existe ninguna prohibición o limitación la libertad de pensamiento, ya que la sanción impuesta por la SIC no es por haber publicado algo, sino al contrario por no difundir la información, es decir por impedir que la ciudadanía disponga de información veraz, verificada y oportuna, en tanto el derecho de opinar libremente no está restringido o limitado, Editorial La Hora de Loja ?Edihora Cia. Ltda.?, en cuanto a este derecho no sufre ninguna afectación o menoscabo dado que nadie le está prohibiendo expresar su pensamiento de manera libre. Por este análisis realizado y tomando en cuenta que la sanción impuesta por la SIC tenía como antecedentes la vigencia de derechos fundamentales, tanto el de libertad de expresión como el de información, y que en cuanto a la aplicación de derechos constitucionales se refiere no es necesario exigir un desarrollo siquiera de normas legales, pero aun la exigencia de normas reglamentarias, el juzgado considera que en este caso no existe vulneración al principio de seguridad jurídica contenido en el Art. 82 de la CRE, y tampoco hay vulneración al principio de legalidad por cuanto el Art. 18 de la LOC está vigente, como también el RGLOC>>[3].

 

Extremo control Estatal en la publicación de contenidos

Comentario: Antes que nada se me viene a la mente una pregunta: ¿cuál es el interés general existente en los actuales momentos en nuestra sociedad al que hace mención el juzgador? ¿Podría demostrar cuál es hoy y, a su vez, cuál será mañana?: imagino que no, a no ser que tenga a su disposición un equipo de sociólogos haciendo estudios (por lo menos). ¿Cómo saber si ese que hoy es interés público coincide con los intereses de los ciudadanos y a su vez con la opinión de un funcionario público? El problema principal radica en que, en las democracias, por interés público se suele entender, pura y simplemente, lo que los ciudadanos desean o están interesados en conocer o lo que les interesa sobre la comunidad en la que viven (y es obvio que estos intereses son del todo heterogéneos). En una democracia, ni siquiera la política (mucho menos los políticos) es impuesta a los individuos para que la sumen necesaria y obligadamente a sus intereses personales. La democracia moderna, histórica y conceptualmente, está antecedida por el principio de libertad[4]. Con base en éste, las personas desarrollan sus propios intereses, sus propias inclinaciones y su propia ideología. El efecto de una decisión como la que ha tomado la Supercom, según creo, es obvia: no son ya los medios los que deciden, en último término, sus contenidos (o la relevancia de éstos); sino que están obligados a seguir unas pautas (del todo mal regladas, como parece ser el caso) sobre lo que una entidad considera de interés público (o no). La imposición (por cualquier vía, aunque sea indirecta) de determinados contenidos, es una forma de constreñir a los medios a informar lo que a otros les parece importante (no a las personas en general, no a los periodistas del medio, sino a unos funcionarios). Así se afecta, en buen romance, la relación entre el medio y su público objetivo. Si las autoridades tienen la potestad de decidir (siempre y en último término) lo que debería necesariamente (obligatoriamente) publicar un medio,  es bien probable que estemos rindiendo un culto al Estado; más precisamente a sus funcionarios, quienes, por lo visto, según esta curiosa asunción, serían capaces de decidir mejor que los ciudadanos lo que ellos quieren leer.

Un ?Caso claro? de ?interés público?

Por otro lado, el juez dice que no puede haber duda de que el presente sea un caso de interés público; en otras palabras, esto significaría que no se puede dudar de que este sea lo que se suele llamar un ?caso claro?. Más allá de que la noción misma de ?caso claro? sea discutida entre los juristas, me parece oportuno hacer notar que para que éste pueda ser calificado, efectivamente, como ?caso claro?, no debería haber duda, como antes se dijo, no solo de la omisión en la información de interés público (de la que tampoco parece haber argumentos convincentes, como se ha demostrado), sino que, además, no puede haber duda de que tal omisión sea deliberada y recurrente (como exige el artículo 18 de la LOC). Nada de esto parece estar presente. Sería un caso claro, por ejemplo, si un diario local conviniera dejar de informar de cualquier actividad de la alcaldía por dos meses seguidos. A algo así podríamos llamar caso claro. ¿Le llamaríamos caso claro a un caso en que el diario informe regularmente sobre un alcalde, pero no sobbre un acto singular? Parece obvio que no. Para más abundar, un caso claro, en los términos que exige la Corte Constitucional, debería ser claro también a la luz de una normativa de la Cordicom que no existe.

Por otra parte, el juez cita a Ferrajoli, pero lo cita de modo incompleto. La cita, que el juez saca de la sentencia de la CC y no de la fuente, tal como aparece en el texto del fallo carece de contexto. Primero que nada, el artículo La legge sull ?informazione: libertá e propietá, tiene no solo un contexto jurídico sino también político y económico. Este contexto se remonta a discusión de la llamada ?Ley Gasparri? y a la discusión acerca de los medios de propiedad de Silvio Berlusconi, quien era, además, presidente del Consejo de Ministros.

Está claro desde el inicio del artículo, y se vuelve aún más evidente en el desarrollo del mismo, que hay al menos dos tipos de críticas presentes en el texto: una de tipo económico (que tiene que ver con el monopolio de medios en manos de un privado), y una de tipo político (que tiene que ver con el control político de los medios de comunicación). Creo que de fondo: Ferrajoli dice que el derecho de información presenta dos fases: (1) es derecho de pensamiento; y, (2) el derecho a la información. Concentrémonos en el segundo (pues de ese habla el juez primordialmente). El derecho (2) consiste en las expectativas de informaciones correctas y no manipuladas, en su mayor medida completas y no deformadas por condicionamiento interesados. La garantía de (2)  consiste en la obligación de proporcionar una información no homologada, a su vez garantizado por la pluralidad, pero, sobre todo, por la independencia política y económica, de cuantos expresan opiniones y producen informaciones. El derecho (2) puede ser suprimido con la apropiación de los medios de información; esto es, con la concentración económica y con el control político de los medios. Todo esto ?de modo casi textual- según Ferrajoli[5]. Así mirado, no parece que la cita del juez apte el sentido de lo que Ferrajoli quiere decir en su artículo. De hecho, no lo capta. Y no lo capta porque lo deja a medias (la parte del control político ?o de cualquier tipo- de los medios es lo que le preocupa a Ferrajoli: el problema con Berlusconi no se agotaba en su poder económico, sino principalmente en su poder político). Ferrajoli, más allá de sus a veces radicales opiniones, es un autor demócrata, y como demócrata entiende que la información no puede ser deformada solo por condicionamientos económicos (que en el caso del Ecuador no se podrían advertir: nadie tiene, salvo el Estado, una concentración de medios que sea tan grande. No hay, en el Ecuador, un caso como el de Berlusconi, ni siquiera algo cercano, menos todavía La Hora que es un medio de tamaño mediano). La información puede ser deformada ?lo deja clarísimo Ferrajoli- también por medio del control político (control que supone que los poderes políticos puedan ejercer, directa o indirectamente, presión sobre los medios para obtener publicaciones en uno u otro sentido). ¿Qué es sino control político que un medio esté obligado mediante coacción a cubrir la rendición de cuentas de un mandatario (no mandante, como yerra el texto del fallo)? Si se lee bien todo el artículo de Ferrajoli, y si se entiende su contexto, la cita presente en el fallo parece del todo desencajada. No sirve para reforzar  los dispersos argumentos de la sentencia; al contrario, los anula. Incluso, si se da una relectura a lo brevemente reseñado, el juez debería poder demostrar cómo es que el Diario La Hora ha suprimido el derecho (en los términos de Ferrajoli); esto es, cómo es que ?siempre en términos ferrajolianos- ha habido concentración económica de los medios (concentración que La Hora no tiene ni lejanamente, como ya se dijo -¿o se le ha acusado d un monopolio?-) o control político (del que La Hora carece totalmente) que anule o deforme la información. Paradójicamente, si hay alguna forma de interpretar la cita de Ferrajoli (cuando está completa) en este caso, solo serviría para fallar a favor de La Hora.

Si se entendiera al revés el caso perdería sentido (la cita de Ferrajoli no sería, en absoluto una cita que apoye los argumentos del juez).

Por otro lado, el fallo se refiere al así llamado principio de aplicación directa fe la Constitución (en este caso de los derechos fundamentales). Por este principio se entiende, comúnmente, la posibilidad de aplicación de las normas constitucionales sin que medie desarrollo legislativo. Esto, en línea de principio, es así. Sin embargo, ¿cómo puede aplicarse al caso este principio? De la forma en que lo cita el juez parecería que debemos entender que el derecho a la información, protegido por la Constitución, puede traducirse, sin desarrollo legislativo alguno, en una norma del tipo: ?los medios locales que no publiquen la rendición de cuentas de las autoridades municipales deberán ser sancionadas con 10 salarios básicos unificados?. Es esto lo que está aplicando el juez, ciertamente. ¿Cómo sería posible llegar del principio de aplicación directa a este caso particular? Se me presenta, al menos a mí, como un enigma. Se puede, sin embargo, ser más caritativo en la interpretación y suponer que lo que el juez está diciendo es que no es necesario que se desarrollen en un reglamento del Cordicom los parámetros bajo los cuales se debe entender que una información es de interés público dado que, como lo había dicho antes en la misma sentencia, tal cosa está ya en la Ley (donde además se prevé el órgano, la conducta y la sanción); si esto es así, entonces habría que convenir que no se trata en absoluto de un caso de aplicación directa de la Constitución, sino de la simple aplicación de un artículo de una ley. No hay algo como el principio de aplicación directa de la Ley (a falta de desarrollo reglamentario) así que la referencia parecería estar de más. Por otro lado, es la CC (intérprete auténtico de la Constitución) la que pide, para efectos de garantizar un derecho, este desarrollo: ¿con qué autoridad el juez la desautoriza?

En la edición del viernes 3 de julio de esta Revista Judicial, terminaré mi análisis a la sentencia No. 003-2014-SIN-CC dictada por la CC en el caso Diario La Hora Vs. Supercom, con un breve comentario (puesto que lo demás ha quedado explicado) sobre un fallo de la CC que señala la ?doble dimensión que tiene el derecho a la información y comunicación?.



[1] Sentencia dictada en el Juicio Especial No. 17460201500848 que sigue [CORREA GRANDA CECILIA DEL PILAR, VIVANCO RIOFRIO FRANCISCO RICARDO ARSENIO, VIVANCO RIOFRIO FRANCISCO, CORNEJO MENACHO DIEGO] en contra de [SUPERINTENDENTE DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CARLOS OCHOA HERNÁNDEZ, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO]. El antecedente de tal acción de protección es la Resolución No. 020-2015-DNJRD-INPS dictada por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

[2] Doctorado (PhD ) en Filosofía del Derecho y Bioética Jurídica, Universitá degli Studi di Geniva (Italia). Magíster en Derecho (LL.M.), Universidad Austral (Buenos Aires, Argentina). Abogado, Pontifica Universidad Católica del Ecuador (Quito).

 

[3] El énfasis es añadido.

[4] Véase, al menos: N. Bobbio, Liberalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, 5ta reimpr., Bogotá, 2013.

[5] Véase: L. Ferrajoli, ?La legge sull? infomraziones: libertá e propietá?, La rivista dek manifestó, n. 46, I-2004.

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