Derechos Humanos y 25 años de democracia

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

Derechos Humanos y 25 años de democracia

Por: Dr. Marco Navas Alvear
PROFESOR DE LA PUCE
mnavas@ildis.org.ec

 

HAN TRANSCURRIDO 25 AÑOS de la última etapa democrática en nuestro país. Se trata sin duda de una conmemoración importante en función de hacer un balance de los logros de este último período de nuestra vida política.

La verdad es que no solo este último cuarto de siglo, sino todo el período Republicano ha estado signado por grandes conflictos y pocos momentos de estabilidad. Este 10 de agosto se conmemoraron también 195 años de la primera exigencia de independencia de la corona española. Esta es otra fecha que debería llamara la atención respecto de nuestra capacidad de vivir dentro de un estado de derecho y a partir de el. Aquella sentencia colonial de que la Ley se acata pero no se cumple, describe por desgracia nuestra realidad actual. Una realidad sobre la cual toda la ciudadanía, pero particularmente, todos quienes "trabajamos" con el derecho tenemos responsabilidad.

Se han formulado algunos análisis ya, desde varias ópticas: la política, la economía, la sociología y hasta la comunicación. Ahora consideramos que será útil hacer algunas reflexiones concentrándonos en el tema de la relación entre sistema democrático y derechos humanos en estos últimos. Dada la vastedad y complejidad del tema, no pretendemos de ninguna forma más que lanzar algunas ideas que pueden ser útiles para evaluar en ese aspecto o desde el, este último período democrático.

El entorno y los problemas

A partir del colapso de los gobiernos autoritarios de los años 70s y 80s, numerosos países latinoamericanos entraron en complejos procesos de transición y consolidación de regímenes democráticos. Según Manuel A. Garretón, lo que el llama consolidación democrática describe una serie de procesos que buscarían un cambio en el modelo de acción y relación política entre Estado y sociedad civil, desde un modelo tradicional de indiferenciación hacia un esquema moderno de diferenciación y mutua reforzamiento. Es decir, el reto de estos 25 años habría sido (y sigue siendo) la consolidación democrática, basada en una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado, a través del sistema político.

Tales procesos han tenido como base la implantación de un estado de derecho constitucional que abarca básicamente dos aspectos: la presencia de un conjunto de derechos fundamentales que posibilitan el ejercicio de la ciudadanía (es decir la forma de relación de la sociedad civil con el Estado, en todas sus dimensiones: cívicas, sociales, políticas...); y la implementación de mecanismos de producción y ejercicio del poder público (que responden a la forma de cómo se gobierna el Estado). Estos dos aspectos, dadas las mutuas implicaciones que entre si poseen, deben ser considerados en conjunto.

Sin embargo, la efectiva vigencia de un estado de derecho que afirme la democracia no ha resultado una tarea exenta de dificultades ubicadas en diversos órdenes:

Por una parte, se ha avanzado bastante en el desarrollo formal (declarativo) de principios y reglas, pero ha quedado como tarea pendiente su afirmación tomada en el sentido de la apropiación y recreación históricas y a la vez cotidianas que amplios sectores de la sociedad civil puedan hacer de estos principios.

Este avance en lo declarativo ha estado mediado por un lado por la presencia de enclaves institucionales autoritarios, más propios de una dictadura que de una democracia (por ejemplo, aquellos que garantizan la impunidad de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos), así como también por prácticas políticas basadas en una cultura tradicional excluyente ( vg. Formas corporativas de estructuración de las instituciones, clientelismos, populismos y neopopulismos, prácticas autoritarias refinadas y de respeto selectivo al estado de derecho.

En segundo lugar, si bien es evidente que numerosos sectores sociales, anteriormente excluidos, han entrado en la escena política, demandando dentro de las reglas de la democracia, cambios hacia nuevas formas de práctica política, participación electoral, así como cauces distintos para la toma de decisiones y la resolución de conflictos y demandas sociales (sujetos sociales como el movimiento indígena, el de mujeres, etc...); por otro lado, se ha marcado una tendencia hacia la reducción de las condiciones materiales que permiten el ejercicio de la ciudadanía, en medio de un intento de sectores poderosos por reducir el tamaño y la forma de intervención del estado en la economía y también su función social. Ha existido durante este cuarto de siglo democrático una constante tensión entre la crisis económica y los secuentes ajustes y el modelo democrático.

Este clima contradictorio afecta el desarrollo de prácticas colectivas que consoliden en términos sustanciales el régimen democrático. La gente en su cotidianeidad no diferencia (como si hacen los cientistas sociales aunque olvidan que la diferenciación debería ser hecha solo para efectos académicos) entre la situación económica que se vive y la vida democrática. La crisis en el un ámbito alcanza y contamina al otro y hace que la gente no le tenga fe a la democracia e incluso que, en este contexto revivan afanes autoritarios y golpistas.

Los desafíos

En este contexto, resulta evidente la importancia que el tema de la democracia y su afirmación en las dimensiones ya detalladas (derechos fundamentales y mecanismos de participación democrática) tiene para el país, (y para la cotidianidad de sus habitantes), como imperativo en orden a superar sus graves contradicciones sociales, nuevas y tradicionales. Así lo han reconocido diversos actores sociales, políticos y económicos del país. De todos modos, algo positivo de estos 25 años ha sido, la valorización en la conciencia ciudadana que le hemos dado a la democracia como marco de referencia de nuestra vida como país. Ahora el reto radica en que esta valorización en lo "macro", se refleje en lo "micro", en nuestra vida diaria. Este desafío pasa por impulsar la participación de la ciudadanía, vista como la posibilidad amplia de ejercicio de una serie de derechos y la capacidad de utilizar mecanismos legales-institucionales para intervenir en la formación y ejercicio del poder para la definición de un destino común.

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