Derechos de las víctimas en el proceso penal

Jueves, 30 de enero de 2014

Derechos de las víctimas en el proceso penal

 

Autor: Dr. Luis María Bunge Campos

El tema que nos convoca es el del rol de la víctima ene l proceso penal y, en lo personal me referiré a las cartas de derechos de las víctimas y su incidencia en ese rol. La primera aclaración necesaria es que deberíamos hablar de ?roles? y no de rol, porque la víctima tiene diversos roles posibles en el proceso penal; básicamente el de querellante y  el de testigo y a ambos roles se refieren las cartas de derechos a las que me referiré, no obstante la falta de tiempo me limitará a un aspecto muy rico para trabajar que es la victimización secundaria y el derecho de defensa.

Como primera aproximación, señalaremos que la imagen del imputado como eje y protagonista del drama penal, se ha desplazado discursivamente hacia la víctima como eje central del proceso penal. Desplazamiento que se ha verificado desde una lectura política. Garland lo resume de forma magistral:

?Si la pieza central del modelo penal del estado de bienestar era (la proyección experta) del ofensor individual y sus necesidades, el centro del discurso penal contemporáneo es (una proyección política) de la víctima individual y sus sentimientos?.

Garland enuncia muy correctamente la expresión ?sentimientos? porque son muy tenidos en cuenta, sobre todo en el caso de víctimas particularmente vulnerables.

Este ?corsi e ricorsi? que se narra respecto de los vaivenes de la víctima ene l proceso penal y, como eje discursivo, responde a realidades históricas y políticas coyunturales que sería apasionante analizar de tener tiempo. El problema es que una situación coyuntural no puede llevarnos a correr el eje de la balanza a favor de una de las partes ene l proceso y en detrimento de la otra; por ello una de las alertas que se deben señalar es la que nos dice que bajo ningún concepto se puede menoscabar el derecho de defensa; la otra alerta necesaria es que se puede hacer peligrar el monopolio estatal de la persecución penal.

El relato del desarrollo de las diversas cartas internacionales es un claro ejemplo de esa expansión del rol de la víctima que está adquiriendo dimensiones realmente alarmantes.

Por eso voy a detenerme sobre todo en el aspecto vinculado con la relación de los derechos de la víctima con el derecho de defensa. Delicado equilibrio que no tiene, a mi juicio, una lectura política adecuada en este momento. Garland, en el trabajo mencionado, lo resume diciendo que:

?Se ha establecido una lógica política en la que estar  `por` las víctimas automáticamente significa ser duro con los ofensores. Se asume un juego político de suma cero en el que cualquier mejora del ofensor es una pérdida para la víctima?.

Cuerpo normativo

El plexo normativo al que me referiré en esta exposición está integrado por cuerpos distintos, con diversas fuentes y alcances, pero refleja claramente el estado de la discusión en torno a la víctima en diversos momentos; veremos que el tratamiento que le dieran las Naciones Unidas en 1985 difiere del que el otorga la Cumbre Judicial Iberoamericana en abril de 2013.

Digamos que discursivamente la Declaración de la ONU de 1985, responde al modelo que Nils Christie describió pocos años antes (1977) como de la expropiación del conflicto, mientras que la Carta de este año, responde al modelo que reconoce a la víctima como eje del sistema penal.

Los cuerpos a los que me referiré son:

1.    Declaración sobre los Principios Fundamentales de la Justicia para las víctimas de delitos y abuso del poder. Asamblea General ONU 29/11/1985 (resolución 40/34). Esta declaración reviste suma importancia para nosotros ya que es citada por la Corte Interamericana.

2.    El Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal, Decisión marco del Consejo de la Unión Europea, 2001.

La Decisión Marco se inscribe en la necesidad de la Unión Europea de uniformar los sistemas jurídicos nacionales, el sentido que la mueve está claramente expresado en el punto 4 de los considerandos que preceden a su articulado.

(4) Conviene que los Estados miembros aproximen sus disposiciones legales y reglamentarias en la medida necesaria para realizar el objetivo de ofrecer a las víctimas de delitos  un elevado nivel de protección, con independencia del Estado miembro en que se encuentren.

Amén de estos importantes cuerpos normativos, debemos agregar un documento de contenido axiológico aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por 23 Poderes Judiciales, entre los que se encuentra el nuestro.

3.    Carta Iberoamericana de derechos de las víctimas, Buenos Aires, 2012.

Concepto de víctima

En este punto debemos analizar si el concepto de víctima que contienen estos cuerpos normativos, resulta coincidente con el carácter procesal de ?ofendido? o existen diferencias.

La Declaración de la ONU de 1985 es la que tiene un espectro más amplio, señalando el art. 1 que dice:

?Se entenderá por `víctimas` las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder?.

El artículo siguiente, señala que el concepto de víctima es independiente de que el autor del delito sea habido o no. Ya en este siglo, el Estatuto de la víctima de la Unión Europea precisa el concepto de otro modo al decir el art. 1

A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por:

a)    ?Víctima?: la persona física que hay sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro.

Por su parte la Carta Iberoamericana en su art. 2 define a la víctima del siguiente modo:

Para todos los efectos de la presente CARTA se entenderá por víctima, a toda persona física que haya sido indiciariamente afectada en sus derechos por una conducta delictiva, particularmente aquellas que hayan sufrido violencia ocasionada por una acción u omisión que constituya infracción penal o hecho ilícito, sea física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico.

Se considerarán víctimas los pueblos indígenas lesionados por éstas mismas conductas. También podrá incluir a la familia inmediata o las personas que están a cargo de la víctima directa.

Como una aproximación coincidente veremos que los tres cuerpos hacen referencia a personas físicas, esta es la primera delimitación del concepto; los derechos enunciados por estas cartas se refieren a la víctima como persona física o su familia directa. Quedan por ende excluidas las corporaciones de cualquier tipo, empresas y el Estado como víctima de estos estatutos.

De donde se desprende que víctima y ofendido no son necesariamente sinónimos, el derecho procesal le otorga el carácter de ofendido a sujetos de derecho que no son personas físicas, mientras que, a los fines de estos cuerpos, para ingresar en la categoría de víctima debo ser una persona física. Extender el alcance del concepto de víctima a órganos estatales, corporaciones o empresas, implica, en este orden de ideas, forzar el lenguaje de un modo que termina desvirtuando el concepto de víctima.

Esta distinción surge de la fuente de los derechos de las víctimas, que no es otra que la dignidad humana. En el proemio de la Carta Iberoamericana esto se enuncia claramente:

CONSIDERANDO que desde el marco de los Derechos Humanos, los derechos de las víctimas deben hacerse efectivos con respeto de su dignidad, debiendo adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico, psicológico e intimidad para ellas y sus familias.

Intervención de la víctima en el proceso

Aquí es donde se marca un claro desarrollo progresivo en el que se tiende a otorgarle a la víctima derechos cada vez más amplios, tanto que en algunos casos se puede dudar del monopolio de la persecución penal por parte del Estado. Y, en algunos casos, veremos que este avance es realmente preocupante.

Como punto de partida, volveremos a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la Organización de Naciones Unidas. De esta manera,  en su artículo 6º establece que ?se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a)    Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b)    Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las  víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;?

Incluso en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se contempla la posibilidad de intervención de la víctima pero mucho más acotada; así el inciso 3 del art. 68 del Estatuto de la Corte Penal Internacional dice que:

?La Corte permitirá en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba?.

De modo tal que la intervención de la víctima queda a la discrecionalidad de la Corte que permitirá su intervención en las fases del juicio que considere conveniente.

Destaco que el Estatuto de Roma alcanza con claridad los límites a la intervención de la víctima al decir que su actuación será autorizada ?de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con éstos?.

El Estatuto de la Víctima de la Unión Europea tiene dos disposiciones claves. Por un lado el art. 3 que consagra el derecho a la audición y a presentar pruebas reza:

Los Estados miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que sus autoridades solo interroguen a la víctima en la medida necesaria para el proceso penal.

El artículo siguiente enumera, bajo el acápite de derecho a la información una serie de obligaciones de los Estados Miembros como la de informar la sentencia y, de entender que existe riesgo para la víctima, informar de la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada.

No podemos soslayar, por su enorme trascendencia, la disposición  contenida en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2006 en particular la Regla 56 que consagra los derechos de información de la víctima.

Como vemos ya ingresamos en un tema mucho más discutible, ya que la puesta en libertad de la persona inculpada no condenada se refiere a una persona inocente por definición, por lo que ésta disposición  es altamente estigmatizante. Esta norma se repite en la Carta Iberoamericana.

La Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas

La Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas marca un punto culminante en  el avance de la víctima en el  proceso penal; por un lado el art. 3.2 DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO, consagra que:

?La víctima tienen derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, por lo que se le debe garantizar ser escuchada, impugnar ante la autoridad judicial las omisiones de la investigación de los delitos, interponer los recursos contra las resoluciones que menoscaben sus derechos, particularmente aquellas que pongan fin al proceso, participar en las audiencias de fijación y modificación de las medidas privativas de libertad, facilitar elementos de prueba,  así como recibir información sobre la liberación del autor del delito.

Asimismo en la fase de ejecución de la sentencia, la víctima tienen derecho a ser informada de las condiciones de cumplimiento de la pena y participar en las audiencias donde se modifique la misma?

No es muy diferente a lo dicho por la Corte Interamericana de DD.HH en el 2003 en el caso Bulacio:

que los familiares de la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas a instancias de dichas investigaciones, de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como podemos apreciar los derechos consagrados, a esta altura del desarrollo alcanzado, son excesivamente amplios; esta norma consagra, entre otros:

a)    El derecho a recurrir, contra resoluciones que menoscaben sus derechos;

b)    A participar en las audiencias de fijación y modificación de las penas y a participar en las audiencias de libertad anticipada, por ejemplo;

c)    A aportar pruebas;

d)    A recibir información sobre la liberación del autor del delito;

e)    A ser informada de las condiciones de cumplimiento de la pena;

f)     A participar en las audiencias donde se modifique la misma en la fase ejecutiva de la pena.

Realmente entiendo que nos encontramos frente a la concreción de uno de los peligros señalados, esta norma inclina exageradamente la balanza en detrimento de los derechos de defensa y de los derechos del condenado. Podemos imaginar sin ningún esfuerzo el resultado de esa intervención procesal. Por otra parte la expresión a resoluciones que ?menoscaben sus derechos? ene l marco de jun proceso penal, nos lleva a una lógica confrontativa  en la que, por definición los derechos de la víctima aparecen como contrapuestos a los derivados del derecho de defensa en juicio. Con esto se abre un abanico de posibilidades muy amplio en materia recursiva para la víctima. No puede negarse esto, señalando argumentos como que es la tónica de los tiempos o que es la ?nueva ola? en materia penal el otorgarle a la víctima derechos que terminen menoscabando a la defensa en juicio.

 

Dr. Luis María Bunge Campos

Profesor invitado (Argentina)

 

Artículo publicado en la R. de la Corte Nacional de Justicia Nº 7

 

 

 

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