DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DDHH

Lunes, 25 de mayo de 2015

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DDHH

 

Autor: Abg. Danilo Caicedo Tapia

 

 

Como un breve preludio, es necesario determinar el porqué de la existencia de derechos específicos para las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin desmedro de la existencia de los derechos generales a todas las personas que han sido víctimas de la criminalidad común, es decir de aquella que no proviene del Estado de manera directa o de su apoyo o aquiescencia.

 

            Existen particularidades que al enfrentarnos al Estado en calidad de autor, cómplice o encubridor hacen que nos encontremos ante un sujeto totalmente distinto al de la criminalidad común, incluso si esta última cuenta, como ocurre en muchos casos, con una colectividad de sujetos bien organizados. El Estado a diferencia de la criminalidad común puede imponer dentro de su territorio e incluso en ocasiones fuera de su jurisdicción, un régimen de impunidad basado en el abuso de su poder, esto a través de un sin fin de medios desnaturalizados puestos a su exclusivo servicio.

 

            Es así que un Estado goza por principio de una legitimidad a nivel nacional e internacional, se financia casi ilimitadamente entre otras fuentes por los recursos entregados por otros Estados, así como también de la carga tributaria impuesta a los ciudadanos y las ciudadanas, precisamente con la justificación de garantizar una calidad de vida digna a las personas. Es en esta posición de garante con obligaciones propias como respetar, proteger y garantizar derechos humanos es que el Estado utiliza toda una red estructurada, organización permanente y atribuciones de gran alcance que le son propias para gozar de impunidad en el abuso de un poder ilegitimo y arbitrario.

 

            Es en este contexto de particularidad, es que la Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado de manera particular principios, directrices y derechos propios de las víctimas de violaciones de derechos humanos, con el objeto de dar cuenta de una relación distinta entre una sociedad puesta en posición de vulnerabilidad ante un Estado que no reúne ninguna calidad alguna de constitucional, de derecho y democrático[1].

 

            Podemos sintetizar lo anterior, en el derecho a la verdad, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, estos cuatro derechos se encuentran estrechamente vinculados, en constante relación y constituyen pasos que integralmente buscan dar cuenta de la existencia de una víctima y satisfacer sus justas pretensiones.

 

1. El derecho a la verdad

 

El derecho a la verdad tiene antecedentes históricos muy lejanos dentro del derecho internacional humanitario, constituyéndose en la costumbre internacional que luego se vería formalizada en el Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, este derecho inicialmente fue concebido como la facultad ?que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros?. Con posterioridad, y como consecuencia de los graves procesos de violaciones masivas de derechos humanos producidos en el siglo pasado, nace una concepción más amplia, en la que podemos dimensionar con claridad una arista individual y la otra colectiva.

 

            En referencia, existe un derecho a la verdad de los individuos interesados directamente en el conocimiento de lo sucedido con sus allegados, como también de toda la sociedad en ?conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro?[2]. La obligación de dar respuesta a este requerimiento recae en el Estado quien deberá utilizar su aparato estatal que no necesariamente se limita al judicial para establecer una verdad.

 

            Establecido lo anterior, es necesario dar cuenta que la verdad como término polisémico nos puede conducir a muy distintos lugares, así podemos decir que dentro de las graves violaciones de derechos humanos existe en primer término una verdad histórica que da cuenta de sucesos particulares que afectaron a seres humanos dentro de un contexto social, mientras que por otra parte y sobre las mismas violaciones se puede establecer una verdad procesal totalmente distinta pues deviene de los hechos efectivamente demostrados y comprobados dentro de un proceso legal.

 

            Basados en la diferenciación anterior, se puede afirmar que la judicialización y su consecuente verdad procesal es apenas uno de los espectros de una verdad histórica mucho más compleja, la cual puede ser descubierta mediante métodos muy diversos y en la cual como bien se lo ha señalado el proceso penal puede ser una herramienta demasiado indiferente, indolente y tosca[3], en respuesta a esto nacen distintas formas de investigación, una de las cuales y más importantes puede ser encontrada en los mecanismos  extrajudiciales de investigación como son las comisiones de verdad en sus distintas y muy variadas formas, así como los denominados juicios de verdad, mecanismos que difieren tanto en sus requerimientos, procedimientos y fines.

 

            El establecer una verdad sobre procesos de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos no puede ser sino un proceso traumático, pues viene a desbancar una memoria oficial mantenida en muchos casos a manera de dogma por varios años, décadas o siglos, sacando así a la luz memorias ocultas, invisibilidades y demonizadas, mismas que permitirán dar cuenta de un proceso histórico político totalmente distinto.

 

2. El derecho a la memoria

 

En este contexto es que concomitantemente al derecho a la verdad podemos hablar de un derecho a la memoria que le puede ser exigido al Estado como obligado principal pero que también deviene en una obligación social, pues ?ni la memoria ni la identidad son hechos naturales, sino procesos sociales y construcciones políticas?[4].

 

            Esta memoria por supuesto tiene una dimensión individual respecto a cada una de las víctimas de violaciones de derechos humanos, en este sentido, es importante resaltar la individualidad de cada víctima y la particularidad de cada proceso, evitar que las víctimas se encuentren invisibilizadas ante relatos de amplios procesos de violación, donde únicamente constituyen una fecha, un número o una estadística, sino además se requiere deconstruír mensajes en las cuales las víctimas se encuentran ocultas en genéricos como ?caídos, abatidos, occisos? o en razones ?ajuste de cuentas, actos violentos, terrorismo, perpetradores, fuerzas obscuras? [5].

 

            Como lo señala Daniel Ferenstein, es indispensable en este proceso ?hablar de las víctimas como sujetos activos, resistentes y no borregos pasivos y obedientes?[6], rescatar sus ideales, razones de lucha, actos y prácticas de resistencia, pues ?no resulta suficiente para los fines genocidas eliminar materialmente (aniquilar) a aquellos cuerpos que manifiestan dichas relaciones sino que aparece como tan o más importante  clausurar los tipos de relaciones sociales que esos cuerpos encarnaban?[7]

 

            Lo anterior va de la mano con la construcción de una nueva memoria colectiva que venga a sustituir a una memoria oficial o memoria estatal, en la cual a través de estructuras de poder se crearon relatos colectivos, en los cuales basados en afirmaciones falsas, medias verdades, negaciones y sucesos fuera de contexto, se crearon justificaciones para fundamentar genocidios (algo habrán hecho ? amenazas a la seguridad, al modo de vida occidental ? inferioridad natural) y se invirtieron relaciones entre victimarios y víctimas (héroes de la nación- santos ? ciudadanos y enemigos de la patria-demonios, villanos contra sistema), permitiendo que estos últimos incluso sean despojados de sus características esenciales e incluso de su categoría de seres humanos.

 

            Además de lo expuesto anteriormente, es necesario precisamente el crear una nueva memoria material y simbólica como garantía para la no repetición de hechos atroces, conscientemente realizados, sistemáticamente planificados y organizados, ante el peligro y siempre constante resurgimiento de doctrinas revisionistas y negacionistas, ante la justificación, minimización y bagatelización de los crímenes cometidos. Así como también contra el propio y muchas veces provocado olvido, que permite la no activación de los jueces y tribunales o en su defecto provoca el estancamiento de las judicialización de estos casos.

 

            En fin, esta memoria se constituye en sí misma en una garantía de no repetición, en un instrumento de reconciliación individual y colectiva, así también en un bien jurídico que requiere de protección, los mecanismos para activar la memoria pueden ser de la más diversa data, jugando un gran papel el contexto social y la creatividad, a manera ejemplificativa podemos mencionar las disculpas de autoridades públicas, la construcción de todo tipo de memoriales, actos conmemorativos, fechas de recordación y la conservación, rescate y acceso a archivos que den cuenta de esos procesos, etc.

 

3. El derecho a la justicia

 

El derecho a la justicia de las víctimas implica para el Estado, de manera correlativa, una obligación general de proteger derechos y en concreto una serie de obligaciones particulares derivadas de la primera, como son el garantizar a las víctimas un acceso oportuno y eficaz a la administración de justicia, así como también el perseguir, investigar y sancionar a cualquier participe con un grado de responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos.

 

            La importancia de cada uno de los deberes mencionados es precisamente proporcional a la magnitud del crimen cometido. De esta manera, el Estado deberá tener como prioridad el conseguir a través de su administración de justicia una condena adecuada a tan grave violación cometida, esta condena estatal sumada a la condena moral de la sociedad implican dos premisas fundamentales para el cumplimiento de la garantía de no repetición de tan grotescos y deleznables actos.

 

            En este contexto, si fue necesario en una parte de este ensayo rescatar el papel de la víctima como un actor social y como un ser humano que en la gran mayoría de casos era un sujeto de resistencia ante un poder desmedido del gobierno, es ahora también necesario establecer con claridad el rol del responsable de graves violaciones de derechos humanos, en su papel de victimario, de esta manera como lo señala Ferenstein refiriéndose al victimario genocida, es preciso ir más allá de tachar al victimario de malvado, loco o enfermo sino concebirlo en su real dimensión como un ser consciente que forma parte de un sistema bien organizado, con procesos sistemáticos y sujetos disciplinados encargados de violar derecho humanos con un propósito y fin determinado.

 

            El proceso en relación al victimario cumple una función de reincorporación, ya que el mismo ?lo rescata del estado de hostis, ratificando que para el derecho sigue siendo persona, pese a la magnitud formidable del crimen cometido?[8].

 

            Adentrándonos en el derecho a la justicia partimos de una víctima que debe encontrarse debidamente protegida judicialmente, mediante un recurso amplio y efectivo que le permita acceder a jueces o tribunales ante la violación de sus derechos, sin importar si incluso dicha violación procede del mismo Estado, el cumplimiento deber requiere una efectiva división de poderes, independencia ante órganos gubernamentales y no gubernamentales y un efectivo convencimiento, coherencia y consecución de un discurso de derechos humanos, incluso ante la real posibilidad repercusiones fácticas al enfrentar a sujetos dotados de gran poder.

 

            El derecho de las víctimas a la justicia implica también que en el proceso de persecución, enjuiciamiento y sanción de perpetradores de violaciones de derechos humanos, no exista forma alguna de impunidad sobre todo ante hechos de tal gravedad, es así que a nivel internacional tanto por la existencia del ius cogens, costumbre internacional e instrumentos internacionales y al menos teóricamente a nivel interno de los Estados, existe consenso respecto a ciertas medidas particulares que deben de cumplirse en el tratamiento de graves violaciones de derechos humanos, es necesario aclarar que la calificación como delito de lesa humanidad no depende en absoluto de los Estados sino del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 

            Así existen medidas especiales como la prohibición de prescripción tanto del delito como de la pena, la restricción de la amnistía, la restricción de asilo territorial o diplomático, la prohibición de refugio político, la extradición como principio salvo en el caso que se presuma que el país requirente impondrá la pena de muerte, la posibilidad de juzgamiento en ausencia garantizando los derechos del imputado, la prohibición de interponer obediencia debida como eximente de responsabilidad, la invalidez de normas de arrepentimiento eficaz como eximentes de responsabilidad y su admisión solo para reducir la pena en caso que el imputado contribuya a develar hechos de importancia que contribuyan al derecho a la verdad, la prohibición de juzgamiento por parte de tribunales militares o policiales.

 

            De igual manera, la Corte Interamericana con claridad ratifica que ?son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos?[9].

 

            En adición a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, determinó que ?Los principios que se utilizan habitualmente para justificar el instituto de la cosa juzgada y ne bis in idem no resultan aplicables respecto a los delitos contra la humanidad porque los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los Estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan, y por ende no admiten, que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche?[10].

 

4. El derecho a la reparación

 

El derecho a la reparación constituye el último paso de un ciclo que comenzó con el derecho a la verdad en una etapa preprocesal y judicial, que siguió el derecho a la justicia que se presenta en la etapa judicial y finalmente la reparación que se presenta en cada una de las fases pero sobre todo en la etapa de cumplimiento de sentencia o en su defecto de un informe realizado por una Comisión de la Verdad. La importancia de la reparación radica en las funciones que cumple en relación a la víctima, la sociedad y el Estado.

 

            Así en cuanto a la víctima, el reconocimiento del Estado de dicha calidad y la puesta en marcha de su institucionalidad para reparar significa devolverle su dignidad como persona y asumirse como lejos de cualquier excusa y justificación como un afectado de una grave violación de derechos humanos; este proceso además le permite realizar un cierre psicológico a un largo proceso de victimización, y finalmente de forma concreta permite reparar al menos en una medida un proyecto de vida severamente afectado en un ámbito moral, social y por supuesto económico

 

            En cuanto a la sociedad, el reparar a uno o varios miembros de la colectividad conlleva entender una nueva verdad histórica, que va mucho más allá de la verdad procesal o la verdad institucional, permite reconocer víctimas, eliminar estigmas, estrechar lazos, entablar una reconciliación y fomentar la solidaridad, de igual forma facilita la reintegración de la víctimas al conjunto social y al entramado de sus relaciones, de igual manera el reparar permite abrir un dialogo que contribuye a la no repetición de graves violaciones de derechos humanos.

 

            En cuanto al Estado, el asumir seriamente procesos de investigación, sanción y reparación permite un cambio en la forma de relacionamiento de las personas con el Estado basada en la democracia, confianza y el principio de responsabilidad, adicionalmente ?la confrontación con el pasado es un indicador de la solidez del sistema jurídico y de la independencia de la justicia en los países en cuestión?[11], es un indicio para crear una institucionalidad y política de Estado basada en derechos humanos, permite crear una adecuada imagen a nivel internacional y es una de las principales premisas para establecer una no repetición de violaciones de derechos humanos.

 

            La reparación ?es un principio del Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general del derecho, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente?[12].

 

            Respecto a las modalidades de reparación, se suele con frecuencia reducirlas al tema económico, pero como ha sido señalado por organismos internacionales, ?las exigencias de la reparación (que) va más allá de las indemnizaciones o las compensaciones patrimoniales, el conocimiento general de las faltas cometidas. En este sentido, reviste un carácter más acusadamente social, histórico, moral, pedagógico, que otras expresiones de la justicia pública?[13].

 

            En la práctica existen serios problemas para la concreción de este derecho, así podemos mencionar:

 

            La falta de programas con presupuestos específicos para esta tarea, la falta de competencia o insuficientes competencias de un órgano ejecutor del Estado en dicha función, la dificultad para coordinar cambios estructurales entre las distintas funciones del Estado, la incapacidad de coordinación de tareas entre las distintas funciones públicas, la visión restringida a lo pecuniario en cuanto a la forma de reparar que da preeminencia solo a la indemnización, la burocracia estatal que desconoce o niega el derecho a ser reparado de las víctimas y la obligación internacional del Estado a reparar, la falta de acuerdo entre las víctimas y sus representantes legales y de estos con el Estado y en ciertos casos, el grado de precisión de la medida.

 

            Lo anterior conlleva, que la etapa de cumplimiento de una sentencia, informe o recomendación que contenga la obligación de reparar apenas sea el comienzo de un dilatado y engorroso proceso administrativo e incluso en algunos casos de un litigio judicial o acción de tipo constitucional.

 

            Este incumplimiento total o parcial ante la obligación por parte del Estado de reparar, acarrea como consecuencias el desnaturalizar el propio concepto de reparación, deslegitimar al origen de la reparación sea este proveniente de un órgano internacional o en su defecto de un órgano nacional, revictimiza a los afectados por graves violaciones de derechos humanos pues les obliga a continuar actuando dentro de un proceso, les impide cerrar un capítulo de su vida tanto en el aspecto psicológico como en el legal, les priva de un reconocimiento estatal en calidad de víctimas, así como también de un conjunto de acciones interdependientes que les permitirían alcanzar una reparación integral y por tanto una vida digna.

 

            Para finalizar este acápite, hay que resaltar  que estas tres medidas se interrelacionan estrechamente, así la reparación si bien constituye la última etapa dentro de un ciclo de verdad y justicia, sin embargo, de por si el establecer mecanismos efectivos de verdad como suelen ser las comisiones de la verdad es una forma de reparar, así como el judicializar y obtener una sentencia per se es una forma de reparación, además del vehículo más idóneo sin perjuicio de otros para concretar acciones administrativas por parte del Estado.

 

            Sobre la base de lo anterior, se puede concluir que el Estado que no cumpla con estas tres obligaciones, genera una sociedad de impunidad, amenaza la creencia de una sociedad democrática, permite que el poder del Estado pase a un segundo plano ante los poderes fácticos, provoca que la gente busque justicia por su propia cuenta, estimula el delito, niega la existencia de las violaciones cometidas y de las víctimas que los sufrieron, en concreto, incumple con el más alto deber que consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos y por tanto no puede ser denominado como Estado constitucional de derechos.

 



[1] Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.

[2] Louis Joinet, Informe Final del Relator Especial sobre Impunidad y Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha Contra la Impunidad, Introducción.

[3] Graciela Fernández Meijide, La Historia Íntima de los Derechos Humanos en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana S.A., 2009, p. 17.

[4] Martha Cabrera, ?Exceso y defectos de la memoria: Violencia política, terror, visibilidad e invisibilidad? en OASIS Observatorio de Análisis de los Sistemas internacionales 2005-2006, Bogotá-Colombia, Universidad Externado de Colombia., 2005, p. 40.

[5] Martha Cabrera, ?Exceso y defectos de la memoria: Violencia política, terror, visibilidad e invisibilidad?? pp. 45-46.

[6] Daniel Feierstein, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión, exterminio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editores del Puerto, 2008, pp. 61-115.

[7] Daniel Feierstein, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión, exterminio,? p.131.

[8] Eugenio R. Zaffaroni, ?Crímenes de Masa?, en Revista de la Asociación Americana de Juristas, septiembre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ediciones  del País, 2010, p.10.

[9] Caso Barrios Altos vs Perú. Sentencia de Fondo, 14 de marzo de 2001.

[10] Corte Suprema de Justicia de la Nación, Delitos de Lesa Humanidad, ?Fallos 330:3248 de 11-07-2007?, Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la Nación ? Secretaría de Jurisprudencia, 2009, pp. 203-204.

[11] Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), Santiago de Chile, Ministerio del Interior, 2009, p. 6

[12] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988.

[13] Caso La Cantuta vs Perú, Sentencia de Fondo, Voto razonado del Juez García Ramírez, 29 de noviembre de 2006.