Democracia Directa o Democracia Participativa

Jueves, 29 de mayo de 2014

Democracia Directa o Democracia Participativa

Autor: Ab. Oscar Valenzuela Morales

 

Los asambleístas de Montecristi incorporaron en la Constitución del 2008 el término ?Democracia Directa?, que no existe, y se olvidaron del concepto de ?Democracia Participativa?, que si existe, aunque el dominante es la ?Democracia Representativa?, como demostraremos.

Base Constitucional y Referéndum

La Democracia Directa se encuentra en la Constitución de la República en el Título III (Participación y Organización del Poder), Sección Cuarta (Democracia Directa), desde el artículo 103 hasta el artículo 107.

El artículo 103 se refiere a la iniciativa popular normativa para proponer la creación, reformas o derogatorias de normas jurídicas ante la Función Legislativa o ante cualquier otro órgano con competencia legislativa, para lo cual se requiere el apoyo de un mínimo del cero punto veinticinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la jurisdicción electoral respectiva.

Para un proyecto de ley surgido por la iniciativa ciudadana la Asamblea Nacional debe tratarlo dentro de los siguientes ciento ochenta días, de lo contrario entrará en vigencia. Los proponentes pueden participar en los debates parlamentarios a través de sus representantes.

El Presidente de la República podrá modificar el proyecto de ley, pero de ninguna manera podrá vetarlo totalmente.

En cuanto a la reforma constitucional, para presentar un proyecto con ese objetivo se requiere el apoyo de al menos el uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.

En la propuesta de reforma constitucional la Asamblea tiene el plazo de un año para conocer el tema, caso contrario, los proponentes pueden pedir al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a una consulta popular para que sea la ciudadanía la que se pronuncie sobre la iniciativa planteada.

En el artículo 104 se recoge la consulta popular sobre cualquier tema propuesta por el Presidente de la República, y las consultas populares sobre tópicos de interés nacional, local o específico, menos sobre tributos o la organización política administrativa del Estado, planteadas por los gobiernos autónomos descentralizados, por iniciativa popular y por los ecuatorianos o ecuatorianas residentes en el exterior. En todos esos casos se requiere el dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Los resultados de esas consultas populares son vinculantes para el Estado.

Para la consulta popular surgida desde los gobiernos autónomos descentralizados (prefecturas, municipios o parroquias) es imprescindible que haya sido adoptada por las dos terceras partes de sus integrantes.

La convocatoria a consulta por iniciativa popular sobre un tema de interés nacional requiere el apoyo de al menos el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, y cuando se trate de un tema provincial o cantonal es necesario contar con el respaldo del diez por ciento de los empadronados en el correspondiente registro electoral.

En el caso de las consultas populares propuestas por ecuatorianos radicados en el exterior sobre temas de su interés o relacionados con el Estado se requiere el apoyo de al menos el cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial.

El artículo 105 trata sobre el pedido de revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, el cual puede hacerse cumplido el primer año y antes del último año del mandato de la persona elegida. Para esta propuesta se necesita el apoyo de al menos el diez por ciento de los inscritos en el registro electoral respectivo, y del quince por ciento para el caso del Presidente de la República.

Los artículos 106 y 107 se refieren a temas de procedimiento para las propuestas de consultas populares señaladas en la Constitución de la República en las que hemos hecho referencia.

 

Democracia Directa Vs. Participación Ciudadana

Los casos de consulta popular invocados en los párrafos anteriores son un tipo de participación ciudadana, que parte de una convocatoria permitida por la Carta Fundamental, regida por una ley y con los procedimientos establecidos en reglamentos específicos.

En tal virtud, esas formas de participación ciudadana nacen del propio Estado, sin que existan auto convocatorias de la ciudadanía al margen de un marco legal y reglamentario que está previamente señalado.

Es la gente la que en pleno ejercicio de la democracia se involucra en la construcción del andamiaje legal del Estado y define sus puntos de vista sobre los problemas que considera cruciales para su vida.

Esta participación ciudadana se encuentra lejos de la democracia directa, cuya representación más cercana quizás se vivió en Atenas, en la Grecia de Pericles del siglo V antes de nuestra era, donde los miembros de la clase esclavista regían y decidían en las funciones y en los asuntos del poder político.

Sin embargo, aun en la democracia directa ateniense, que es la más cercana y único modelo de democracia directa conocido en la historia, las decisiones eran tomadas por un reducido grupo de personas, pues la gran mayoría permanecía al margen de esas auto convocatorias de los esclavistas, así es que en la mejor de las circunstancias se trataba de una democracia directa bien limitada.

Sobre el concepto que estamos analizando, el tratadista ecuatoriano y ex Presidente de la República, doctor Rodrigo Borja Cevallos, en su Enciclopedia de la Política, señala: ?La democracia directa es un imposible físico porque no hay manera de que el pueblo, masivamente, tome en sus manos la conducción de sus destinos. De ahí que todo gobierno, desde las épocas primitivas en que el hombre valiente asumía la conducción del grupo, ha estado confiado a la gestión de un pequeño núcleo de personas?.

Por lo expuesto, la Democracia Directa señalada en la Constitución de la República es una denominación errónea para las formas de participación ciudadana permitidas por la Carta Fundamental.

 

Democracia Participativa

Esas formas de participación ciudadana nada tienen que ver con la democracia directa, sino se trata de una verdadera democracia participativa, que es la manifestación expresada por la ciudadana bajo las normas planteadas en la Constitución de la República, las leyes y reglamentos pertinentes.

En la Constitución de la República hay otras formas de participación ciudadana fuera de las mencionadas, como la que se establece en el Art. 57, numeral 7 que garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados ?sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente?, la cual está en concordancia con el Art. 6 de la Convenio Nº 169 de la OIT, conocida como ?consulta previa?.

En materia ambiental, en el Art. 398 de la Carta Fundamental se destaca el proceso de participación ciudadana para todos los casos en los cuales el Estado deba tomar una decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente.

 

Esta consulta la realiza el Estado a la población que sería potencialmente afectada en su ambiente natural por una actividad o proyecto de cualquier tipo.

 

En la consulta de la referencia se presenta el proyecto a la comunidad reunida en asamblea, se escuchan sus observaciones y esos criterios deberían incorporarse al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto; sin embargo, los resultados de aquella carecen del carácter vinculante, pues no obligan al Estado que toma la decisión u otorga la autorización.

 

Adicionalmente, en la Constitución de la República se destaca la participación ciudadana en la toma de decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados, en los sistemas de salud, de comunicación social y de planificación, entre otras.

Incluso, con la nueva Constitución nació el Consejo de Participación ciudadana y Control Social, cuyo propósito, entre otros, según se fija en la carta Fundamental, es promover  e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana.

Al margen de la pretensión equivocada de institucionalizar la participación ciudadana por parte del Estado, como el propio nombre de la entidad lo indica, y de si el rol de esta instancia gubernamental es positivo o negativo, estimo que en la norma constitucional se evidencia un proceso de ciudadanización del Estado ecuatoriano.

Por lo dicho, estos nuevos referentes nos indican de manera clara que estamos observando el surgimiento de la democracia participativa, que es un avance respecto de la tradicional democracia representativa, porque en la primera la población ayuda a la toma de decisiones del poder político representado en las distintas funciones del Estado, incluso presentando sus propias iniciativas, en la segunda, la participación se reduce al acto electoral mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad por el voto para elegir a sus representantes.

 

En la democracia participativa es la propia ciudadanía la que se pronuncia de manera directa sobre temas de su interés, como iniciativas de reformas o propuestas constitucionales o legales y proyectos diversos de crecimiento o de desarrollo, entre otras.

 

Sin embargo, muchos niegan la existencia de la democracia participativa y solo reconocen a la democracia representativa, conceptos que de ninguna manera son excluyentes, sino son absolutamente complementarios.

 

El Dr. Borja, en su obra ya citada, expresa: ?No existe democracia sin participación. Por tanto, no hay para qué hablar de democracia participativa. Esto es casi un pleonasmo. La democracia es participativa o no es democracia?.

 

Al margen que la democracia pura es una utopía, porque la gente no se auto convoca para la toma de sus decisiones reunidas en un gran espacio público, como en el antiguo ágora ateniense, por el otro, la democracia se muestra en múltiples facetas y formas de expresión ciudadana, unas de las cuales son la representación y la participación.

 

Negar ese hecho y seguir dentro de la línea de pensamiento del destacado tratadista ecuatoriano podría llevarnos a afirmar que también sería casi una tautología la democracia representativa, porque una sociedad sin elecciones, sin esa facultad que tienen los ciudadanos para delegar su representación en los asuntos del Estado, no es democracia. Entonces, en el concepto democracia también está sobre entendido el concepto de la representación.

 

Es imposible imaginar a la democracia sin la posibilidad que tienen las personas para elegir a sus dirigentes que asumen el poder político en un Estado, hecho por el cual esa sociedad sería cualquier cosa, menos democracia. 

 

La democracia es participación, cierto es, pero de ninguna manera esa participación se puede limitar a la elección cada cierto período de los gobernantes que representan a sus votantes y deciden por ellos o al acto de expresar su voluntad y decisión mediante el voto en un referéndum o en algún plebiscito convocado por alguna función del Estado.

 

En consecuencia, las esencias indisolubles de la democracia son la participación y la representación, en la cual en la primera la población tiene la facultad de adoptar sus propias decisiones sobre temas importantes, de ayudar al Estado a tomar las suyas y de construir juntos el andamiaje constitucional y legal del país; en la segunda los gobernantes asumen las responsabilidades de un buen administrador del Estado bajo sus propias propuestas de dirección.

 

Es por esto que hacia el horizonte de la democracia participativa debería conducirnos el proceso de ciudadanización que se encuentra en la Carta Fundamental ecuatoriana.

 

Democracia Representativa

 

Pero a contrapelo de lo propuesto, los actores que detentan el poder político en los países de Sudamérica privilegian la democracia representativa por sobre la democracia participativa.

 

Aquellos argumentan su triunfo en las elecciones, por lo tanto, es frecuente escuchar su argumento que sostiene que el pueblo los eligió para que asuman su representación en todos los asuntos de Estado, como podría ser la ejecución de proyectos, la construcción de las leyes o en otro tipo de decisiones, hecho por el cual es innecesaria la consulta popular para dilucidar esos temas.

 

Es más, agregan que quienes deseen proponer nuevas alternativas, proyectos legales distintos a los de la Función Ejecutiva o reformas constitucionales, a modo de ejemplo, deben participar en elecciones y ganarlas, para continuar con el ciclo de la democracia representativa.

 

O incluso desde al andamiaje estatal se ponen trabas de mil características para dificultar la participación ciudadana que nazca de la propia colectividad social, a través de reglamentos o instructivos que regulan los derechos constitucionales.

 

Pero, visto desde otro punto de vista, quienes opinan así, quizás pensando equivocadamente que se pretende disputar el poder legítimamente ganado en elecciones, se olvidan que la democracia representativa también es una ficción, pues en la democracia el pueblo es el soberano, el mandante absoluto, hecho por el cual frecuentemente se producen fricciones entre las autoridades y la ciudadanía.

 

Es decir, esa actitud soberana del pueblo podría manifestarse, sin romper la representación entregada a los gobernantes, a través de una participación activa sobre temas específicos, tal como se plantea en la Carta Fundamental.

 

Conclusiones

 

La democracia directa es un error conceptual manifestado en la Constitución de la República del 2008, porque el pueblo no se auto convoca para decidir en un espacio abierto al margen de las leyes de un Estado constituido.

 

La democracia participativa tiene múltiples expresiones, unas de las cuales son las consultas populares con carácter vinculantes para todos y otras son las consultas convocadas por el Estado cuando tiene que decidir o autorizar proyectos que puedan afectar sus derechos constitucionales.

 

La democracia representativa es la forma democrática más usual en nuestros países sudamericanos, a la cual se aferran los gobernantes para evitar el pronunciamiento del pueblo en la toma de decisiones que pueden resultar adversos para las políticas de gobierno.

 

Sin embargo, tanto la representación como la participación son elementos esenciales del vivir democrático, por lo cual pueden coexistir ambas manifestaciones en beneficio de la democracia, tal como sucede en algunos países europeos.

 

Oscar Valenzuela Morales

Abogado, Magister (c) en Ciencias Internacionales , U. Central del Ecuador
Secretario Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Internacionales.

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