Defensa y cambio de calificación jurídica

Viernes, 10 de enero de 2014

Defensa y cambio de calificación jurídica

 

Autor: Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

 

Principio de iura notiv curia: legado de la tradición jurídica europea

 

Referido específicamente al principio de congruencia  recordemos que el principio iura novit curia forma parte de la tradición jurídica continental europea que los países latinoamericanos hemos heredado del proceso de colonización, y se mantiene aún en aquellos países que han adoptado sistemas de enjuiciamiento realmente orales y contradictorios en los últimos años (Así, entre otros, art. 341, párr. II, CPP Chile; art. 365, párr. II CPP Costa Rica; art. 359, párr. II, CPP El Salvador; art. 364, párr. II, CPP Venezuela), ampliamente superadores de los llamados ?códigos modernos?, de los cuales el CPP Córdoba (1939) fue el representante más conspicuo (Así, art. 401, párr. I, CPP Nación (Argentina). Estos códigos sólo pueden ser llamados ?modernos? porque nacen con la Modernidad, no en sentido cronológico ni por su contenido, pues, básicamente, reflejan la estructura del Código francés de 1808. En este sentido, Julio Maier señala, al hacer referencia al CPP Córdoba (1939), que él ?representó? el primer paso importante de la reforma procesal penal en la República Argentina, similar a la que se llevó a cabo casi un siglo antes en Europa continental??[i].

 

Algunos criterios doctrinarios:

 

Clariá Olmedo es partidario de la posición más tradicional, ya que señala que ??la regla de congruencia o de relación, con su significado estricto dentro del proceso penal sólo hace referencia a lo fáctico, mostrándose como una indispensabilidad de coincidencia o conveniencia entre el supuesto de hecho imputado y el contenido fáctico de la decisión?, ya que en el aspecto jurídico rige en plenitud del principio iura curia novit?[ii].

 

En el mismo sentido se pronuncia Vélez Mariconde, al afirmar que la facultad de dar al hecho una calificación jurídica distinta no representa una violación del derecho de defensa[iii]. Los acompaña, muchos años más tarde, Carlos Creus, quien sostiene que ?el principio de congruencia refiere a los ?hechos? no a su calificación jurídica[iv]?.

 

D?Álbora, en su comentario al art. 401 del CPP Nación, parece adherir a  la tesis clásica, esto es, que sólo limita la decisión del tribunal de juicio a los hechos contenidos en la imputación[v]. Vasquez Rossi, por su parte,  no queda muy claro en dónde se ubica, pues luego de reconocer la sola limitación a los hechos y la amplia vigencia del iura novit curia, aclara que ?lo importante en este aspecto es la correlación entre la imputación, concretada en la acusación, y la decisión final, aunque sobre este punto debe señalarse que la decisión jurisdiccional no puede exceder o modificar los planteos de la acusación?, fundando su posición en el principio acusatorio y no en el derecho de defensa[vi].

 

Julio Maier, al desarrollar el principio de ?correlación entre la imputación y el fallo?, establece como regla que éste se limita a la correcta descripción del hecho. Sin embargo, admite que una calificación jurídica sorpresiva puede provocar indefensión, y en ese supuesto, propone, se debe advertir al imputado sobre el posible cambio de calificación jurídica[vii]. Alberto Binder mantiene una posición similar en cuanto a la inclusión de la calificación jurídica como requisito de la imputación. Así, señala que el principio iura novit curia le da cierta libertad al tribunal para aplicar la ley sustantiva, pero esta discreción se halla limitada por el derecho de defensa: ?? se debe entender como una violación del derecho de defensa el hecho de que la calificación jurídica que hace el tribunal de los mismos hechos resulta sorpresiva y no fue tenida en cuenta en ningún momento del desarrollo del juicio o los debates particulares[viii]?.

 

Constitucionalidad de la aplicación del principio iura novit curia

 

Cafferata Nores ?acompañado hasta cierto momento por Ledesma (Cf. Ledesma, ¿Es constitucional la aplicación del brocardo iura novit curia?, cit., p. 373, quien en este trabajo sostuvo que como exigencia del derecho de defensa debía advertirse al imputado y darle la oportunidad de ser oído para evitar la vulneración al derecho de defensa ) ? es quien adhiere a la tesis más amplia en cuanto al concepto de ?imputación?: ?Para que el imputado pueda defenderse de la imputación, debe conocerla en todos sus elementos relevantes, de modo que quede excluida cualquier sorpresa. El acto por el que se le informa de ella se suele denominar intimación. Ésta debe ser previa a cualquier declaración que se le pueda recibir, comprensible (sencillamente expuesta, y si no entiende el idioma se le proveerá de un intérprete, establecen los arts. 8.2. a, CADH, y 14.3.a, del PIDCP) y detallada, con explicación de las causas de la acusación, es decir, los hechos que le  dan base y las pruebas existentes ( su contenido) y su naturaleza, o sea, su encuadramiento legal (art. 8.2.b, CADH; art. 14.3.a, PIDCP). Las leyes procesales exigen que sea realizada por la autoridad judicial que debe recibir la declaración del imputado, de modo previo a ella, tanto durante la investigación preparatoria como en el juicio oral y público. Y ¿cuán previa debe ser la intimación respecto de la declaración?: entre ambas deberá también transcurrir el ?tiempo? adecuado (art. 8.1.c, CADH) para la preparación de la defensa, aspecto no desarrollado especialmente entre nosotros[ix]?.

 

Como se viene reconociendo, más allá de trabajos aislados de la doctrina procesal penal argentina que hacen referencia a los estándares internacionales, esta obra de Cafferata Nores es la primera que analiza globalmente la influencia del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho procesal penal interno. Como dice el prologuista,  ?La obra de Cafferata Nores recorre todas esas decisiones de organismos supranacionales que ?rebotarán? en el derecho argentino a través de su aplicación por los tribunales locales. Este libro nos enseña cuáles son los estándares internacionales que ahora los tribunales locales tendrían que aplicar, gracias a la protección internacional. En este punto, entonces, debo destacar uno de los grandes méritos del trabajo que estoy prologando: su vastísima información y comprensión sobre las decisiones, incluso más recientes, de los organismos supranacionales de derechos humanos en materia de derecho procesal penal, lo que convierte sin duda a Cafferata Nores en uno de los mejores conocedores de los estándares internacionales vigentes[x]?.

 

Por nuestra parte sostenemos que para hacer efectivo el respeto a la inviolabilidad de la defensa y a ejercer adecuadamente el derecho al contradictorio previsto en la Constitución Política de 2008, es imprescindible que el acusado tenga el derecho de ser informado no solamente de la causa de la acusación, es decir, de los hechos materiales mantenidos contra él que constituyen la base de su inculpación, sino también de la naturaleza de la acusación, es decir, de la calificación jurídica de estos hechos materiales.

 

Regulación normativa

 

Además de ir abriéndose paso en la doctrina más moderna, la necesidad de incluir en la intimación de la imputación la calificación jurídica del hecho atribuido, ha sido regulada expresamente en los códigos procesales penales latinoamericanos más recientes.

 

Legislación comparada

 

Así, por ejemplo, el CPP Chile:

 

?Artículo 341.- Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación o apreciar la  concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia. Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella?.

 

Lo interesante de esta regulación consiste en el hecho de que la advertencia y la posibilidad de alegar sobre la posible modificación de la calificación jurídica se garantiza no sólo cuando tal posibilidad surge durante el debate, sino también cuando ello sucede en la deliberación, una vez clausurada la audiencia.

 

El nuevo CPP de Colombia regula el principio de otra manera:

 

?Artículo 448. Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena?. En este caso, la regla impide al tribunal la modificación de la calificación jurídica propuesta por la acusación.

 

El CPP de Venezuela dice:

 

?Artículo 364. Congruencia entre sentencia y acusación. La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en la acusación y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación. En la sentencia condenatoria, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, o aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre que no exceda su propia competencia. Pero, el acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de apertura a juicio, si previamente no fue advertido por el juez presidente sobre la modificación posible de la calificación jurídica?.

 

Como se puede advertir, los ejemplos citados ?con excepción del CPP Colombia? concuerdan con la doctrina de la Corte  Interamericana ya que, al mismo tiempo que consagran el principio iura novit curia, lo limitan por las exigencias derivadas del principio de congruencia y del derecho de defensa.

 

Del mismo modo se halla regulada esta limitación al principio iura novit curia en la Ordenanza Procesal Penal alemana, que en su § 265 establece el deber de advertencia del tribunal frente a una posible modificación de la calificación jurídica ?independientemente de si se trata de una figura más grave o menos grave?. Según ROXIN, este deber parece tener dos fundamentos. En primer término, frente a la facultad del tribunal de calificar el hecho según su propio criterio, en la medida en que no exceda los límites fácticos del objeto procesal, el acusado debe quedar a salvo de sorpresas en relación a las cuales no pudo preparar su defensa. En segundo lugar, el interés en lograr un esclarecimiento exhaustivo de lo ocurrido, se le debe conceder la posibilidad de pronunciarse respecto a la imputación que ha sido modificada[xi].

 

De acuerdo con el análisis precedente, podemos concluir en que tanto para la opinión de la Comisión Interamericana, como para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un juicio penal, resulta conforme a las disposiciones de la Convención, la aplicación del principio iura novit curia por parte del tribunal que dicta un llamamiento a juicio y del que dicta una sentencia condenatoria. Este respeto debe ser igualmente valedero cuando se trata de resolver un llamamiento a juicio conforme se ha analizado up supra. Sin embargo, la aplicación del principio iura novit curia sólo resulta legítimo en la medida en que se respete el principio de congruencia entre imputación y resolución, y las exigencias derivadas del derecho de defensa establecidas en el art. 8.2.b y 8.2.c de la Convención. El principio de congruencia exige, por un lado, que el tribunal de resolución no se exceda de los hechos contenidos en la acusación ?o en su posible ampliación durante el debate? en caso de dictar sentencia  condenatoria.

 

Por otro lado, el principio limita la discreción del tribunal al aplicar el principio iura novit curia al requisito de la previa advertencia de la posible calificación jurídica a atribuirse a los hechos contenidos en la imputación, sea porque la calificación estuviera contenida previamente en la imputación, sea porque se advirtió a la defensa y al imputado durante el debate respecto de la calificación jurídica alternativa. En ambos supuestos, la calificación o calificaciones jurídicas integran la imputación y, por ende, constituyen un límite para el tribunal al momento de dictar su resolución, límite que deriva de dos exigencias del derecho de defensa: a) derecho a que se le comunique previa y detalladamente el contenido de la imputación ?art. 8.2.b?; y b) derecho a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa ?art. 8.2.c?.

 

Como se advierte del estudio del proceso que se conoce por la alzada, el juez a quo se apartó de los hechos contenidos en la acusación del ministerio público y de la calificación jurídica que el mismo había formulado como titular de la acción penal al tenor del Art. 219 de la Constitución Política de la República de 1998, limitando el derecho de defensa que le asistía a los sindicados, pues los colocó en situación de indefensión, al impedirles el derecho al contradictorio, vulnerando así las garantías del debido proceso que han sido citadas precedentemente y la propia Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jose de Costa Rica (1969) - vinculante para el Estado ecuatoriano - en el Art. 8.2.b, y 8.2.c.

 

En síntesis, la calificación jurídica es un acto persecutorio que, corresponde exclusivamente al ministerio público, vale decir que la  decisión de modificar la calificación para establecer una adecuación típica más grave, no puede provenir del tribunal debido a que pone en peligro su imparcialidad, y deja en indefensión al sindicado.  Es necesario difundir y respetar estas nuevas exigencias que, como bien explica Cafferata Nores, han sido impuestas por el derecho internacional de los derechos humanos.

 

Prof. Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

Profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Guayaquil

 



[i] Julio B.J. MAIER. Derecho procesal penal, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1996, 2ª ed., t. I, p. 415.

[ii] Jorge CLARIÁ OLMEDO. Principio de congruencia en el proceso penal, en el XI Congreso Nacional de Derecho Procesal, La Plata, 1981, t. I, p. 363.

[iii] Alfredo VELEZ MARICONDE, Derecho procesal penal, Editorial Lerner, Córdova, 1986, t. II, p. 228.

[iv] Carlos CREUS, Derecho procesal penal, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 117.

[v] Francisco D?ÁLBORA Francisco.  Código Procesal Penal de la Nación, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, 5ª ed., p. 868.

[vi] VÁZQUEZ ROSSI, Derecho procesal penal, cit., t. II, p. 456

[vii] Cf. MAIER, Derecho procesal penal, t. I, cit. ps. 568 y siguientes.

[viii] Alberto BINDER , Introducción al derecho procesal penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, 2ª ed., p. 163.

[ix] José I. CAFFERATA NORES.  Proceso penal y derechos humanos, Ed. Del Puerto/CELS, Buenos Aires, 2000, ps. 112 y s.

[x] Martín ABREGÚ. Prólogo, en CAFFERATA Nores, Proceso penal y derechos humanos, cit., p. VI

[xi] Claus ROXIN. Derecho procesal penal, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 367.

 

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