Cualidades de los candidatos a cargos juidiciales

Lunes, 22 de mayo de 2006

 

 

 

ESCUELAS JUDICIALES: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Cualidades de los candidatos a cargos juidiciales

 

Por: Dr. Luis Salas - Dr. José Ma. Rico
Centro para la Administración de Justicia San José, Costa Rica

LA FORMACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL constituye uno de los aspectos más relevantes para el mejoramiento de los sistemas de administración de justicia. En efecto, la calidad de las decisiones judiciales dependen tanto del personal que las aplica como de las normas en que se basa para hacerlo. En América Latina, la formación de los jueces es considerada como sinónimo de profesionalismo de la magistratura.

La capacitación es uno de los problemas comúnmente señalados por los jueces como preocupante para la profesionalización de su gremio. Asimismo, las encuestas de opinión señalan la necesidad de capacitación del personal judicial. Según un estudio colombiano, los jueces que identificaron este problema como uno de los aspectos fundamentales del sistema de justicia hicieron sobre el diversas observaciones referentes a la preparación previa de los funcionarios para las múltiples facetas que abarca la labor judicial (conocimientos jurídicos, psicológicos y administrativos), y a la necesidad de mantenerse actualizados y de capacitar a los empleados judiciales.

Los intentos hechos en el continente para establecer cursos de formación y capacitación del personal judicial se enfrentan a varios problemas, siendo quizás el principal de ellos la necesidad y la oportunidad de implantar programas formales de formación gracias a la creación de escuelas judiciales independientes de las facultades de Derecho.

La capacitación, reflejo del desempeño del juez

La capacitación de los candidatos a cargos judiciales refleja el papel que el juez debe desempeñar en el sistema de justicia. Aunque en los países de common law no se requiere ninguna formación legal suplementaria a la adquirida en las escuelas de Derecho para ser nombrado juez, en la mayoría de los pertenecientes a la familia jurídica romano-canónica se exige una formación adicional, generalmente dispensada en una escuela judicial Una de las primeras escuelas fue fundada en España en 1944, aunque comenzó a operar en 1950; este retraso fue debido a la oposición de las facultades de Derecho a la creación de centros de formación legal que escaparan a su control

La creación en Europa de escuelas judiciales fue imitada por diversos países latinoamericanos; así se establecieron el Centro de Estudios Judiciales en la provincia del Chaco en Argentina, el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de la Federación de México, la Escuela de Jueces de la Universidad de Chile y la Escuela de la Judicatura en Venezuela. Así pues, raros son los países latinoamericanos que poseen una escuela judicial o un programa formal para la capacitación de los jueces.

Las razones para la creación de escuelas judiciales son variadas, aunque generalmente consisten en la ausencia de cursos de formación legal continuada en las facultades de Derecho, así como en la calidad cada vez más baja de dichos programas. Incluso cuando existen cursos de formación superior en Derecho, los programas de las facultades no prevén cursos relacionados con las tareas judiciales. Además, la enseñanza universitaria en materia jurídica suele ser fundamentalmente teórica, ignorando los aspectos practicas de la función judicial.

Filtro de aspirantes

Una de las principales diferencias entre los modelos de escuela judicial estriba en el método de ingreso. En España, por ejemplo, el Centro de Estudios Judiciales actúa como filtro de los aspirantes a la carrera judicial y, en Venezuela, los candidatos a la Escuela de la Judicatura deben pasar un examen ante tres magistrados del Consejo de la Judicatura. Una vez admitidos, deben completar un curso básico de un año, a razón de tres horas diarias durante cuatro días a la semana. La graduación del curso básico es un requisito para ocupar una vacante judicial. Además de dicho curso básico, la Escuela dispensa otros de formación continua a los jueces en funciones.

En Puerto Rico, el Poder Judicial ha instaurado un programa de formación para los nuevos jueces y no les asigna ninguna función judicial.

Sino cuando han completado un curso básico y efectuado una pasantía con un juez en activo, quien certifica su competencia en las tareas propias del cargo. Este sistema es único, ya que el Poder Judicial tiene dos escuelas, una para los jueces y otra para el personal de apoyo, la primera bajo la supervisión de un comise de jueces y la segunda bajo la oficina de administración de tribunales. El papel de la Escuela Judicial es bastante variado, e incluye la supervisión de las publicaciones judiciales y de las bibliotecas.

En América Latina existe una opinión mayoritaria entre los miembros de la judicatura favorable a la creación de organismos de capacitación bajo el control del Poder Judicial. Así, en Colombia, donde la escuela judicial depende del Ministerio de Justicia.

Finalmente, casi todos los países objeto de estudios sectoriales tienden a desarrollar el mismo modelo de formación judicial que tanto se ha criticado a las facultades de Derecho, caracterizado por su falta de correspondencia con el papel que debe desempeñar el juez en la sociedad y su carácter fundamentalmente académico.

Así pues, con respecto a la capacitación del personal judicial, las carencias son numerosas en los países latinoamericanos, sobre todo en los tribunales inferiores. El problema es tanto más acuciante cuanto que son precisamente estas instancias judiciales quienes se encuentran más cercanas a la población y a sus necesidades.

Características y cualidades ideales de los jueces

Raros son los estudios realizados en el mundo de habla hispana que hayan tratado de comprender el papel judicial tomando en consideración las características de los jueces.

Es difícil determinar las cualidades ideales que deberla tener un juez. Algunos autores las agrupan en dos grandes categorías, según que se refieran a su grado de formación y a su personalidad. Los datos de las encuestas efectuadas en el marco de los estudios sectoriales muestran, por ejemplo, que en Costa Rica la población caracteriza a los jueces sobre todo por su conocimiento de las leyes, su comprensión, experiencia y su honradez.

Siguiendo el ejemplo de Inglaterra, los países de common law hacen hincapié en la edad relativamente avanzada de los candidatos a jueces, mientras que los países pertenecientes al sistema romano-canónico suelen nombrar a candidatos jóvenes y deseosos de hacer carrera en la magistratura. En los países latinoamericanos, la edad promedio de los jueces varia según las regiones y el rango de los tribunales. Por ejemplo, en Costa Rica, la edad promedio de los magistrados es de 35 a 51 años; en Colombia, la edad de todos los jueces del país es de 39 a 46 años promedio.

El título profesional

La tendencia en la región es la de eliminar de los cargos judiciales a las personas que no posean titulo de abogado. En general, los candidatos sin este titulo pero "entendidos en Derecho", suelen ser nombrados en los tribunales inferiores, especialmente en los Juzgados de Paz.

La incorporación de la mujer en la carrera judicial

La gran mayoría de los magistrados y jueces latinoamericanos son hombres. El número creciente de mujeres que ingresan en la profesión legal representa uno de los cambios más significativos con incidencias en la magistratura.
En Costa Rica, sólo hay dos mujeres en la Corte Suprema, pero el 21% de los jueces y el 41% de los alcaldes son del sexo femenino; en Colombia, el 65% de los jueces son hombres, aunque hay más jueces municipales del sexo femenino, pero pocas mujeres magistradas o jueces superiores y de circuito; en Venezuela, el 51,5% de los jueces son mujeres.

El crecimiento en el número de mujeres que ingresan a la judicatura es un fenómeno bastante extendido. En España, por ejemplo, su representación en las promociones más recientes ha alcanzado casi el 50% del total.

La incorporación de la mujer a la carrera judicial es vista positivamente, sin embargo, algunos autores, al estudiar los números con mayor detalle, señalan que las mujeres siguen siendo asignadas a puestos inferiores a los hombres.
Las entrevistas a profundidad revelan la existencia de quejas referentes a la discriminación por razones de sexo en la selección y promoción de los jueces.
Es frecuente nombrar a las mujeres en puestos considerados como "femeninos", especialmente en los tribunales de familia, así como en posiciones administrativas o de apoyo. La estabilidad laboral y la discriminación existente en la practica privada son los principales factores que atraen a las mujeres a la carrera judicial en los países en que esta existe.

Con respecto a la clase social

Los países con un alto porcentaje de población indígena tienen problemas de representatividad.

Algunos investigadores han tratado de determinar la clase social de los jueces. Por ejemplo, en España, Costa Rica y Colombia, los jueces provienen de las clases media y media alta en proporciones superiores a la población.
Esta predominancia de la clase media como punto de origen de los jueces parece ser común a la mayoría de los países en los cuales se requiere un titulo de abogado para acceder a la judicatura. Si se estudia esta misma variable con mayor detenimiento, se encuentra que la clase de origen varia en relación con el tipo de cargo ocupado por los jueces.

El prestigio social

Por otra parte, la profesión judicial no es la más prestigiosa socialmente. En general se observa una gran divergencia entre la apreciación manifestada por la población acerca de los jueces, que suele ser negativa, y la hecha por estos, que colocan su profesión entre los primeros rangos por lo que a prestigio se refiere.
En casi todos los países objeto de los estudios sectoriales, existe insatisfacción con respecto al Poder Judicial, en especial en lo referente a las posibilidades de acceso, al carácter imparcial de las decisiones judiciales y a la corrupción imperante en el sistema judicial. Las reacciones de la magistratura ante esta percepción han sido variadas, aunque se ha observado que en los países cuyo Poder Judicial goza de gran prestigio las reacciones han sido más negativas.

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