COMBATE A LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

Lunes, 26 de junio de 2006

 

Realidades y propuestas

Por: Dr. Manuel Villoria
Universidad Rey Juan Carlos - Instituto Universitario Ortega y Gasset
Madrid, España

Una organización ineficaz

Por lo general, la duración media de un proceso penal se sitúa entre 2 y 4 años y de un proceso civil entre 3 y 5. En caso de apelaciones se pueden llegar a varios años. Estos retrasos implican, al final, un alto grado de impunidad. El bajo rendimiento, el ausentismo laboral, y la desorganización sistemática son parte de las causas del colapso.

La precariedad del empleo.

Los jueces son nombrados en muchos casos por criterios partidistas, sin pruebas que acrediten el mérito y la capacidad. Muchos de ellos están en situación interina, con lo que no tienen un puesto fijo de trabajo y queda su continuidad al albur de las decisiones políticas. La posibilidad de cese a los tres o cuatro años de los contratados temporales es muy alta, salvo que tengan adecuadas conexiones políticas. La inamovilidad es rara y siempre susceptible de revisión.

Desprecio de la Ley.

La actuación diaria de los jueces y personal administrativo de los juzgados está plagada de irregularidades en el respeto a los plazos, en la consideración a los detenidos, en la debida custodia de los documentos, en la protección de datos personales, en la protección de testigos, etc.

Amiguismo.

La diferencia de trato en función de la amistad con el juez o con miembros de la carrera judicial está generalizada; la presencia de correligionarios políticos o de familiares de políticos de relieve es fundamental para entender el contenido errático de las sentencias.

Delegaciones.

En ocasiones, los jueces delegan en terceros la redacción de sentencias o la gestión de los procesos, reduciéndose con ello la ya de por sí, baja calidad de las resoluciones.

Abogados corruptores.

Los abogados más prestigiosos son, lógicamente, quienes ganan los casos, pero ello se consigue con una buena red de relaciones y un abundante flujo de dinero, que acaba, en gran parte, en manos de los jueces corruptos. La capacidad y los conocimientos jurídicos no bastan e, incluso, son redundantes.

Silencio.

A pesar de que en privado los empleados del sistema judicial, desde magistrados a administrativos, son conscientes del drama y lo comentan, en público casi nadie osa levantar su voz y denunciar la corrupción generalizada.

Jerarquía judicial cooptada.

Aun cuando existan jueces profesionales y no politizados en el nivel inferior del sistema, la Corte Suprema o en el Poder Judicial están conformadas por personas elegidas en función de afinidades partidistas y que actúan con lealtad política. Como quiera que la carrera de los jueces depende de ellos, la afinidad política es determinante en los ascensos e, incluso, en la permanencia tranquila en los puestos.

Propuestas

Es difícil hacer propuestas concretas sobre tan complejo tema, pero nos arriesgaremos a ello.

1. Se estima que todo intento de mejora debe partir de hacer un análisis sistémico.
Tras él, se deberán definir las prioridades y caminos idóneos.

2. Es preciso garantizar la consolidación de los avances alcanzados antes de iniciar pasos más ambiciosos.

3. Es preciso combatir efectivamente el soborno, con ello se lucha contra los corruptores externos, causantes de muchos de los males internos.

4. Es ineludible reforzar la independencia judicial, para ello es preciso introducir sin excepciones la selección por mérito y garantizar la inamovilidad de los jueces.

5. Debe potenciarse el gobierno judicial independiente, de manera que se eviten al máximo posible las interferencias partidistas en la selección, carrera y régimen disciplinario de los jueces, que garanticen la presencia de jueces honestos en el órgano.

6. Debe apoyarse, también, el asociacionismo judicial, de manera que frente a las redes externas de corrupción los jueces opongan sus propias redes de autoayuda.

7. Hay que involucrar a la sociedad civil en el control de la independencia judicial y en su defensa. Así, asociaciones cívicas deben estar presentes en los procesos selectivos para jueces ordinarios y para miembros de la Corte Suprema, investigando los curricula y controlando que las pruebas son idóneas. Además de que se pueden televisar los procesos selectivos de miembros de la Corte Suprema. La experiencia dominicana en esta materia fue muy positiva.

8. Publicitar los casos de corrupción ya juzgados y mostrar a la ciudadanía que la impunidad no existe. Fortalecer la imagen de los jueces y fiscales honestos, crear campeones morales.

9. Romper las redes de abogados corruptos y potenciar la deontología en los Colegios de Abogados.

10. Internacionalizar la lucha contra la corrupción, buscando la ayuda en organismos multilaterales y Estados colaboradores, y denunciando a los Estados donde el dinero encuentra paraísos que facilitan su opacidad.

11. Garantizar al Poder Judicial los recursos mínimos requeridos para cumplir con el cometido que le corresponde.

12. Establecer indemnizaciones frente a las dilaciones excesivas en la resolución de procesos.

13. Fomentar la eficacia judicial introduciendo mejoras en la gestión y programas de calidad.

14. Garantizar el control del rendimiento de los jueces y asegurar políticas de personal justas y estratégicas.

15. Hay que potenciar la justicia de proximidad, que involucra a la ciudadanía en la impartición de justicia y desbloquear una gran parte del colapso judicial.

Conclusión

La corrupción judicial no puede ser obviada por ningún Gobierno, pues constituye uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la corrupción sistémica. Cualquier país que quiera enfrentarse al problema de la corrupción debe dar prioridad al análisis y combate de la corrupción judicial. Una dejación de este importantísimo problema puede dar lugar a que países con corrupción media, o incluso baja, descubran a medio plazo que el sistema se ha descompuesto y la impunidad de los criminales se ha generalizado.

Circunstancia que pone en peligro la propia razón de ser del Estado, que comienza por garantizar el monopolio de la violencia legítima.

Otro impacto negativo, de amplio alcance, de la corrupción judicial es el deterioro del mercado y la consiguiente generación de desconfianza y ausencia de inversión.
No obstante, esta corrupción surge y se desarrolla en un entorno político y social que debe ser estudiado convenientemente antes de iniciar medidas exclusivas de combate a la corrupción judicial.

En concreto, en países con corrupción cercana a la sistémica, la lucha contra la corrupción judicial debe resolver problemas previos antes de poder implantar medidas eficaces para reducirla. Así, será preciso un acuerdo con los partidos políticos más importantes a efectos de que éstos disminuyan su voluntad de control y uso de las instituciones. En general, una buena estrategia de lucha contra la corrupción judicial debe ir acompañada de otras medidas que potencien y complementen las virtualidades de las actuaciones específicas tomadas para reducir la corrupción de los jueces.

Para garantizar una justicia honesta y eficaz es necesario que ciertos principios previos se garanticen por el sistema. Así, la independencia judicial, la imparcialidad o la transparencia. Sin ellos, no será posible configurar medidas eficaces de lucha anticorrupción. Las propuestas para reducir o eliminar la corrupción judicial se fundamentan en los principios citados, y de ellos extraen las actuaciones concretas.

 

 

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