COIP: MEDIOS DE PRUEBA

Martes, 17 de octubre de 2017

COIP: MEDIOS DE PRUEBA

 

Autores: Ab. José Sebastián Cornejo A. y Dr. Paúl Ocaña Merino.

                                                    

Según el Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal, se establece que ?La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada.?

Determinando, que dentro de este cuerpo normativo, se establecen los siguientes medios de prueba de conformidad con el Art. 498 ?Los medios de prueba son:

1. El documento: tipo de soporte con que se prueba o acredita una cosa, como un título, o un contrato.

2. El testimonio: Es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción penal.

3. La pericia: Aquella capacidad, habilidad, experiencia o conocimiento que un individuo ostenta en relación a una ciencia o disciplina.

Lo cual nos plantea la posibilidad de que tan importantes son estos medios de prueba dentro del juicio; lo cual sin lugar a dudas tiene que ver con la generación del grado de los siguientes estados que le cause al juzgador como son:

a)    La Certeza: Al ser la verdad material algo casi imposible para el conocimiento del juez, a lo único que este puede aspirar es a una creencia de que efectivamente así lo ha hecho, si esta percepción es fundamentada y cimentada en criterios objetivos se dice que hay certeza, la cual puede tener dos dimensiones: Una positiva, basada en la firme creencia de que algo efectivamente existe o sucedió; y una negativa, cimentada en la creencia de que algo efectivamente no existe o no sucedió.

b)    La Duda: Entendida como el punto medio entre la certeza positiva y la certeza negativa, pues esta es una suerte de indecisión por la inexistencia de elementos que conlleven a un convencimiento claro; o a su vez causada por un ?equilibrio entre los elementos que inducen a afirmar y los elementos que inducen a negar la proposición.?[1]

c)    Probabilidad: Cuando se observa una efectiva oposición entre elementos positivos y negativos, de cargo y de descargo; en donde prevalece el positivo sobre el negativo. En contraposición, si es el elemento negativo el que prevalece que configura el concepto de improbabilidad.


Prohibiciones de valoración probatoria


El maestro Claus Roxin, manifiesta, que: ?bajo el concepto general de prohibiciones probatorias, se sintetiza aquí a todas las normas jurídicas que contienen una limitación de la práctica de la prueba?  y se dividen en:


1. Prohibiciones de valoración probatoria dependientes de otras: Dentro de este precepto, se encuentra lo siguiente:

a. Derechos del imputado, en donde se hace referencia a la violación al deber de informar, que conduce a una prohibición de valoración, por ejemplo cuando se comprueba, que el imputado tuvo conocimiento del hecho, pero por su derecho a guardar silencio, no decidió hablar para incriminarse.

b. Si el imputado no es informado sobre su derecho a consultar a un abogado, ello ocasiona una prohibición de valoración, porque la posibilidad de contar con la asistencia de un defensor, figura entre los derechos más importantes del imputado.

c. Si se afecta el derecho al imputado a estar presente, en los interrogatorios a un testigo, o de una inspección ocular no pueden ser valorados.

d. Si se ha omitido la información a los parientes, sobre su derecho a abstenerse de declarar testimonialmente, la declaración obtenida es invalorable.

e. El derecho de abstenerse a declarar testimonialmente para determinados profesionales.

f. En el caso de una extracción de sangre, o el resultado de un examen, que sea obtenido de modo ilícito, o bien que la orden sea dada por una persona incompetente, o que la injerencia sea efectuada por una persona que no sea un profesional, por ejemplo que la extracción de sangre, no la haya realizado un médico.

g. Los resultados de una vigilancia telefónica, son invalorables cuando faltaron los presupuestos materiales para la vigilancia.


2. Prohibiciones de valoración probatoria independientes: En el curso del procedimiento de investigación y en el marco de producción de prueba admisible, está permitido producir injerencias en derechos fundamentales, los casos más importantes consisten en recurrir a grabaciones secretas en bandas magnetofónicas, fotos, películas.

Pero la valoración es absolutamente imposible cuando ellas lesionan el núcleo esencial de la personalidad y por ello la dignidad humana, por ejemplo: cuando se recurre anotaciones íntimas de un diario sobre una relación sexual, con las que se pretende probar un perjurio.


Excepciones a la regla de exclusiones probatorias

La prueba como acto procesal, no puede estar aislada de ciertas circunstancias, que le restan valor y utilidad, por ende es necesario analizar las excepciones a las exclusiones de acuerdo a la siguiente manera:

a. Doctrina de la fuente independiente: Consiste en conferir valor probatorio a aquella prueba lícita, que se encuentra desvinculada causalmente de un medio de obtención de prueba ilícita, por ejemplo se da un allanamiento ilegal a la casa de un imputado que presumiblemente ha mantenido una cópula con una menor, encontrándose la niña en el lugar, posteriormente declara sobre la veracidad de las relaciones sexuales, lo que es aprovechado como fuente independiente, admitiéndose y valorándose en el proceso.

b. El descubrimiento inevitable: Consiste en el acto de prueba ilícito y su consecuencia inexorablemente en un acontecimiento futuro, por ejemplo, se logra la declaración de un sujeto, sobre la ubicación de un cadáver, que el mismo acaba de dar muerte, concediéndose esta declaración viciada, en virtud de que el operativo de búsqueda igualmente hubiese descubierto el cadáver.

c. La buena fe: Implica que el medio de prueba ilícita ha sido obtenido sin intención dolosa de acometerlo, y al creerse que se ha actuado en derecho puede ser valorado, por ejemplo: varios agentes de policía ingresan y registran un sitio cerrado, incautando gran cantidad de droga, prevaliéndose de una orden de allanamiento aparentemente válida.

d. Principio de proporcionalidad: Equilibra la contraposición de valores fundamentales que se encuentran en tensión, por ejemplo la garantía del acusado a no ser condenado en base  pruebas ilícitas, por el otro la aplicabilidad del principio de proporcionalidad pese a dar admisibilidad a un medio de prueba inconstitucional.

e. Teoría de la conexión de antijuridicidad: Se rescata el efecto anulatorio de los actos vulneradores de derechos fundamentales, admitiéndose ciertas pruebas ilícitas, siempre y cuando no vulneren esos derechos de forma directa, por ejemplo descubrimiento inevitable.[2]

 

Efectos de la duda y la improbabilidad frente a injerencias o presiones

Si por injerencia de otra función del Estado, presión social o sometimiento de la imparcialidad por un no implicado en el proceso se llegare a condenar a un imputado teniendo las pruebas de que no realizó tal o cual acto delictivo, es fácil discernir que aquello rompe con derechos, garantías y principios que amparan al denunciado. Sin embargo, cuando la condena es impuesta en una situación donde no se ha llegado a obtener elementos suficientes para establecer certeza de la culpabilidad o inocencia del proceso, se generan nuevos inconvenientes.

Generando así que el principio vulnerado que salta a la vista cuando se habla de duda es el in dubio pro reo, pues es este principio que legalmente recoge el medio entre certeza positiva y negativa: ?Duda a favor del reo, en donde la o el juzgador para dictar sentencia condenatoria debe tener el convencimiento de la culpabilidad de la persona procesada, más allá de toda duda razonable?[3].

Ahora bien, debe tenerse claro que el legislador ha incurrido en un error, pues constitucionalmente el principio del in dubio pro reo tiene otra connotación al establecer en su Artículo 76 Numeral 5 que: ?En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se le aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora?[4]. Entonces debe entenderse que este principio no se trata de la duda en si el hecho efectivamente se produjo y si el imputado lo cometió, sino más bien que se recoge el criterio de la Corte Constitucional al exponer que este principio ?supone que hay dos normas aplicables para una misma situación o caso, y que existen dos posibles interpretaciones para una misma norma, ante lo cual se aplicará aquella norma o interpretación que más favorezca al ejercicio de los derechos?[5]. En estrictu sensu, no cabe una alegación direccionada a una vulneración del principio indubio pro reo, toda vez que este no está direccionado a ese objetivo aunque la norma legal así lo exponga.

Es por tanto que el principio de presunción de inocencia parte del presupuesto según el cual la persona a quien se le imputa un delito no es responsable del mismo, estatus que se mantendrá en todo el proceso penal, hasta cuando exista una sentencia que constituya lo contrario. Así lo establece nuestra norma mater en su Artículo 76 Numeral 2, cuando refiere a que: ?Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada?[6].

 Esta presunción es iuris tantum, por tanto relativa; es decir que puede irse desvirtuando conforme avance el proceso y se vayan aportando pruebas que determinen la culpabilidad del imputado, tomando en consideración varios de los parámetros y estadios antes enunciados, los cuales se presentarán en base a la convicción y certeza de funcionarios fiscales y del juzgador apuntalando en primer impacto a la presunción conocida como la noticia criminis que empieza el proceso de Investigación Previa; luego si los elementos de convicción son más claros, se puede llevar al imputado a una Formulación de Cargos; posteriormente si los elementos presentados se fortifican, se habilita la acusación; y si finalmente el juzgador a través de la práctica de pruebas llega a una certeza positiva, la presunción de inocencia se verá completamente desmoronada y se permitirá la condena.

Pero ¿Qué sucede cuando en ninguna de las fases o etapas se ha logrado recabar los elementos o pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad del imputado sobre el acto punible? Sencillamente una sanción inconstitucional e ilegal, puesto que todo acto de poder público debe ser motivado, mucho más aún la sentencia que declare la culpabilidad del procesado debe expedirse con prueba suficiente que enerve esta presunción[7].

Debido a que sin ella se puede dar la posible vulneración de este principio sin que exista prueba suficiente para una condena, más allá de ilógico que suena, es un atentado contra el debido proceso de forma general, pues sin esta presunción el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el ejercicio de otros derechos y principios sería ineficaz. Esta importancia ha sido asentida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al exponer que ?en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales?[8].

De lo dicho, se torna inconstitucional e ilegal, por tanto, atentatorio a todo principio pro hominem, que se dicten sentencias condenatorias basados en una PRUEBA ÚNICA, que en ciertos casos incluso devienen de un testimonio de un procesado lo cual, indudablemente quebranta el principio de inocencia revestida a cada uno de nosotros.

 

 



[1] Morín, Ernesto. Educar en la era planetaria. El pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana. Valladolid: UNESCO - Universidad de Valladolid, 2002.

[2] Omar R. Bartolo Mesías y Günther Jacobs, eds., XVII congreso latinoamericano, IX iberoamericano y I nacional de derecho penal y criminología?; 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2005 (Lima: Ara Ed, 2005).

[3] Código Orgánico Integral Penal. Artículo 5, Numeral 3.

[4] Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

[5] Corte Constitucional. Sentencia No. 265-15-SEP-CC, en el caso No. 1204-12-EP, publicada en el Registro Oficial No. 607 de 14 de octubre de 2015.

[6] Constitución de la República del Ecuador. Artículo 76, Numeral 2.

[7] Bertolino, Pedro. El debido proceso penal. La Plata: Librería Editorial Platense, 1986.

[8] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C. No. 35.

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