COGEP: MOTIVACION, FUNCIÓN DE SECRETARIOS, MEDIDAS CAUTELARES

Lunes, 18 de abril de 2016

 

 

COGEP: MOTIVACION, FUNCIÓN DE SECRETARIOS, MEDIDAS CAUTELARES

 

 

Autor: Dr. Pablo Castañeda

 

En el Ecuador se encuentra vigente el modelo de gestión por  Unidad Judicial, que es una forma de  organización de la justicia, a través de un  pool de jueces y secretarios; trascendental paso para enfrentar el objetivo de dotar al sistema procesal de agilidad y celeridad de los litigios judiciales, es la promulgación del Código Orgánico General del Proceso COGEP,  que entrará en total vigencia el 23 de mayo del 2016.

 

Como aspecto central del COGEP, se destaca el rol del juez como  Director del proceso, en especial de las audiencias, pero no pierde su actividad como  lector de las actuaciones escritas de las partes, el Juez hace plan de trabajo, apuntes, esquemas, ?diseña? sus providencias, utiliza un lenguaje: retórico- jurídico, lo cual podría ser un obstáculo para comunicación con los usuarios, por lo que el COGEP dispone que se utilice un lenguaje sencillo, claro y conciso.

 

En cuanto a los Secretarios y ayudantes judiciales, sus funciones hacen relación a  sus deberes de coordinación, colaboración, cooperación, actos de comunicación: notificaciones, citaciones y requerimientos, despacho de  comisiones, exhortos o consulta, manejo de libros,  

guardar secreto en las materias que lo exijan; en especial los secretarios ejercitan la fe pública judicial, de actos procesales mediante actas, diligencias, razones, garantiza la autenticidad de lo grabado o reproducido de las audiencias y deben supervisar el trabajo de los ayudantes judiciales a fin de que fluya la normal tramitación de las causas.

 

FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS

 

De acuerdo a instrucciones emitidas por las autoridades de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, las funciones de los secretarios son:

 

1.    Examinar los procesos para análisis, audiencias pruebas, juzgamiento y ejecución que permita facilitar la labor del juez dentro del juzgado, unidad judicial o tribunal penal;

2.    Informa sobre causas y expedientes que se llevan dentro de la unidad, así como en la clasificación de documento, notificaciones electrónicas o por casilleros;

3.    Elabora documentos correspondientes a los casos judiciales ingresados, como boletas únicas, citaciones, deprecatorias, comisiones, exhortos, certificar copias, entre otros;

4.    Elabora y sienta razón en las actas de las audiencias;

5.    Elabora informes y atiende todos los requerimientos de información que realice el coordinador de la unidad.

6.    Ejecuta los procesos generales del despacho judicial en sus diferentes fases.

7.    Supervisa actuaciones de ayudantes judiciales y las demás que la ley, reglamento y normas administrativas las señale.

 

LAS PROVIDENCIAS

 

Son las actuaciones de sustanciación, decisiones emitidas en un proceso judicial; providencia: significa ?proveer", conceder-dar; son providencias: autos y sentencias.; los autos: son providencias que no resuelven la cuestión controvertida,  se limitan a dar curso al proceso; ej.: admisión demanda, traslado, copias, etc.; por su naturaleza, no requieren de motivación.

Autos: son una decisión  del juzgador, que   dispone un trámite para impulsar el proceso, o para definir algún  incidente, o cualquier otro aspecto esencial, recibe el nombre de auto, dependiendo del fin para el cual se realiza el auto, este puede ser interlocutorio o de sustanciación.

Autos interlocutorios: son providencias que deciden aspectos importantes dentro del proceso; ej.: rechazo demanda, decide un incidente, niega prueba,

Auto con fuerza de sentencia: ponen fin a un proceso; ej.: admite el desistimiento, transacción,  conciliación, declara la nulidad, acepta  excepción previa que termina proceso, por su naturaleza, requieren ser motivados.

Auto inhibitorio: hacen relación a la  falta  de requisitos de procedibilidad

 (ej.: legitimidad en la causa, competencia), no resuelve la litis o fondo de la discusión judicial,

falta de elementos de prueba que lleven al juzgador a la certeza de los hechos controvertidos

 

SENTENCIA

 

1.    Es la decisión oral que se toma al final de la audiencia de juicio o de la audiencia única, obligatoriamente se emite al final de audiencia, cumpliendo los principios de   inmediación, transparencia, publicidad; como expedición y de acuerdo a la dificultad del tema, se puede suspender la emisión de la sentencia hasta por el termino de 10 días, de acuerdo al                                                                                        art. 93 del COGEP

2.    El contenido mínimo de la resolución oral: es emitir la decisión fondo, que niega-acepta las pretensiones, y si acepta delimitar en forma general el pago de indemnización-intereses o costas

3.    La Sentencia escrita: debe ser notificada en el término de 10 días

4.    Son requisitos de la sentencia:

        Enunciación breve de hechos: demanda-contestación;

        Decisión excepciones de fondo;

        Hechos probados; analizar pruebas útiles para decisión; antes en el art. 115 CPC, se

        señalaba    la obligatoriedad de examen minucioso y  análisis de todas las pruebas;

        Motivación: 76.7,l) CRE, 89, 95.7  COGEP, 130.4 COFJ, su falta abre las puertas a la impugnación: apelación, casación;

        Explicar las pruebas que conducen a la decisión del juez;

        Decisión, determina: cosa-hecho que se condena, congruencia;

        Procedencia  o no: pago indemnizaciones-intereses, costas (estado-contraparte), arts.  284-  

        285 del COGEP;

        Idioma: arts.1, 2  de la CRE, 93 del COGEP, a pedido de parte el juez debe emitir su fallo

        en los idiomas kichwa y/o shuar.

 

Si bien existe el principio de la inamovilidad de la sentencia, pueden existir situaciones que son la excepción, por los llamados ?lapsus calamis? en el contenido de algunos datos que contienen el texto de una sentencia,  equivocaciones en la consignación de datos que no afectan el fondo de la decisión, un ejemplo de ellos es el error en la consignación de los nombres de las partes, asi como el error aritmético en la sentencia o providencias; esto es el producido en un cálculo aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada y en consecuencia su corrección se limita a efectuar adecuadamente la operación aritmética correspondiente. 

Se produce porque el Juez cometió un error al realizar la operación aritmética, cuando deja de tener en cuenta valores que fueron aportados al proceso y  olvidó tomarlos en cuenta.

Por lo tanto, no es viable acudir a la corrección por error aritmético  cuando el error está plasmado en las pruebas aportadas por las partes; al respecto, jurisprudencia de la Corte Constitucional de España, ha dicho, incluso, que no es viable acudir a tutela ?para suplir la deficiencia en que hayan podido incurrir las partes en defensa de sus derechos?. Si el juzgador no practico cálculo alguno, ni digito  equivocadamente un número, no cabe a las partes solicitar la corrección del caso.

 

LA SENTENCIA  EN LO  CONTENCIOSO

 

De acuerdo al COGEP, en el fallo que se emite en materia contenciosa,  el juez  se pronuncia ??en casos de  control de legalidad, supliendo omisiones de partes sobre puntos de derecho,  o criterio que atribuyan a hechos (...)?; además la  ley procesal ordena que ??al aceptar  demanda y se deje sin efecto el acto impugnado, se ordenará además que se restituya el valor pagado indebidamente o en exceso y lo debidamente pagado??, esto conforme lo dispone el art. 313 del COGEP.

 

MOTIVAR EN LA SENTENCIA

 

Motivar significa explicarla  razón  de decisión, esto es  justificar, explicar, argumentar, razonar, lo que se resuelve,  enunciar  no solo normas legales, sino detallar razones (hechos-normas-interpretación- creación derecho) que fundamentan el fallo.

 

Para Carla Espinosa (2010):   ??el juez debe mostrar su doble carácter, como jurista y político; nuestros jueces carecen de legitimidad, que pueden compensar con una correcta motivación?; además sostiene esta autora, que: ?la sentencia no es procedimiento mecánico que relaciona hechos con normas (?), sino que requiere imperativamente de una fundamentación (?), incorporando las máximas de la experiencia y la psicología, incluso de la política?.

 

Históricamente, en el sistema romano existía la motivación, como mecanismo de control de la arbitrariedad; la motivación en Inglaterra, se manifestaba como reconocimiento igualdad de derechos, que se generó progresivamente, contando como un importante hito la Carta Maga de 1215, emitida por el Rey Juan sin Tierra, en el que se formularon reglas para respetar los derechos y bienes de los miembros de la nobleza, que a su vez eran funcionarios de la corte. En general en el sistema anglosajón, se confía en juez como autoridad que resuelve disputas judiciales y para crear el derecho; así la judicatura es  garantía- potestad normativa frente los conflictos individuales y a las amenazas del abuso del  poder político.

 

La revolución francesa, por otra parte,  instauró un poder político fuerte, una autoridad normativa;  frente arbitrariedad, prohibía creación del derecho a los jueces, impuso obligación de motivar, consecuencia de la desconfianza frente a la  judicatura, cuyos jueces pertenecían a la nobleza, por lo tanto eran opuestos al nuevo sistema político liberal y sus decisiones podrían desautorizar las actuaciones administrativas del régimen.

 

Siguiendo a Carla Espinosa, afirma que el derecho y el proceso judicial en especial, no puede ser entendido como un proceso mecánico de reglas, sino como una aplicación normas  y  creación derecho de acuerdo a los casos sometidos al conocimiento de la administración de justicia; así la Sentencia es un acto volitivo, ?político?, y el juez tienen un marco de desempeño como: jurista- político, en el sentido de aplicar las políticas de justicia.

 

También según Espinosa, siguiendo las características dl sistema jurídico romano, ?occidental?, en el  Ecuador los  juzgadores,  como tendencia, (dice) no gozan de completo apoyo y legitimidad en los ciudadanos al expedir sus fallos, por lo que es de vital importancia que expliquen las causas, razones o fundamentos que los llevó a tomar una decisión, siendo precisamente la motivación un escudo y una garantía de que sus actuaciones se ciñan conforme a derecho. Sobre este punto sería bueno conocer los criterios de quienes se relacionan con el tema.

 

OBJECION A LA ORALIDAD

 

Un cuestionamiento a la oralidad, es que el conocimiento que se obtiene en la audiencia,  es superficial, por lo que la decisión contenida en la  sentencia puede ser desacertada; de acuerdo al COGEP,  el juzgador dirige-domina-conduce el proceso judicial y es responsable de la conducción de las audiencias, en las que controla la  veracidad-sinceridad del litigio judicial; siendo trascendental su preparación para resolver toda clase de incidentes que genera  el sistema oral. Por otra parte, los medios tecnológicos que hemos mencionado, la grabación de las actuaciones y también los llamados actos de proposición escritos (demanda-contestación a la misma) hacen que el juez ya entre en conocimiento de los temas que le son puestos a su resolución desde el inicio del proceso judicial, iniciando desde la llamada ?calificación? de la demanda.

En el caso de los   tribunales pluripersonales, el Juez Ponente dirige el procedimiento, cumple los derechos humanos,  el rol garantista-activista del juzgador, consulta con los miembros del tribunal sobre sus decisiones; de esta forma, en el nuevo marco legal procesal se busca  mejorar la credibilidad de la justicia, en especial del juez, que es la cara visible del sistema; para lo cual en forma particular el COGEP requiere se utilice lenguaje sencillo en las resoluciones orales.

 

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA  Y LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

Urgell  Matías (2009),  hace un interesante estudio sobre el estado de la administración de justicia en Venezuela en el que relaciona la tutela judicial con las medidas cautelares en ese país, cuyo texto es la base de este tema; así para Laura Louza (2007), que cita Urgell,  ?la administración de justicia es un servicio público que genera un conjunto de obligaciones prestacionales para los órganos judiciales, (atinentes a los atributos y características que debe revestir este servicio) y en relación con los sujetos que son beneficiarios del mismo, es decir, los ciudadanos. Por ello, el ciudadano o justiciable no solo tiene derecho de acceder a la justicia, sino además a una con determinadas características: gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles? ;  para que la administración de justicia cumpla esos propósitos en casos que se  enfrenta un particular al estado y especialmente a la Administración Pública,  para Prosper Weil (1986), a ese poder ??le toca la parte del león: ? detenta directamente la fuerza pública, en el verdadero sentido de la palabra; ? debe tomar las innumerables decisiones exigidas día a día para la actividad del estado; es finalmente el que se ha beneficiado de la mayor extensión y atribuciones de poderes del estado respecto del parlamento y de los tribunales;  para  Roche y Richter (2005), existen barreras a que enfrenta el ciudadano para acceder a la justicia.

 

LA TUTELA JUDICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

La tutela judicial se materializa en la medida en que los juzgadores hacen efectivos los derechos de los ciudadanos; la jurisdicción contencioso administrativa controla las actuaciones de la Administración Pública, resuelve los conflictos entre la administración y Ios ciudadanos, cuando éstos se hayan visto lesionados por la actuación o la falta de ella; las autoridades de la función administrativa, están sometidos a diversos controles que hacen efectivo el principio de la legalidad, uno de ellos es el  sometimiento de los actos, hechos y actuaciones de la administración a control judicial conforme los artículos 173  de la CRE, 31 del COFJ, 300, 320, 326  del COGEP.

 

Antonio Canova, (2008), manifiesta que el contencioso administrativo se sustenta en cuatro pilares o bases.

 

1.- autonomía de la administración frente a los jueces, derivada de la separación de poderes;

 

2.- control objetivo, en el que no se juzga directamente a la administración pública, ni se protegen situaciones jurídicas subjetivas, sino como un control en el cual el juez se circunscribe a conocer de la legalidad de los actos de los órganos administrativos;

 

3.- naturaleza impugnatoria y/ o revisora;

 

4.- presencia como parte procesal de la Administración,  que vela por el interés general, con prerrogativas.

 

La tutela judicial reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar y el deber y obligación del órgano jurisdiccional de conceder las pretensiones  relacionadas con las actuaciones administrativas.;  la tutela judicial cautelar se representa a través de la figura de las medidas cautelares, para obtener respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de cara a los procedimientos comunes.

 

Para Piero Calamandrei, Antonio Canova, el ?periculum in mora? (retardo), causa un daño, la tutela cautelar es una tutela que contribuye al eficacia de la justicia.

Debido a la ampliación del ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, se fortalece  la posibilidad de la suspensión de la disposición o acto recurrido,  cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pueden eliminar o reducir la legitimidad  del proceso.

 

LAS MEDIDAS CAUTELARES

 

Para  Eduardo García (2006), la medida cautelar inmediata pretende privar de su ventaja excesiva a la parte que resuelve dentro de un procedimiento administrativo y de sus prerrogativas fácticas, que podrían incurrir en desviación, exceso o abuso del poder, por lo que  para este autor, las medidas cautelares son necesarias al proceso judicial, son un instrumento que devuelve al ámbito judicial su función e impide la desnaturalización de las actuaciones administrativas; así estas medidas judiciales se insertan en la tutela judicial, haciéndola más eficaz y neutralizando el abuso de poder.

 

Su efecto práctico es invertir la carga de accionar, permitiendo al que sufre la medida cautelar, defenderse con plenitud en la fase declarativa ordinaria del proceso, para lo cual la medida cautelar es provisional y no condicionara nunca la decisión de fondo.

 

Siguiendo a García (2006), el juez ha de verificar la concurrencia de un peligro de daño jurídico para el derecho cuya protección se ve afectada por la pendencia del recurso, es decir, del retraso en la emisión del fallo definitivo (periculum in mora) y la apariencia de que el demandante ostenta el derecho invocado con una probable o verosímil ilegalidad de la actuación administrativa; la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien tiene la razón; frente a  un cumulo de acciones judiciales, un poder de medidas cautelares, efectiviza la tutela judicial, para que la sentencia de fondo no afecte los derechos fundamentales  de las partes.  Las medidas cautelares, son necesarias cuanto la lentitud de la tutela ordinaria es evidente,  la medida cautelar  impide que el daño temido se produzca o se agrave hasta la resolución final.

 

Es decir, las medidas cautelares entran en juego cuando en el trascurso de un proceso, el retardo de este mismo, pueda producir algún daño para cualesquiera de las partes, de esta manera, las medidas cautelares en el contencioso administrativo, están destinadas a intervenir en las contiendas que surgen entre la administración y los administrados, buscando prevenir actuaciones  de la administración son los que hacen que sea excepcional la estimación de medidas cautelares en los diferentes procesos contencioso administrativos. Según Antonio Canova (1998), los principios o requisitos para una medida cautelar son:

 

·        Tiene un carácter excepcional,

·        Debe evaluarse si se  causan daños al administrado  con el transcurso del tiempo para que se emita la resolución judicial

·        Son de interpretación restrictiva, no aplica la  interpretación ni analogía,

·        Debe estar contenida en disposición taxativa,

·        Son de carácter potestativo y discrecional para el juez,

·        No suponen pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es accesoria al juicio principal y puede también ser una incidencia dentro del proceso principal, para garantizar la eficacia de la sentencia,

·        No significan  anticipar  criterio o prejuzgamiento,

·        No pueden afectar el interés general,

·        Deben ser solicitadas expresamente por la parte,  no se puede e ordenar de oficio,

·        Exige, que  se argumente la manera en que la sentencia definitiva de la acción principal, no tendrá toda su eficacia, por lo que es necesaria la medida cautelar.

 

La tutela judicial cautelar es un mecanismo de protección, en contra de la violación de derechos constitucionales, en razón de la celeridad y la inmediatez que estas otorgan.

Los temas que se recopilan en esta nota, son de autoría de diversos autores, cuyo contenido conviene que sean debatidos, analizados por el foro de abogados, docentes de ciencias jurídicas a fin de arribar a conclusiones que guíen la capacitación y sobre todo la práctica judicial, a días de la vigencia total del Código General de Procesos COGEP, que significa una verdadera revolución en la normativa y la legislación procesal en las materias no penales, por lo que es un reto la capacitación institucional, individual y autónomo de quienes forman parte del sistema judicial, como son abogados en libre ejercicio, abogados de entidades públicas y privadas y funcionarios judiciales.

 

 

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