CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Normativa Supletoria

Viernes, 25 de julio de 2014

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

Normativa Supletoria

 

Autor: Dr. José García Falconí

 

Se han presentado varias interrogantes en varios seminarios que he asistido, no solamente sobre la retroactividad y ultraactividad del COIP, sino también sobre las leyes supletorias en esta materia, por lo que me permito en esta oportunidad hacer las siguientes anotaciones sobre la Disposición General Primera, en próximos artículos profundizaré sobre la retroactividad y ultraactividad de las normas contenidas en el COIP, especialmente sobre la disposición general segunda de dicho cuerpo de leyes, que dice: ?En referencia a las infracciones cometidas en las comunidades indígenas se deberá proceder conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, en los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en las leyes respectivas?.

 

La Primera Disposición General del Código Orgánico Integral Penal, señala como leyes supletorias en esta materia: el Código Orgánico de la Función Judicial, y el Código de Procedimiento Civil, que dice: ?En lo no previsto en este Código se deberá aplicar lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, si es aplicable con la naturaleza del proceso penal acusatorio oral?.

 

Al respecto debo señalar lo siguiente.

 

Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Breve análisis

 

Este Código, se lo publicó en el Suplemento de Registro Oficial No. 544 de 09 de marzo de 2009.

 

Tiene las siguientes reformas:

 

a)      Por los resultados del Referéndum y Consulta Popular de 2011, se hicieron varias reformas, que se publicaron en el Suplemento de Registro Oficial No. 490 del 13 de julio de 2011;

b)      Igualmente se hicieron reformas que se encuentran publicadas en el Registro Oficial No. 568 del 01 de noviembre de 2011;

c)      También se hicieron varias reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, al publicarse el Código Orgánico de la Función Judicial, en el Suplemento de Registro Oficial No. 180 del 10 de febrero de 2014.

 

Principios Rectores del COFJ

 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece nuevos principios rectores y disposiciones fundamentales que se deben observar en la administración de justicia en el Ecuador, especialmente en los Arts. 4 al 31.

 

Al respecto debo manifestar que los principios, son la columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico de un país, que obviamente serán a su imagen y semejanza, dentro de su marco, sin que en ningún caso pueda haber deslices; y, por esto los principios constitucionales que actualmente constan en el Código Orgánico de la Función Judicial, son los rectores para la administración de justicia de nuestro país, por lo cual deberán tenerse en cuenta los mismos al momento que entre en vigencia el Código Orgánico Integral Penal.

 

Tengo que señalar, que el Título I, Capítulo II, del Código Orgánico de la Función Judicial, menciona 17 principios constitucionales y legales, aun cuando en la Constitución de la República y en el mismo Código Orgánico constan más de cien principios, que igualmente deberán tenerse en cuenta por parte de los operadores de justicia al momento de entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal.

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su primer Título, trata de los principios que informan la actividad de este poder del Estado, y como bien lo señala el doctor Santiago Andrade Ubidia, se han introducido no solamente aquellos que constan en la Constitución de la República, sino también los que la doctrina ha reconocido, en forma general, como inherentes a esa actividad.

 

El mencionado maestro, al tratar sobre el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo publicado en el Libro ?La Transformación de la Justicia?, en la página 8, manifiesta ?Pero en el Código se consideró indispensable realizar la presentación detallada de los principios que le inspiran y de las disposiciones fundamentales de la organización y del operar de los agentes de justicia, porque es el resultado de un movimiento profundamente renovador de la organización del Estado y se introducen cambios profundos en todo lo atinente al poder judicial y a su actividad, de los cuales se tiene poca conciencia. Mucho se ha hablado del cambio, pero hay escasa conciencia de la profundidad de ese cambio y, como este significa el fin de los espacios de poder, pues busca poner término a los privilegios de grupo, hay un claro afán de oponerse a la transformación. De otra parte, se tuvo en cuenta la posición exageradamente legalista de nuestros operadores jurídicos, para quienes lo único que cuenta y que siente les obliga es lo que aparece en el texto de la Ley, que se resiste a aceptar la constitucionalización del Derecho y que niegan toda validez a la doctrina y a los principios elaborados por ella. Por lo tanto, para asegurar que se observen estos principios y se cumplan los presupuestos de la transformación, se los ha incorporado en el Código, sin perjuicio de que ya lo hizo la propia Constitución.

 

Los principios que trae el Código Orgánico de la Función Judicial, tienen todos ellos una profunda imbricación, no pueden tomarse aisladamente, son engranajes de una compleja maquinaria que tiene por finalidad sentar las bases de una nueva administración de justicia diferente, honesta, democrática, solidaria y profundamente humana?.

 

¿Por qué se llama Función Judicial y No Jurisdiccional?

 

Es función judicial al encargado de la justicia judicial, en vez de función judicial que en algún momento de nuestra historia se lo puso en la Constitución de 1969, debido a que la jurisdicción es una función del Estado que desborda la justicia judicial, ya que también ejerce jurisdicción otros funcionarios de la función ejecutiva, aun cuando esto está hoy prohibido actualmente en atención al principio de unidad jurisdiccional.

 

 

Código de Procedimiento Civil. Breve análisis

 

Soy docente de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, por cerca de veinte años, en la cátedra de Derecho Procesal Civil.

 

Debo señalar que cómo dice Gil Hernández, el derecho civil: ?Es el derecho privado general que tiene por objeto la regulación de la persona en su estructura orgánica, en los derechos que le corresponde como tal, y en las relaciones derivadas de su integración en la familia, y de ser sujeto de su patrimonio dentro de la comunidad?.

 

Respecto al Código de Procedimiento Civil, conforme he manifestado reiteradamente en varias publicaciones que he realizado, este cuerpo de leyes es ritualista, por lo que no es manejable por los operadores de justicia, mucho menos para los usuarios.

 

El Código de Procedimiento Civil ha tenido varias codificaciones, entre las principales la de: 1869, 1938, 1960, 1987, y la actual de 2005, que se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 52 de 12 de julio de 2005; el mismo que ha tenido varias reformas, especialmente a raíz de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, y también del Código Orgánico Integral Penal.

 

Este Código de Procedimiento Civil, sigue el modelo de 1938, que es copia del Código de Procedimiento Civil de 1878, redactado por la Corte Suprema de Justicia, que a su vez se basó en el Código de Procedimiento Civil, redactado en la Constituyente de 1868, y publicado en 1878.

 

Igualmente se inspiró en el Código de Procedimiento Civil español de 1855, y en el Código de Procedimiento Civil peruano.

 

Se llama Código porque es una colección íntegra de leyes en materia civil.

 

Se llama de Procedimiento, porque señala el modo de tramitar las actuaciones judiciales, o sea el conjunto de actos, diligencias, fallos, y ejecución en un expediente procesal.

 

Debo manifestar que procedimiento es la forma, es el molde; mientras que proceso es el fondo, es el contenido; y civil, es el hombre del pueblo, no militar.

 

De tal modo que podemos definir al Código de Procedimiento Civil, señalando que es el conjunto de normas jurídicas que establece los derechos y obligaciones que tienen las personas en la sociedad en el ámbito civil, para tramitar las actuaciones judiciales en el Ecuador.

 

En resumen el Código de Procedimiento Civil, es una ley ordinaria, pues señala el conjunto de principios y disposiciones legales que determinan la manera como los juzgados y tribunales: conocen, juzgan y hacen ejecutar lo juzgado en los juicios civiles, sean contenciosos o voluntarios.

 

Debo recalcar que hay reformas al Código de Procedimiento Civil, en el Código Orgánico de la Función Judicial de 2009, y que constan en líneas anteriores, especialmente sobre la jurisdicción y competencia, además del trámite de algunas acciones civiles.

 

De lo anotado se desprende que el Código de Procedimiento Civil actualmente, y luego el Código Orgánico General de Procesos, cuando éste entre en vigencia, son leyes supletorias en materia penal, en atención al principio de integración, en virtud del cual, en aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en asuntos penales, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, obviamente siempre que no se opongan a las normas contenidas en el Código Orgánico Integral Penal.

 

Supletoriedad del COFJ, y del Código de Procedimiento Civil, respecto al COIP

 

En la tesis de abogacía de la señorita Paola Verónica Fajardo Llumiquinga, cuyo tutor es el Dr. César Muñoz Pazmiño, Msc., en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, cuyo tema es: ?Violación al debido proceso de la jurisdicción coactiva?, señala sobre este tema lo siguiente: ?La Supletoriedad debe ir de la mano con el procedimiento de integración que se liga para enfrentar un vacío legal; esto en virtud de conservar la coherencia y plenitud del sistema jurídico, claro está siempre que no sea incompatible con la naturaleza de la materia.

 

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. Asimismo, la supletoriedad de leyes aplica solo para integrar una omisión en la Ley (en este caso del Código Orgánico Integral Penal), o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes (en este caso del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código de Procedimiento Civil); cuando la referencia de una Ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera Ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones?.

Añade que la supletoriedad debe considerarse en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad en la legislación, es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializados (en este caso del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código de Procedimiento Civil) con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio de la Ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la Ley suplida.

Requisitos para que exista la Supletoriedad

La autora de esta tesis toma como referencia la obra ANÁLISIS CRÍTICO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN ADUANERO EN MÉXICO Y ESTUDIO COMPARADO DE LEGISLACIÓN IBEROAMERICANA Y NACIONAL, de autoría de Jesús María Martín Terán Gastélum (CV), del Instituto de Especialización para Ejecutivos.

Cabe señalar que para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica, como son:

 

1.      Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente (como queda manifestado el Código Orgánico Integral Penal en la Primera Disposición General, admite expresamente que el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, son leyes supletorias en esta materia).

2.        Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate (como queda manifestado la Disposición Primera General del Código Orgánico Integral Penal, establece esta circunstancia).

3.      Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria (el Código Orgánico Integral Penal se refiere especialmente al Código Orgánico de la Función Judicial, y al Código de Procedimiento Civil, respecto a la jurisdicción y competencia), además del trámite de algunos recursos.

4.        Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida (en este caso del Código Orgánico Integral Penal).

 

Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.

 

Así termina el comentario de la autora de esta tesis, teniendo como base lo señalado por el jurista mexicano Jesús María Martín Terán Gastélum, y que nos va servir para entender cuándo es procedente considerar al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código de Procedimiento Civil, como leyes supletorias al Código Orgánico Integral Penal.

 

Como es de conocimiento general, el Código Orgánico Integral Penal, entrará en plena vigencia a las 00:00 del 11 de agosto de 2014, pero varias disposiciones se encuentran vigentes en atención a lo dispuesto en el Art. 76.5 de la Constitución, que establece lo siguiente:

 

?Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

 

(?) 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora?.

 

De tal modo que es fundamental entender los principios de retroactividad y ultraactividad para aplicar las normas que contienen el Código Orgánico Integral Penal a partir de su vigencia el 11 de agosto del presente año, por lo que en caso de dudas, será el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, quien establecerá cómo deben entenderse estas nuevas normas del Código Orgánico Integral Penal.

 

Recordemos que el Título Preliminar del Código Civil, en los Arts. 33 y 34, señalan los efectos de la promulgación de una ley posterior a una anterior y sus efectos; tema que lo trataré en un próximo artículo en esta misma Revista Judicial de diario La Hora; no sin antes señalar que como es de conocimiento general actualmente se está discutiendo por parte de la Asamblea Nacional el Código Orgánico General del Proceso que va a reemplazar al Código de Procedimiento Civil, tema que estamos analizando en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual estamos preparando un seminario en el mes de octubre del presente año, con anuencia de la Dra. Yolanda Yupangui Carrillo, Decana de la misma.

 

Dr. José García Falconí

Docente, Facultad de Jurisprudencia,

Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Central del Ecuador

Correo: josegarciafalconi@gmail.com