Código Orgánico General de Procesos Análisis Constitucional

Lunes, 21 de diciembre de 2015

Código Orgánico General de Procesos

Análisis Constitucional

 

 

Autor: MsC., Pedro Javier Granja, PhD (c)

 

 

El señor Presidente del Consejo de la Judicatura y sus vocales no han parado de declarar en cuánto medio de comunicación han podido que, con la entrada en vigencia del COGEP, se inaugura la oralidad procesal en el Ecuador y que todos los juicios serán resueltos con mayor agilidad.

 

Resulta que cuando uno compara, en un sencillo ejercicio, el todavía vigente Código de Procedimiento Civil con el COGEP y, analiza, por ejemplo, lo concerniente al juicio ordinario (que pronto se llamará procedimiento ordinario como si, con estos ligeros cambios absurdos de palabritas por arte de magia la justicia adquirirá otra dinámica) arriba a la siguiente conclusión:

 

a)    Con el actual CPC, una vez citado el accionado se le concede 15 días de término para contestar la demanda

b)    Con el COGEP, para el mismo juicio, citado el accionado tendrá 30 días de término para contestar

 

No se necesita una laurea en Derecho para advertir, que, duplicar los tiempos para que se realice una simple contestación a una demanda, no significa, en ningún país del mundo, agilizar el proceso. Por el contrario, en simple lógica, es retrasarlo.

No obstante, los invito a entrar en materia y a revisar algunas inconstitucionalidades de fondo y forma que presenta este nuevo cuerpo legal expedido por uno de los cuerpos legislativos más inoperantes de la historia nacional.

 

-I-

LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA VS. ACCESO GRATUITO A LA JUSTICIA

 

Hoy los Notarios tienen 36 nuevas facultades. Podrán conocer y dar solución a todos los procedimientos que se desprenden de la jurisdicción voluntaria.

Ciertamente, usted ya no necesita acudir ante un juez de lo civil para tramitar lo relativo al divorcio por mutuo consentimiento o a la aprobación/disolución de la sociedad de bienes. Hoy, eso lo hará, de modo mucho más rápido y expedito en una Notaria.

Lo mismo sucederá en caso de que necesite tramitar el requerimiento de persona deudora para constituirla en mora de conformidad con el Código Civil, o la autorización de inscripción de matrículas de comercio; la caución e inventario de usufructo, la designación de administrador común, la declaración para la posesión notoria del estado civil o la aprobación de la constitución/reforma de las sociedades civiles y mercantiles, entre otros.

Tampoco deberá pasar varias semanas en un juzgado de inquilinato en la amarga experiencia de lograr la inscripción de un contrato de arrendamiento o un desahucio.

 

Tenemos entonces que, iniciar este artículo, reconociendo que, con la entrada en vigencia (parcial por el momento) del COGEP se va a descongestionar la carga de los juzgados civiles y de inquilinato.

La única duda que tenemos es si en el Ecuador ya nos tenemos que olvidar definitivamente de la vigencia de un libro que se llama CONSTITUCIÓN o si por el contrario ésta, aún tiene alguna vigencia e inspira algo de respeto a los poderes públicos.

Si estamos en el primer caso, entonces el poder debería admitir que vivimos en un estado de facto.

Dado que, albergo la ilusión de que todavía vivimos en un raquítico estado de derecho -maltratado, vilipendiado, burlado, mutilado- pero estado de derecho al fin, entonces la reflexión que planteo es:

¿Está vigente o no el Art. 75 de la Constitución que dice ?Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses??

¿Acaso el Art. 168.4 de la Carta Magna no prescribe con absoluta claridad que el estado GARANTIZARÁ el acceso a la justicia, SIN DISCRIMINACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA?.

Entonces: ¿Podrá un ciudadano que se gana la vida como albañil y que sobrevive con menos de un SBU al mes, acudir ante una Notaria para solicitar su divorcio por mutuo consentimiento, cancelar al menos $80 USD y luego acudir ante las oficinas del Registro Civil de su jurisdicción para inscribir dicha minuta, trámite que, en ciudades como Guayaquil, no deja de costar $75 USD?

¿Dónde queda entonces la garantía de acceder a la justicia gratuitamente?

Algún despistado objetará: ¡Es que eso no es obligación del poder judicial!

Y entonces volveré a preguntar: ¿Ha estudiado usted la conceptualización de jurisdicción voluntaria? Porque de ser así, no plantearía semejante absurdo.

Sucede que, muchos ciudadanos en condiciones de cancelar estos valores recibirán con muy buenos ojos esta decisión de la Asamblea Nacional que a su vez es aplaudida y defendida con pasión revolucionaria y corazones ardientes por el Consejo de la Judicatura bajo el argumento evidente que: le evitará perder tiempo en trámites engorrosos y laberinticos en un juzgado.

No obstante, la norma constitucional habla de acceder a la justicia sin discriminación. Es evidente que un ciudadano humilde no podrá ni entrar a una Notaria y de este modo, el COGEP no se adecua al contenido programático de la Constitución. Por consiguiente, en lo atinente a los procedimientos de jurisdicción voluntaria PAGADOS y PRIVATIZADOS es inconstitucional.

-II-

HOMOLOGACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES, ACTAS Y SENTENCIAS EXTRANJERAS PARA SER EJECUTADOS EN ECUADOR

 

En COGEP se establece que los laudos arbitrales internacionales para poder ejecutarse en el Ecuador deberán ser homologados, lo que no prescribe, en ningún pasaje, la actual Ley de Arbitraje.

Se exige también que las actas judiciales y de mediación internacionales sean previamente homologadas antes de ejecutarse en el país.

Veamos: Dos migrantes se divorcian por mutuo consentimiento en Italia.  Tienen un acta. Para poder ejecutar el acta  deberán homologar en el país. Un proceso  de homologación que es judicial. Con citación e intervención del juez.

La petición se presenta no ante un juzgado sino ante la Sala de la Corte Provincial especializada del domicilio de la o del requerido. Una vez citado el requerido tendrá 5 días de término para responder. Si la respuesta genera dudas a los jueces convocarán a audiencia en el término de 20 días y tendrán 30 días de término para resolver.

En resumen: La señora que necesita inscribir su sentencia de divorcio obtenida en Italia, deberá gastar entre traducciones al idioma español, apostillas, abogado, copias, algo así como $1.000 USD.

Para homologar algo que es absurdo y que viola varios Tratados internacionales sobre la validez de documentos judiciales obtenidos en el extranjero, deberá además, tardarse, en el mejor de los casos, un par de meses.

Pregunto: ¿El COGEP entorpece procedimientos o agiliza la justicia?

-III-

EL DERECHO A LA DEFENSA SEPULTADO EN LOS PROCEDIMIENTOS MONITORIOS

 

Calcado del Código de procedimiento privado uruguayo que a su vez lo recogió de ordenamientos italianos y franceses, nos llega el procedimiento monitorio que en esencia sirve para cobrar deudas que no sobrepasen los $17.700, USD y que se originen sin que exista un título ejecutivo.

En ese caso, se presenta la demanda y desde que el juez admite al trámite la misma ordena citar al demandado y dispone que éste simple y sencillamente PAGUE en el término de 15 días.

¿Acaso la Constitución no dice que los ciudadanos tendrán derecho a la defensa EN TODAS LAS ETAPAS O GRADOS DE CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO?

Ciertamente, la letra a) del número 7 del Art. 76 de la Constitución que todavía no ha sido reformado ni sepultado por ?las enmiendas? de la Asamblea dice:

?Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento?

Reitero, no faltan los defensores de lo indefendible. Abogados que viven del presupuesto nacional y que jamás en su vida han ejercicio el derecho y por consiguiente siempre van a defender al estado porque si éste no existiese con todas sus aberraciones, no aparecerían en sus roles de pago que dirán: ?Pero sí hay audiencia en el procedimiento monitorio y allí puede defenderse el demandado?.

La Constitución, señores burócratas, dice ?derecho a la defensa EN TODO GRADO DEL PROCEDIMIENTO?. Si voy a la audiencia cuando ya me han rematado mi casa, ¿qué sentido tendría defenderme de una deuda que o bien no existe o es falsa o no gira en torno a los montos que plantea el actor?

 

-IV-

 

EN DAÑOS AMBIENTALES SOLO DEMANDA EL DEFENSOR DEL PUEBLO

 

Otro tema que provoca alarma, por la precariedad conceptual y la ligereza con la que se legisla en el Ecuador,  es el trato que le da el COGEP a la naturaleza.

El COGEP le reconoce a la naturaleza la condición de parte procesal a través del Defensor del Pueblo siendo que puede demandar pero no ser demandada

Vamos a la Constitución: El Art. 10 de la Carta Magna reconoce que la naturaleza es titular de derechos pero atención, es titular ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE de aquellos derechos que la propia Ley Suprema ?expresamente- le reconoce.

Esto nos remite obligatoriamente a los Arts. 71 y 72 donde queda claramente determinado que los derechos que la Constitución le reconoce a la naturaleza son: a) derecho a la conservación; y, b) derecho a la restauración.

Como vemos en ninguna parte de la Constitución se determina que estos derechos le corresponden en forma exclusiva al señor Defensor del Pueblo, a quien, los asambleístas ecuatorianos lo pretenden disfrazar de la Pacha Mama.

Cuando se habla de la legitimación activa desde las confusas coordenadas del COGEP se alude a la acción ambiental pero no se puede dejar de enfocar aquella que nace del daño civil, dado que, la legitimación de ésta se rige por el derecho civil. Por lo tanto, es titular de la acción quien invoque y acredite la lesión de un interés legítimo de la que se siguen consecuencias de daño en su persona o patrimonio, no el señor Defensor del Pueblo en forma exclusiva. Estamos pues, ante otro MONSTRUOSA INCONSTITUCIONALIDAD.

 

El ejercicio de la acción ambiental solo por parte de un organismo cuya independencia siempre se puede prestar a diversas interpretaciones excluye a los restantes ciudadanos que pueden sufrir daños o perjuicios, en un país en el que hay más mineras y petroleras imperialistas que derechos humanos

COMENTARIOS FINALES

Desde el oficialismo se dice que, con el COGEP, por primera vez, el poder legislativo se ha preocupado por implementar la oralidad procesal en el Ecuador.

Pero ¿Acaso la Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la Constitución de 1998, no había ya ordenado que se reformará todo nuevo sistema procesal con el sistema oral?

En materia laboral la oralidad ya se había implementado desde el 2002, con resultados penosos para la parte más débil de la traba procesal (el trabajador) pues amén de la teoría y de normas carentes de instrumentos e instituciones garantistas para materializarla, el resultado es el mismo: los procesos, sencillamente no se mueven.

Ahora bien, el Art. 256 del COGEP en su parte final prescribe: ??las sentencias adversas al sector público se elevarán en consulta a la respectiva Corte Provincial, aunque las partes no recurran?

Como vemos, el interés de los legisladores ecuatorianos es uno solo: Maximizar los derechos del estado y minimizar las garantías del más débil (trabajadores, campesinos, desempleados)

Por ejemplo: Un grupo de mujeres demanda al estado en materia civil (lo más seguro es que les nieguen su petición de entrada púes incluso hay un boletín penoso que fue puesto en conocimiento de la CIDH, instruyendo a los jueces a fallar en contra del ciudadano en acciones de protección cuando el estado sea el demandado) y porque Dios es mágico logran ganar en primera instancia.

Resulta que, sin que el estado apele, la sentencia sube en consulta y tendrá, según el COGEP, el mismo trámite que el de la apelación.

Si el colectivo de mujeres logra que se confirme su petición en consulta (algo casi imposible en un país como el Ecuador actual) todavía el estado puede apelar de lo ya apelado aun en el caso de que no haya apelado.

¿Se dan cuenta?

No es un simple juego de palabras, es la retórica propia de un Estado al que le quedó grande la dinámica social y vive en permanente pugna para vencer al ser humano al que llena de impuestos, lo criminaliza por protestar, lo despoja de su derecho a ser parte procesal en materia ambiental, le impide defenderse en procedimientos monitorios, le mutila su acceso a la justicia gratuita, etc.

 

 

 

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