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Consultas vinculantes
de la Corte Nacional de Justicia .- DerechoEcuador.com

¿Cómo funciona el habeas corpus para proteger el derecho a la libertad contra particulares?

¿Se puede Comisionar la práctica de citaciones al Teniente Político?

¿Es válida la boleta de citación entregada a un empleado de la casa, cuando no se encuentra en el domicilio del demandado?

¿Cómo procede la citación de los herederos del litigante fallecido en el decurso de un juicio?

¿Cómo se aplica el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial relacionado a la infracción gravísima de intervención de los servidores judiciales en las causas con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable?

Podría o no el Tribunal de Apelación, que revoque una sentencia absolutoria, dictar en su sentencia de condena la suspensión condicional de la pena privativa de libertad.

¿Cuál es el procedimiento para la extinción del usufructo, uso y habitación?

¿Cuáles son los pasos para constituir las sociedades civiles y mercantiles?

¿El abandono es susceptible de apelación, le corresponde o no a la Corte Provincial examinar el procedimiento?

¿Cómo se garantiza el acceso a servicios notariales de personas extranjeras?

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La potestad tributaria permite a la Administración determinar y recaudar obligaciones fiscales, pero su ejercicio no desplaza los derechos de quienes reciben una liquidación, una resolución o cualquier otro acto con efectos económicos.

: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.

Hoy, en Ecuador, el estudio jurídico que liderará la próxima década no será el que tenga el edificio más lujoso, sino aquel cuyos abogados aprendan a dictarle a las máquinas cómo hacer el trabajo pesado, liberando la mente humana para lo que realmente importa: la estrategia, la argumentación y la justicia.

El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.

La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.

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