A pesar de los avances jurisprudenciales y los tratados internacionales, la maternidad sigue siendo penalizada en el mercado laboral.
El mes de septiembre de 2025 finalizó con una profunda preocupación para los ecuatorianos al no lograrse consensos dentro del paro nacional convocado por la CONAIE. Hemos presenciado una serie de acontecimientos que han generado una crítica a la protesta social, la cual se ha visto deslegitimada por situaciones de violencia que alteran el orden público y la paz social.
El femicidio pone de manifiesto las muertes violentas de mujeres motivadas por el odio, el desprecio o el sentimiento de posesión que experimentan los hombres sobre las mujeres en una sociedad patriarcal. Siendo el femicidio la manifestación más extrema de violencia.
En la era digital, destruir la reputación de una persona o empresa toma apenas unos segundos. Sin embargo, frente a la despenalización de ciertas injurias, el sistema civil ecuatoriano enfrenta el colosal reto de sancionar la difamación sin asfixiar la libertad de expresión, navegando en un marco normativo que aún carece de límites precisos.
El principio de favorabilidad, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano se constituye como una garantía básica del debido proceso, establecido así en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador.
Al hablar de la importancia de la prueba dentro del proceso, me parece importante mencionar la legitimidad que esta deberá tener
Autora: Mgs. Shirley Torres Morales [1] A partir de la promulgación de la Constitución de 2008, marcó un hito en la historia de Ecuador, representando una transformación normativa significativa. No solo en lo referente a la institucionalidad, sino
Las políticas públicas son el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y legitimidad gubernamental.
Las medidas cautelares son una acción constitucional, que evitan la amenaza contra derechos constitucionales o derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
Análisis de la libertad de expresión como derecho fundamental, su alcance en el sistema democrático y los criterios jurisprudenciales que delimitan el discurso jurídicamente protegido en Ecuador.
