A pesar de los avances jurisprudenciales y los tratados internacionales, la maternidad sigue siendo penalizada en el mercado laboral.
El mes de septiembre de 2025 finalizó con una profunda preocupación para los ecuatorianos al no lograrse consensos dentro del paro nacional convocado por la CONAIE. Hemos presenciado una serie de acontecimientos que han generado una crítica a la protesta social, la cual se ha visto deslegitimada por situaciones de violencia que alteran el orden público y la paz social.
Durante más de un siglo, la academia y los tribunales de América Latina han padecido un complejo de inferioridad jurídica, mirando hacia Europa en busca de respuestas doctrinales. Sin embargo, un análisis profundo de nuestra historia jurídica revela una verdad incómoda para el viejo continente: nuestros códigos civiles, forjados como una primera ola romana tras la independencia, son estructuralmente más sólidos, plurales y sofisticados que sus pares europeos.
El derecho a la identidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos y justicia, en tanto garantiza el reconocimiento jurídico de la persona en su dimensión individual y social.
En la era digital, destruir la reputación de una persona o empresa toma apenas unos segundos. Sin embargo, frente a la despenalización de ciertas injurias, el sistema civil ecuatoriano enfrenta el colosal reto de sancionar la difamación sin asfixiar la libertad de expresión, navegando en un marco normativo que aún carece de límites precisos.
El principio de favorabilidad, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano se constituye como una garantía básica del debido proceso, establecido así en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador.
Históricamente, la gestión medioambiental y la producción normativa se han concentrado en proteger dos de los tres pilares de la salud ecosistémica: el agua y la tierra.
Una reciente decisión judicial en Nueva York dictamina que las conversaciones con herramientas de inteligencia artificial no están protegidas por el privilegio abogado-cliente.
Las políticas públicas son el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y legitimidad gubernamental.
Las medidas cautelares son una acción constitucional, que evitan la amenaza contra derechos constitucionales o derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
