CASACIÓN PENAL ¿Cuándo un escrito en el que se interpone el recurso es infundado?

Lunes, 25 de mayo de 2015

CASACIÓN PENAL

 

¿Cuándo un escrito en el que se interpone el recurso es infundado?

 

Autor: Dr. José García Falconí

 

Para comprender el tema jurídico planteado, es menester hacer algunas acotaciones de orden legal.

 

La Exposición de Motivos del Código Orgánico General de Procesos, dictado por la Asamblea Nacional que se publicará en el Registro Oficial el 01 de junio del año en curso y que entrará en vigencia el 01 de junio de 2016, señala al respecto: ?Contrarresta  por tanto la litigiosidad superflua, temeraria o basada en la deslealtad procesal y promoviendo en contrario sensu la vigencia de la observancia de la buena fe, el trato justo (?.)?; esto es se refiere al Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone: ?Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal.- En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas y abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis.

 

La parte procesal y su defensora o defensor que indujere a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la ley?; lo cual guarda relación con el Art. 131 ibídem, que señala las facultades correctivas que tienen las juezas y jueces, a fin de que las partes observen una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial.

 

¿QUÉ SIGNIFICA EL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL EN MATERIA PENAL?

El distinguido jurista, profesor y amigo Dr. Arturo J. Donoso Castellón, dice al respecto en una entrevista que le hace la Corte Nacional de Justicia en el Boletín Institucional No. 2, lo siguiente: ?Al revisar las estadísticas de procesos penales, encontramos que solo en menos del cero punto uno por ciento, o en aún menor proporción, se acepta en las sentencia de la Corte Nacional de Justicia, los recursos planteados de Casación y la acción de Revisión, en la que, el porcentaje de procedibilidad de la acción planteada, es aún mucho menor a los casos casados por la Corte. Ante esta constatación, surge la necesaria reflexión sobre las causas de esta situación, y, obviamente que pueden coexistir diversos factores que se constituyen el origen de los resultados planteados.

 

Pero, es innegable que, la mayor parte de los recursos de Casación rechazados por improcedentes, así como los de acción de Revisión penal, que corren igual suerte, encuentran una explicación real, en la falta de cumplimiento del principio de lealtad procesal, desarrollado, entre otros, por Claus Roxin (Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, pp.101). Y es que la lealtad procesal, supone varios elementos éticos y morales que son de necesaria observancia, fundamentados en un requisito esencial, como lo expone Roxin, cuando dice que, los sujetos en el proceso penal, en primer lugar, sea desde la fiscalía o desde la defensa del procesado o del ofendido, están obligados éticamente, actuar, con respeto al contrincante litigioso, así como al juzgador, ante quien acuden para encontrar una administración de justicia oportuna, adecuada, ágil, pero sobre todo certera y verídica, para resolver en el proceso penal con una sentencia que declare la existencia comprobada tanto de una infracción, como de la culpabilidad del sujeto pasivo del proceso, en la medida en que fue sujeto activo de la infracción juzgada.

 

Por lo tanto, las pruebas aportadas y actuadas debidamente, por el principio de formalidad procesal que excluye la ilegalidad o la trampa probatoria, para sorprender a los otros sujetos procesales, no pueden ser admitidas en caso alguno. Por lo dicho, antes de la audiencia de juzgamiento, y, en todas ellas, como en la de preparación del juicio y otras de sustanciación, cada sujeto procesal, tiene obligación de anunciar la presentación y la práctica de pruebas, excluyendo las ?sorpresas? intrigantes y las actuaciones que suponen traición al contrincante, cuando impedimos la defensa adecuada, por actuar en contra del principio del equilibrio en la contradicción y de acceso a las actuaciones probatorias en condiciones de igualdad de oportunidades, o se lo deja en indefensión. Por eso, intentar presentar pruebas de última hora, como un testigo no anunciado por ejemplo, no son admisibles en ninguna audiencia o trámite procesal.

 

Pero, además, es importante considerar que si esperamos lograr un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que no se atiborre de causas que no tienen futuro, para que atendamos los casos realmente relevantes del delito con connotación social y pública, es imprescindible que los abogados en ejercicio, cumplan con la lealtad procesal, en algo fundamental: muchas veces los abogados, ofrecen a sus defendidos, lo que saben que no procede, de manera que, cuando el tribunal penal, dicta sentencia en forma justa y verdadera, ofrecen apelar, cuando saben que, a lo mejor por un trabajo profesional deficiente, la apelación no va a producir resultado alguno favorable para su cliente. Y luego, cuando pierden el caso en apelación, ofrecen en forma igualmente inmoral, que lograrán la casación, faltando nuevamente a la ética profesional, generando falsas expectativas en su cliente. Por fin, le dicen que si eso no resulta, irán a revisión penal, cuando obviamente saben que jamás lograrán revertir la decisión judicial tanto de primer nivel, como en apelación y en casación. Por ello se acumulan las causas, que no van a llegar a revocatoria alguna, distrayendo a los jueces en temas sin salida, y, lo que es más grave, incurriendo en gasto público, por el costo de los procesos en la administración de justicia, y, harán gastar a su cliente, lo cual es inmoral, en recursos y acciones que el abogado sabe perfectamente que no tendrán resultado alguno positivo. Si no elevamos el respeto al principio de lealtad procesal, no lograremos disminuir el volumen de carga de trabajo innecesario, en juzgados, tribunales y salas de cortes provinciales, y, en particular, en la Corte Nacional de Justicia?; así termina su análisis jurídico, el mencionado jurista, y que es fundamental para entender el tema que estoy tratando.

 

Por todo lo manifestado, me permito sugerir, que para la interposición de un recurso de casación penal y más aún de casación civil, se debe contar con un abogado patrocinador de esta materia, tanto en la ciudad en la que se tramita el proceso, como en la ciudad de Quito que es la sede es la que funciona la Corte Nacional de Justicia, como Corte de   Casación y Revisión, por así disponerlo los Arts. 184.1,  de la Constitución de la República y, 184 del Código Orgánico de la Función Judicial; además hay que conseguir un casillero judicial en Quito o un correo electrónico, y en caso de recursos de casación penal que se presentan en las provincias hacer desplazamientos constantes a la ciudad capital.

 

Sobre los casilleros electrónicos, la Corte Nacional de Justicia, señala que aseguran la celeridad de los procesos, pues: ?Los abogados o sus asistentes tienen una mejor vía y más rápida para recibir los documentos judiciales; el casillero electrónico que es un sitio virtual para almacenar información sobre los procesos.

 

Cada casillero judicial electrónico tiene un sistema de seguridad para evitar que los documentos se pierdan o sufran ataques informáticos?; de este modo, los casilleros serán virtuales para dar celeridad a los procesos que se ventilan en los diferentes juzgados del país; y recalca la Corte: ?Una de las ventajas es que los abogados leen las notificaciones desde cualquier parte del país y a toda hora?.

 

El señor Dr. Jorge Blum Carcelén, en su calidad de Presidente de la Sala de Penal, Sala Penal Militar, Policial y Tránsito, en su informe de labores de 2013, manifiesta que en el año 2013: ?De las 2259 causas ingresadas en dicho año por Recurso de Casación se despacharon 984 procesos, de los cuales el 13% (130) se acepta el recurso de casación; el 36% 355 causas se los rechazó; y el 51% (449) se declaro el abandonó/o devolvió al Tribunal de instancia?. Recalca que dicha Sala, esto es las juezas y jueces, conjuezas y conjueces, como el personal de Secretaría y auxiliares, han atendido a todos los usuarios del sistema de justicia, con prontitud, esmero y dedicación, humanizando nuestro trato, hacia todas las personas que han concurrido a esta Corte Nacional de Justicia para la solución de sus conflictos; que agradece en todo momento a quienes colaboraron para impulsar el trabajo diario, aumentando el número de audiencias realizadas y sobre todo, para la publicación de la Revista Ensayos Penales, la primera en su género en la Corte Nacional de Justicia, pues sin su esfuerzo no hubiera sido posible su puesta en circulación; así termina dicho jurista su informe dirigido a las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia con fecha 21 de enero de 2014.

 

¿CUÁNDO UN ESCRITO EN EL QUE SE INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN PENAL ES INFUNDADO?

 

Lo es en los siguientes casos:

 

a)    Si el recurrente se limita a aseverar determinados puntos de vista o a formular críticas respecto de los fundamentos de la sentencia, sin mencionar las causales señaladas en el Art. 656 inciso primero del COIP, y por tal no va a tener éxito el recurso planteado.

b)    Cuando el escrito adolece de un razonamiento abstracto, pues se limita prácticamente a decir en forma vaga que existe un error de derecho en la sentencia impugnada;

c)    También existe el recurso de casación infundado, respecto a aquellos que son frutos deficientes de la  lectura de la sentencia, y que se limitan a denunciar vicios o errores de derecho que prácticamente no existen; y,

d)    Por supuesto que son recursos de casación infundados, aquellos recursos que revelan un desconocimiento por parte del recurrente de las cuestiones jurídicas más básicas, en especial las relacionadas con los errores de derecho, y peor aún si  se lo fundamenta en la Codificación de la Ley de Casación Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 299 de 24 de marzo de 2004; no obstante que la codificación señala expresamente en el Art. 20, que dicha ley no es aplicable en las causas penales.

 

SANCIONES POR NO PRESENTAR DEBIDAMENTE UN RECURSO DE CASACIÓN PENAL

 

Los Arts. 11 y 12, de la Codificación de la Ley de Casación, que se aplica en materia civil a la fecha, toda vez que todavía no entra en plena vigencia el COGEP, trata sobre la caución, su cancelación y liquidación, manifestando que será entregada parcial o totalmente a la parte perjudicada por la demora, en el trámite de la casación.

 

El COGEP, que como he manifestado se lo publicará en el Registro oficial el 01 de junio de 2014 trata el recurso de casación, sobre la fundamentación del mismo y sobre la caución y su imposición, además de las costas en el capítulo referente al recurso de casación.

 

Así, el legislador, ha considerado, que en materia civil se debe imponer una sanción en este sentido al recurrente; pero esto en materia penal señala la doctrina, resultaría injusto y contrario al derecho a la tutela judicial, efectiva, imparcial, expedita y gratuita, que señala el Art. 75, de la Constitución;  además se dice, que esto de la caución podría ocasionar que nunca se llegue a interponer un recurso de casación penal, a pesar de ser fundado, por el temor a la liquidación de la caución; por eso nuestro legislador en materia penal no ha considerado imponer caución, que sí lo hace en materia civil, por así disponerlo los Arts. 11 y 12, de la Codificación de la Ley de Casación, pues  como tengo manifestado en líneas anteriores, cuando el recurso de casación se interpuso con ánimo dilatorio, y existe caución para interponerla, y que no se ejecute la sentencia impugnada, el todo o parte de la caución se debe entregar a la parte que se perjudicó con la interposición de este recurso; además nuestro legislador consideró en la nueva Constitución que la justicia es gratuita, así lo señala el Art. 168 número 4 ?(?)el acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales?; el Art. 75 ibídem, que en su parte pertinente dice: ?(?) toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia (?)?.

 

Sobre el COGEP estamos preparando un trabajo de investigación en varios tomos, toda vez que recoge los nuevos principios rectores del ordenamiento jurídico ecuatoriano sobre la administración de justicia, y especialmente por ser docente en la materia de Procesal Civil I en la facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador.

 

 

 

LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL EN LA AUDIENCIA ORAL

 

Antes de analizar este aspecto jurídico, es menester insistir que el recurrente tiene la obligación de combatir y destruir con razones jurídicas los fundamentos o considerandos en que el Tribunal de Garantías Penales o la Sala Penal de la Corte respectiva que dictó la sentencia, se apoyó en errores de derecho, para llegar a  determinadas conclusiones, pues si la sentencia debe ser fundada y motivada, también lo debe ser el escrito en el que se interpone el recurso de casación; por este motivo, para que proceda dicho recurso, no sólo deben enunciarse las causales, sino que es preciso demostrarlo, porque si el recurso de casación es una crítica a la sentencia, es natural que se señale el error y se pruebe que se ha errado; de tal manera, que es obligación del recurrente completar con claridad los motivos de la impugnación y fundamentarlos, a fin de que la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, pueda decidir en sentencia si en verdad se infringió la ley por una de las causales señaladas en el inciso primero del Art. 656 del COIP.

 

El Art. 657.3, del COIP, dice: ?El recurso de casación podrá interponerse por los sujetos procesales, de acuerdo con las siguientes reglas: (?) 3. El recurso se sustanciará y resolverá en audiencia que se realizará dentro del plazo de cinco días contados desde la convocatoria. El recurrente deberá fundamentar su pretensión y los otros sujetos procesales se pronunciarán sobre la misma?.

 

La Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en auto de 06 de abril de 2015, dictado a las 08h05, al que me refiero en el primer artículo sobre este tema, publicado en esta misma Revista Judicial, manifestó implícitamente que las partes interesadas no sólo deben presentar sus objeciones a la sentencia que se pretende invalidar o modificar de manera escueta, sino que es preciso que se fundamente el recurso de casación en el escrito en el que se interpone, para que dicha Sala de la Corte Nacional de Justicia, lo aprecie, lo analice;  y, luego decida, dentro de la audiencia oral-contradictoria, que para este efecto se convoca.

 

Uno de los señores jueces y distinguido jurista de la Corte Nacional de Justicia, ha manifestado: ?(?) LO NUEVO es que desde la vigencia del COIP, HABRÁ en Corte Nacional, la admisibilidad del recurso, ya que cuando cumple con todas las reglas para su procedencia y trámite se lo admitirá y se convocará a la audiencia para su fundamentación; en caso contrario, se lo INADMITIRÁ, cuando el escrito de interposición del recurso contenga pedidos de la revisión de los hechos del caso concreto; o cuándo, se solicite  una nueva valoración de la prueba, en cuyo caso se lo RECHAZARÁ y devolverá para la ejecución de la sentencia. La admisibilidad o inadmisibilidad no impide el derecho de defensa, sino que obliga al Abogado a realizar que la interposición sea técnica y procedente, con lealtad procesal. IMPORTANTE: cuando ya sea admitido el recurso, en la audiencia oral, el abogado deberá técnicamente explicar cuál es el error de derecho que contiene la sentencia impugnada, más del 70% de los colegas no lo hacen, se refieren a la indagación, instrucción o a la sentencia del tribunal, lo cual está equivocado y por ello se rechazan los recursos?.

 

De lo anotado se desprende, que el recurrente debe demostrar en forma clara y precisa, los fundamentos de la casación y las disposiciones legales violadas en la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales o por la Sala Penal de la Corte respectiva; o sea que los cargos contra la sentencia impugnada se han de respaldar en serios fundamentos jurídicos y se han de mencionar las normas legales que resultan violadas mediante la contravención expresa de su texto, por haberse hecho una falsa aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente, conforme dispone el Art. 656 inciso primero del COIP; con más detalle trataré sobre la fundamentación en la audiencia oral-contradictoria, en un próximo tomo, en mi obra ANÁLISIS JURÍDICO TEÓRICO-PRÁCTICO DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; sin embargo me permito hacer las siguientes reflexiones.

 

La fundamentación, no es un alegato libre y desembarazado que puede confeccionarse bajo inspiraciones subjetivas con plena y concreta conciencia de su autor; por el contrario, el recurrente, debe señalar en forma clara como se ha violado la ley en la sentencia recurrida, esto es conforme señala el Art. 656 inciso primero del COIP.

 

Uno de los errores que comete el recurrente al momento de fundamentar la casación en la audiencia oral, es el argumento circular del casacionista, al repetir lo mismo de lo mismo, por lo cual la jueza o juez ponente aclara este particular para que no se vuelva a repetir.

 

Así, la fundamentación tiene una finalidad, que es hacer la crítica jurídica de la sentencia frente a la ley, para pedir la impugnación de la sentencia, pues casar es destrozar o destruir a la sentencia impugnada, por eso es menester señalar que el escrito que contiene el recurso de casación penal y, luego en la audiencia oral-contradictoria, no debe confundirse con un alegato de tercera instancia, pues el escrito en el que se interponía el recurso de tercera instancia no tenía reglas o normas a las cuales debía ceñirse, en cambio el escrito de recurso de casación y luego en la audiencia oral-contradictoria, necesitan de conocimientos jurídicos y técnicos, pues hay una  diferencia abismal entre el recurso de casación y el recurso de tercera instancia que desapareció hace décadas en nuestro ordenamiento jurídico; de tal manera insisto, se debe tener un dominio de la hermenéutica jurídica, razón por la cual sólo los iniciados en la hermenéutica jurídica pueden ser juezas, jueces, abogadas o abogados de casación.

 

En el próximo artículo en esta misma revista judicial trataré como se trata la audiencia oral-contradictoria sobre un recurso de casación penal, en la Sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia.

 

Dr. José García Falconí

Docente, Facultad de Jurisprudencia,

Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Central del Ecuador

correo: josegarciafalconi@gmail.com

 

Change password



Loading..