Armas de fuego y ciudadanía

Jueves, 24 de noviembre de 2005

Armas de fuego y ciudadanía

Por: Lcdo. Osvaldo Agustín Marcón
Provincia de Santa Fe - Argentina
omarcon@arnet.com.ar

 

EL ENSAYISTA CONSERVADOR Guy Sorman, reconocido admirador de la era de Ronald Reagan en EEUU, afirma que "la autodefensa es la respuesta popular y conservadora al crecimiento de la violencia ... los americanos consideran que la posesión de un arma de fuego es la contrapartida natural del derecho a la seguridad y a la legítima defensa inscripto en la segunda enmienda a la Constitución" (1).

En Estados Unidos, con 280 millones de habitantes, hay unos 192 millones de armas de fuego en manos de la población. El 39% de los hogares tiene un rifle, el 24% tiene un arma corta y cada año unas 130.000 personas son heridas por armas de fuego. De ellas 30.000 mueren. No obstante para el Director de Investigación de la Fundación de la Policía de Washington las tasas de violencia en Estados Unidos se deben, antes que a la posesión de armas de fuego, a las desigualdades económicas. (2)

En Canadá, en cambio, el 18% de los hogares dispone de por lo menos un arma de fuego. A esta diferencia se atribuye relación con otra diferencia: en Estados Unidos se cometen el triple de homicidios y el doble de acosos graves que los cometidos en Canadá de acuerdo al estudio publicado por Stadistics Canadá. Para algunos expertos la diferencia de tasas de violencia entre Estados Unidos y Canadá se debe a la diferencia en materia de políticas públicas, actitudes hacia las armas de fuego, libertad personal, programas sociales y desigualdad económica. (3)

Suiza es uno de los países del mundo en el que los ciudadanos están más armados. Luego de cumplir el servicio militar permanecen como reserva activa del Ejército, entrenan dos semanas por año, reciben para tener en su hogar un fusil de asalto, munición e instrucciones para casos de emergencia. Uno de los principales deportes nacionales es el tiro deportivo. El Estado estimula el uso de armas y facilita su adquisición. Sin embargo ocurren normalmente más muertes causadas por accidentes de alpinismo que por disparos de armas de fuego. (4)

Para Pablo José Jaramillo, psicoanalista y profesor universitario de teoría política, el caso suizo desvirtúa la creencia de que sea el objeto el responsable. Según afirma "el problema es que donde no hay quien dirima el conflicto ni quién haga respetar la ley los particulares quedan abocados a resolverlos por la fuerza". La ley funciona cuando el ciudadano cree en ella y hay un Gobierno o Estado capaces de aplicarla eficazmente. Tal opinión es compartida por criminólogos para quienes el problema no son las armas sino el conflicto que determina su uso. (5)

Entonces ¿es buena la idea del desarme ciudadano?

Convendría encuadrar ideológicamente la discusión preguntando: en sociedades que están lejos de resolver mínimamente el conflicto de la producción-distribución de las riquezas ¿es el desarme ciudadano una posibilidad transformadora o una simple ortopedia social?

En medio de la exclusión social retirar las armas no es retirar la violencia. No obstante permite recrear condiciones mínimas para revertir el proceso de deterioro en las relaciones comunitarias, rescatando los vínculos de vecindad a partir de los cuales el cara-a-cara vuelva a constituirse en fuente de seguridad social, posibilidad de concientización, de organización y de participación. Actualmente el armamentismo descontrolado transforma barrios en ghettos, ámbitos cerrados al visitante pero también al propio vecino. Renunciar a las armas permitiría instalar una nueva racionalidad en la convivencia.
Es cierto que lograr instituciones capaces de resolver efectivamente los conflictos llevará años pero mientras tanto aceptar el armamentismo como alternativa es subvalorar la vida humana. Someterse o resistir la violencia es en definitiva elegir entre el estado de cultura o el estado de naturaleza, opción que acelera o retrasa el pasaje hacia formas civilizadas de convivencia.

Ahora bien ¿es posible promover el desarme sobre bases justas?

Recordemos que las experiencias centradas en canjear armas por alimentos (u otros satisfactores de necesidades básicas) están obviamente direccionadas hacia los socialmente excluidos. Ellas parecieran presuponer potencial dañino en estas armas y no en las de otros sectores sociales.

¿Se trata de una situación contractualmente justa en términos de relaciones sociales? ¿No constituye un engaño?
Los excluidos, por su parte, podrían reclamar el desarme de quienes, aún sin operarlas directamente, también depositan en las armas sus deseos de seguridad (p.ej.: usuarios de servicios de vigilancia privada). Es como que los incluidos solicitan el desarme de los excluidos, pidiendo que firmen unilateralmente la rendición pues en última instancia, a no olvidarlo, el conflicto sigue siendo la disputa por la apropiación de las riquezas. La inequiedad distributiva genera la pobreza que se constituye en excelente terreno para el desarrollo de la violencia. Así dada la cuestión pareciera que los incluidos aspiran a mantener su armamentismo con lo que es oportuno recordar que "quien para castigar al caníbal se lo come, también se transforma en caníbal".

Pero entonces ¿es el desarme una mera ilusión carente de factibilidad en cuanto política con pretensiones de equidad social?

No, pero su abordaje impone la necesidad de una formulación que tenga al conjunto de la sociedad como población-objetivo evitando que tales iniciativas sean útiles para desequilibrar la balanza hacia un lado o hacia otro en los conflictos de grupos o clases sociales. Para que incluidos y excluídos encuentren sentido a tales propuestas debería previamente responderse, como mínimo, a la siguiente pregunta:

¿Qué necesidades satisface la posesión de un arma?

Cada necesidad es según el sujeto que la sostiene. No obstante quizás sea posible encontrar con cierta regularidad que muchos ciudadanos, al armarse, suponen estar en mejores condiciones para resolver a favor eventuales situaciones de riesgo. Otros integran grupos sociales en los que la posesión de un arma está substancialmente ligada a la violación de la norma en cuanto conducta que en sí misma se constituye en norma, vinculándose al sostén de un sistema que asegura la subsistencia, provee una vía para ser alguien, para ejercer un rol y disponer de un lugar reconocido dentro de la exclusión. Ambos sectores sociales demandan seguridad. Para unos la seguridad es personal y para los otros es social. Mientras para unos seguridad es evitar que les roben para otros seguridad es evitar que los destruyan por inanición.

A quienes demandan seguridad personal es necesario garantizar que las nuevas medidas concentrarán el monopolio de la violencia en manos de un Estado racional, lo que significa mano armada y eficazmente dominada por la razón. A los otros, a quienes sostienen con su arma un sistema de lugares sociales es necesario garantizarles condiciones básicas de articulación social como camino hacia la inclusión.

Todo proyecto de desarme, entonces, debería articular una estrategia mayor, que no se agote con el consumo del bien que el ciudadano obtuvo a cambio de su arma. Una de las posibilidades es inscribir la iniciativa en una planificación municipal que se inspire en la moderna concepción del 'Desarrollo Local': crecimiento económico con impacto social partiendo de lo circundante.
............................
(1) SORMAN, Guy. La revolución conservadora. Buenos Aires, Atlántida, 1983, trad. María Nieves Urrutia. p. 128
(2) www.nacion.com/ln_ee_2002/octubre/16/mundo1.html
(3) The Globe and Mail, edición 19-12-01, Sección A, P. 4
(4) www.seguridadaldia.com/archivocondamar/index6.htm
(5) www.iansa.org/news/spanish/

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