Análisis Jurídico: Código Orgánico General de Procesos (COGP)

Martes, 14 de abril de 2015

Análisis Jurídico

Código Orgánico General de Procesos (COGP)

Autor: Dr. José García Falconí

La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, hace un mes aproximadamente hizo un seminario, en el cual intervine como expositor del mismo.

El Colegio de Abogados de Pichincha en sus jornadas denominados Martes Académicos, tuvo la bondad de invitarme a tratar sobre el Proyecto de Código Orgánico General de Procesos (COGP), el mismo que fue aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional, el día jueves 26 de marzo del presente año, y enviado a la Presidencia de la República, para que el Ec. Rafael Correa Delgado, en su calidad de Presidente Constitucional, se pronuncie, objetando parcial o totalmente o aprobándolo en el plazo de treinta días, para luego ser publicado en el Registro Oficial.

Igualmente, la Corte Provincial de Justicia de Zamora, que conmemora esta semana 19 años de su creación, tuvieron la amabilidad de invitarme a dar una charla sobre esta importante materia

Para entender de mejor manera este proyecto, es menester hacer las siguientes anotaciones jurídicas preliminares:

Principio de Oralidad

1.      El proyecto, se basa fundamentalmente en el principio de oralidad, lo que exige la presencia de una nueva cultura de litigio procesal, pues impone a los operadores de justicia, acomodarse a los nuevos mandatos de optimización, frente a la necesidad de justicia de los usuarios; por lo que a propósito, hay que recordar la enseñanza de Carnelutti, quien manifestaba: ?Resulta más fácil hacer una revolución que cambiar los hábitos?; de tal modo, que para la aplicación de COGP, los operadores de justicia y los abogados en libre ejercicio profesional, tenemos que abrir los ojos y la mente al proceso de cambio en materia de justicia implementada a raíz de la vigente Constitución de la República de 2008, y los cambios introducidos con el Referendo del 07 de mayo de 2011;

2.      Hay que aclarar, que el principio de oralidad, ya se lo implementó en la Constitución Política de 1998, y se puso un plazo de cuatro años para su aplicación; sin embargo, solamente se lo ha aplicado en el COIP, en algunas otras materias específicas, y hoy en el Código Orgánico General de Procesos;

3.      El COGP, tiene su fundamento en el Código de Procesos de Uruguay y también en las legislaciones: colombiana, peruana, panameña, mexicana, entre otras;

 

 

 

Metódica del Proceso Judicial Ecuatoriano

 

4.      Hay que recalcar, que dos son los métodos judiciales que rigen el acceso a la justicia: el inquisitivo y el dispositivo, cada uno con sus características, y mayor o menor aplicación de los derechos; y el COGP, recoge el sistema dispositivo tradicional, lo cual evidentemente podría contrariar los nuevos principios rectores de la administración de justicia que contempla el Código Orgánico de la Función Judicial, y específicamente, lo que señala el Art. 130.10, el mismo que dispone: ?Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces.- Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: (?) 10. Ordenar de oficio con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad?; toda vez que la jueza o  el juez no es un mero espectador, tampoco es un dictador arbitrario, sino que es el director del proceso, conforme lo señala expresamente tanto el Art. 5.14 del Código Orgánico Integral Penal y el Art. 3 del COGP, y para cumplir esta finalidad tiene facultades jurisdiccionales, correctivas y coercitivas, que se encuentran reguladas en los Arts. 130, 131 y 132 del COFJ;

Principios Procesales previstos en e COGP

5.      Hay que tener en cuenta, los principios procesales que establece el COGP; esto es: igualdad, legalidad, juez imparcial, defensa; en resumen, igualdad en la vida social humana, lo cual implica: ?justicia que quiere decir tratamiento igual de los iguales?; o sea que el COGP, para aplicar este principio de igualdad, contempla la actuación de la Defensoría Pública para las personas que no pueden acceder a una defensa pagada; de tal modo, hay que tener en cuenta los nuevos principios rectores que señala el Art. 4 al 31 del COFJ; aclarando que los Arts. 4, 5 y 6, son principios constitucionales, y del 7 al 31, son principios procesales, cuyo análisis lo hago en mi trabajo LOS NUEVOS PRINCIPIOS RECTORES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL;

6.      También hay que tener muy en cuenta, el Art. 168 de la Constitución de la República, que es la base fundamental de los principios en la administración de la misma;

7.      Es importante, establecer la competencia de la jueza y del juez, y su imparcialidad con la obligación que tienen los juzgadores de concluir las audiencias con una resolución; y de este modo, se evita dilatar los trámites y limitar la recusación por falta de sustanciación;

Sujetos Procesales

8.      Establece, que los sujetos del proceso, son: actor y demandado; pero también los terceros que no son actores ni demandados, sino que son sujetos procesales, cuando se sienten perjudicados con una providencia judicial; igualmente el COGP, regula lo relativo a la relación litis consorcial; y la novedad, es la representación de la naturaleza por cualquier persona natural o jurídica, individual o colectiva, a través del Defensor del Pueblo;

 

 

Actividad Procedimental

 

9.      El Libro Segundo del COGP, analiza la actividad procesal y entre ella, lo siguiente:

 

 

a.       Las comunicaciones judiciales; esto es: la citación que es una diligencia importante para ejercer el derecho a la defensa y que se lo puede hacer a través de la radio; además de las notificaciones en la cual se implementa la tecnología; igualmente, se establecen trámites para los deprecatorios, comisiones y exhortos;

b.      Se establece los términos en que los actos procesales deben realizarse, esto es únicamente en los días hábiles y a la hora en punto, sin la espera de los diez minutos actuales;

c.       Las audiencias, que se basan en la oralidad, que es el eje fundamental del debido proceso, pues en él confluyen todos los principios constitucionales;

d.      También se refieren a las providencias judiciales;

e.       De manera especial trata sobre las nulidades, señalando que son de excepción y su convalidación se resuelve en la propia audiencia. También aclaro que únicamente se contemplan los recursos verticales de casación, apelación y de hecho, más no el recurso de revisión, lo cual evidentemente es preocupante porque se podría considerar que los operadores de justicia en esta materia no cometen equivocaciones, que si las cometen los operadores de justicia penal, y por tal hay el recurso de revisión en el COIP;

f.       Los expedientes, deben guardarse electrónicamente, por lo que es importante recalcar los avances tecnológicos que recoge el COGP;

 

10.  Las diligencias preparatorias, que sirven para anticipación probatoria y, determina la competencia de la jueza o del juez en el asunto principal;

11.  Las medidas cautelares, en las que para su procedencia se requiere que la petición deba ser motivada; recalcando la importancia de la inscripción de la demanda en los registros correspondientes, con el fin de que todos conozcamos que se están tramitando acciones judiciales;

 

 

12.  Disposiciones comunes a todos los procesos. Libro Tercero del COGP

 

       a.            Actos de proposición; esto es la demanda, que es el acto que inicia el proceso; la contestación a la demanda, con lo cual se cumple el principio de contradicción y el derecho de defensa; igual que la reconvención; recalcando, que tanto en la demanda como en la contestación hay que anunciar la prueba, con lo cual se cumple el principio de buena fe procesal señalado en el Art. 26 del COFJ; además estas diligencias son escritas, recalcando que el tratadista Michele Taruffo, en su conferencia del mes de diciembre de 2014, en la Corte Nacional de Justicia, manifestó la importancia del trámite escrito, obviamente sin desmerecer el principio de oralidad. Al respecto vale la pena manifestar, que hizo hincapié sobre la importancia del activismo judicial, esto es del Art. 130.10 del COFJ antes mencionado, señalando expresamente ante la interrogante ¿Qué desafíos genera un modelo procesal en el que se restringe la iniciativa probatoria del juez y se privilegia la concentración de la actividad probatoria en una cantidad reducida de audiencias?, a lo cual responde ?En mi opinión personal hay una sola respuesta: El juez ordena de oficio que se presente el documento o que se llame al testigo porque el juez tiene la obligación básica de buscar la verdad sobre los hechos. El principio dispositivo que se invoca normalmente para decir que el juez tiene que ser pasivo y que no debe tener poderes, se interpreta de manera equivocada, porque el principio dispositivo significa que la parte tiene el poder de proponer la demanda, sino es así el proceso no empieza; es decir, establecer el contenido de la pretensión y el tipo de derecho para el que se pide la protección, con lo que vincula también al juez, para que en su sentencia, decida exactamente sobre los términos de la demanda (?)?. Este punto de derecho es importantísimo para entender el nuevo rol del juez en la nueva justicia ecuatoriana y parecería que el Proyecto de Código Orgánico General de Procesos, trata de manera diferente al principio dispositivo,  de lo que piensa Michele Taruffo, cuya entrevista esta publicada en el Boletín Institucional No. 15 de la Corte Nacional de Justicia de enero-febrero 2015, págs. 10 y 11;

 

      b.             Se establecen los medios de prueba, que son los diversos instrumentos que contempla el COGP, recalcando la libertad probatoria y la importancia de la prueba documental; manifestando, que la jueza o el juez debe valorar la prueba con sana crítica y libre convicción, lo cual debe ser aclarado, pues son diferentes conceptos; de todos modos hace énfasis de la lógica, de la experiencia y de los conocimientos de la jueza o el juez; manifestando que quien alega falsedad de la prueba debe probarla. Enfatiza, de cómo se debe conceptuar la prueba cuando en un proceso se encuentren inmersos los derechos de niños, niñas y adolescentes, o sobre cuestiones laborales;

Este capítulo, da importancia a la valoración de la prueba por parte de la jueza o del juez y, cambia radicalmente nuestra cultura legal, pues la prueba se realiza de manera oral, lo que no  que acontece actualmente; manifestando que en lugar de la confesión judicial, el COGP, establece la declaración de parte, y debo señalar, que este es un cambio fundamental en este medio de prueba, por lo que los operadores de justicia y los sujetos procesales deben tener muy en cuenta este particular.

 

13.  Formas extraordinarias de conclusión del proceso:

La sentencia, que es la forma ordinaria de terminación de un proceso; pero, además contempla la conciliación o transacción; el retiro de la demanda; el desistimiento; el allanamiento; el abandono, que son las formas extraordinarias de conclusión del proceso.

 

14.  La impugnación.

Establece que se puede realizar a través de  la apelación, la casación y el recurso de hecho; previamente se puede solicitar aclaración, ampliación y revocatoria, que son recursos horizontales, pero recalco una vez más, no se innova  implementando el recurso de revisión que si existe en otras legislaciones como en la colombiana, aún cuando en honor a la verdad la mayoría de legislaciones no contempla este recurso en materia civil;

 

 

15.  Los tres efectos de la apelación.

Devolutivo, suspensivo y diferido; además contempla la posibilidad de declarar la nulidad procesal o constitucional, especialmente por la falta de motivación y el Art. 86 del Proyecto es categórico en señalar: ?Motivación. Toda sentencia y auto serán motivados, bajo pena de nulidad. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos  fácticos y jurídicos, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como la interpretación y aplicación del derecho. La nulidad por falta de motivación única y exclusivamente podrá ser alegada como fundamento del recurso de apelación o causal del recurso de casación?; lo que guarda relación con lo señalado en el Art. 76.7 letra l) de la CRE; 130.4 del COFJ; debiendo recalcar que dicho cuerpo de leyes en el Art. 108.8 establece como causa de destitución de los operadores de justicia la falta de motivación por tres ocasiones en un año;

16.  Recurso de casación.

Establece cinco causales, debidamente clasificadas y ordenadas especialmente respecto al error in iudicando e in procedendo, y sobre el recurso de hecho señala que procede cuando se ha negado los recursos de apelación o el de casación;

17.  Sobre las costas y multas, señala que procede en los siguientes casos: abuso del derecho; actuar con malicia; actuar con temeridad; y actuar con deslealtad; esto es sin observar los principios que establece el Art. 26 del COFJ.

 

18.  El Libro Cuarto del COGP, trata sobre los procedimientos, manifestando que el procedimiento civil actual a base de la escritura es el causante de la lentitud de los trámites legales y la demora en resolver los litigios, lo cual deteriora la calidad de la justicia, ya que las decisiones las toma la jueza o el juez que casi siempre no ha tenido el suficiente conocimiento de la causa y, forma su convicción  basándose solamente en lo escrito.

Manifiesta, que actualmente en el Código de Procedimiento Civil, contempla 80 tipos de trámites; mientras que en el COGP, se limita a cuatro procedimientos, buscando la economía procesal, la eficiencia y la eficacia de la justicia;

 

Procedimiento del Conocimiento

 

19.  El procedimiento de conocimiento, establece que en éste siempre hay dos partes, actor y demandado, en situaciones contrarias. Y entre estos procedimientos de conocimiento, tenemos los siguientes:

 

a.       Procedimiento ordinario, en el cual se tramitan todas las controversias que no tengan proceso especial y, en este caso hay dos audiencias: la preliminar y la de juicio. De esta manera, se garantizan los principios constitucionales del debido proceso, como los de: concentración, contradicción y dispositivo; además de los principios de inmediación, legalidad, jurisdicción, competencia, intimidad, transparencia, publicidad, celeridad, probidad, independencia, unidad jurisdiccional y gradualidad, especialidad, gratuidad, buena fe y lealtad procesal, verdad procesal, interpretación de las normas procesales, interculturalidad, tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica; esto es, los principios regulados en los Arts. 7 al 31 del COFJ, y cuyo análisis lo hago en el libro antes mencionado;

 

b.      Procedimientos contencioso tributario y contencioso administrativo;

 

 

c.       Procedimiento sumario es igual al ordinario, pero con un trámite más breve, y en él se enumeran los tipos de controversias que tiene este trámite;

 

d.      Procedimientos voluntarios, que no son contenciosos y, que son solicitudes en casos concretos ante el órgano judicial correspondiente y en interés del propio solicitante; de tal modo, que hay que tener muy en cuenta que en esta clase de procedimientos voluntarios, el concepto de parte es sustituido por el de solicitante; y de la demanda por el de solicitud;

 

 

e.       Procedimientos ejecutivos, y aquí tenemos dos clases: procedimiento ejecutivo propiamente tal, que es la actividad procesal jurídicamente regulada, mediante la cual el acreedor fundándose en la existencia de un título ejecutivo que hace plena prueba contra el deudor, demanda la tutela del órgano jurisdiccional, a fin de que éste coactivamente, obligue al deudor al cumplimiento de una obligación insatisfecha; aclarando, que en este procedimiento no se busca la declaración del derecho, pues ésta ya está contenido en un título valor o en cualquier documento que preste mérito ejecutivo; y además en el juicio ejecutivo que no tiene esta característica;

 

f.       El procedimiento monitorio, que es novedoso y tiende a solucionar graves injusticias que se cometen en contra de los acreedores que no podrían cobrar sus créditos por falta de un título ejecutivo, lo que hacía que las deudas no sean honradas por los deudores que caían en morosidad, creando inseguridad en el sistema económico y, atentando de esa manera contra la confianza y la buena fe; de este modo en resumen el objetivo primordial del procedimiento monitorio, es cobrar de manera rápida y sencilla determinadas deudas de dinero y, además tiene el efecto de cosa juzgada la resolución dictada por la jueza o el juez, y se procede al embargo de los bienes del deudor que el acreedor ha señalado. En esta clase de procedimientos, no existe recurso de casación, ni es necesaria la intervención de abogado en libre ejercicio;

 

 

20.  La Ejecución,

El Libro Quinto del COGP, trata sobre la ejecución, pues no olvidemos que parte de la tutela judicial imparcial y expedita que señala el Art. 75 de la CRE, es la ejecución de la sentencia, y es justamente esta etapa, la que garantiza el cobro de las deudas, y la jueza o el juez tiene la facultad de acceder de oficio o a petición de parte a los registros públicos de datos del ejecutado para recabar información relativa a sus bienes.

Recordemos, que la fase de ejecución, es el conjunto de actos procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en títulos de ejecución, como son: la sentencia ejecutoriada, el laudo arbitral, el acta de mediación, el contrato prendario y de reserva de dominio, la sentencia en el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero y homologados en el país; las actas transaccionales válidamente celebradas ante autoridad competente y el auto interlocutorio definitivo que pone fin al proceso monitorio; en resumen se trata de un proceso que vuelve factible la labor de tutela judicial por parte del Estado, que señala el Art. 75 de la CRE;

 

Sobre el Proceso Concursal

 

21.  También,  contempla el proceso concursal, que se encamina hacia la protección del negocio jurídico realizado a través de la actividad económica, que conlleva la preservación del empleo y la protección del sistema crediticio y, por tal de la economía en general, que garantiza el Art. 284.2 de la CRE.

De tal manera, que cuando no se cumplen estos compromisos y obligaciones, se regula la facultad del Estado para garantizar el libre desarrollo de la economía, por lo que se establece el concurso de acreedores, que es un procedimiento judicial, cuya petición resulta exigida para todo aquel deudor que se halla inmerso en los casos de cesión de bienes o en estado de insolvencia, y en la cual se examina si el deudor puede cumplir con todo o parte de la deuda con su patrimonio con las obligaciones de pago pendientes y, por último caben también los acuerdos colectivos entre el deudor y los acreedores, con la finalidad de reducir o aplazar el pago de algunas deudas, buscando la solución consensuada menos gravosa para todos.

 

Dr. José García Falconí

DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR

Correo: josegarciafalconi@gmail.com