Acción Extraordinaria de Protección: Requisitos, competencia y procedimiento

Viernes, 30 de agosto de 2013

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN

 

Por: Dr. Ciro Camilo Morán Maridueña

 

 

Introducción.-

 

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política, el campo de gestión de las acciones mediante las cuales se garantiza la vigencia de los derechos, ha quedado sin duda modificado. Dentro de las actuales garantías jurisdiccionales, la Acción Extraordinaria de Protección ?cuya competencia es de la también naciente Corte Constitucional? se refiere a la posibilidad de revisar y revocar las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, que se hayan dictado violando el debido proceso o cualquier otro derecho consagrado en la Constitución.

 

¿Cuándo se puede plantear esta acción?

 

Es necesario que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, lo cual en concordancia con el número 1 del artículo 437 de la Constitución vigente, implica que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados (en este punto el asambleísta olvido poner la palabra ?definitivo? a continuación de auto). Hasta esta parte, se podría decir que es entendible la aplicación de este segundo inciso, sin embargo no termina ahí, pues a continuación expresa: ?a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado?. Y en esta parte ya me encuentro por demás complicado, puesto que la norma constitucional está permitiendo que la acción se presente incluso en los casos que no se hubiesen agotado los recursos, esto es, por ejemplo, si se trata de un juicio de conocimiento, que no se haya presentado el recurso de casación que ataca precisamente a la sentencia.

 

¿Y cómo es que se lo permite?

 

Siempre que no se haya interpuesto el recurso, en el caso del ejemplo, la casación, por algún motivo que no sea atribuible a la negligencia del titular del derecho. ¿El titular del derecho? ¿Qué quiere decir la norma con esto? Según mi criterio, el titular del derecho puede ser cualquiera de las partes, es decir, actor o demandado definidos en el artículo 32 del Código de Procedimiento Civil, pero qué pasa si el negligente fue su abogado o su procurador, éste no es el titular del derecho constitucional vulnerado, por lo que si su negligencia provocó la no interposición de algún recurso, el titular del derecho, es decir, el defendido o el patrocinado, puede presentar la acción extraordinaria de protección demostrando que su abogado fue el negligente y no él.

 

¿Y qué debemos entender por negligencia?

 

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Nuevo Espasa Ilustrado quiere decir: ?Descuido, omisión.? y según Cabanellas: ?Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas.?, por lo tanto se trata de un aspecto que, al tener un matiz subjetivo, quedará al criterio del juez determinar si hubo o no tal descuido u omisión, lo cual puede dar lugar a alguna arbitrariedad o ligereza. Olvidó, además, el asambleísta que nuestra legislación ya contempla la posibilidad de que la parte no pueda cumplir con algún término determinado, por motivos ajenos a su propia negligencia y se encuentra contemplado en el inciso quinto del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, donde se señala: ?Los jueces concederán, además, la suspensión de términos, por enfermedad grave o impedimento físico de alguna de las partes o por calamidad doméstica, siempre que al solicitar la suspensión se acompañaren pruebas de dichas circunstancias, salvo en los casos en que fueren

de notoriedad pública?? Al menos debemos entender que en caso de tratarse de un motivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberá demostrárselo por quien lo alegue, pues sería demasiado exagerado que ni siquiera se deba probar que no se debió a su negligencia.

 

Requisitos de admisibilidad del recurso.-

 

El artículo 437 de la Constitución vigente establece los requisitos que debe constatar la Corte para la admisión del recurso (nuevamente se trae el símil entre acción y recurso en este artículo), sin embargo como ya lo he venido exponiendo, considero que son totalmente insuficientes y demasiado generales, con el agravante de que si la ley establece algún otro, es factible que dicha disposición sea declarada inconstitucional, por cuanto está creando otros requisitos adicionales que no contempla la Constitución vigente, con lo cual estaría de acuerdo.

 

Debió aprovechar el asambleísta la oportunidad de incluir otros requisitos, o al menos dejar abierta la posibilidad para que la ley incluya otros, pero al contrario cerró, a mi criterio, la posibilidad de aquello.

 

Órgano competente.-

 

La Corte Constitucional es el órgano competente para conocer la acción extraordinaria de protección, por cuanto de conformidad con el artículo 429 de la Constitución vigente es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, con jurisdicción nacional. Esto no se contrapone a la faculta jurisdiccional de la función judicial, por cuanto el artículo 178 de la Constitución vigente en concordancia con el 167 de la misma Carta Magna, establece que pueden existir otros órganos con iguales potestades, esto es, jurisdiccionales, reconocidos en la Constitución.

 

El trámite que se deberá crear para el ejercicio de esta institución deberá contemplar lo estipulado en el numeral 6 del artículo 168 de la Constitución vigente, así como los principios procesales consagrados en el artículo 169 del mismo cuerpo legal, esto es, se debe aplicar el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo, así como los de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal.

 

El órgano competente para establecer cuál es el procedimiento a seguirse, es el legislativo, según la disposición transitoria primera de la Constitución vigente, ya que en el numero 1 se establece el plazo máximo de 360 días para que dicho órgano legislativo apruebe la ley que regule el funcionamiento de la Corte Constitucional y los procedimientos de control de constitucionalidad, esto igualmente concuerda con el artículo 430 de la Carta Magna vigente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en atención al artículo 27 del Régimen de Transición de la Constitución vigente, han considerado y resuelto en sesión del 20 de octubre del 2008 que, además de que tienen funciones prorrogadas, debido a que dicha disposición señala que terminarán sus funciones cuando se posesionen a los miembros que se seleccionen para la Corte Constitucional; asumen, también, las funciones propias de la Corte Constitucional en base al artículo 426 de la Constitución vigente y para una mayor comprensión de lo resuelto por dicha órgano, transcribo parte de la mencionada resolución:

 

??Que, sin embargo de lo manifestado, el Régimen de Transición no establece cuál será el órgano de control y jurisdicción constitucional; qué atribuciones ejerce dicho órgano; cómo regula los procedimientos para aplicar las nuevas garantías jurisdiccionales de los derechos y demás acciones de constitucionalidad; y finalmente, cómo deben tramitarse los procesos que se encuentran pendientes de resolución, bajo el imperio de las normas de la Constitución de 1998, sin perjuicio de lo cual, atendiendo la regla de interpretación constitucional establecida en el artículo 427 de la Constitución, no cabe duda que la voluntad del Constituyente es que exista una etapa de transición armónica y coordinada entre el Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación y administración de la Justicia Constitucional; Que, los artículos 11 numerales 3 y 5; y, 426 de la Constitución de la República del Ecuador vigente, establecen los principios de eficacia normativa, aplicación directa e inmediata y de favorabilidad de la efectiva vigencia de los derechos y de las normas de la Constitución, principalmente de aquellas referidas a las garantías de los derechos, sin que pueda alegarse inexistencia de normativa secundaria para inaplicar los derechos, justificar su violación o desconocimiento, negar su reconocimiento o desechar las acciones provenientes de su ejercicio, por lo que se acoge su naturaleza de plenamente justiciables??

 

Por lo tanto y sin entrar a analizar la legalidad o no de lo resuelto, no sólo que el Tribunal Constitucional se transformó en Corte Constitucional, sino que además resolvió lo siguiente: ?2.- Regular el trámite de los procesos constitucionales relacionados con las garantías de los derechos, así como las demás atribuciones de la Corte Constitucional establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y las normas secundarias, hasta que se expida la ley que regule el funcionamiento de la Corte Constitucional y los procedimientos de control de constitucionalidad.? Es decir, se adelanta a la ley que puede ser creada por el órgano legislativo en el plazo de 360 días como había indicado y establecerá directamente cuál es el trámite a seguir de los procesos constitucionales, entre los cuales se encuentra la acción extraordinaria de protección.

 

Y es así que en el Suplemento del Registro Oficial No. 466 del 13 de noviembre del 2008, constan publicadas las Reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el período de transición, expedida por la autodenominada Corte Constitucional y que consta de 84 artículos, una disposición general, cuatro disposiciones transitorias y una disposición final.

 

Reglas de procedimiento.-

 

Breve análisis de las Reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el período de transición, en lo que respecta a la acción extraordinaria de protección: Consta en la sección III del capítulo VI (de las garantías jurisdiccionales de los derechos), a partir del artículo 52 hasta el 57. El artículo 52 (requisitos de procedibilidad), según mi criterio, no contiene ningún requisito adicional a los previstos por la Constitución vigente. El artículo 53 en cuanto a la competencia para resolver, si trae un elemento nuevo y es el de establecer que la tendrá el Pleno de la Corte Constitucional, de tal forma que esta acción no puede ser resuelta por una de las Salas, las que tan solo sustanciaran el trámite.

 

En cuanto a la indeterminación de si se trata de una acción o un recurso, se resuelve por el artículo 55, en cuanto a que se establece que iniciará por demanda con el contenido que en dicho artículo igualmente se señalan. El artículo 57 establece qué tipo de sentencia se debe emitir para estos casos y es del tenor siguiente: ?Art. 57.- Efectos de la sentencia.- De comprobarse que la sentencia, auto o resolución con fuerza de sentencia impugnado ha violado los derechos constitucionales del accionante, así se lo declarará y se dispondrá la correspondiente reparación integral.? Es decir, una vez sentenciado no hace falta devolver el proceso, lo cual suena obvio, pues como vemos no se trata, para criterio de la actual Corte Constitucional, de un recurso sino de una acción, de tal forma que nada tienen que ver los efectos devolutivos y suspensivos.

 

La  norma es demasiado general en el segundo aspecto, esto es, en la disposición de la correspondiente reparación integral, por cuanto queda a libre criterio de la Corte Constitucional determinar cómo debe ser la reparación integral, que puede ser por ejemplo, establecer indemnizaciones; en todo caso, para que se les facilite un poco la gestión, pusieron en el artículo 55 ya mencionado, en el literal e), el requisito de que el demandante mencione la pretensión concreta respecto de la reparación de los derechos fundamentales vulnerados.

 

El análisis respecto de la legalidad y constitucionalidad de lo resuelto por la Corte Constitucional conlleva a un trabajo mucho más profundo y específico, por lo que considero apresurado emitir un criterio al respecto, más allá del de indicar que las regulaciones mencionadas se encuentran en vigencia, mientras no se declare lo contrario y siendo un aspecto de tipo constitucional, no hay órgano distinto a la propia autoproclamada Corte Constitucional que lo pueda resolver, quedando a

salvo la posibilidad de revisar esta conducta en atención al artículo 226 de la propia Constitución vigente, sobre lo cual al menos el Ministerio Público no ha emitido ningún criterio y por otro lado al momento no contamos con una Corte Nacional de Justicia que lo juzgue.

 

Derecho Comparado

 

Armando Cruz Bahamonde en su obra Estudio Crítico del Código de Procedimiento Civil nos reseña: ?Es lo cierto que el 11 de septiembre de 1830, en la Primera Constitución del Estado del Ecuador en Colombia, Art. 45, se establece que ?la justicia será administrada por una Alta Corte de Justicia, por Cortes de apelación i por los demás tribunales que estableciere la ley.?; y que en el Art. 49, que ?En ningún juicio habrá más de tres instancias?. Esto demuestra que la ansiedad por una administración de justicia directa e inmediata estuvo entre las más caras aspiraciones de los Fundadores de la Patria ecuatoriana.? En nuestro caso, corresponde tratar de establecer cuáles fueron las aspiraciones de los ?refundadores de la Patria? para la inclusión de las garantías jurisdiccionales y entre ellas la de acción extraordinaria de protección, pues si bien se ha mencionado mucho la Constitución vigente por aspectos como el de su cantidad de artículos o el de la defensa a la naturaleza, al punto de considerársela como una Constitución Verde; debemos también determinar si lo resuelto para la protección de los derechos constitucionales de las personas, conllevan a una verdadera protección eficiente y eficaz o por el contrario se tratará de una engorrosa instancia más que hará ?morirse de las iras? a los Fundadores de la Patria mencionados por don Armando Cruz Bahamonde.

 

De ahí que, en el intento de demostrar las intenciones de la Asamblea Constituyente de Montecristi, realicé un análisis comparado con algunas otras Constituciones, debiendo anticipar que en ninguna de ellas encontré tantas variadas garantías jurisdiccionales; y, en lo que respecta a la que estamos analizando, en ningún caso, sin embargo es muy interesante las conclusiones a las que podemos llegar y que expongo a continuación.

 

Constitución Política de Argentina.-

 

En el artículo 43 de esta Constitución, podemos encontrar las acciones de garantía de derechos constitucionales que son similares a las que existían en la Constitución de 1998 ecuatoriana, esto es, la acción de amparo, la de habeas data y la de habeas corpus. Es interesante tomar en cuenta que en el primer inciso de este artículo, abre la posibilidad para que la acción de amparo se entablen contra particulares, lo cual, aunque no corresponde a la acción extraordinaria de protección, es importante destacar para conocimiento y comparación con nuestra acción de protección: ?Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.?

 

Constitución Política de Bolivia.-

 

En Bolivia sucede algo similar que en Argentina respecto de las acciones de garantías constitucionales, correspondiéndole al artículo 19 de su Constitución el establecimiento de la acción de amparo, la que también se puede proponer contra particulares que restrinjan, supriman

o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona.

 

Se debe destacar el literal f) del artículo 120 de la Constitución boliviana, por cuanto le concede como atribución del Tribunal Constitucional, conocer y resolver los recursos directos de nulidad relacionados con los casos del artículo 31 de la misma Constitución. El artículo 31 indicado es del texto siguiente: ?Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.? Tenemos, entonces, la posibilidad de proponer esta acción, contra algún caso en el que haya resuelto una autoridad a quien consideremos que no tiene jurisdicción, de tal forma que si lo comparamos con la acción extraordinaria de protección, igualmente puede existir un caso en el que la violación del derecho constitucional sea precisamente la falta de jurisdicción y que sirva como argumento.

 

Constitución Política de Chile.-

 

El artículo 20 de esta Constitución denomina como recurso de protección, a aquel que se puede proponer cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas. Nuestra Constitución vigente lo define de manera similar, salvo que en nuestro caso es acción de protección y no recurso, aunque en Chile igualmente se trata de una acción.

 

Constitución Política de Costa Rica.-

 

En Costa Rica encontramos una situación totalmente distinta a la de nuestra Constitución vigente, debido a que en su artículo 10 se indica la facultad que tiene una Sala especializada de la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, pero se excluye precisamente los actos jurisdiccionales del Poder Judicial. Es decir, las sentencias de la Función Judicial en Costa Rica, no pueden ser revisadas como en nuestro caso, ni siquiera por alguna cuestión de inconstitucionalidad, lo cual está excluido de forma expresa.

 

Constitución Política de España.-

 

Este país europeo protege la cosa juzgada, incluso en los casos en que el Tribunal Constitucional haya determinado alguna inconstitucionalidad respecto de cómo había resuelto la Función Judicial. Entonces, algunos autores dirán, en Ecuador, al contrario, toda resolución que tome la Corte Constitucional, servirá inmediatamente de precedente para que cualquier otro caso similar, sea revisado y revocado. Leamos por tanto y por su importancia la disposición constitucional de España: ?Art. 161.- 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: A) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.?

 

Constitución Política de Perú.-

 

En esta país vecino se establece, como suele ser común en las Cartas Magnas que he revisado, las acciones de habeas data, habeas corpus y de amparo, pero, adicionalmente, al igual que sucede con nuestra Constitución vigente, encontramos en el número 6 del artículo 200, la acción de cumplimiento con el tenor siguiente: ?6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.? Por lo que, por un lado vemos que se diferencia en el nombre, debido a que nuestra acción se llama ?acción por incumplimiento? y por otro, no se exige que la norma, cuyo cumplimiento se pretende, contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible.

 

Conclusión.-

 

Con esta propuesta, simplemente he pretendido aportar en el debate sobre las acciones constitucionales que trae consigo la Constitución vigente, de tal forma que su aplicación en la práctica se vuelva un poco más sencilla y entendible. Si bien la autodenominada Corte Constitucional ha establecido unas reglas para ir encuadrando estas acciones, principalmente lo que se refiere al trámite; queda la enorme inquietud respecto de la legalidad no sólo de las facultades de dicha Corte para crear normas transitorias de este tipo, sino inclusive desde la misma

proclamación que se hicieron de Corte Constitucional.

 

Por ello, no está demás continuar en el análisis de la acción extraordinaria de protección y de las otras que han sido mencionadas, más aún cuando la propia Constitución vigente señala que es el órgano legislativo el que deberá determinar por ley cuál es el procedimiento a seguir para las acciones constitucionales, entonces es de esperar que el asambleísta utilice las mejores armas de derecho para una correcta administración de justicia y en beneficio de la colectividad.

 

 

Dr. Ciro Morán Maridueña

Abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil

 

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